No existe, en los hechos, aspecto alguno relacionado con la pugna por controlar la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi, que no esté marcado por disputas y controversias protagonizadas por empresarios tramposos, políticos corruptos y funcionarios venales.
En el elenco de actores-catalizadores del conflicto, el papel del grupo Wong, conformado inicialmente por los cinco hermanos (Erasmo, Efraín, Edgardo, Eduardo y Eric Wong Lu Vega), ha sido, como veremos, central en los intentos por lograr, por la regla o por la trampa, el control de Andahuasi.
En ese contexto, dos investigaciones fiscales diferentes sobre los Wong, para determinar si hubo o no lavado de activos en la disputada compra de acciones de Andahuasi, confluyen con una, hasta ahora, desigual resonancia.
La primera es la que suena menos porque todavía no concluye, se encuentra “en fase preliminar” y está a cargo del fiscal Carlos Puma, del cuarto despacho de la segunda fiscalía supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos.
Puma investiga si es lícito o ilícito el origen de los fondos con los que los hermanos Wong compraron, en 2009, cerca de 50 millones de acciones de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi (EAAA SAA), a través de compañías domiciliadas en el Perú y sociedades offshore controladas por ellos.
Como el plazo de la investigación fiscal ha vencido, el fiscal Carlos Puma deberá decidir con prontitud si acusa o archiva el caso. Veremos luego algunos de los elementos de juicio que deberá ponderar.
La segunda investigación fiscal por lavado de activos a los hermanos Wong, es la que lleva la fiscal Manuela Villar, del segundo despacho de la primera fiscalía supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos.
El lunes 17 de julio pasado, Villar acusó a Erasmo Wong de ser coautor del delito de lavado de activos con sus hermanos Efraín, Edgardo, Eduardo y Eric, con el agravante de integrar una organización criminal.
La fiscal planteó al juez de la causa, Richard Concepción Carhuancho, una pena de 13 años y 4 meses de prisión para cada uno de los cinco hermanos.
Los abogados defensores de los Wong –que no corresponden precisamente al perfil de los abogados caseros de Willax Televisión y serían considerados ‘caviares’ por los principales desinformadores de ese canal, pero que resultan más convenientes para los Wong en el Poder Judicial por su “respetabilidad” y contactos– salieron de inmediato a confrontar la acusación fiscal.
Francisco Ugaz Heudebert, el joven abogado, hijo de José Ugaz Sánchez-Moreno, patrocina a Erasmo y Eduardo Wong. Lo hace desde el estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, donde es asociado y trabaja desde hace 8 años. Efraín Wong tiene como abogados a César Azabache y Luis Naldos, ambos del estudio Azabache Caracciolo Abogados.
El caso empezó en mayo de 2018, a raíz de una denuncia planteada por Pedro César Lupuche Almeyda, entonces accionista de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA.
Este denunció la emisión de un pagaré por 64 millones 500 mil soles, el 1 de enero de 2014, por parte de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA en favor de la compañía Río Pativilca SA, de los hermanos Wong.
La operación, según la denuncia, fue amañada. En ella intervinieron, además de los hermanos Wong, dos personas: Eduardo Núñez Cámara y Carlos Rivas Urteaga, implicadas en la venta presuntamente ilegal a los Wong de acciones de la azucarera en 2009.
Ahí empezó la investigación.
En los interrogatorios, Erasmo Wong sostuvo ante la Fiscalía que, como apoderado de Río Pativilca, prestó dinero a la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi “para habilitaciones”; y que el pagaré fue suscrito con la aprobación verbal de la junta general de accionistas –conformada por él y por la offshore Barroco SAC, de los cinco hermanos Wong–.
De acuerdo con la versión de los Wong, Río Pativilca –controlada por ellos– prestó a la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi un millón de soles mensuales entre 2009 y 2014, generando una deuda de 64 millones 500 mil soles. Y que esa deuda ascendería a 154 millones de soles hasta el año 2020.
Erasmo Wong añadió, en su declaración testimonial que, parte de los 64 millones en préstamos fueron bancarizados a través de Caja Prymera, donde él junto con Efraín y Edgardo ejercieron los cargos de directores, alternándose entre los años 2000 y 2017.
La defensa de Erasmo Wong sostiene que los préstamos que hizo Río Pativilca a Andahuasi han sido acreditados y que además ha sido probado el origen lícito del dinero durante el proceso fiscal.
