En estos últimos cuatro años, Keiko Fujimori, sus congresistas y su partido político han intentado obstruir y descarrilar la investigación liderada por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato. Utilizaron para ello desde la captación de fiscales y jueces de distintas jerarquías para buscar neutralizar el caso, la captura del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, el constante acoso judicial para separar a los investigadores de caso, las campañas de desinformación, troleo, terruqueo e incitación al odio, hasta amenazas y el ataque físico perpetrados por grupos con vinculaciones directas al fujimorismo.
Desde el 11 de marzo pasado, cuando el fiscal Pérez Gómez presentó la acusación contra Keiko Fujimori por delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción de la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo – por la que pidió 30 años y 10 meses de cárcel para ella–; la líder de Fuerza Popular y sus co-acusados han emprendido acciones en la vía judicial para anular la acusación fiscal, sacar al juez de la causa, y acosar al fiscal Pérez con denuncias presentadas en Control Interno de la Fiscalía.
De acuerdo con registros de la Fiscalía Suprema de Control Interno, el fiscal Pérez Gómez registra 94 investigaciones en su contra. Más del 60 por ciento de estas surgieron dentro del caso Lava Jato.
Entre marzo y mayo de este año, los abogados de Keiko Fujimori y Fuerza Popular presentaron seis quejas contra José Domingo Pérez en la oficina de Control Interno de la Fiscalía.
Todas las denuncias se basaron en acusaciones de supuesta filtración de información sobre la acusación fiscal contra Fujimori, o por haber dado entrevistas a medios de comunicación. Todas fueron admitidas. Y en un caso, la propia Fiscalía abrió una investigación de oficio a raíz de una entrevista concedida por Pérez Gómez a un programa periodístico.
El martes 23 de marzo, Giulliana Loza, abogada de Keiko, presentó una queja funcional contra el fiscal Pérez por la supuesta filtración de información de la acusación fiscal a los medios de comunicación. “Somos testigos de que constantemente se han venido filtrando piezas procesales que tienen la entidad de reservados, a los diferentes medios de comunicación masiva, sometiendo a mi patrocinada a una infinidad de calificativos degradantes en su contra, además, generando una falsa percepción de culpabilidad en su contra […]”, indicó Loza en su escrito.
La abogada, de paso, ha sido acusada por Pérez Gómez por el delito de obstrucción de la justicia por presuntamente haber organizado a los falsos aportantes para que den declaraciones falsas a favor de Fujimori. El fiscal ha pedido seis años y seis meses de prisión para la abogada.
Ese mismo día, el abogado de Fuerza Popular, Elio Riera Garro, presentó una queja en la misma línea y pidió una “sanción administrativa y correctiva”.
El día en que se conocieron los resultados oficiales del pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta electoral, la fiscal Silvana Rejas, responsable de la Comisión de Investigación Preliminar de Quejas ODCI-Lima de la Fiscalía, abrió una investigación preliminar contra el fiscal Pérez a raíz de una queja presentada por Loza. ¿El motivo? Haber dado una entrevista el 11 de marzo, en el programa 2021, de Mávila Huertas, para informar acerca de la acusación fiscal contra Fujimori, y por presuntamente haber filtrado información del caso al diario El Comercio.
Unos días después, el 15 de abril, la fiscal Rejas abrió otra investigación contra José Domingo Pérez por una queja funcional presentada por el abogado Riera de Fuerza Popular. Este alegó que Pérez incurrió en infracciones por presentar su acusación fiscal el mismo día que concluyó la investigación preparatoria, “evidenciando un ánimo indebido de perjudicar a esta parte procesal no solo en el proceso, sino en su legítima actividad política, en el proceso electoral 2021”.
Esta queja se dio en paralelo al pedido de anulación de la acusación fiscal presentado por Keiko Fujimori, Fuerza Popular y Jaime Yoshiyama, exsecretario general del partido, ante el Poder judicial. ¿El objetivo? Que el caso retorne a la fase de investigación preparatoria, y así evitar pasar a la fase del juicio oral.
Al día siguiente, el 16 de abril, la fiscal Rejas abrió una nueva investigación contra el fiscal Pérez, pero esta vez de oficio, por haber dado una entrevista en el programa Sálvese Quien Pueda, el 14 de abril pasado, conducido por los periodistas Josefina Townsend y Renato Cisneros.
