A las 9 de la mañana de hoy, miércoles 22, se desarrolló la audiencia oral de apelación del fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato y de las fiscalías de lavado de activos, ante la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, por la sanción de suspensión en el cargo por 8 meses y 15 días, sin goce de haber, impuesta por unas declaraciones hechas hace tres años sobre la excarcelación de Keiko Fujimori, acusada de lavado de dinero y crimen organizado, cuyo caso está ahora en la fase de juicio oral.
Esta sanción es parte de una serie de medidas enfocadas en el fiscal Vela dentro del Ministerio Público –controlado por la fiscal de la nación Patricia Benavides–, que se ha agravado en los últimos meses con investigaciones administrativas en la ANC, liderada por Antonio Fernández Jerí. A la fecha, Vela tiene tres procesos disciplinarios abiertos en esa instancia, que avanzan a gran velocidad.
Estas acciones se han dado de forma paralela y coordinadas con campañas de desinformación y difamación en un sector de la prensa alineado con investigados en casos seguidos por las fiscalías que coordina Vela, en redes sociales, y a través de incursiones de grupos violentistas de ultraderecha vinculados a Renovación Popular y Fuerza Popular –cuyos líderes también son investigados en varios de los casos de corrupción más notorios de la historia reciente–.
En este último grupo se encuentran las cuadrillas de agitadores autodenominadas ‘La Resistencia’, ‘La Insurgencia’ y ‘Los Combatientes’, cuyas acciones son coordinadas en su mayoría por Juan Muñico Gonzales, alias ‘Maelo’, excandidato al Congreso por el antiguo partido Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular).
La audiencia de hoy estuvo a cargo de la fiscal adjunta suprema provisional Giuliana Ortíz Zavaleta, encargada del procedimiento disciplinario en la comisión de apelación de la ANC, quien estuvo acompañada del fiscal provincial provisional Jorge Luis Trigoso Rodríguez.
Al iniciar la audiencia, Rafael Vela pidió que esta sea pública y que se permita el ingreso de los periodistas a la sesión virtual, a través de la plataforma Google Meet, pero la fiscal Ortíz se negó bajo el argumento de que aquella era una audiencia administrativa y que la ANC no mediatiza sus casos.
Rafael Vela pidió dejar constancia de que aquello era abusivo e ilegal. Inmediatamente después, Ortíz le dio 10 minutos para dar sus descargos.
La audiencia se desarrolló pese a que Vela solicitó –a través de un escrito el viernes pasado– que el jefe de la ANC, Fernández Jerí, se abstenga de conocer su caso, y que la fiscal Ortíz también se abstuviera de ver la apelación de la sanción. Esto a raíz de la filtración del certificado médico que Vela presentó a la ANC para solicitar que la audiencia de apelación, inicialmente pactada para viernes 10 de noviembre, fuera reprogramada por motivos de salud.
El certificado médico fue difundido ese mismo día, el 10 de noviembre, por Phillip Butters en el programa que emite por Willax Televisión, cuyo dueño, Erasmo Wong, es actualmente investigado por dos fiscalías de lavado de activos que coordina precisamente el fiscal Rafael Vela.
Tres días después de la emisión de ese programa, el lunes 13, Enrique Montenegro, productor de Willax Televisión y conductor de PBO –el canal digital fundado por Butters–, se basó en esa versión para presentar de manera personal una denuncia contra el traumatólogo de la Clínica Delgado Auna que expidió el descanso médico, Aldo Velit, por supuesta “falsa certificación”; y al hermano del fiscal Vela, que también es médico, por supuestamente tener un vínculo con Velit.
Pero Enrique Montenegro no es solo productor del canal de un personaje investigado por una fiscalía que coordina Vela. Su abogado en esta operación es Nelson Chira Dávila, quien tiene como antecedente profesional haber sido abogado de un cadete de la Escuela Naval que en su momento fue investigado y sancionado por agredir físicamente al hermano del fiscal Vela, Alejandro Vela Díaz, en 2016.
La Fiscalía ya ha hecho diligencias a partir de la denuncia del productor de Willax, que están a cargo de la fiscal Elsa Aramburú Flores.