Pero la acusación fiscal indica que no hay documentos que acrediten que efectivamente se hicieron esos préstamos: “A la fecha, Erasmo Wong, EAAA SAA [Empresa Agraria Azucarera Andahuasi], RIOPASA [Río Pativilca], no acreditaron mediante informes o con documentación fehaciente y sustentada “dichas habilitaciones” a favor de la EAAA SAA (2009-2014), ni Caja Prymera”.
Otro dato importante es que al momento de autorizar el pagaré, en enero de 2014, tanto Núñez como Rivas estaban procesados por la venta concertada de acciones de la azucarera a favor del grupo Wong. Nueve meses después de participar en la suscripción del pagaré, el Poder Judicial los condenó.
La pericia contable
En agosto de 2019, a pedido de la fiscal Manuela Villar, el Poder Judicial autorizó el levantamiento de secreto bancario de los cinco hermanos Wong; y de Carlos Rivas y Eduardo Núñez, en el periodo que va de enero de 1999 a julio de 2019. También autorizó el levantamiento de secreto bancario de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA y siete compañías vinculadas a los hermanos Wong, en el rango de enero de 1997 a julio de 2019. Estas son Río Pativilca SA, Argex Trading Finance Ltd, Industrial Andahuasi SAC, Inversiones Akun SAC, Inversiones Apo SAC, Riveroak Finance Corp SAC, y Harkeith Corporation SAC.
Los peritos que inicialmente trabajaron en el estudio, Carmela Vargas Montejo y Milton Solano Rodas, fueron subrogados “por demostrar negligencia en el desempeño de la función”, el 16 de junio de 2021.
Luego, el despacho de Villar solicitó a la oficina de peritajes del Ministerio Público que designe nuevos peritos. Pero recién en junio de este año, la Fiscalía contrató a dos peritos: María Trinidad Ochoa y Rosario Porras Aguirre, quienes el 14 de junio arrancaron con su trabajo.
El periodo que abarcó la pericia contable, tanto en el caso de los hermanos Wong como de las compañías (en el análisis se incluyó también a la sociedad offshore Granger Portfolio), fue de enero de 2008 a noviembre de 2019. El informe de los peritos se entregó al despacho de la fiscal Villar el 5 de julio pasado.
De acuerdo con el análisis pericial del estado de flujo de caja de ingresos, egresos e inversiones, los cinco hermanos Wong registran un desbalance patrimonial global de casi 420 millones de soles. Erasmo tiene un desbalance patrimonial de 49 millones 991 mil 022 soles, Efraín de 143 millones 722 mil 096 soles, Edgardo de 52 millones 893 mil 174 soles, Eduardo de 161 millones 973 mil 507 soles; y Eric de 11 millones 393 mil 435 soles.
En los cinco casos, las peritos concluyeron que los egresos superan los ingresos, “produciéndose un desbalance patrimonial”, y que no existe “información de operaciones comerciales, financieras realizadas”, originándose operaciones inusuales.
De acuerdo con la acusación fiscal, el dueño de Willax Televisión participó en operaciones anómalas, en la ‘conversión’ (colocación del dinero, en la primera etapa del proceso del lavado de activos) de más de 87 millones 500 mil dólares y 92 millones 873 mil 861 soles de origen desconocido, entre 2009 y 2017. Además, habría participado en la conversión de 18 millones 212 mil 109 dólares, entre los años 2009 y 2019, mediante el uso de una cuenta mancomunada con su hermano Eduardo, en el Scotiabank.
La Fiscalía le imputa “haber participado en la conversión de 64 millones 500 mil soles”, “mediante la suscripción de un pagaré” a favor de Río Pativilca, “sin justificación económica o contable, declaración fiscal, registro en actas, ni explicación razonable”.
En el caso de Eduardo Wong, la acusación fiscal refiere que participó de la conversión de 75 millones 637 mil 297 dólares, en operaciones anómalas, a través de cuentas en el Scotiabank, Banco de Crédito del Perú y el Banco Interamericano de Finanzas. Esto lo hizo, de acuerdo con la Fiscalía, “sin justificación económica, explicación razonable, registro contable ni declaración fiscal, y que se usó para fines lícitos”, entre 2009 y 2019.
