Introducción
¿Por qué el expresidente Pedro Castillo convirtió una victoria casi segura frente al tercer intento de vacancia de su régimen, en una derrota catastrófica que terminó con su presidencia, su gobierno y su libertad?
El suicidio no se asocia con frecuencia a la política y la guerra, pero de cuando en cuando, en algunos tiempos y culturas, se entrevera con ellas. Hay suicidios de protesta, suicidios por honor y suicidios para evadir un destino peor. Hay una cierta lógica luctuosa y terminal en ellos.
Pero un suicidio político como el de Pedro Castillo este miércoles 7, doblemente descabellado por más que no pase de metafórico, resiste explicaciones lógicas y demanda explorar las causas más extrañas: pulsiones, temores, manipulaciones que se hayan desbarrancado de las percepciones a las alucinaciones.
Hay, sin embargo, misterios que permanecen en este harakiri político y sus extrañas circunstancias.
A través de la reconstrucción de los hechos y la identificación de sus protagonistas, esta nota prosigue el reportaje de la precedente [“Crónica extraña del efímero autogolpe”], con nuevas e importantes revelaciones de los hechos y protagonistas de esas horas de desquiciada trascendencia.
Orden de batalla y Harakiri
Ya conocemos los trasfondos, así que acerquémonos al desenlace de esta historia, cuyo día señalado era el miércoles 7 de diciembre.
Faltaban pocas horas para el inicio del debate de la tercera moción de vacancia presidencial en el Congreso. En Palacio estaban seguros de que la moción iba a fracasar. Los vacadores no tenían los votos. Pese al coordinado juggernaut de delaciones y acusaciones contra Castillo, propalados y publicados en los días anteriores, la aritmética de votos avanzaba a contracorriente de las palabras. La distancia entre los votos con que contaban los vacadores y los 87 que necesitaban, no se acortaba sino que crecía, de acuerdo con el conteo de votos que habían hecho en Palacio el cual Castillo conocía.
La defensa del presidente se había preparado bien e iba al debate reforzada con cuatro ministros que intervendrían con exposiciones cortas, uno de los cuales había sido presidente del Tribunal Constitucional (TC). Las hojas de cálculo indicaban que el Ejecutivo capearía el peligro con mayor facilidad que en las dos ocasiones anteriores.
El resultado no sería una victoria dramática, pero sí importante. Pese a la impresionante movilización en su contra, pese a sus bochornosas corrupciones, su terca incompetencia y su incontrastable mediocridad, el gobierno de Castillo resistía … y hasta crecía en popularidad (31% de aprobación), mientras el centro de su oposición política, el Congreso, apenas alcanzaba, con un solo dígito, la tercera parte de la aprobación de Castillo.
Entonces amaneció el miércoles 7.
A las 4:30 de la mañana, el presidente Castillo mandó un mensaje a sus ministros desde el chat grupal de Whatsapp ‘Gabinete del Bicentenario’, en que les decía que si no alcanzaban los votos para vacarlo, el Congreso iría por la suspensión. Varios ministros, entre ellos Kurt Burneo, César Landa y Alejandro Salas, respondieron con mensajes de aliento.
La premier Betssy Chávez salió temprano de su departamento de General Varela, en Breña, a la oficina de la PCM, en el ala de Palacio de Gobierno que da al jirón Carabaya.
“En la mañana llego a PCM entre 8:30 y 9 de la mañana” dice Betssy Chávez, en entrevista con IDL-R, el jueves 8.
“Todos estábamos preparados para la vacancia de las 3 de la tarde, para el debate. […] habíamos pensado salir a las 2 de la tarde [hacia el Congreso]”. Castillo iría caminando, junto con sus ministros, desde Palacio hacia el Congreso. Los abogados de Castillo, Benji Espinoza y José Palomino, también llegarían a esa hora al Parlamento.
“Me había reunido en estos días con colegas parlamentarios. Les dije que a nadie le convenía ni el cierre [del Congreso] ni la vacancia”.
