Una de las reveladoras confesiones de Jaime Villanueva en la investigación contra la cúpula del poder de la exfiscal de la nación Patricia Benavides es la de haber recibido sobornos por parte del abogado Óscar Nieves para lograr el archivo de las investigaciones por lavado de activos de Camilo Peirano Blondet y Manuel Altamirano Ramírez.
Según la versión de Villanueva, este aprovechó su cercanía con Rafael Vela, coordinador nacional de las fiscalías de lavado de activos, para intentar lograr que influya sobre Carlos Puma, fiscal a cargo de dichas investigaciones.
A mediados de febrero de este año, el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder (Eficcop) tomó la declaración de ambos fiscales.
En sus declaraciones ante Eficcop, los fiscales aludidos rechazaron la versión del colaborador eficaz Villanueva pero en cambio dieron detalles de la presión ejercida por este y por la entonces fiscal de la nación Patricia Benavides, quien habría mostrado un inusual y persistente interés en uno de los casos.
En relación a la primera operación, el archivo de la investigación de Peirano Blondet, Villanueva señaló que a fines de 2022 el exfiscal supremo Marco Huamán trasladó la oferta de Nieves a los asesores de Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao, quienes cobraron un soborno de 10 mil dólares cada uno.
El colaborador eficaz afirmó haberse comunicado con Vela el mismo día, aunque sin mencionar el soborno. El fiscal corroboró la llamada, pero la situó a fines de enero del año siguiente.
De acuerdo con Vela, el 24 de enero de 2023 recibió una llamada de Villanueva, quien “me dijo que por encargo de la entonces fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas le envíe el estado del proceso penal del señor Camilo Peirano Blondet y otros”.
Peirano, un empresario pesquero, había sido absuelto en un proceso por narcotráfico en marzo de 2022, pero aún mantenía abierta una investigación por lavado de activos en el despacho de Puma.
Luego de recibir el pedido de Villanueva, Vela se comunicó con su asistente Ruth Hernández para conocer el estado del caso y coordinar una reunión con el fiscal Puma y su adjunta Augusta Arcela, quien estaba a cargo directamente de la investigación.
Dicha reunión, sin embargo, no se habría llegado a producir. Vela contó que luego de unos días le dijo a Villanueva que lo mejor era que el abogado de Peirano solicitara una cita directamente con Puma.
La versión de Puma presenta algunas diferencias. Según el fiscal, a fines de enero Arcela le comunicó que el fiscal Vela la había llamado preguntando por la investigación de Peirano.
A Puma esto no le pareció inusual, puesto que “es parte del trabajo que los abogados presenten reclamos al fiscal coordinador”. Pero a la semana siguiente Vela habría vuelto a llamar a Arcela por el mismo tema, por lo que Puma entendió que el caso debía ser resuelto con prontitud.
Según el fiscal, la investigación fue archivada el 23 de febrero conforme a los actos de investigación y pericias realizadas. Además, dijo, la procuraduría de lavado de activos no presentó oposición.
Un evento similar se presentó algunos meses después, en julio de ese mismo año. A inicios de ese mes, de acuerdo con la versión de Villanueva, Óscar Nieves se comunicó directamente con este para ofrecerle un soborno a cambio de lograr el archivo de una investigación contra Manuel Altamirano Ramírez.
En 2021, Altamirano fue incluido en una investigación por haber sido presuntamente favorecido con la venta de equipos médicos a Essalud durante la pandemia.
La investigación contra Altamirano recayó en una fiscalía anticorrupción, sin embargo en paralelo el fiscal Puma le abrió otra investigación por lavado de activos por la presunta adquisición de una propiedad en Miami con recursos ilícitos.
Según la versión de Vela, en julio de 2023 Villanueva lo llamó un par de veces para preguntar por el estado de dicho caso. Inicialmente el fiscal se habría comprometido a averiguar el estado del mismo, aunque a la postre dijo no haberle enviado ninguna información.
“Como yo no le hice caso (a Villanueva), días después la fiscal adjunta Kelly Tarazona Matos me informó que el fiscal Puma le había comunicado que la fiscal de la nación Patricia Benavides lo llamó por teléfono directamente y le había pedido que vaya a su despacho para que le informe sobre la investigación contra el señor Manuel Altamirano”, indicó Vela a los fiscales de Eficcop.
Esta versión ha sido corroborada y ampliada por el propio Puma. Según el fiscal, a inicios de julio de 2023 recibió una llamada de Martha Puerta, entonces secretaria personal de la exfiscal de la nación Patricia Benavides.