Una nota de inteligencia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del 15 de setiembre de 2020, ya había reportado operaciones sospechosas vinculadas a Eduardo Wong por “inusuales anticipos de herencia” el 27 de agosto de 2019, a favor de sus cuatro hijos por un monto total de 6 millones 400 mil soles.
En cuanto a Efraín Wong, la Fiscalía determinó que hubo actos de conversión “recaídos en ingresos mediante transferencias de dineros de origen desconocido”, “sin justificación económica ni explicación razonable y para fines lícitos” por un monto total de 1 millón 049 mil 947 dólares; así como la conversión de dinero “recaídos en ingresos fraccionados de dinero” a su cuenta de ahorros en el BCP, por un monto de 2 millones 044 mil 915 soles, entre el 2011 y 2019.
De acuerdo con la misma acusación, Efraín Wong también hizo actos de conversión por un monto de 3 millones 609 mil 647 dólares, por “ingresos de dineros fraccionados de origen desconocido a su cuenta mancomunada” con su esposa.
En cuanto a Edgardo Wong, la Fiscalía detectó ingresos mediante transferencias de origen desconocido por 196 mil 788 dólares y 2 millones 974 mil 835 soles, a su cuentas en el Scotiabank y BCP, entre 2009 y 2018. Además, identificó ingresos fraccionados de origen desconocido por un monto total de 17 millones 520 mil 214 dólares, entre mayo de 2009 y julio de 2019.
En el caso de Eric Wong, la Fiscalía encontró que, entre febrero de 2011 y diciembre de 2019, recibió ingresos fraccionados de origen desconocido a tres cuentas bancarias mancomunadas con su esposa en el BCP y el Scotiabank, por un monto total de 23 millones 152 mil 599 dólares y 503 mil soles.
En cuanto concierne a Carlos Rivas Urteaga y Eduardo Núñez Cámara, las peritos detectaron un superávit de 364 mil 454 soles en el primero; y un desbalance patrimonial de 505 mil 890 soles en el segundo. Ellos también han sido acusados de haber cometido el delito de lavado de activos, con el agravante de ser parte de una organización criminal. La Fiscalía pidió para ambos una pena de cárcel de 12 años y 11 meses.
La defensa de tres de los cinco hermanos Wong –Efraín, Erasmo y Eduardo– argumenta que la pericia contable ha sido presentada fuera del plazo que la fiscal Villar tenía para concluir con su investigación, y que por esa razón debe ser declarada nula.
Además, la defensa sostiene que en el contexto de la investigación liderada por el fiscal Puma también se hizo otra pericia contable, que si bien tiene otro marco temporal, estableció que no hubo un desbalance patrimonial.
El plazo de la investigación preparatoria de la fiscal Manuela Villar vencía en diciembre de 2022. Un mes antes de esa fecha, Villar amplió el periodo de la investigación 18 meses más.
En reacción a ello, la defensa de Efraín Wong presentó un pedido al juez Carhuancho para que dejara sin efecto la disposición fiscal. Carhuancho les dio la razón. La fiscal apeló, y perdió en segunda instancia.
En abril de este año, Carhuancho le dio a Villar un plazo de 30 días para acusar o archivar el caso. En ese sentido, la acusación ha sido presentada dentro de los plazos, teniendo en cuenta los días hábiles. Sin embargo, las defensas concordadas de Erasmo, Eduardo y Efraín Wong insisten en pedir que se anule todo lo actuado desde abril de este año.
Es decir, que la pericia contable debiera declararse nula.
Francisco Ugaz presentó el jueves pasado un escrito de “protesta” a la fiscal Villar en el que sostiene que “los cuadernos de informes periciales nunca han sido puestos a conocimiento de nuestra defensa ni a nuestra perito de parte, a pesar de que en diferentes oportunidades hemos solicitado la entrega de todas las carpetas y cuadernos que forman parte de la Carpeta Fiscal”; y que tampoco habían sido informados sobre otro documento, un “informe técnico económico y financiero 1/C40-2018”. Y pedía tener acceso a los documentos.
Al día siguiente, los abogados de Efraín Wong, César Azabache y Enrique Ardela, presentaron un escrito al juez Carhuancho en el que solicitaron, mediante una tutela de derechos, que se le entregue “el informe técnico económico y financiero 1/C40-2018”.