Ante la filtración del certificado médico a Willax Televisión –que únicamente estuvo en poder de la ANC y de la Fiscalía de la Nación–, el viernes pasado el fiscal Vela envió un oficio a Patricia Benavides para solicitar que su despacho adopte acciones penales y administrativas al haberse violado su derecho a la intimidad con la difusión irregular de un documento protegido por la reserva de la información personal; también solicitó el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 9 de noviembre pasado, en un contexto de escalada de violencia promovida por las campañas en su contra propaladas por medios como Willax Televisión y el diario Expreso.
Ayer, martes 21 de noviembre, Rafael Vela envió un oficio a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Imelda Tumialán, en el que solicita que los 3 procedimientos seguidos en su contra en la ANC del Ministerio Público sean asumidos por la Junta, y que además se inicien acciones administrativas contra Antonio Fernández Jerí, la fiscal Giuliana Ortíz y la Fiscalía de la Nación por la filtración de su certificado de salud al canal de Erasmo Wong.
El escenario judicial
En paralelo a las acciones de defensa en la ANC del Ministerio Público y la JNJ, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato presentó el 23 de octubre una acción de amparo ante el Poder Judicial para frenar la sanción impuesta por la ANC del Ministerio Público, que fue admitida el 7 de noviembre por el juez Juan Fidel Torres Tasso, del 9 Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.
En la demanda, Vela pidió que la resolución que ordena su suspensión sea declarada nula, así como todo lo actuado en el procedimiento disciplinario; y que se ordene a la ANC remitir de manera inmediata los actuados a la JNJ, para que sea esta la institución que lo investigue.
Vale la pena recordar que la sanción contra Vela fue suscrita por el fiscal superior Carlos Alberto Muñoz León, quien llevaba únicamente un día en ese puesto cuando lo suspendió. La designación de Muñoz fue dispuesta por la fiscal de la nación.
IDL-R pudo conocer que, en un giro similar, pero esta vez en el Poder Judicial, el juez Torres ha sido suspendido en el cargo, y su despacho ha sido asumido temporalmente por William Pachas López, quien actualmente se desempeña como secretario del 15 Juzgado Civil Comercial de Lima. El detalle es que este último juzgado está a cargo del juez José Miguel Hidalgo Chávez, quien a su vez está bajo investigación fiscal por estar implicado en la trama de corrupción del caso ‘Cuellos Blancos’.
Quiere decir que Pachas, quien resolverá la acción de amparo de Rafael Vela, trabaja como secretario de un juez investigado debido a su presunta participación en la mayor trama de corrupción judicial de la historia reciente.
En 2019, el despacho del juez Hidalgo fue allanado por la Fiscalía como parte de un operativo de allanamiento de siete magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima, por sus vinculaciones con el empresario Mario Mendoza. Hidalgo fue mencionado por Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en el contexto de su colaboración eficaz. De acuerdo con Ríos, Mendoza organizó una cena en su casa el 7 de mayo de 2018 con varios magistrados, uno de los cuales fue Hidalgo, con el objetivo de tener una relación de intercambio de favores con operadores del sistema de justicia. De acuerdo con la investigación fiscal en curso, Hidalgo buscó acercarse a Mendoza para que este lo apoyase en un concurso de ascenso convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura. La investigación está a cargo del despacho del fiscal Elmer Ríos Luque, coordinador del Equipo Especial ‘Cuellos Blancos’.
Además de esta investigación, Hidalgo tiene otras 8 investigaciones en Fiscalía.
Otro detalle, no menos notorio, es que, por su parte, el propio secretario Pachas tiene una investigación fiscal en curso, desde 2019, por los delitos de falsedad ideológica, falsificación documentaria y estafa.
Es importante recordar que el fiscal Rafael Vela tiene bajo su coordinación, además del caso ‘Lava Jato’, otros casos importantes de lavado de activos como los que se siguen contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; Erasmo Wong y sus hermanos por la compra de la azucarera Andahuasi, el financiamiento de la campaña a Perú Libre, en el que está involucrada la actual presidenta Dina Boluarte; el caso Sodalicio, la investigación contra Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol; y la investigación a Joaquín Ramirez, exsecretario general del partido Fuerza Popular, que comprende a la Universidad Alas Peruana.