Cinco días después, el 21 de abril pasado, la fiscal superior Mery de la Torre Chávez, jefa de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, abrió un proceso disciplinario contra Pérez, y tres fiscales que integran su despacho: Elvia del Carmen Caro, Iris del Carmen Falla y Enma Acosta. ¿La razón? Otra queja presentada por la defensa de Fujimori y Fuerza Popular en la que acusan a los fiscales de haber filtrado información a los medios de comunicación.
En la resolución, la fiscal De la Torre indica que iniciaba un proceso disciplinario por el plazo de 60 días hábiles contra los fiscales por falta grave al “no guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva”.
Poco más de una semana después, el 29 de abril, la fiscal Silvana Rejas abrió otra investigación, de oficio, contra Pérez por presuntamente haber filtrado información brindada por un colaborador eficaz –que vinculaba al fujimorismo con el ex CNM– a los medios de comunicación.
Pocos días después, el 4 de mayo, la fiscal Rejas abrió una indagación preliminar contra Pérez a raíz de una queja presentada por la defensa de Carmela Paucará, exsecretaria de Keiko Fujimori, por presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones.
Este acoso al fiscal Pérez se relaciona con lo ocurrido el 6 de mayo en el Congreso. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos acordó pedir al Consejo Directivo que se incluya en la agenda del Pleno una moción de la congresista fujimorista Martha Chávez para conformar una comisión investigadora del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht. ¿El objetivo? Criminalizar a los fiscales, procuradores y a la jueza que homologó el acuerdo con la constructora brasileña.
Al día siguiente, el juez Víctor Zúñiga –que ha sido recusado 14 veces por la defensa de Keiko Fujimori y sus co-acusados– desarrolló la audiencia para evaluar el pedido de la defensa de la lideresa de Fuerza Popular y otros investigados para anular la acusación fiscal, y quedó pendiente de resolver.
El 19 de mayo, la fiscal suprema María Isabel Sokolich, a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno, abrió una investigación contra el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, en clara represalia por haber dicho en una entrevista en el programa Sálvese Quien Pueda –de ese mismo día– que las investigaciones contra el fiscal Pérez en Control Interno representaban “un exceso en las atribuciones de los órganos de control […] Nosotros hemos hablado de la defensa del proceso, de la investigación que en su momento se dio con una serie de circunstancias e incidencias obstructivas y lo que finalmente ha determinado ya que lleguemos a la etapa de acusación fiscal. […] Son tres investigaciones en menos de una semana, yo no pienso que eso sea solamente una coincidencia.[…] Lo que representa como probabilidad es que exista una sanción, y si existe una sanción dentro de la ley de carrera fiscal hay un abanico de probabilidades que van desde la as amonestaciones, hasta las suspensiones o hasta la destitución, es el camino por el cual los órganos de control interno inician investigaciones”.
El 28 de mayo, el fiscal Vela respondió a Sokolich a través de un oficio en el que se ratificó en lo dicho en la entrevista y describió los actos de hostilización hacia el Equipo Especial Lava Jato desde Control Interno de la Fiscalía ocurridos desde 2018. Vela indicó que teniendo en cuenta los antecedentes, es válida la preocupación de que “se puedan instrumentalizar los proceso disciplinarios de control interno, para fines distintos a los que prescribe la Ley de Carrera Fiscal”. Y añadió que “pueden ser el sustento de pedidos de exclusión de fiscales, utilizando precisamente los procesos disciplinarios como argumento neurálgico de dicha figura procesal. […] Así también pueden ser instrumentalizados los procesos disciplinarios para generar los espacios ante la Junta Nacional de Justicia, para una no ratificación”.
IDL-R buscó de entrevistar a la fiscal Sokolich y la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Lenka Zajec, del área de comunicaciones de la Fiscalía, indicó que “la fiscal de la Nación no está dando entrevistas de ningún tipo a ningún medio, y que la fiscal Sokolich tampoco dará una entrevista porque estos temas no los discute a través de los medios de comunicación”.
Este año está previsto que el fiscal José Domingo Pérez pase el proceso de ratificación en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), una de cuyos miembros es la abogada María Zavala, quien es precisamente testigo en el caso de Fujimori, por haber participado en 2017 –en su calidad de accesitaria de Baltazar Morales Parraguez en el CNM– en una reunión en el stud del empresario pesquero Óscar Peña, junto con exintegrantes del CNM y un congresista fujimorista.
