La mañana del martes 29 de junio pasado, Mirtha Vásquez, entonces presidenta del Congreso, recibió una inesperada llamada. Era Vladimir Cerrón. Quería reunirse personalmente con ella. No dijo el motivo, pero quedó claro que había una cierta premura.
Cerrón le pidió a Vásquez que la reunión fuera esa tarde en una casa en Lince, en la calle Juan Bielovucic 1462.
Se trataba de un lugar que había sido utilizado por algunos integrantes de Perú Libre durante la campaña, para reuniones diversas. Ahí se reunió parte del equipo técnico que participó en el debate del 24 de mayo pasado. Estuvieron, entre otros, Iván Merino, dirigente de Perú Libre cercano a Cerrón, que luego fue ministro de Energía y Minas de este gobierno durante algunas semanas; la economista Celeste Rosas y el excongresista Juan Pari.
Eran, como se recuerda, días difíciles.
Las últimas semanas de junio y la primera de julio del año pasado fueron las más críticas de todo el proceso electoral. La ONPE culminaba el apretado conteo de votos, en medio de masivas impugnaciones de Fuerza Popular para anular mesas de sufragio, acompañadas por una intensa movilización de los fujimoristas con otros partidos, sobre todo de ultraderecha, agitando el argumento de un supuesto fraude electoral.
El acoso callejero y el ‘terruqueo’ de grupos de ultraderecha contra las autoridades de los organismos electorales, fiscales, políticos de oposición al fujimorismo, defensores de derechos humanos, activistas, y periodistas estaba en escalada. El presidente del JNE, Jorge Salas, era amenazado e insultado por una turba de gente en su casa y su oficina; el jefe de la ONPE Piero Corvetto fue incluso agredido físicamente en el Club Regatas.
En paralelo, medio sombreado por la estridencia callejera, el Congreso preparaba la selección de seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC).
El proceso había sido duramente cuestionado porque era evidente la intención de elegir magistrados a la medida de los planes de las agrupaciones políticas que agitaban la campaña del fraude electoral.
Javier Villa Stein, expresidente del Poder Judicial convertido en activista de la ultraderechista Coordinadora Republicana, había presentado una acción de amparo para anular la segunda vuelta electoral, que si fuera rechazada en la instancia judicial, podía ser presentada al nuevo TC.
Esa era la situación del país cuando la presidenta del Congreso llegó a la casa de la calle Bielovucic.
Mirtha Vásquez llegó a las 5 y 30 de la tarde acompañada por uno de sus asesores. Un hombre, que no se identificó, los recibió y los llevó al segundo piso. Le pidió al asesor que espere en la sala para que Vásquez se reuniera a solas con Cerrón, quien la esperaba en una oficina pequeña en ese mismo piso.
Cerrón y Vásquez ya se conocían personalmente. Se habían visto por primera y única vez el 15 de mayo –entre la primera y segunda vuelta electoral– en la oficina de Iván Merino en el edificio Tiffany ‘s. Había sido una reunión organizada y convocada por Roger Nájar, para que el líder de Perú Libre y Vásquez se conocieran. Fue un encuentro más bien protocolar y breve en el que participaron Cerrón, Nájar, Merino, y Vásquez que estuvo acompañada de tres asesores parlamentarios. De acuerdo con fuentes vinculadas al entorno de Vásquez, había un interés de Perú Libre en que ella liderara un ministerio ante un eventual gobierno de Castillo.
Esta era la primera vez que se reunirían a solas.
Apenas intercambiaron saludos, Cerrón fue directo al grano: “Mire, tengo el caso de un gran amigo que se llama Javier Ríos. Lo que corresponde acá es que usted lo nombre como miembro del TC”, le dijo Cerrón a Vásquez, según recuerda la expremier.
“Eso no se puede hacer”, respondió Vásquez.
¿Recuerdan a Ríos? Saltó a la notoriedad en 2007 en aquella memorable fotografía en la que aparece con el exoperador montesinista Óscar López Meneses, el exministro aprista Agustín Mantilla, el general EP Roberto Vértiz y el comandante EP José Cuadra en un salón privado del restaurante Fiesta, en Miraflores. Esa imagen fue publicada por la revista Caretas tras la elección de Ríos como magistrado al Tribunal Constitucional, ese año de 2007. Ante el escándalo, el abogado presentó su declinación al cargo que fue aceptada por el pleno del Congreso.
En los años siguientes, Ríos presentó recursos legales para ser restituido como magistrado. El Tribunal Constitucional falló en dos oportunidades en contra del abogado; pero en el Poder Judicial las cosas siguieron un curso distinto. Ríos logró que el juez Sebastián Rosales, titular del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, fallara en su favor. Si bien esta decisión judicial motivó que la OCMA del PJ suspendiera a Rosales por graves irregularidades en el caso, hizo posible que Ríos intentara que lo restituyan como magistrado del TC en los siguientes procesos de selección de magistrados liderados por el Congreso. Todos los pedidos habían sido rechazados hasta el 2021.
El proceso que estaba en curso en ese momento no era la excepción. Ríos había remitido un oficio a la presidencia del Congreso, es decir, a Mirtha Vásquez, pidiendo ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. En mayo le había enviado otro con el mismo tenor.
Luego de escuchar la primera respuesta de Vásquez, en la reunión en Bielovucic Vladimir Cerrón argumentó con la presidenta del Congreso que correspondía el nombramiento de Javier Ríos porque el Poder Judicial había resuelto a su favor.