Hay, pues, un amplio y coordinado (en el que participan diversos estudios y abogados) aparato legal de defensa de los Wong, que concentra su mayor esfuerzo en tratar de que el caso (en especial, el peritaje) no llegue a juicio y, sin confrontarse ni discutirse, vaya al archivo.
Es un caso con muchos vasos comunicantes, como veremos, con el que lleva Puma.
Los casos que se encuentran
El caso del fiscal Puma no tiene la crucial inmediatez de la acusación presentada por la fiscal Villar, pero contiene información muy importante para ambos casos.
La investigación de Puma arrancó a inicios del 2015, pero los hechos fueron previamente investigados por la Conasev (hoy Superintendencia del Mercado de Valores, SMV), la Fiscalía y el Congreso.
En 2009, la Conasev sancionó y multó a Erasmo Wong, a la compañía Río Pativilca (cuyos accionistas son Erasmo, Eduardo, Efraín, Edgardo y Eric Wong; la offshore Barroco SAC, también de los hermanos Wong, y Cromwell Assets SA), a la compañía Inversiones Dagomar (vinculada a los hermanos Wong), a Abaco Corporación, Jaime Heredia y Antonio Palacios por la adquisición de más de 49 millones de acciones comunes con derecho a voto de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi.
Las acciones habían sido vendidas a un precio por debajo del valor del mercado, sin cumplir con el requisito de hacer una Oferta Pública de Adquisición (OPA), un mecanismo que exigía la Conasev cuando el volumen de acciones excede el tope legal para la compra directa (igual o superior al 25% del capital social de una sociedad que tenga al menos una clase de acciones con derecho a voto inscrita en rueda de bolsa). A eso se sumaba el hecho de que el entonces presidente del directorio de la azucarera, Eduardo Núñez, y su gerente general, Carlos Rivas, habían realizado la venta –por un monto total de 69 millones 816 mil 758 soles– sin contar con la autorización de la junta general de accionistas.
Los Wong se allanaron a las sanciones y solicitaron a la Conasev autorización para hacer una OPA y así sanear el asunto. La Conasev aceptó, pero inicialmente la operación fue paralizada por un mandato judicial promovido por el grupo Bustamante, que luego se revirtió. La Fiscalía eventualmente investigó a los funcionarios de la Conasev que tuvieron una participación en este episodio. El caso fue archivado. Lo interesante es que el estudio que patrocinó a la Conasev fue Azabache Caracciolo, tal como lo indica en su portal. El abogado del caso fue César Azabache.
Las Brujas de Cachiche
La recomposición accionaria en Andahuasi desató una guerra judicial por el control de la azucarera que desencadenó la toma física del ingenio por parte de los trabajadores vinculados al grupo Bustamante. La confrontación judicial pronto degeneró en numerosos episodios de violencia, con la participación corrupta, en varios de ellos, de diversas autoridades.
En ese contexto, en 2011 tuvo lugar una cena en el restaurante Brujas de Cachiche en la que el entonces vicepresidente de la República, Omar Chehade, y su hermano Miguel actuaron en favor de los intereses del Grupo Wong. El objetivo de la cena fue presionar al jefe de la región policial que tenía bajo su jurisdicción a Andahuasi, el general PNP Guillermo Arteta, para que este ejecutara un operativo ilegal de desalojo a fin de que los Wong tomaran el control de Andahuasi, entonces bajo la administración judicial de sus trabajadores. El hermano del vicepresidente aseguró que el grupo Wong podía hacerse cargo de los costos de movilización de los policías además de pagar un incentivo a los oficiales que dirigieran el operativo. El general Arteta se negó y fue dado de baja.
Al hacerse público el caso por IDL-R, en el reportaje ‘Cosas de brujas’; Omar Chehade tuvo que renunciar a la vicepresidencia. Su hermano Miguel fue condenado dos años después, a cuatro años de prisión efectiva por delitos contra la administración pública.
En octubre de 2014, el Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima condenó a Carlos Rivas y a Eduardo Núñez como autores del delito contra el patrimonio y fraude en la administración de personas jurídicas por haber concertado indebidamente con la empresa Río Pativilca, de los hermanos Wong, y les impuso una pena de cuatro años de cárcel y una reparación civil de 400 mil soles. Un año después, la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres confirmó la sentencia condenatoria.