En ese contexto de reagrupamientos salta a la vista una reciente contratación en la JNJ. El abogado Mario Luna Liza, exasesor de la excongresista fujimorista Yeny Vilcatoma, ha ingresado a trabajar este año en la dirección de procedimientos disciplinarios, que tramitó las destituciones de los fiscales Pedro Chávarry, Martín Hurtado, Tomás Gálvez, Aldo Figueroa, y que actualmente ve el caso de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, del caso ‘Cuellos Blancos’.
Esto es particularmente relevante porque Vilcatoma tuvo un rol activo desde el Congreso para torpedear la investigación del caso Lava Jato y acosar judicialmente a los fiscales. Actualmente Vilcatoma es abogada de Luis Mejía Lecca, extesorero de Fuerza Popular, acusado de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimientos administrativos.
Cronología del caso K
A continuación, una apretada cronología, entre 2017 y 2020, de los intentos de Keiko Fujimori, sus congresistas y su partido para sabotear las investigaciones fiscales dirigidas por el fiscal José Domingo Pérez.
–2017–
1 de febrero. El congresista fujimorista Héctor Becerril presionó al consejero del CNM Baltazar Morales para que votara a favor del candidato de Fuerza Popular a la presidencia del CNM, Julio Gutiérrez, durante una reunión en la casa de Guido Aguila, entonces presidente de dicha institución. Pero este se negó.
En ese momento, el hermano de Guido Aguila trabajaba en el despacho del congresista fujimorista Glider Ushñahua; y la esposa de Becerril lo hacía en la procuraduría del CNM.
15 de mayo. Marcelo Odebrecht confesó que su compañía financió la campaña de Keiko Fujimori en 2011. Al mes siguiente, el 23 de junio, IDL-R publicó la anotación “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita (ex: Venez). Humala?” hallada en el teléfono de Odebrecht.
Es a partir de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, que la Fiscalía deriva el caso de Fujimori al fiscal Pérez Gómez el 5 de setiembre de 2017, quien adecua la investigación a la Ley de Crimen Organizado. Hasta ese momento los fiscales a cargo de investigar a Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) eran Germán Juárez y María del Pilar Peralta.
5 de octubre. En una conferencia de prensa, Keiko Fujimori atacó a la Fiscalía por haber puesto a José Domingo Pérez a conducir las investigaciones fiscales en su contra. “No quiero pensar que lo han puesto para ampliar los plazos y para montar un show mediático de allanamientos y otras acciones”, dijo Fujimori, cuyo partido político tenía mayoría en el Congreso, con 73 congresistas. Y advirtió que tomaría “todas las medidas necesarias para impedir estos atropellos de un sector aparentemente parcializado del Ministerio Público”. Y vaya que lo hizo.
Ese mes, tuvo lugar una reunión en el stud del empresario pesquero Óscar Peña en la que participaron dos consejeros del extinto CNM, Guido Aguila y Iván Noguera; el entonces congresista fujimorista Rolando Reátegui, el juez supremo Ricardo Vinatea, el experiodista Enrique Vidal, y la abogada María Zavala, entonces accesitaria del consejero Morales y actual integrante de la JNJ. Fuerza Popular buscaba tener el control de la institución, en un contexto crucial de la investigación a Keiko Fujimori.
De acuerdo con el colaborador eficaz 090J-2020, “el interés de Guido Aguila era tratar de cambiar a una persona en el CNM, porque él no tenía la mayoría absoluta”. Quería “quedar bien con el partido de Keiko Fujimori, y estaban buscando apresurarlo por el concurso de los jueces supremos [sic]. Guido tenía mucha llegada con estas personas de Fuerza Popular. […] María Zavala fue citada por Guido Aguila para definir el apoyo hacia ella de parte de Fuerza Popular”, indicó el colaborador.
Por esas fechas, además, Aguila intervino directamente en el nombramiento del juez supremo Martín Hurtado, a petición de Keiko Fujimori.
6 de noviembre. Daniel Salaverry, entonces presidente del Congreso y vocero de Fuerza Popular, presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Esto coincidió con el hecho de que días después se desarrollaría el interrogatorio fiscal a Marcelo Odebrecht sobre el financiamiento a la campaña presidencial de Fujimori, en 2011.
