La norma no deja lugar a dudas: el fiscal previene, investiga y persigue el delito, dice la Ley de la Carrera Fiscal. Y según la Constitución de 1993, al Ministerio Público le corresponde conducir desde su inicio la investigación del delito. Pero, lo que sucede ahora con la amenazada investigación del asesinato de Mauricio Ruiz Sanz, el cantautor de hip hop y gestor cultural conocido como Trvko, revela qué tiempos corren y qué vientos soplan hoy en el capturado Ministerio Público.
Poco después del inicio, apegado a ley, de las investigaciones, se produjo un cambio brusco e inexplicado: En las fiscalías se desató un indecoroso proceso de pasarse el caso, como una papa en fuego, de un despacho al otro, que aún no termina y que parece destinado a garantizar la impunidad del asesinato de Trvko.
No fue así al comienzo. El 16 de octubre pasado, el fiscal provincial de derechos humanos a cargo del caso, Roger Yana, emitió su primera disposición de diligencias preliminares. De acuerdo con ella, Yana investigaba por homicidio calificado con alevosía a “los que resulten responsables (Policía Nacional)”. Dicho delito, a diferencia del homicidio simple (cuya pena mínima es de seis años), tiene una pena mínima de 15 años de cárcel.
En varias páginas de ese documento del 16 de octubre, el fiscal provincial de la Tercera Fiscalía especializada en Derechos Humanos, Yana, argumentó –citando jurisprudencia del sistema interamericano y resoluciones del Ministerio Público– las razones por las que investigaba el asesinato del artista Trvko en el contexto de violaciones a los derechos humanos, circunstancia que vuelve imprescriptible el delito. Los siguientes son solo tres de esos párrafos.
Las disposiciones investigativas del fiscal Yana desencadenaron un intenso hostigamiento legal, mediático y político en contra suya entre el 15 y el 23 de octubre.
De un lado, Stefano Miranda, el abogado de Luis Magallanes, el policía imputado por el crimen, presentó una queja contra Yana en nada menos que la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En esos días, a la vez, el notorio presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, atacó al fiscal y a un juez acusándolos de “prevaricadores” debido a la orden de detención de Magallanes por siete días.
Ambos, Rospigliosi y la JNJ, demostraban en esos días, su poder de destituir, sin otro motivo que la arbitrariedad, a cualquier funcionario no sometido. La destitución de la fiscal de la nación, Delia Espinoza, cargaba un mensaje inequívoco de intimidación.
De hecho, ya el Ministerio Público había sido capturado por el régimen: Tomás Aladino Gálvez llevaba alrededor de tres semanas como fiscal de la nación interino.
Parece que el fiscal Yana no fue inmune a las amenazadoras consecuencias que le traería proseguir con su línea investigativa del caso, así que la cambió sustantivamente de un día al otro.
El 23 de octubre, Yana modificó la investigación por completo. Asumió la versión del jefe de la PNP, Óscar Arriola, de que el disparo letal, de rebote, no fue intencional. Sostuvo que el caso ya no era de derechos humanos, tipificó el delito como “homicidio simple culposo” y, lo más importante, se inhibió de investigar, dejó el caso y lo derivó a una fiscalía penal común.
Fue el primer paso del indecoroso peloteo.
El 5 de noviembre la Segunda Fiscalía Penal Corporativa del Cercado de Lima –que ve delitos comunes– rechazó investigar el caso. La fiscal provincial Fara Cubillas argumentó que el asesinato de Trvko ocurrió en un contexto de violación de derechos humanos.
Cubillas sustentó que la conducta de Magallanes “no fue un hecho aislado en el cual el Estado no pueda asumir algún tipo de responsabilidad”, y que, por tanto el caso le competia a la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos. Y lo mandó de vuelta.
A diferencia de Yana, Cubillas hizo notar que la Policía Nacional no se aseguró de que los policías Magallanes y Omar Saavedra –del equipo de flagrancia que disparó en la Plaza Francia– fueran al servicio sin armas de fuego, y destaca que Mauricio Ruiz, Trvko, no fue la “única víctima del accionar delictivo” del policía. No lo menciona, pero se refiere a otro manifestante –Renato Daniel Ríos– quien quedó herido en la mano por bala.
Cubillas envió la consulta a varios despachos: entre ellos, a la entonces coordinadora de las fiscalías especializadas de derechos humanos y contra el terrorismo, Rosario Quico, para que decidan qué fiscal provincial debe investigar.
Una segunda contienda de competencia
La fiscal Quico asignó a Andrés Montoya, de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo, la tarea de definir a qué fiscalía corresponde el caso. El 17 de noviembre le reiteró el encargo.
Una semana después, Montoya respondió que por cuestiones de turno no le tocaba resolver. Derivó la cuestión al Equipo Fiscal de Casos con Víctimas en protestas (Eficavip).
El 25 de noviembre, la fiscal superior de Eficavip Lily Gelacio contestó que su despacho solo investiga los casos de 2022 y 2023, y rechazó dirimir sobre los fiscales provinciales. De un pase lateral en pase lateral de la papa caliente, ya no había una sino dos contiendas de competencia en la Fiscalía. La primera entre fiscales provinciales y la segunda entre fiscales superiores.
Después de recorrer seis despachos fiscales, la contienda de competencia, que tiene la investigación paralizada por dos meses, recaló en una fiscalía suprema penal.
¿A quién le corresponde dirimir esta última contienda?
A Patricia Benavides.
Benavides, también conocida como “Vane” tiene el antecedente de haber obstaculizado, cuando fue fiscal de la nación, las investigaciones de las graves violaciones de derechos humanos en las muertes de Ayacucho, Juliaca y Andahuaylas de 2022 e inicios de 2023, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia. Benavides sacó las investigaciones de los distritos fiscales donde ocurrieron los hechos y las trasladó a Lima a un equipo dirigido por una fiscal de su confianza, Marena Mendoza, que nunca había visto casos de derechos humanos pero era de la entera confianza de Benavides. Entonces crearon en marzo de 2023 el Equipo Fiscal de Casos con Víctimas en Protestas (Eficavip), integrado en su mayoría por fiscales sin formación ni experiencia en derechos humanos.
Mientras que lo único que avanza en el caso, son los argumentos medrosos con los que fiscales y fiscalías intentan evitar encargarse de él, fiscal de la nación interino, Aladino Gálvez, nombró, el viernes 12, al fiscal superior Montoya, uno de los que alegó más argumentos para zafar del caso, como nuevo coordinador de las fiscalías de derechos humanos en reemplazo de Quico, pese a que aquel ingresó a dichas fiscalías especializadas hace solo siete meses.
Así, con la triunfante intimidación desde fuera y dentro del ministerio público, crece la posibilidad de que el asesinato de Trvko, y el de los perpetrados en protestas previas y, probablemente, en las que vendrán, queden impunes.