El consejo de ministros se realiza normalmente los miércoles, pero esa semana fue convocado para el día siguiente, jueves 8.
A “las 10:39 o 10:40”, el presidente Pedro Castillo contactó a Chávez y le pidió “que convoque a los ministros”. La premier se dirigió a ellos por “el chat Gabinete Bicentenario, que es el chat que tenemos los ministros, que hoy [el miércoles 7] era un día histórico … la tercera derrota de la vacancia”.
Chávez entendió que “la convocatoria era para una coordinación de lo que habría en la tarde. Estábamos todos concentrados y trabajando en ese norte”. Alejandro Salas recuerda que cuando Chávez lo convocó, vía telefónica, no le informó del motivo de la reunión.
Castillo le pidió a Chávez que se acerque a su oficina en Palacio. La premier caminó por corredores hacia la Sala Quiñones, junto al despacho presidencial.
Varios otros hacían el mismo camino.
Una reportera y un camarógrafo de TVPerú se encontraban cerca a Palacio, cuando recibieron una llamada de su jefe que les indicó entrar a la PCM porque iba a haber un enlace o entrevista. Eran poco más de las once de la mañana.
De la PCM los llevaron al área de Palacio. Entraron al despacho presidencial y vieron al presidente, Pedro Castillo, sentado frente a su escritorio.
Poco después, alrededor de las 11:30 de la mañana, les dijeron que tenían que transmitir un mensaje presidencial. En el despacho había otras personas. Estaba el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, que entró por Desamparados. Bobbio había llegado temprano esa mañana a Palacio, junto con el comandante general del EP, general EP Walter Córdova, que llegaba para informar a Castillo sobre su renuncia a la comandancia general del Ejército. Bobbio y Córdova estuvieron entre las 7:30 y 7:40 de la mañana con Castillo. Luego fueron al Ministerio de Defensa donde Córdova presentó su carta de renuncia, fechada el 6 de diciembre. El cargo que firmó Bobbio en la misma hoja tiene la fecha del miércoles 7.
Poco tiempo después, Bobbio regresó a Palacio, a la oficina del Presidente, donde se sentó impertérrito a esperar el mensaje. De acuerdo con Bobbio, en una entrevista hoy en La República, volvió a Palacio para que Castillo firmara la resolución de designación del general EP David Ojeda como nuevo comandante general del Ejército.
En el mismo ambiente estaban Aníbal Torres, el expremier y entonces asesor de la PCM, examinando una hoja con la tabulación probable de votos, que había sido hecha por la oficina de Luis Alberto Mendieta, jefe del gabinete técnico de la Presidencia.
Betssy Chávez vio a Torres y otros: “En eso llega el doctor Aníbal y estaban algunas personas más. En todo el entorno estaban los ministros Roberto Sánchez, el ministro Salas, el ministro Bobbio, el ministro del Interior, [Willy Huerta]”.
Huerta había entrado a Palacio discutiendo con un un jefe policial, que según varias fuentes, fue el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Sétima Región Policial. Lozada se resistía a cerrar la Plaza de Armas al acceso del público, mientras, según varias fuentes, Huerta le pedía que lo haga.
Huerta llegaba además con un problema urgente. El contingente policial en Las Bambas necesitaba fondos (“bonos”) para operar. El Mininter había pedido 36 millones de soles, pero el MEF le había asignado apenas 22. La guarnición se había reducido a la mitad, y Huerta buscaba devolverle la dimensión original con los fondos solicitados.
La premier Chávez acababa de entrar a la oficina: “Voy inmediatamente a su despacho. Y ahí estaba la cámara de TV Perú, en el despacho del presidente. Lo cual no era raro. Un día antes había dado un pronunciamiento”.
“Yo vi entrar a Bobbio, estando Willy Huerta” dice Chávez. “Yo estaba parada. El presidente estaba sentado. Bobbio no le dio ningún papel, no dio ninguna orden. Willy hablaba del tema de las Bambas. El doctor Aníbal estaba viendo conmigo la hojita de los votos. Estaba el camarógrafo y la periodista. Esa es la foto”.
