Luis Garrido Chávez, 67, al timón de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (Apescaa), desde enero último, navega contra la marea negra. El año pasado, 11,900 barriles de petróleo cayeron al mar en la Refinería La Pampilla, en Ventanilla, Callao. La contaminación de crudo abarcó un radio de 150 km del punto de vertimiento, desde Lima hasta Huacho.
El registro oficial de personas afectadas como consecuencia del desastre ecológico, agrupa a 10,186 cabezas de familia. En 2022, la Refinería La Pampilla S.A.A. (Relapasaa) –operador de la planta industrial cuyo accionista mayoritario es la transnacional española Repsol– pagó frugales adelantos de compensaciones económicas. La petrolera pagó a los pescadores, entre marzo y octubre del 2022, un “adelanto” de 21 mil soles, en varias armadas, con 3 mil soles iniciales, por la abrupta suspensión de sus actividades económicas como consecuencia del derrame de petróleo.
En el caso de damnificados dedicados a otros rubros económicos, como los comerciantes u operadores turísticos, la petrolera solo pagó dos cuotas.
En octubre caducó la declaratoria gubernamental de Emergencia Ambiental, y la petrolera suspendió el pago de nuevas amortizaciones. Hubo marchas y protestas.
En el arreglo final, a través de un acuerdo extrajudicial, de acuerdo con el abogado Mario Carranza, asesor legal de 19 organizaciones de pescadores, la compañía efectuó pagos diferenciados. Los pescadores embarcados recibieron 70 mil soles en total. Los no embarcados (pescadores de orilla, por ejemplo), recibieron 65 mil soles. Algunos, solo 58 mil.
Del total de damnificados en el padrón oficial del Instituto Nacional de Defensa Civil, más de 8 mil personas suscribieron el acuerdo extrajudicial planteado por Relapasaa.
El contrato extrajudicial establece, en la cláusula N 9, que “el Afectado, de forma definitiva, irrevocable e incondicional, mediante el presente documento cede y transfiere a Relapasaa, por el monto del Pago Total, todos los derechos, reclamos, títulos, acciones y demandas que puedan tener o surjan en el futuro […]”.
Añade la misma cláusula:
“Si como consecuencia del Evento [el derrame de petróleo] se ha iniciado o se inicia cualquier reclamo o se abriera cualquier investigación o proceso de cualquier índole, conocida o desconocida, el Afectado realizará inmediatamente todos aquellos actos que sean necesarios para poner fin definitivo a dicho proceso”.
Pero un núcleo duro de 19 organizaciones de pescadores artesanales rechaza con firmeza el acuerdo.
“En lo esencial el acuerdo es una cesión de derechos, no un acuerdo de compensación integral”, dice el abogado Mario Carranza, el asesor legal de las 19 organizaciones. En este plan –denuncia el abogado– los derechos futuros e intransferibles de las víctimas del derrame del petróleo terminan siendo representados por la misma refinería que provocó el desastre.
El nudo gordiano del pleito, explica Carranza, es la valorización de los perjuicios generados por el derrame y el pago de una compensación económica justa por parte de los responsables del accidente.
Una compensación o indemnización integral, prosigue Carranza, suele incorporar valores como la pérdida de ganancias por efecto del desastre o lucro cesante; el deterioro de activos debido a su paralización durante meses, y enfermedades que puedan surgir debido a la contaminación; o el llamado daño emergente, además del daño psicológico o moral a las familias que abruptamente perdieron su fuente de ingresos.
Esa es la base del reclamo y la resistencia de 740 pescadores socios de las 19 asociaciones de pescadores artesanales, quienes se niegan a estampar su firma en un arreglo extrajudicial que consideran abusivo.
Así las cosas, no solo la compensación económica ofrecida por la petrolera es parcial o limitada. A petición de los pescadores que se resistieron al acuerdo de Relapasaa, la Defensoría del Pueblo solicitó a la petrolera que abra una mesa de negociación a inicios del presente año. Relapasaa accedió.
El 6 de marzo se realizó la primera mesa de diálogo en las instalaciones de la refinería de Ventanilla; el 13 de marzo se desarrolló la segunda ronda de negociación en la sede de la Defensoría del Pueblo, en Lima Cercado. El lunes 27 se convocó a una tercera ronda negociadora en la Casa Metodista en el Paseo Colón. Los pescadores –19 asociaciones de pescadores artesanales y armadores de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay– plantearon que la Defensoría del Pueblo actúe como co-partícipe del proceso de diálogo, pero inesperadamente la petrolera lo rechazó.
La empresa adujo que el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos no contempla esa figura negociadora.
En la reunión del 27 de marzo participaron en calidad de veedores del proceso de diálogo, Maia Campbell, coordinadora de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y Miguel Lévano, coordinador del grupo de trabajo sobre impactos por hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y gerente de programas de Oxfam. A su vez, asistieron al auditorio varias oenegés ambientalistas, que asesoran técnicamente a los demandantes, como CooperAcción, Oceana y Conciencia Marina.
