Reproducción de la columna ‘¿Qué funciona contra la corrupción?’ publicada en la edición 2436 de la revista ‘Caretas’.
La gran investigación anti-corrupción ‘Lava Jato’ no es solo la más grande e importante en la historia de Latinoamérica sino una de las más conocidas también. La cantidad e importancia de los hechos y los inculpados no tiene – haciendo, por supuesto, comparaciones a la escala– precedentes en Brasil o en América Latina.
¿Significa eso que Brasil es más corrupto? No. Significa que ha sido mejor investigado.
Las investigaciones que mi colega Romina Mella y yo hemos publicado tanto en IDL-Reporteros como en Caretas –además de las que se han realizado en algunos otros países, como, por ejemplo, las de La Prensa, de Panamá– muestran que las mismas corporaciones inculpadas en Brasil (varias de las cuales ya confesaron parte de su responsabilidad y se han acogido a acuerdos de leniencia o de delación premiada) actuaron en muchas otras naciones de América Latina con métodos operativos virtualmente calcados de Brasil.
No solo eso. Las últimas investigaciones realizadas por IDL-Reporteros demuestran la intervención en el Perú, en giros de dinero, de compañías de probada responsabilidad en otras operaciones de lavado de dinero para ocultar sobornos a ejecutivos de Petrobras. (Véase sobre eso la respuesta a un par de cartas en la parte final de este artículo). De manera que la existencia de pagos de soborno en el Perú puede considerarse ya como una hipótesis de gran peso.
Lo mismo puede decirse en otras naciones. En el caso de Argentina, por ejemplo, ya hay un detenido importante en la proyección internacional de Lava Jato; y lo más probable es que el caso avance con fuerza, aunque desigual, en otras repúblicas, de acuerdo con la capacidad de sus periodistas de investigación y la de sus fiscales.
Así que tanto el caso Lava Jato, como la publicación de los Panama Papers han puesto en primera línea la investigación de la corrupción corporativa, especialmente en el ámbito de la interacción de lo público con lo privado.
¿Quiere decir eso que estamos entrando en una nueva época, en donde la impunidad de los corruptos a cargo de grandes corporaciones será sustancialmente reducida? ¿Las leyes anticorrupción de alcance internacional (como el Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos) servirán para lograr sociedades más limpias a través del castigo a quienes las corrompen?
Parece que la respuesta no depende solo de las leyes ni tampoco de la voluntad de luchar contra la corrupción (por más que ambas cosas sean necesarias) sino de la eficiencia de las investigaciones, de su intensidad, continuidad y alcance estratégico.
Un artículo publicado el domingo 8 en Bloomberg, sostiene –en la introducción a la nota– que “las leyes anti-soborno no han logrado un efecto suficiente”.
Una encuesta a 500 ejecutivos de compañías que operan en 12 países arrojó que casi el 60 por ciento de los hombres de negocios sostuvo que las políticas anti-soborno no funcionan. El 80 por ciento de los ejecutivos encuestados dijo haber visto casos de soborno y corrupción en sus compañías.
Apenas el 9 por ciento de los ejecutivos indicó considerar a las consecuencias legales como la principal razón para evitar sobornos. El 61 por ciento sostuvo que el motivo fundamental para no hacerlo era el potencial impacto negativo en su éxito comercial y el daño a su reputación.
¿Qué estrategia comprehensiva, entonces, es la que tiene mejores posibilidades de funcionar?
El Ministerio Público de Brasil (el que lleva a cabo la investigación del caso Lava Jato) ha propuesto una estrategia anti-corrupción basada en la aplicación conjunta de 10 medidas, que son:
• Prevención de la corrupción, transparencia y protección a las fuentes de información;
• Criminalización del enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos;
• Aumento de penas y agravamiento de crimen para corrupción de “altos valores”;
• Aumento de la eficiencia y justicia de recursos en el proceso penal;
• Celeridad en las acciones sobre falta de probidad administrativa;
• Reforma del sistema de prescripción penal;
• Ajustes a las reglas de exclusión penal;
• Responsabilizar a los partidos políticos y criminalizar de la contabilidad paralela;
• Prisión preventiva para evitar la desaparición del dinero desviado;
• Recuperación del lucro derivado del crimen de la corrupción.
Varias de las diez medidas pueden sonar muy generales y, también, conocidas. Pero están bien explicadas en el desarrollo de la propuesta; y su eficacia depende, claro está, de su aplicación conjunta, diligente y capaz.
En todo caso, los fiscales anti-corrupción brasileños han demostrado la capacidad de llevar a cabo esas medidas con inéditos resultados.
No hay espacio, para discutir en detalle ese decálogo de medidas, pero quienes estén interesados en examinarlas mejor pueden hacerlo aquí: www.dezmedidas.mpf.mp.br. Y de paso aprenderán algo de portugués.
Respuestas
En la sección de cartas de esta edición de Caretas, hay dos que buscan aclarar o refutar una investigación reciente hecha por mí y Romina Mella y publicada tanto en esta revista como en IDL-Reporteros.
La investigación: “Los pagos oscuros” puede leerse en Caretas y en https://www.idl-reporteros.pe/los-pagos-oscuros/. Una nota previa sobre el tema, publicada unos días antes es: https://www.idl-reporteros.pe/los-pagos-secretos-de-odebrecht-en-el-peru/.
La primera carta es de la Concesionaria IIRSA Norte. Ahí, en medio de otras informaciones, reconoce haber pagado 10 millones 148 mil 690 dólares a la empresa Constructora Área SAC “hasta el 2007”. Afirma que fue “para el movimiento de tierras y explotación de canteras”.
¿Movimiento de tierras? El total de lo depositado por Odebrecht a Constructora Área SAC en las fechas mencionadas (incluyendo a IIRSA Norte, Odebrecht misma, Constructora Internacional del Sur y Klienfeld, todas las cuales en forma comprobada movieron dinero de la corporación Odebrecht) fue de más de 11 millones y medio de dólares.
De esa suma, alrededor de 7 millones de dólares fueron re-enviados, luego de una serie de operaciones, a una cuenta de un banco brasileño de segundo piso (Trend Bank Ltd), perteneciente a una compañía hecha en Panamá por Mossack Fonseca (Balmer Holding Assets Ltd), en el First Caribbean Bank, de Barbados. ¿Hicieron movimientos de tierras en Barbados o solo movimientos de dinero para ser cobrado por el misterioso propietario de las acciones al portador de Balmer?
Dicen contar con la “auditoría de empresas especializadas de reconocido prestigio”. Me temo que, como ha sucedido con otras partes de Lava Jato en Brasil, el prestigio de varias auditoras va a dejar de ser reconocido cuando avancen las investigaciones.
En cuanto a la carta de los propietarios (Monteverde y Carmona) de la ya difunta Constructora Área SAC, ellos afirman al final que: “dejamos constancia que nunca hemos recibido ningún tipo de comunicación de la revista para verificar la veracidad de la información”. Yo, por mi parte, puedo dejar constancia de que Romina Mella intentó comunicarse con ellos por todos los medios, lo que incluyó tratar de encontrarlos a través de sus familiares. Tenemos, por supuesto, cómo probarlo.
En lo que sostienen a que su investigación a ambos por presunto lavado de activos haya sido archivada, nuestra información indica que está vigente y activa. Como lo está la de IDL-Reporteros.
