Son casi 30 mil palabras en su traducción al español (poco más de 25 mil en el inglés original), pero es poco probable que alguien considere verboso al masivo informe que Human Rights Watch (HRW) hizo público a partir de la madrugada de este miércoles 26 de abril.
El documento: “Deterioro letal”, cuyo subtítulo; “Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, describe su tema, es un informe de fluida pero a la vez apretada narrativa sobre las sangrientas protestas sociales en Perú, que siguieron al fallido intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre pasado, y que, a lo largo de varias semanas tumultuosas y violentas, provocaron la muerte, como reseña el informe, de 49 personas, en casi todos los casos por un injustificable empleo de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad.
El informe de Human Rights Watch está organizado en ocho capítulos, (aparte de los previos de Resumen y Metodología, y los epilogales de Recomendaciones y Agradecimientos), que prosiguen con el distintivo estilo de la organización de derechos humanos, de realizar informes comprehensivos, que incorporan los antecedentes, trasfondos y correlatos de la situación investigada, manteniendo a la vez tensión y fluidez narrativas.
Los capítulos: Una crisis política y social arraigada; violencia de manifestantes; uso desproporcionado de la fuerza por las fuerzas de seguridad; violaciones al debido proceso y abusos contra detenidos; acoso y violencia contra periodistas; investigación de abusos y actos de violencia; deterioro del Estado de derecho y agravamiento de las amenazas a las instituciones democráticas; la respuesta internacional a la crisis, describen bien el escenario de lo investigado y la organización conceptual de la investigación.
El equipo de Human Rights Watch, liderado por César Muñoz –quien luego redactó el trabajo– estuvo en el Perú entre el 29 de enero y el 9 de febrero de este año. Viajó a Ayacucho, Cusco y Arequipa; y entrevistó de manera virtual a varias personas en Juliaca y Andahuaylas.
Entrevistaron a unas 140 personas, observaron cerca de 269 vídeos a lo largo de 37 horas y más de 660 fotografías. Entre los entrevistados, estuvieron varias autoridades, como los ministros del Interior y de Defensa, la fiscal de la Nación, la defensora del Pueblo y el entonces comandante general de la Policía.
Cuando el equipo de Human Rights Watch llegó al Perú, ya se habían publicado importantes investigaciones sobre la violencia y las muertes en las protestas, como las que realizó IDL-R sobre las muertes en Ayacucho y luego las de Juliaca; o la que hizo el New York Times.
Human Rights Watch incorporó esas investigaciones en la propia (una metainvestigación si se quiere), que compiló y amplió, con minucioso rigor, el ámbito de lo conocido.
Con su extensa base de hechos corroborados y su articulado análisis sobre causas y consecuencias, el informe de Human Rights Watch se convertirá, con alta probabilidad, en uno de los documentos centrales para comprender y describir las muchas crisis y las poco claras oportunidades en gobernabilidad, democracia y derechos humanos, que enfrenta hoy el Perú.
Publicamos a continuación el informe completo de Human Rights Watch; y también, para aquellos a quienes la lectura larga les resulte difícil, el resumen hecho por la propia HRW.
