Este viernes 5, el Consejo Ejecutivo de la Procuraduría General del Estado destituyó intempestivamente a Silvana Carrión del cargo de procuradora Ad Hoc del caso Lava Jato.
En un acto de explícita sumisión, la destitución acató una exigencia del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y de congresistas del partido de este, Renovación Popular, para sacar a Carrión del equipo que esta lideró con notables resultados, durante los últimos ocho años.
Renovación Popular, el ultraderechista partido político de López Aliaga (que antes fue Solidaridad Nacional) es investigado, dentro del caso Lava Jato, por los aportes clandestinos que Odebrecht y OAS hicieron –con dinero ilícito– a las campañas de Luis Castañeda en 2011 y 2014.
En abril de este año, la Procuraduría Ad Hoc (a cargo de Silvana Carrión) solicitó al Poder Judicial incluir a Renovación Popular como tercero civilmente responsable, al que se debía imponer el pago de una reparación civil de 238 millones de soles. Una nueva audiencia judicial de este caso está prevista para el 25 de este mes de septiembre.
Esto desató una agresiva ola de desinformación hostil en las redes sociales y medios que son parte del ecosistema de desinformación, entre los cuales el diario Expreso, donde es apoderado el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
De hecho, dos semanas después de la designación de Santiváñez como ministro, y luego que ingresara el representante de este al Consejo Ejecutivo de la Procuraduría General del Estado, la procuradora Carrión sufrió la destitución exprés.
El desempeño de Silvana Carrión como procuradora en el caso Lava Jato no fue la única causa de su destitución. Hubo también un retorcido proceso legal que llevó a López Aliaga a amenazar a Silvana Carrión con destituirla.
Sucede que, meses atrás Carrión se negó a sumarse a una petición de “discovery” (recurso legal en el que una de las partes en un proceso requiere la revelación de información relevante) que presentó la Municipalidad de Lima ante una Corte en Nueva York. El objetivo fue obtener documentación que permita verificar si hubo o no la debida diligencia en la venta de las acciones de Odebrecht a Brookfield de la concesión Rutas de Lima, en 2016; o si esta fue una operación concertada para eludir la acción de la justicia.
La petición de “discovery” tuvo como propósito obtener pruebas que permitiera a la municipalidad de Lima, bajo el mando de López Aliaga, pedir la nulidad de los dos laudos arbitrales que perdió en, precisamente, el caso Rutas de Lima.
El año pasado, por orden de López Aliaga la municipalidad de Lima contrató al estudio de abogados estadounidense Boies Schiller Flexner (BSF) por casi 100 millones de soles, para que presente la solicitud de “discovery” en Nueva York.
En un primer momento el juez Lewis Liman, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, admitió a trámite el pedido del municipio; pero las compañías se opusieron alegando que la procuraduría de la Municipalidad de Lima no tenía legitimidad procesal y que la Fiscalía ya había activado los mecanismos de cooperación judicial internacional para solicitar esa misma información en los procesos que tenía en curso.
De hecho, el Equipo Especial de fiscales de Lava Jato tiene cuatro casos relacionados con el proyecto Rutas de Lima, uno de los cuales es sobre la compra de acciones de Brookfield a Odebrecht en la concesión Rutas de Lima. Está a cargo del fiscal Walter Villanueva, quien ya hizo solicitudes de información (de “discovery” en buena cuenta) tanto a Canadá como a Estados Unidos, a través de los mecanismos de cooperación internacional. Y sin que ello le cueste ni un sol al Estado.
Informado de ello, el juez Liman analizó los argumentos y anuló el procedimiento que plantearon los abogados de López Aliaga.
El 27 de mayo pasado, Liman comunicó su decisión a la municipalidad de Lima y le dio un plazo corto para presentar un recurso de reconsideración.
Entonces, de súbito, López Aliaga le pidió a Silvana Carrión, a través de un oficio, que la procuraduría ad hoc del caso Lava Jato (a la que él había atacado sin cesar) se apersone, para apoyarlo, en el proceso.
A la vez, López Aliaga le escribió directamente a Carrión, vía Whatsapp, para advertirle que si no se sumaba como peticionante en el proceso «discovery», saldría “a la prensa a denunciar este comportamiento”.
¿Qué razón había para intentar meter a la Procuraduría Ad Hoc en un caso que López Aliaga había mal manejado hasta entonces? Ninguna racional.