En el despacho del presidente estaban la premier, los ministros Bobbio y Huerta, el expremier Aníbal Torres, el camarógrafo y la periodista.
En la sala Quiñones estaban los ministros Alejandro Salas, Roberto Sánchez, Eduardo Mora y Heidy Juárez, acompañados de los edecanes del presidente y mozos.
Betssy Chávez estaba al lado de Castillo cuando este anunció que iba a dar “el mensaje”.
“El mensaje” soltó desde el primer momento las más duras y concentradas acusaciones contra el Congreso en la lectura laboriosa y apenas ensayada del presidente Castillo. Desde el tercer minuto, o un poco antes, unos temblores empezaron a apoderarse de las hojas, como si los provocara la lista de agravios de Castillo, cuando Castillo acusó al Legislativo de haber instaurado la “dictadura congresal”.
Cuando, a los 6 minutos y 40 segundos de empezado el discurso, anunció que su Gobierno procedía a “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, que gobernaría mediante decretos-ley hasta que se instaurara el nuevo Congreso. Y cuando, después de decretar el toque de queda desde esa misma noche, Castillo declaró la reorganización de todo el sistema judicial (Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, Fiscalía de la Nación y Tribunal Constitucional), quedó claro, hasta para los más lerdos, que todo lo organizado y preparado para el debate de esa tarde había sido fulminado y quedaba carbonizado en un siniestro mayor.
La expresión “disolver temporalmente el Congreso de la República” repitió, al pie de la letra, las palabras de Fujimori del 5 de abril de 1992. Muy poca gente pudo escuchar esas palabras con frialdad. Provocaron desde corrientes de frío en la columna hasta llamaradas de furia en las miradas. Castillo demostró en ese momento, cuando ya era tarde para retroceder, que las palabras movilizan y crean pero también destruyen; sobre todo a quienes las esparcen con el ignorante descuido de un fumador en una estación de gasolina.
Castillo había decretado un golpe sin tener con qué golpear. Había cruzado, sin embargo, una línea sin retorno. En poco tiempo su autogolpe se iba a desinflar, dejando una primera víctima notoria: el propio Castillo.
Después de terminar de leer el mensaje, Castillo quedó, dice una persona presente en el despacho, con un rostro antes desencajado que marcial.
Buena parte de los que estaban cerca sintieron, en ese momento, la irresistible tentación de poner distancia lo más rápido posible del lugar, como hicieron los periodistas de TVPerú, que agarraron su equipo y abandonaron la sala, Palacio y la PCM con fluida prontitud.
“Cuando vi la escena”, dijo el exministro Salas a IDL-R, “lo único que he atinado es decirle al presidente: ¿Por qué ha hecho esto? Es un delito. Él me respondió: ‘No tenía los votos’”.
Guardaespaldas y celadores
La proclama del autogolpe de Castillo fue una sorpresa para la gran mayoría, pero no para todos.
Las fuerzas de seguridad habían previsto, hace algún tiempo, escenarios de conflicto innegociable entre poderes del Estado, sobre todo entre el Ejecutivo y el Congreso. No se necesitaba, en verdad, clarividencia estratégica para preverlos y hasta para describirlos.
Había la memoria reciente del cierre del Congreso fujimorista por Vizcarra y de la vacancia de Vizcarra por el Congreso que se eligió luego. Igualmente, la memoria de la usurpación de Merino y de los sangrientos y duros días de movilizaciones y enfrentamientos callejeros que siguieron, mostraba qué tipo de acciones y reacciones podrían evolucionar en conflictos muy difíciles de controlar.
Hace algunas semanas, los jefes de la PNP se reunieron con los del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas (CCFFAA) para definir qué hacer frente a una crisis de conflicto de poderes entre el Ejecutivo y, sobre todo, el Legislativo.
