En estos días, mi abogado Juan José Quispe y yo recibimos una citación del despacho a cargo del fiscal Reynaldo Abia, cuya parte pertinente reproduzco al final de la nota.
El caso para cuya “investigación” (así, entre comillas) soy citado como testigo es el que saltó a la luz pública a principios de enero de este año, en la madrugada del 8 de enero, cuando se perpetraron los aparatosos allanamientos contra el domicilio rural (en Mala) del periodista y escritor Pedro Salinas; y contra el departamento en el que se hospedaba Janett Talavera, quien fue encargada de prensa de la Fiscalía de la Nación (bajo la anterior gestión de Pablo Sánchez) y que ahora es asesora de comunicaciones y prensa del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas.
La medida obedecía a la supuesta necesidad de investigar, como declaró Abia poco después, “la presunta falsedad genérica de unos documentos, que habrían sido empleados para simular la prestación de un servicio ante la Gerencia de Imagen Institucional del Ministerio Público”.
Pocos días después, el 12 de enero, publiqué en IDL-Reporteros una nota relativamente extensa que examinó en detalle la relación de las acciones fiscales con la realidad; y la del empapelamiento con las reglas básicas de una legítima investigación.
La nota puede leerse aquí. Fue una dura crítica a las acciones de la Fiscalía de Abia, sustentada en razones sólidas y en datos que no eran refutables porque corresponden a la verdad de los hechos. Es fácil corroborarlo al leer la nota.
Pero Abia prosiguió con su supuesta investigación, pese a que quedó claro que la “prestación de un servicio” no fue simulada sino muy real y concreta. Así lo testificaron varios periodistas que concurrieron a las reuniones con el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, amenazado entonces por una acusación constitucional presentada por la prepotente mayoría fujimorista del Congreso de ese tiempo. El propósito de esas reuniones fue explicar a los periodistas el trabajo que había realizado la Fiscalía en el caso Lava Jato hasta fines de 2017.
Aun así, hace pocos días Abia “formalizó” la investigación fiscal y dispuso citar a varias personas para declarar como testigos.
Yo soy uno de los citados. Pero mi caso es diferente. En primer lugar, porque no tengo nada que testificar. No estuve en ninguna de las reuniones que Pedro Salinas (entonces socio y ejecutivo de Chisac, la firma de relaciones públicas) organizó para que periodistas, opinólogos y afines, escucharan la información del fiscal de la Nación sobre el caso Lava Jato. Eso quedó claro en mi artículo, en las declaraciones de Salinas y en el propio texto en el que la Fiscalía “formaliza” su “investigación”.
En segundo lugar, porque soy el único entre todos los testigos citados a quien se “apercibe” de que “en caso de inconcurrencia se disponga la conducción compulsiva del testigo por parte de la Policía Nacional del Perú”.
Lo curioso es que no queda claro a dónde me conduciría compulsivamente la Policía, pues la diligencia será virtual. ¿A la cabina de internet más cercana (alguna debe quedar)? ¿Enmarrocado con bits&bytes?
Soy entonces un no-testigo a quien se amenaza para que testifique sobre lo que no vio; y se lo hace, además, en la primera citación.
¿En qué participé en el caso? Solo en escribir la nota “Allanamientos” en IDL-R.
Es inevitable concluir que la conminatoria y hostil citación de Abia es su reacción ante lo que escribí y publiqué.
¿Quiere que testifique sobre eso? Le adelanto lo que le diré. Que yo soy el autor de la nota, que la firmé entonces, la firmo ahora y firmaré todas las que sean necesarias para reportar, describir y exponer un caso de evidente abuso, de empapelamiento disfrazado de investigación. Y que los hechos que expongo en esa nota son claros, irrefutables y se explican y defienden solos.
¿Me va a preguntar cuáles fueron mis fuentes, con quiénes hablé, de dónde saqué lo que expuse? Le diré que nunca he revelado ni revelaré mis fuentes y que, como debiera conocer, la reserva de fuente periodística tiene protección legal aquí y en todo el mundo civilizado.
Le diré, también, que en tanto la citación que me hace como testigo no tiene ninguna razón válida que la sustente; y viene, además, acompañada con una explícita amenaza, es inevitable concluir que se trata de una acción de represalia a la nota “Allanamientos” que publiqué en IDL-R. Es, en consecuencia, un ataque a la libertad de prensa. La tomaré como tal y reaccionaré como corresponde.
Es cuanto tengo que decir y es cuanto diré.