Así que, el 6 de junio pasado, mediante un comunicado, Silvana Carrión anunció que la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato no se sumaría como peticionante en el proceso “discovery”. “Conforme a la resolución del juez Liman, la entidad que tendría legitimidad para intervenir en este procedimiento sería aquella que pueda iniciar procesos penales y perseguir delitos en el Perú. Según las leyes peruanas, la Procuraduría no tiene la titularidad de la acción penal”, decía el comunicado.
Además, indicó que el Equipo Especial del caso Lava Jato ya había intervenido pidiendo esa misma información no en uno sino en varios países.
Y sin pagar un centavo.
Como Silvana Carrión no cedió a las presiones ni amenazas del alcalde, se desató una campaña de desinformación y difamación a través del ecosistema de medios de la desinformación.
Carrión informó a la procuradora Caruajulca sobre las presiones de López Aliaga, así como las razones por la que la Procuraduría Ad Hoc no debía sumarse como peticionarios en el proceso impulsado por la Municipalidad de Lima.
Pese a ello, y a haber expresado su acuerdo con Carrión, según fuentes con conocimiento preciso del tema, Caruajulca, una eximia practicante del peculiar darwinismo de supervivencia burocrática, emitió una resolución que desautorizó a Carrión y dispuso que asuma la defensa conjunta con la procuraduría de la municipalidad de Lima en el proceso “discovery”.
Un par de días después, el 9 de junio, Caruajulca recibió a un grupo de cuatro congresistas de Renovación Popular encabezado por el congresista Alejandro Muñante, en constante ejercicio de su patente conflicto de interés como presidente de la comisión que “investiga” el acuerdo de colaboración eficaz corporativo entre la empresa Odebrecht y el Estado peruano.
Los congresistas hicieron coro a su jefe, López Aliaga y demandaron la destitución de Silvana Carrión.
Tan agresivas eran las campañas de desinformación y hostigamiento, que en julio, la presidenta del Grupo de Trabajo Anticohecho de la OECD, Kathleen Roussel, envió una carta a la fiscal de la nación, Delia Espinoza, para que implemente medidas para garantizar que el equipo de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato y los fiscales del Equipo Especial puedan ejercer su trabajo con libertad e independencia. La procuradora Caruajulca recibió una carta igual.
Pero poco después, con la llegada del ministroll Santiváñez al despacho de Justicia, la orden se ejecutó prontamente y Carrión fue destituida con, entre otras, la firma sin rubor de Caruajulca.
Es aquí cuando las declaraciones iniciales de López Aliaga felicitando la designación de Santiváñez como ministro de Justicia cobran sentido: “Mi sorpresa es que el día de hoy no hay mayores cambios significativos. Hay uno que yo creo que sí nos puede ayudar, que es el ministro Santiváñez, el cual nos ayudó bastante en el momento que era ministro del Interior. Pero que nos ayude, porque lo que hemos visto es que no hay voluntad”.
En una conferencia de prensa en la calle, (porque le cortaron el acceso al sistema de gestión documental, a su correo institucional, la luz y el internet) pocos minutos después de anunciarse su destitución a través de la cuenta de X del programa Contracorriente (Willax Televisión), Silvana Carrión no dejó lugar a dudas sobre la identidad del perpetrador principal:
“Esta decisión ha sido a pedido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Eso lo dice en la propia acta de la sesión del Consejo Directivo. (…) Es el primer acto consumado de injerencia política en la Procuraduría General del Estado, que es el órgano que tiene que defender a los procuradores”.
Durante sus ocho años como procuradora, Silvana Carrión participó en cerca de 200 procesos del caso Lava Jato, que involucraron a más de mil personas y 156 compañías investigadas. Procesos en los que fueron incluidas 108 compañías (26 del ‘Club de la Construcción’) como terceros civilmente responsables. En su gestión fueron cerrados cuatro acuerdos de colaboración eficaz corporativa con Cosapi, Aenza (ante Graña y Montero), Obrainsa e ICCGSA. En el acuerdo con Odebrecht, Carrión participó como procuradora adjunta.
La Procuraduría Ad Hoc logró hasta la fecha imponer un total de 1,547 millones de soles en reparaciones civiles, de los cuales ya han sido cobrados 310 millones de soles. La proyección de este año es cobrar 75 millones de soles como parte del cronograma de pagos de las reparaciones civiles impuestas.
Es la procuraduría más rentable en el sistema de defensa jurídica del Estado.
La destitución de su líder dejó claro que, en los tiempos porcinos que toca vivir, no hay buena acción que quede sin castigo.
