Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en el diario ‘El País’ el 03 de marzo de 2018.
La escena en la sala de audiencia en el edificio del Ministerio Público en São Paulo reflejó los caminos imprevistos por los que la Operación Lava Jato ha conducido a sus actores. Fue el miércoles. La diligencia estuvo presidida por el procurador (fiscal) anticorrupción brasileño Orlando Martello, uno de los integrantes más destacados de la Fuerza de Tarea Federal basada en Curitiba. La actuación se realizaba bajo el marco de la ley brasileña, pero su tema solo tenía que ver con el Perú.
Se trataba de la confesión, bajo los apremios y garantías de la delación premiada brasileña, del delator más importante para el país andino: Jorge Barata, antaño el poderoso superintendente de Odebrecht en el Perú, interlocutor cercano de sus presidentes, visitante asiduo al Palacio de Gobierno por la puerta principal —o, más frecuentemente, por la trasera— y, como el avance del caso ya lo tenía claro, el principal sobornador en el Perú del caso Odebrecht.
Hasta que confesó en Brasil, en diciembre de 2016, Barata mintió sin pausa, bajo juramento o sin este. Después de esa primera e incompleta delación ante procuradores inexpertos en temas peruanos, hubo un silencio largo mientras la Fiscalía peruana asimilaba el caso con conflictiva torpeza. En la última parte del año pasado, sin embargo, un fiscal nuevo, competente y decidido, José Domingo Pérez, interrogó al expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, sobre el tema que le han permitido abordar —el financiamiento de campañas electorales en Perú—. Odebrecht respondió en forma general que habían financiado a todos; pero, en cuanto a detalles, repitió con frecuencia de mantra que “Barata sabe… Barata puede explicar”.
» El propio Barata parecía haber asumido un papel en el que sus declaraciones no eran el derrame avergonzado de un delator sino una revelación dignificada por rescatar la verdad y permitir la justicia».
Y ahora estaba Barata para responder a José Domingo Pérez. Se sabía que, en una de las paradojas del caso, su excorporación, Odebrecht, lo había instado a revelar todo lo que sabía. Odebrecht se esfuerza ahora por repetir el guión de Siemens y otras empresas que tras confesar su corrupción, adoptaron un modelo de profundas reformas destinadas a manejarse con integridad. El propio Barata parecía haber asumido un papel en el que sus declaraciones no eran el derrame avergonzado de un delator sino una revelación dignificada por rescatar la verdad y permitir la justicia.
Martello propuso, signo de los tiempos, que la diligencia fuera en español para hacer las cosas más fáciles en el Perú, pero los abogados brasileños de la excandidata presidencial Keiko Fujimori se opusieron y las cinco horas siguientes estuvieron marcadas por el contrapunto de español en pregunta y portugués en respuesta.
A diferencia de otras veces, Martello permitió utilizar teléfonos móviles y gracias a ello la abogada peruana de Fujimori, Giulana Loza, tuvo los pulgares frenéticamente ocupados filtrando avances informativos. Si la idea fue de que quien informa primero tiene la última palabra, falló esta vez. Hacia el final de la tarde se supo todo lo revelado por Barata.
¿Aportó a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011 (lo que ella había negado con amenazante furia)? Por supuesto que sí, dijo Barata. Con 1,2 millones de dólares entregados en tres partes. Dos entregas de 500.000 dólares en una casa en el próspero barrio de San Isidro a dos altos líderes del fujimorismo: Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere; y 200.000 dólares como resultado de una reunión de representantes de grandes empresas (entre las que estuvo Telefónica) en su gremio empresarial, la Confiep.
Las empresas hicieron una bolsa de dos millones de dólares ese día para ayudar a Keiko Fujimori e impedir el triunfo de Ollanta Humala. Fracasaron. Los 200.000 dólares de Odebrecht que integraron esa bolsa fueron el único dinero legal que aportó la corporación, para esa y otras campañas. Todo el resto fue el dinero clandestino proveniente de la notoria Caja 2 de la corporación.
1,2 millones de dólares a Keiko Fujimori; 700.000 dólares al expresidente Alejandro Toledo; 300.000 dólares al actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski; tres millones de dólares (de la cuenta del PT brasileño) a Ollanta Humala. Todos para la campaña de 2011. 200.000 dólares el 2006 para la campaña del expresidente Alan García.
Horas después, todos los mencionados como beneficiarios e intermediarios negaron lo dicho por Barata. Yoshiyama y Bedoya lo hicieron desde Estados Unidos, donde previsora o casualmente habían viajado dos días antes. La embajadora en el Reino Unido, Susana de la Puente, quien supuestamente recibió el dinero para Kuczynski, lo negó, y este también. Negó asimismo, por escrito y sin dar la cara, el exministro Luis Alva Castro, que habría recibido el dinero para Alan García. Negó finalmente la Confiep en un comunicado y su entonces presidente también.
Pero el actual presidente de la Confiep, Roque Benavides, tuvo que desmentirlos cuando un grupo de fiscales entró a la institución a incautar documentos. Era cierto lo de la bolsa de dos millones, reconoció, pero no fue para apoyar a una candidata sino para prevenir el triunfo de otro, Humala. A esas alturas, había solo dos candidatos.
Con un fiscal enérgico en seguimiento del caso, es muy probable que varias coartadas actuales se transformen pronto en negociaciones de delación premiada y que la esperpéntica política peruana termine en sus frecuentemente surreales, excepcionalmente dignos, escenarios judiciales.