De acuerdo con el testigo protegido TP 2017-55-3, la denuncia presentada por Salaverry “fue para amedrentar al fiscal de la Nación y con eso conseguir que las investigaciones que se hacen a Fuerza Popular bajen de intensidad”. Nueve días después, otra congresista fujimorista, Yeni Vilcatoma, presentó otra denuncia contra Sánchez en la misma línea.
El 7 de diciembre, José Domingo Pérez allanó dos locales de Fuerza Popular. Durante las diligencias, los congresistas fujimoristas Héctor Becerril y Luz Salgado intentaron amedrentar al fiscal. “No se está metiendo usted con cualquiera”, espetó Salgado. De acuerdo con el colaborador eficaz 090J-2020, a partir de estos allanamientos se desató “una guerra política en contra del Ministerio Público por parte del partido político Fuerza Popular”.
–2018–
A inicios del 2018, Keiko Fujimori hizo “gestiones personales” con Guido Aguila para que el CNM no ratifique a la jueza Edita Condori porque a su parecer “era antifujimorista”, de acuerdo con el testimonio del colaborador eficaz 2017-55-11. El objetivo era sacarla de la Sala Superior Nacional que evaluaría el pedido de control de plazo solicitado por la defensa de Fujimori y Fuerza Popular. Según el colaborador, los abogados de Fujimori buscaron “ver la mejor manera de controlar o dirigir la investigación a cargo del fiscal José Domingo Pérez”.
El 28 de febrero, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confesó que aportó 1 millón 200 mil dólares a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011. Un millón fue entregado en efectivo, y 200 mil a través de la Confiep.
Barata contó que conoció a Keiko en 1998 o 1999, cuando esta ocupaba el cargo de primera dama en el gobierno de su padre y que Odebrecht hizo una donación de 10 mil dólares a una de las fundaciones que ella dirigía. Vale la pena mencionar que durante el régimen de Alberto Fujimori, Odebrecht obtuvo 28 contratos con el Estado por más de 1,354 millones de soles, con un sobrecosto de más de 500 millones de soles.
El 6 de marzo, el fiscal José Domingo Pérez allanó los domicilios del exsecretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, y del exministro fujimorista Augusto Bedoya, ambos sindicados por Barata como los intermediarios para la entrega del millón de dólares en cash para la campaña de Fujimori, en 2011.
En paralelo a la diligencia fiscal, el juez supremo César Hinostroza, entonces presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria, intentó contactarse con Héctor Becerril, a través del entonces procurador del CNM, Wagner Vidarte. “Sabes, quiero hablar con el amigo, [con el] que siempre coordinábamos”. “Perfecto, listo”, le dijo su interlocutor. “No, del… del de allá, de la Plaza Bolívar. (…) En la Plaza Bolívar [Congreso de la República]. Su teléfono se me ha extraviado. A ver si me lo mandas por mensaje”, respondió Hinostroza en un audio publicado por IDL-R meses después.
El 21 de marzo, Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia, luego de que se hicieran públicas las negociaciones que tuvo con Kenji Fujimori para que la facción de la bancada de Fuerza Popular que él controlaba votara en contra de la vacancia presidencial a cambio del indulto a Alberto Fujimori. Dos días después, Martín Vizcarra asumió la presidencia.
En mayo, Keiko Fujimori le contó a Daniel Salaverry que Héctor Becerril gestionaría una reunión con César Hinostroza. Esto quedó registrado en el testimonio que dio Salaverry al fiscal Pérez.
Esto se condice con una conversación entre Hinostroza y Becerril del 7 de mayo, que fue registrada en audio y publicada por IDL-R en el contexto del caso ‘Cuellos Blancos’: “Yo creo que ya hablamos por mensajes, ya decidimos…”, le dijo el juez al entonces vocero de la bancada de Fuerza Popular.
Semanas después de esta conversación, el 4 de junio, la Sala Suprema que presidía Hinostroza admitió el recurso de casación que interpuso la defensa de Fujimori para revertir la decisión judicial que le permitió al fiscal José Domingo Pérez adecuar la investigación por el Caso Cócteles a la Ley de Crimen Organizado.