Benavides, informó la secretaria, deseaba que Puma se dirigiera a su despacho para conversar con él.
La orden fue acatada por la tarde de ese mismo día. Puma concurrió a la oficina de Benavides ubicada en el noveno piso de la sede central de la Fiscalía, en la avenida Abancay. “Advertí que (Benavides) se encontraba sola y procedió a preguntarme el motivo por el cual las fiscalías de lavado de activos se demoraban tanto en resolver sus casos, mencionándome además que teníamos que cambiar esa imagen”, señaló Puma a los fiscales de Eficcop.
El fiscal, quien por un momento creyó que se trataba de un interés genuino, respondió que las fiscalías de lavado de activos no tenían un filtro de calidad y por lo tanto se veían forzadas a atender todo tipo de denuncias.
Benavides, sin embargo, no tardó en ir al grano. De acuerdo con la misma versión, “la doctora Benavides me dijo que había recibido un reclamo de alguien relacionado a la persona de Manuel Altamirano Ramírez respecto a una investigación en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos a cargo de mi despacho fiscal, respecto a que me estaba demorando mucho en resolver”.
Benavides enfatizó que Puma “tenía que tomar la decisión en dicho caso por el tema de los plazos”. Tras ello, Puma se comprometió a revisar la carpeta y se retiró de la oficina.
No pasó mucho tiempo antes de que el fiscal volviera a ser convocado al despacho de Benavides.
El 19 de julio, Puma volvió a recibir la llamada de la secretaria Puerta y por la tarde acudió al despacho de Benavides. En esa segunda ocasión, la entonces fiscal de la nación ya no se anduvo con rodeos.
“Me preguntó ¿por qué no había resuelto la investigación contra el señor Manuel Altamirano Ramírez?, sintiendo yo que me estaba llamando la atención”, indicó Puma a Eficcop.
Puma le explicó a Benavides que tenía una alta carga laboral, pero que se encontraba revisando el caso y que “en aproximadamente una semana se resolvería la investigación contra Manuel Altamirano”.
Benavides, según el mismo relato, le dijo al fiscal que le avisara a través de su secretaria cuando ya haya emitido una disposición final del caso y dio por concluida la reunión.
El 21 de julio de 2023, finalmente, Puma firmó una resolución archivando la investigación por lavado de activos contra Altamirano y otros seis investigados, además de cuatro empresas.
El proyecto de archivo fue elaborado por Angie Távara, fiscal adjunta en el despacho de Puma, quien ya ha sido mencionada por IDL-R a propósito de su irregular actuación en la investigación contra el abogado José Luis Castillo Alva.
Távara, quien sostuvo dos reuniones con Jaime Villanueva antes de emitir dicha resolución, basó su decisión en la supuesta inacción de la fiscalía anticorrupción para investigar los hechos. Pese a que el delito de lavado de activos es autónomo, la fiscal nunca requirió información oficial a los Estados Unidos sobre la presunta adquisición de una propiedad en Miami por parte de Altamirano.
Algún tiempo después, el procurador especializado en lavado de activos Miguel Sánchez Mercado objetó el archivo de la investigación y solicitó una elevación de actuados (algo así como una apelación).
La encargada de revisar el caso en una segunda instancia fue la fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta Santur, conocida por sus vínculos con el presentador Andrés Hurtado ‘Chibolín’ y con una presunta red dedicada al lavado de oro ilegal.
Pese a que la procuraduría había objetado que “no se habrían realizado los actos de investigación como pericias contables ni levantamiento del secretario bancario, tributario y bursátil de los investigados”, Peralta confirmó el archivo de la investigación contra Altamirano basándose en la supuesta inexistencia de pruebas de favorecimiento y sobrevaloración en la venta de equipos médicos a Essalud.
De este modo, el archivo de la investigación contra el empresario quedó consentido el 13 de febrero de 2024.
El 20 de mayo de este año, el fiscal anticorrupción Cruyff Martínez formalizó la investigación por organización criminal y colusión agravada contra Altamirano y otros 24 implicados en la venta de equipos a Essalud. Es decir, la investigación por corrupción contra Altamirano que dio origen a las sospechas de un presunto lavado de activos continúa firme.
A la fecha, Villanueva ha admitido haber cobrado un soborno de 20 mil dólares por parte de Nieves por su supuesta injerencia para el archivo en primera instancia de la investigación contra Altamirano, dinero que habría compartido a medias con Miguel Girao. Nada ha dicho en cambio sobre la confirmación del archivo en segunda instancia hecha por Peralta.