Con todos estos importantes antecedentes, la investigación del fiscal Puma está abocada a determinar si los fondos con los que los Wong compraron las acciones de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi son de origen lícito o no.
Durante el curso de la investigación fiscal, la defensa de Efraín Wong ha sostenido que el dinero con el que los Wong compraron las acciones en Andahuasi fue producto de la venta de la cadena de supermercados Wong a Cencosud, en diciembre de 2007, por 500 millones de dólares.
Parte de los fondos con los que se compraron las acciones provinieron, según indicaron, de la offshore panameña GUIP CHI. Documentos de la investigación Pandora Papers, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), dan luces sobre esta sociedad, constituida en enero de 2008. De acuerdo con un correo enviado por el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee al Banco Santander, del 24 de enero de 2008, GUIP CHI tenía como apoderado a Efraín Wong, y su directorio estaba integrado por los cinco hermanos Wong, quienes compartieron directorio en otras sociedades de gaveta, también gestionadas por el estudio.
Durante el curso de la investigación fiscal, la defensa de Efraín Wong entregó una pericia de parte, que indica que el dinero que transfirió GUIP CHI a la empresa Río Pativilca para la compra de las acciones de la azucarera Andahuasi, tiene su origen en la venta de sus acciones en Grupo Supermercados Wong a Cencosud.
De acuerdo con los documentos, el 31 de enero de 2008, Cencosud Perú SA le depositó a Efraín Wong 38 millones 350 mil 291 dólares como parte del pago por sus acciones a una cuenta bancaria en el Banco Santander (N 223016019), de GUIP CHI Inc.
En una carta dirigida al fiscal Puma, del 24 de julio de 2019, Cencosud Peru SA detalla todos los pagos desembolsados por la compra de acciones de supermercados Wong. Ahí figura la transferencia a GUIP CHI, así como los pagos por las acciones de Erasmo (GUIP SAM), Edgardo (GUIP TIN), Eduardo (GUIP VAN) y Eric Wong (GUIP LONG) a offshores controladas por ellos.
De acuerdo con un informe de la oficina de Montevideo de la empresa auditora y de asesoramiento corporativo Baker Tilly, presentado por la defensa de Efraín Wong a la Fiscalía, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de mayo de 2009, GUIP CHI solo recibió dos depósitos en su cuenta del Banco Santander. El primero fue el de Cencosud y el segundo correspondió a una transferencia hecha desde otra cuenta del mismo banco, cuyo titular es Erasmo Wong, por 1 millón 901 mil 207 dólares, con fecha 1 de febrero de 2008.
El 6 de mayo de 2009, GUIP CHI transfirió 24 millones de dólares (71 millones 351 mil 910 soles) a Río Pativilca. ¿Cómo se justificó esa transferencia? Ese mismo día Guip Chi había suscrito un contrato de mutuo (es decir, un préstamo) con la empresa Inversiones Dagomar SA, que a su turno suscribió otro contrato de mutuo con Río Pativilca, según el informe de parte de Baker Tilly.
Esta operación hizo posible ocultar la procedencia original del dinero con el que se compraron las acciones de Andahuasi.
Los Wong utilizaron sociedades offshore en forma parecida, para la compra de acciones en la Empresa Azucarera El Ingenio, el año 2000. Lo hicieron a través de Argex Trading Finance y Harkeith Corporation, registradas en Islas Vírgenes Británicas. Esto fue descrito en el artículo ‘¡Azúcar!… las offshore del Grupo Wong’, como parte de la investigación ‘Panama Papers’, liderada por el ICIJ.
Sobre ese conjunto de hechos y argumentos deberá decidir el fiscal Puma.
Y así, en el cuadro general de este complejo caso, dos estilos contradictorios de defensa y ataque se ejecutan en paralelo.
Mientras en las acciones de defensa en la vía judicial, los estudios de abogados de alta gama y parecido costo se esfuerzan por dar una imagen de claridad y transparencia de sus clientes, los Wong; del otro lado, Willax Televisión, manejada y controlada por Erasmo Wong, intensifica una campaña de desinformación y abierta difamación en contra del coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela, quien además es el coordinador del Equipo Especial Lava Jato.
Así ha sido en cada paso. Si hubiera que resumir la historia de los Wong en el caso Andahuasi, bastará decir que es el caso del guante blanco y la mano negra.
