En el restante trimestre de este año, la coalición corrupta que desgobierna el país intentará imponer un jaque mate sobre lo muy poco que queda de democracia.
Es un escenario esperpéntico que, por lo absurdo, pareciera improbable e irreal. Pero no lo es.
En las últimas maniobras de esa ofensiva sistémica, la JNJ ordenó suspender por seis meses a la fiscal de la nación, Delia Espinoza, por ¡no haber obedecido una orden manifiestamente ilegal de la propia JNJ! ¿Cuál? Reponer a Patricia Benavides como fiscal de la nación, pese a que ese nombramiento solo puede ser realizado por la junta de fiscales supremos.
El reemplazo, una vez perpetrada la delictiva suspensión, es Tomás Aladino Gálvez, implicado en el caso Cuellos Blancos, (o Lava Juez). Por sus obras los conoceréis. Y vaya que estos se dejan conocer hasta por los más nebulosos entendimientos.
Con eso, y hasta que el Poder Judicial decida sobre el amparo presentado por Espinoza, la fiscalía de la nación queda en manos de la coalición corrupta que hoy domina el Estado y busca destruir por completo todos los avances logrados en la lucha contra la corrupción en los años precedentes.
No solo destruir lo alcanzado sino reemplazarlo por una urdimbre de toscas mentiras –pero respaldadas por la fuerza y la leguleyada–, en la que los bribones aparezcan como víctimas y los funcionarios que los investigaron sean tildados e infamados como delincuentes, en un travestismo narrativo que supere incluso lo que se perpetró en Guatemala contra los jueces y fiscales que avanzaron los casos anticorrupción de la CICIG, además de los periodistas que investigaron, como José Rubén Zamora.
Una imposición tan burda y cínica de la mentira solo puede perpetrarse eviscerando la democracia, hasta terminar de convertirla en una zombie que manejan los corruptos.
Con el ministerio público tomado, los orcos de la coalición corrupta lo suman ahora a su contingente dominado: la JNJ, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional; y al avasallamiento en marcha del JNE. Así, los partidos y movimientos que controlan el Congreso disponen ahora de esas instituciones, sumadas al poder ejecutivo y los grupos no gubernamentales (como la prensa lumpen) que manejan.
Esa coalición corrupta ha cambiado las leyes como no lo hubieran hecho varias asambleas constituyentes; ha expulsado de la contienda electoral a todos los probables candidatos que sabía le podían ganar. Y ahora se prepara para intentar culminar el gran cambiazo: el de la historia de la lucha anticorrupción; sobre todo el de la investigación del caso Lava Jato. Con el enfoque ahora en el convenio de colaboración eficaz corporativa de Odebrecht.
Ese es el papel de la comisión “investigadora”, de largo título, cortas razones e inmensos conflictos de interés, que preside el ahora notorio Alejandro Muñante. En su última resolución, la comisión aprobó pasar de la condición de testigos a la de “investigados” (es decir, imputados) a los exfiscales de la nación Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos; a los exprocuradores ad hoc Jorge Ramírez y Silvana Carrión; a los fiscales del Equipo Especial Rafael Vela y José Domingo Pérez; a la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, que homologó el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht. Y también a este periodista.
En notas próximas examinaré (me imagino que lo harán otros a la par) la argumentación con la que se intenta presentar las conclusiones acusatorias de esa comisión. Diré por ahora que es el patético vástago de un mamarracho leguleyo y un adefesio argumentativo. Cosa que, en el fondo, no creo que les importe: al fin, solo se trata de cumplir las formas a fin de llegar a un resultado predeterminado bajo el disfraz de “legalidad” aunque sea un insulto a la inteligencia.
Por ahora mencionaré uno de los aspectos saltantes en esa “investigación”, que representa no solo un inmenso conflicto de interés sino una escandalosa promiscuidad de roles y papeles.
Lo primero ya se sabe. Tanto Renovación Popular como Fuerza Popular, que controlan la comisión, son investigados, precisamente, en el caso Lava Jato por los fiscales que ellos pretenden acusar para, entre otras cosas, lograr la propia impunidad.
Va incluso más allá, como veremos en el caso de la ahora exprocuradora ad hoc Silvana Carrión, a quien la comisión Muñante ha acordado pasar a la categoría de “investigada”, en el seguro camino a ser incriminada.
Poco antes de que se emitiera ese informe, Carrión fue destituida de su cargo debido a la presión vociferante de López Aliaga, quien primero quiso obligarla a que lo represente en sus desastrosas controversias judiciales en Estados Unidos. Cuando Carrión se negó a hacerlo, por legítimas razones, López Aliaga pasó de pedir su auxilio legal, a exigir su destitución.
En la campaña, que tuvo prontos resultados gracias a la ayuda del ministroll Santiváñez, con quien Carrión tuvo un antiguo enfrentamiento, se sumó, en forma muy activa, un grupo de congresistas de Renovación Popular liderados por ¿saben quién? Sí, precisamente por Alejandro Muñante.
Así que este pasó de agitar y presionar por la destitución de Silvana Carrión un día, a hacer de “investigador” mal disfrazado de imparcialidad el siguiente.
Imagínense cómo hubiera sido en Estados Unidos de antaño una comisión de investigación a la Maffia presidida por Vito Genovese y con Lucky Luciano como su vice. ¿Cuáles creen que hubieran sido sus métodos y sus conclusiones? Cambien, en la debida escala, escenarios, sujetos y capacidades, y ya tienen una respuesta aplicable a la actualidad.
La comisión nos ha vuelto a citar a los ahora “investigados” para continuar con la actuación de su farsesco ejercicio.
En cuanto a mí, tengo muy claro lo que haré. No concurriré por mi voluntad a esa comisión que sobrepasa los límites de la ilegitimidad. Si soy forzado a concurrir, lo consideraré un galardón en mi carrera profesional. Y mientras se los enfrenta en lo legal, los investigaremos de verdad a ellos para revelar, detrás de los patéticos disfraces de la desinformación, cuál es la verdad de los hechos.
Al empezar esta nota escribí sobre el jaque mate que la coalición corrupta pretende infligir a la agonizante democracia peruana para prevalecer en el proceso electoral del próximo año.
Pareciera, por un momento, que nada los puede parar si uno observa solamente el balance de fuerzas de los actores formales en el proceso.
Pero hay otro factor que ni la concentración en formalidades ni los ilusionismos argumentativos pueden ocultar. La coalición corrupta podrá dominar, como lo hace, el Estado y la acción de sus órganos. Pero es a la vez una micro minoría, detestada y despreciada por la abrumadora mayoría de la nación. Y las encuestas, sobre todo las reservadas para clientes asustados, lo expresan con claridad.
De manera que, pese a que habrá una campaña electoral muy sucia, llena de mentiras, de incitaciones a odios, con mucho dinero para propagandas de todo color, sobre todo las más negras, bastará que surja uno, una o unos candidatos convincentes, con valentía, vigor y claridad, para que los números impongan la realidad y revienten las ataduras de los trucos y las trampas. Para que los cleptócratas sean barridos en las urnas, por más que griten “fraudes” imaginarios y despertemos entonces de estos malos sueños con el malestar pasajero de una tremenda resaca, que traerá el alivio de saber que los tiempos del pantano han llegado a su fin.