Vásquez contestó a Cerrón que, con cargo a revisar nuevamente la sentencia judicial, su interpretación era que el Congreso debía pronunciarse sobre su caso pero que eso no implicaba su reincorporación, y menos aún en el contexto del cuestionado proceso de selección que estaba en curso en ese momento.
Entonces afloró otro argumento.
“Mire, Presidenta, nosotros estamos armando nuestros cuadros para los ministerios y una de las propuestas en las que Pedro [Castillo] y yo estamos de acuerdo totalmente es en usted. Pero eso depende, pues”, le dijo Cerrón a Vásquez.
“Lo que le prometo es revisar la sentencia, pero me parece que no es posible, y yo no puedo ofrecer algo que no es legal”, respondió esta.
“Le aconsejaría que lo piense”, insistió Cerrón, “él [Ríos] no va a ser mal agradecido con usted”. Y añadió que con Ríos tendrían un aliado en el Tribunal Constitucional, según recuerda Vásquez.
¿Un aliado para quién? Cerrón buscaba anular su condena de cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible y la inhabilitación para ejercer la función pública. Unas semanas después presentó un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional.
Ahí acabó la reunión.
Días después, el lunes 5 de julio, Mirtha Vásquez recibió a una emisaria de Cerrón en su despacho en la presidencia del Congreso. Era Mara Ortega, entonces asesora de la congresista Carmen Omonte, de Alianza Para el Progreso (APP).
Mirtha Vásquez la recibió en su despacho en compañía de dos de sus asesores, quienes fueron testigos de la visita y del siguiente diálogo.
“Mire, vengo de parte de Vladimir”, le dijo Ortega a Vásquez, según recuerda la entonces presidenta del Congreso.
“¿Qué Vladimir?”, preguntó Vásquez.
“Vladimir Cerrón, que habló con usted por tema del señor Ríos. Vengo por la respuesta”, respondió Ortega, según recuerdan los testigos del encuentro.
“Yo le dije que iba a revisar la sentencia, la he vuelto a revisar y es como le dije. Así que si usted tiene comunicación con él, dígale que ya revisé la sentencia y no procede que se le incorpore. Y así procederemos en el Congreso”, respondió Vásquez.
“Soy muy amiga de él y del número uno”, repuso Ortega.
“¿Y quién es el número uno?”, preguntó Vásquez.
“El nuevo Presidente, Pedro. Y ellos tienen mucha consideración por usted. Están pensando incluso en el premierato, pero también ya le digo con mucha confianza que hay mucha gente que no la quiere. Entonces ahí hay una pugna y sería importante que se acerque a ellos”, le dijo Ortega a Vásquez, según recuerda esta última.
Mirtha Vasquez respondió con firmeza, visiblemente molesta: “Yo no estoy buscando trabajo. Y con respecto a este tema, es como le dije”. Y dio por concluida la reunión.
Mara Ortega es expareja de Biberto Castillo, asesor del presidente Pedro Castillo. Ambos fueron asesores parlamentarios del ministerio de Economía y Finanzas, durante las gestiones de Luis Miguel Castilla y Alonso Segura. Durante el proceso de transferencia del nuevo gobierno, Ortega integró el equipo de la comisión de transferencia del MEF, en julio de 2021.
Entrevistada por IDL-R, Ortega negó haber buscado a Vásquez para hablar de ese asunto. “Yo desconozco esa versión. Yo no he ido a tocar este tema. No me meto en estos temas”, dijo Ortega, quien sí aceptó conocer a Vladimir Cerrón.
Días después de este encuentro, el 20 de julio la de defensa Vladimir Cerrón presentó un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional en el que solicitaba la anulación de su condena e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
El TC declaró improcedente el pedido, pero Cerrón presentó un recurso de reposición. Unos meses después el TC volvió a fallar en contra del exgobernador de Junín.
“El pedido de Cerrón lo entendí como una presión”, dijo Mirtha Vásquez a IDL-R. Y lo fue, porque luego el exgobernador tuvo una férrea oposición a la designación de Vásquez como premier, el 6 de octubre pasado. Cerrón anunció en su cuenta de Twitter que Perú Libre (PL) había acordado en una asamblea extraordinaria que no daría su voto de confianza al gabinete ministerial. Como resultado de ello, 16 de 36 congresistas de la bancada de PL votaron en contra de la confianza al gabinete.
Ya en el premierato, Vásquez padeció el sabotaje constante de por lo menos un ministro cerronista, Eduardo González Toro, titular de Energía y Minas. Tras la renuncia de Vásquez, el 31 de diciembre pasado, Cerrón publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter.
IDL-R trató de entrevistar a Cerrón para esta nota, pero no hubo respuesta.
En cuanto a Mirtha Vásquez y Vladimir Cerrón, nunca más volvieron a conversar.
El mes pasado, el Poder Judicial notificó al Congreso para que dé una respuesta motivada a Javier Ríos sobre su pedido de incorporación al TC. Ello en el contexto de un nuevo proceso de selección y nombramiento de magistrados, a cargo de una comisión parlamentaria presidida por el congresista José Balcázar, de Perú Libre.
El 31 de enero, el procurador del Congreso, Manuel Peña, respondió a Ríos –a través de un oficio de 11 páginas– que no será repuesto como magistrado.