El Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), la red Voces del Sur, Reporteros sin Fronteras (RSF) y Human Rights Watch (HRW) han alertado que la investigación fiscal abierta contra el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, constituye un peligro para la libertad de prensa en el Perú al solicitar datos que lleven a conocer las fuentes y comunicaciones del periodista.
“Las autoridades peruanas deben abstenerse de forzar a Gustavo Gorriti a revelar sus fuentes, desestimar esta investigación, y respetar el derecho del reportero al secreto de las comunicaciones”, dijo este martes Carlos Martínez de la Serna, director de programa del CPJ, en una alerta emitida por esta organización.
“Los periodistas deben tener la posibilidad de reportar asuntos de interés público libres de persecución judicial y represalias por su trabajo”, observó Martínez, representante de la organización que desde 1981 se dedica a la protección de las personas que realizan labor periodística.
La alerta del CPJ destaca que Gorriti es “el más prominente periodista de investigación en el Perú” y que IDL-Reporteros “ha publicado revelaciones sobre la corrupción en el sistema de justicia y sobre Odebrecht, una empresa brasileña de construcción que ha admitido haber pagado $ 800 millones en sobornos a políticos a lo largo de América Latina a cambio de contratos de obras públicas”, agrega.
La organización señala que intentó comunicarse con el despacho del Fiscal de la Nación, Carlos Villena, pero no tuvo respuesta.
Apoyo de organismos en la región
“La decisión de la Fiscalía peruana de abrir una investigación preliminar por la supuesta comisión del delito de cohecho activo específico, pone en riesgo la libertad de expresión y prensa”, manifiesta un pronunciamiento de Voces del Sur, que integra a 15 organizaciones que defienden la libertad de expresión.
Dentro de los firmantes del comunicado del lunes están el Foro de Periodismo Argentino [Fopea], la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo [Abraji], el Observatorio del Derecho a la Comunicación de Chile, la Fundación para la Libertad de Prensa [FLIP] de Colombia, Fundamedios de Ecuador, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión de Costa Rica; y Article XIX de México.
La red formada por las instituciones más representativas del periodismo latinoamericano se ha plegado al pronunciamiento del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que el viernes 29 rechazó el inicio de la investigación a cargo del fiscal supremo Alcides Chinchay.
“IPYS y Voces del Sur consideramos que los periodistas pueden ser investigados, sin embargo, las autoridades del sistema de justicia están obligadas a realizar un escrutinio riguroso del respeto a las garantías que protegen el derecho de la libertad de expresión. También, evitar decisiones que de manera directa o indirecta signifiquen censura o generen efectos de autocensura”, indica el comunicado emitido el lunes 1 de abril y difundido en X.
Voces del Sur rechaza la investigación porque la Fiscalía “pone en riesgo el secreto de las comunicaciones de un periodista, amenaza el derecho constitucional a la protección de las fuentes de información”, y porque no puede ser criminalizado el acceso y difusión de información acerca de “investigaciones y procesos penales que involucran a políticos, exfuncionarios o funcionarios” debido a que son “de especial interés público”.
Degradación de condiciones para la labor informativa
Human Rights Watch y Reporteros sin Fronteras han expresado su preocupación por la investigación fiscal preliminar contra Gorriti. “La lucha contra la corrupción es imposible sin independencia judicial ni garantías para la prensa libre”, indicó este martes 2 de abril Juanita Goebertus, directora de la División Américas de HRW.
“RSF alerta sobre la degradación de las condiciones para el ejercicio del periodismo de investigación en Perú, a raíz de una maliciosa investigación a Gustavo Gorriti”, ha denunciado la organización con sede en París que elabora anualmente la clasificación mundial de libertad de prensa. Perú ocupa el puesto 110 de un total de 180 países evaluados.
“El Ministerio Público abrió la investigación contra Gorriti basándose en una campaña de demolición y desinformación sobre el más importante periodista de investigación peruano”, añade.
“Preocupa que la Fiscalía criminalice el periodismo de investigación y quiebre la reserva de las fuentes de información de Gorriti, dado que ha pedido el levantamiento del secreto de sus comunicaciones entre 2016 y 2021”, alerta el organismo cuya misión es “no dejar ninguna violación de la libertad de información sin denunciar”
Al igual que RSF y HRW que llaman la atención de la Fiscalía, Voces del Sur demanda a las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial respetar los estándares constitucionales y del sistema interamericano que protegen la libertad de expresión. La red recuerda que la protección de las fuentes periodísticas es una garantía inherente y un derecho del periodismo.