El 7 de julio, IDL-R publicó la primera de una serie de entregas del caso ‘Cuellos Blancos’ (o ‘CNMAudios’), que reveló la profunda corrupción en los niveles más altos del sistema de justicia, y la penetración del partido Fuerza Popular en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El 10 de octubre Keiko Fujimori es detenida preliminarmente por diez días. En el contexto de la detención, la cúpula de Fuerza Popular hizo una serie de coordinaciones para montar una campaña de desprestigio contra José Domingo Pérez, que quedaron registradas en el chat grupal de Telegram ‘La botica’, integrado por 18 personas entre las que figuraban Keiko Fujimori, y los entonces congresistas Úrsula Letona, Héctor Becerril, Karina Beteta, Rosa Bartra y Daniel Salaverry.
Una semana después, el Poder Judicial ordenó la liberación de Keiko Fujimori. Ese mismo día, un testigo protegido (TP-2017-55-3) relató al fiscal Pérez que Fujimori y su cúpula partidaria “querían congraciarse con el juez Hinostroza”, para que llegado el momento, “las investigaciones y procesos que se hacen a Fuerza Popular lleguen a la Corte Suprema, estas pierdan el peso específico y se pueda caer todo esto”.
El testigo dijo que Fujimori ordenó apoyar al fiscal supremo Pedro Chávarry en su elección como fiscal de la Nación y que una muestra de este apoyo “fue por ejemplo no acumular las denuncias constitucionales contra este […] con la finalidad de obtener beneficios futuros en el Ministerio Público y principalmente en las investigaciones contra el partido político Fuerza Popular específicamente tramitadas en el despacho del fiscal Domingo Pérez Gómez”.
El 14 de octubre, el entonces congresista de Fuerza Popular, Rolando Reátegui, confesó ante la Fiscalía haber participado en la operación de lavado y pitufeo del dinero para disfrazar los aportes ocultos de empresarios a la campaña de Keiko Fujimori.
El 19 de octubre, el fiscal Pérez formalizó la investigación preparatoria y solicitó al Poder Judicial 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular. Ese mismo día, personas no identificadas forzaron las cerraduras de la vivienda del fiscal e intentaron ingresar.
El 1 de noviembre, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó prisión preventiva contra Fujimori, quien ingresó al día siguiente al penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
12 de noviembre. Jorge Yoshiyama confesó haber participado en la operación de lavado de cientos de miles de dólares para ocultar la identidad de los aportantes y el origen de los fondos en la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.
El 31 de diciembre, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry removió a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato. En respuesta se desató una movilización ciudadana masiva a nivel nacional, y el presidente Martín Vizcarra presentó ante el Congreso –con carácter de urgencia– un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público.
–2019–
El 2 de enero Chávarry repuso a los fiscales Vela y Pérez. Tres días después, el fiscal Pérez allanó las oficinas del asesor principal de Chávarry y encontró documentación del caso de Keiko Fujimori.
El 7 de enero Chávarry renunció. La fiscal suprema Zoraida Ávalos entró en su reemplazo. Por esos agitados días, la Segunda Sala Penal de Apelaciones rechazó en primera instancia el recurso presentado por Fujimori para anular su prisión preventiva.
El 18 de marzo simpatizantes de Keiko Fujimori agredieron al fiscal Pérez a su salida del penal Santa Mónica, en el contexto de una diligencia del caso. Al día siguiente, cuando el fiscal viajó a Sao Paulo, Brasil, para tomar declaraciones a exejecutivos de Odebrecht, fue objeto de seguimiento junto con el fiscal Rafael Vela.
El 4 de julio, Sachi Fujimori interpuso un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) en busca de la liberación de su hermana.
El 3 de setiembre, el fiscal Walter Villanueva, del despacho del fiscal José Domingo Pérez, le envió un oficio al fiscal Rafael Vela, en el que daba cuenta que el personal asignado para resguardar a Pérez antes había trabajado como seguridad del exconsejero Guido Aguila, y también con el expresidente Alan García.
12 de setiembre. El Poder Judicial le rebajó de 36 a 18 meses el tiempo de prisión preventiva a Keiko Fujimori.