José Edgardo Allemant, biólogo, exdirector general de Pesca Artesanal en el ministerio de la Producción (hasta octubre del 2021), es el líder del equipo negociador de la petrolera en la mesa de diálogo.
Pese a la concurrida audiencia, el diálogo se entrampó en el tema de la mediación, y la reunión se suspendió al cabo de apenas dos horas, sin tiempo para abordar el tema de fondo de la agenda: la valorización de los daños producidos y su justa compensación.
Algo se avanzó, pese a todo. El próximo lunes tanto los pescadores como la compañía, darán a conocer sus montos de la valorización de la indemnización. Intercambiarán información y, en la siguiente reunión, intentarán definir los montos para los convenios extrajudiciales.
Kely Alfaro, de CooperAcción, es quien tiene a cargo el cálculo de la valorización indemnizatoria por el lado de los pescadores.
Al cierre de la reunión, los pescadores plantearon que, en todo caso, se nombre a dos mediadores, uno seleccionado por ellos, el otro por la petrolera. Allemant se comprometió a responder a esta última petición –“previa consulta con la gerencia general”–, en la próxima reunión, programada para el lunes 3 de abril, en el mismo auditorio.
El polémico acuerdo extrajudicial suscrito por miles de personas, y, por otro lado, la negociación en curso impulsada por el núcleo duro de afectados, ha concitado atención internacional.
En febrero pasado, Luis Díaz, 25, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales y Armadores del distrito de Aucallama, viajó a España, invitado por un grupo de organizaciones ambientalistas, en representación de las 19 asociaciones de pesca.
En 20 días se entrevistó con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Industria y Comercio de España. A su vez, tuvo reuniones con parlamentarios del Congreso Nacional en Madrid, y del Congreso de Cataluña. La gira de Díaz incluyó las ciudades de Bilbao, dónde Repsol opera la refinería de Petronor, y la región de Galicia, escenario del mayúsculo derrame de petróleo del tanquero Prestige, en 2002. En cada una de estas localidades, Díaz ofreció conferencias sobre ese drama. Soledad García, relatora especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha confirmado su participación también como veedora a partir de la siguiente ronda negociadora.
Entre tanto, la oposición ambientalista a la transacción extrajudicial planteada por la petrolera se cohesiona y aumenta. Según la abogada ambientalista Ana Leyva de la ONG CooperAcción, “la transacción extrajudicial es abusiva e injusta […] es un mecanismo para evitar que las partes vayan a un proceso judicial, pero en este caso los afectados renuncian a todos sus derechos, y los ceden a la empresa”, explicó. “El monto de compensación económica es totalmente arbitrario, Repsol no ha valorizado los daños de manera objetiva, no lo ha hecho a pesar de haber sido requerida por Osinergmin y sancionada por eso con 20 UIT (S/ 92,000)”, explica Leyva.
Coincide el procurador público especializado en delitos ambientales del Ministerio del Ambiente (Minam), Julio César Guzmán, “el acuerdo extrajudicial es ilegal. Existe jurisprudencia nacional e internacional que señala que la limitación de los derechos de perjuicios futuros no pueden ser negociados a rajatabla”, explicó.
La Refinería La Pampilla ha sido sancionada a la fecha por un total de 83 millones de soles por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Minam, así como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), por su presunta responsabilidad en el derrame de petróleo. Relapasaa ha apelado todas y cada una de la docena de sanciones a la fecha.
De acuerdo con un reporte de clasificación de 2021, La Pampilla es la principal refinería del país con capacidad de refinación de crudo de 117,000 barriles por día, equivalente al 55% de la capacidad total del Perú. Durante el primer trimestre de 2022, la gerencia de Relapasaa reportó ante la Bolsa de Valores de Lima ingresos por 954.5 millones de dólares en el primer trimestre, un aumento de 64,5% con respecto al mismo periodo, el 2021. La pérdida operativa como consecuencia de los costos asociados al derrame de petróleo desde el Terminal Marítimo Multiboyas 2 fue de 17.5 millones de dólares, según el mismo documento.
El 16 de febrero pasado, el consejero delegado de la transnacional Repsol, Josu Jon Imaz, anunció que las utilidades de la petrolera a nivel global escalaron a 4.251 millones de euros en 2022, “un 70% más y el mayor beneficio de su historia», resaltó el diario español El País. “Las refinerías de Repsol multiplicaron por seis su margen de ganancia en un 2022 récord”, subrayó el diario.
Masivas ganancias luego de los graves daños y las magras reparaciones en Perú. A Luis Garrido Chávez, de Apescaa, Ancón, uno de los miles de afectados que suscribieron el acuerdo extrajudicial, le queda una melancólica reflexión: “Nos almorzaron con zapatos y todo”.
