El siguiente artículo de Luisa García fue publicado originalmente en la revista Carta Abierta con base en la larga investigación realizada en IDL-Reporteros.
Los economistas lucen más confundidos que los afiliados. Incluso el ministro Segura. No saben cómo hacer funcionar el invento chileno que ha generado un mercado de capitales impresionante, pero que otorga pensiones insuficientes. La teoría les dice que el retiro de casi el 100% del fondo es una locura, que un sistema de pensiones debe dar eso, pensiones, no anularlas. Pero si en un lugar esta locura es envidiada, es justamente donde nacieron las AFP: Chile. Allí donde el Estado ha tenido que subsidiar las pensiones desde 2008.
Los afiliados chilenos se preguntan por qué no sucede lo mismo en su país. Por qué no les devuelven su plata a los 65 años. Por qué, si llevan con el problema 12 años más que nosotros.
El “caso peruano” se discute en los programas de televisión. Se habla incluso de afiliados migrantes, chilenos que decidan mudarse a Perú antes de cumplir los 65 años, acreditar residencia y cinco años de cotización aquí, para luego llevarse su fondo a casa. Por lo pronto, el colectivo ciudadano “No más AFP” ha convocado a una marcha simultánea en 15 puntos del país para este 24 julio.
El descontento es entendible. En abril de 2014, ante la avalancha de críticas de los jubilados por las bajas pensiones en Chile, la presidenta Michelle Bachelet formó una comisión técnica liderada por el economista David Bravo, para que hiciera un diagnóstico del sistema y planteara modificaciones, lo que tomó un año y cuatro meses.
«¿Con qué argumentos podemos oponernos a la entrega de los fondos, si hay evidencias técnicas de que el sistema no funciona? ¿Cómo oponernos sin tener otra propuesta a la mano? «
La Comisión Bravo tuvo especial interés en saber qué pensiones iban a tener aquellos que desde el inicio de su vida laboral estuvieron afiliados a una AFP, proyectaron las pensiones para los futuros jubilados entre 2025 y 2035.
El diagnóstico fue revelador: la mitad de los chilenos que aportaron a su AFP con gran regularidad (entre el 75 y el 100% de su carrera), lograrían una pensión del 38,9% de su sueldo promedio (de los últimos 10 años de trabajo). Por ejemplo, si este fue 1000 dólares, su pensión sería tan solo de 389. Con el subsidio estatal subiría a 466 dólares. Más de estos resultados fueron publicados en noviembre último por IDL-Reporteros.
Dos suelen ser las objeciones a los reclamos por las pensiones bajas: 1. Que tomar como muestra a jubilados migrantes del sistema público no es lo correcto, pues no son clientes netos de las AFP. 2. Que el problema es la serie de veces que se dejó de cotizar a la AFP, las llamadas “lagunas previsionales”. Los resultados obtenidos en Chile hicieron agua esos argumentos. Ni siquiera podemos achacarle al problema de la informalidad laboral (mucho menos aguda allá que acá) el fracaso del sistema. Una alerta también para los otros siete países latinoamericanos con AFP.
Entonces, ¿con qué argumentos podemos oponernos a la entrega de los fondos, si hay evidencias técnicas de que el sistema no funciona? ¿Cómo oponernos sin tener otra propuesta a la mano? Por supuesto sería ideal tener un sistema que entregue pensiones coherentes con lo que eran nuestros salarios. Y mejor aún, si se trata de uno que erradique el problema de la pobreza en la vejez. Internacionalmente, la tendencia es apostar por un sistema multipilar, donde no se dependa solo de lo que aporte el trabajador, sino también el empleador y el Estado.
Tanto Michelle Bachelet en su primer gobierno, como Ollanta Humala en el presente mandato, plantearon una reforma del sistema de AFP. Está claro que sin éxito. Hoy, en su segundo periodo, la presidenta chilena continúa en la búsqueda. La Comisión Bravo le propuso, entre otros puntos: seguir con las AFP e incrementar el subsidio estatal.
Pedro Pablo Kuczynski ha mencionado también la palabra reforma. Al igual que Bachelet, conformará una comisión de alto nivel con técnicos nacionales e internacionales. En Perú, casi no hay especialistas que sepan de proyección de pensiones, base del diagnóstico logrado en Chile, que ojalá por lo menos igualemos. En lo que sí resulta imperativo superarlos es en la formulación de soluciones. De lo contrario, solo obtendremos una frustración mayor.