Ese mismo día, José Domingo Pérez le envió un informe al fiscal Vela que indicaba que “se ha determinado actos de infiltración de informantes en el Equipo Especial de fiscales, cuyo propósito sería entorpecer y obstruir la averiguación de la verdad en los casos de corrupción y lavado de activos seguidos por la delación de la empresa Odebrecht”. Y adjuntó un incidente ocurrido durante una diligencia con una abogada de Odebrecht, en el que el grupo autodenominado ‘La Resistencia’ –vinculado a Fuerza Popular– informaba en tiempo real lo que ocurría en la reunión.
El 27 de setiembre, la magistrada del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, denunció en una entrevista al semanario Hildebrandt en sus Trece que le ofrecieron permanecer en la institución a cambio de votar a favor de la liberación de Fujimori. “Nos dijeron: si ustedes son efectivos por la libertad de Keiko, no hay por qué mover el Tribunal”, dijo Ledesma.
Tres días después, Vizcarra cerró el Congreso basado en una negación “fáctica” de confianza, tras una maniobra emprendida por el fujimorismo y sus aliados para cambiar a los magistrados del TC.
El 8 de noviembre, Jorge Yoshiyama confesó a la Fiscalía que Keiko Fujimori tuvo conocimiento sobre los aportes clandestinos y que fue ella quien ordenó no declararlos y ocultarlos.
El 13 de noviembre, el grupo autodenominado La Resistencia –vinculado al fujimorismo– hizo un plantón frente al edificio de la Fiscalía donde está la oficina del fiscal José Domingo Pérez y del resto de integrantes del Equipo Especial Lava Jato. Uno de sus integrantes, José Muñico Gonzales alias ‘Maelo’ trabaja activamente en la campaña presidencial actual de Keiko Fujimori.
El 14 de noviembre. Mark Vito se declaró en huelga de hambre frente al penal Santa Mónica, exigiendo la liberación de su esposa.
El 19 de noviembre, Dionisio Romero admitió haber hecho aportes clandestinos a la campaña de Fujimori en 2011 y 2016, por un total de 4 millones 100 mil dólares.
Ese día, un grupo de seguidores de Fujimori hizo un plantón en el frontis de la oficina de José Domingo Pérez. Esto ocurrió luego de que el fiscal acudiera a la audiencia judicial para sustentar la incorporación de Fuerza Popular al proceso seguido por lavado de activos y organización criminal.
El 25 de noviembre, el TC anuló la prisión preventiva de Fujimori. Cuatro días después, la lideresa de Fuerza Popular fue liberada.
Unos días después, el 10 de diciembre, Jorge Yoshiyama confesó a la Fiscalía cómo empresarios del ‘Club de la Construcción’ financiaron de manera clandestina las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.
–2020–
El 29 de enero, Keiko Fujimori volvió a prisión. El juez Víctor Zúñiga consideró que había peligro de fuga. Sin embargo, el 1 de mayo, el Poder Judicial le revocó la prisión preventiva, por el riesgo de contagio de Covid-19.
El 8 de setiembre, el fiscal Pérez informó a Vela que se habían empleado los recursos de la Fiscalía para acosar a su esposa, pues la foto de Reniec que se propaló en medios de comunicación y redes sociales, con agravios e insultos, había sido obtenida por una funcionaria de la Fiscalía.
El 6 de febrero, un grupo de alrededor de 30 personas llegó hasta la oficina de la esposa del fiscal Pérez, Vanessa Medina, para acosarla e intimidarla.
Dentro de la campaña matonesca de los fujimoristas contra la esposa del fiscal, la actual congresista fujimorista Martha Chávez ha tenido un papel preponderante. En redes, medios y en sus intervenciones en el Congreso ha señalado incluso había “una coima cruzada” con el gobierno de Vizcarra, basado en el hecho de que Medina trabajó en el sector público.
El 14 de octubre, pasado el mediodía, un grupo de gente vinculada con el fujimorismo llegó con insultos y amenazas a la oficina del fiscal Pérez. Esto fue registrado y enviado en un reporte al fiscal Vela al día siguiente. En el informe, Pérez reportó que los días 20 de setiembre, 13 y 19 de noviembre de 2019, así como los días 6, 17 y 28 de febrero de 2020 también habían ocurrido “actos de provocación, difamación e incitación al odio y la violencia” contra él y su familia.
El 20 de octubre, Keiko Fujimori anunció –a través de su cuenta de Twitter– su inscripción como candidata presidencial.
