La unidad fiscal contra el Crimen Organizado siguió la pista de la venta ilegal de un fusil G3 hecha en 2011. Esta los llevó a documentar cómo un jefe del Registro de Armas del Ministerio de la Defensa negoció con el dueño de una armería, entre 2003 y 2006, la venta de fusiles M16 y el “lavado” de matrículas de armas de fuego ilegales.