El acuerdo fue que, en esa coyuntura, las FF.AA. y la PNP acordaron solo obedecer órdenes que no tuerzan o fracturen el marco constitucional. En la práctica, eso significaba incorporar la opinión de los otros actores de la regulación de personas y conductas, además del Ejecutivo y el Legislativo: el Poder Judicial (PJ), la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Tribunal Constitucional (TC) y la Fiscalía de la Nación.
Después, cuando resultó claro el potencial de conflicto en la pugna por la vacancia, la PNP formó un comité de crisis integrado sobre todo por el alto mando. Lo dirigieron el comandante general, Raúl Alfaro; el jefe de Estado Mayor, Vicente Álvarez, el inspector general, Segundo Mejía; y el jefe del Comando de Asesoramiento, Jorge Angulo. Pocos días antes del intento de autogolpe, el general Alfaro cayó enfermo con Covid, y el general Álvarez, siguiente en la jerarquía policial, se hizo cargo interinamente del comando.
El comité de crisis asumió el control y coordinación de las medidas por tomar en los escenarios posibles de la confrontación.
Lo más probable era que el desenlace de la crisis ocurriera el mismo miércoles 7, cuando se iba a presentar, debatir y votar la tercera moción de vacancia contra Castillo.
El comité de crisis examinó la posibilidad de que Castillo decidiera cerrar el Congreso con una interpretación unilateral de la denegación de confianza. Que ordenara actuar a la fuerza pública aunque contara con la opinión contraria del TC o el Poder Judicial.
Entonces se discutió la decisión más difícil en ese conflicto. Si la orden de cerrar el Congreso, o de detener a la jefa o jefe de, digamos, el PJ o el TC, fuera calificada como una acción que colocaba a Castillo fuera de la ley; y si el PJ accedía a un pedido de arresto efectuado por la Fiscalía de la Nación, entonces la PNP procedería a detener a Castillo.
Ese escenario, que hubiera parecido poco probable para muchos, se manejó como posible por el comité de crisis de la PNP (que, de acuerdo con fuentes de IDL-R, mantuvo informado al CCFFAA y probablemente a la fiscal de la Nación).
Según fuentes fidedignas, el comité de crisis desarrolló escenarios en los que el arresto de Castillo tendría lugar en el mismo Palacio (al fin y al cabo, ya la fiscalía y la PNP se habían metido tantas veces ahí, que una más no iba a llamar mucho la atención, hasta que se viera salir al detenido).
Poco antes del miércoles 7, el comité de crisis examinó la posibilidad de que Castillo intentara escapar asilándose en alguna de las embajadas amigas.
Se tomó la decisión de “fijarlo”, es decir, mantener una vigilancia estrecha sobre sus movimientos, para detenerlo antes de que consiguiera asilarse.
No les resultó difícil realizar la vigilancia y el seguimiento a Castillo. Su escolta, cuyos integrantes pertenecen a la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP, se encargó de hacerlo. El director de Seguridad del Estado, general Iván Lizzetti, añadió una extraña polivalencia a la misión de los escoltas: proteger y a la vez espiar y vigilar al Presidente, informar sobre sus movimientos y mantenerse cerca de él.
En los días previos al debate de la tercera moción de vacancia, la presión acusatoria contra Castillo se intensificó de manera obviamente coordinada, con los métodos propios de operaciones psicológicas.
Los fiscales, sin embargo, no tuvieron que inventar. Los testigos eran reales. Parte de sus testimonios se exageraba con distorsiones, truculencias y su propia disposición a mentir. Pero lo firmaban los mismos delincuentes confesos que poco antes habían pertenecido al círculo de confianza de Castillo.
Casi todos esos colaboradores, antes cercanos a Castillo en cruciales posiciones administrativas o informativas, convertían sus confesiones en enfáticas y vehementes acusaciones contra el presidente. Su exsecretario general (Bruno Pacheco); su exsubsecretario general (Beder Camacho); su jefe de inteligencia nacional (José Fernández Latorre) denunciaban ahora, con postiza indignación, delitos y corruptelas en las que coincidían en responsabilizar a Castillo.
Y lo acercaron a lograr el deprimente récord de ser traicionado por casi el 100 por ciento de quienes fueron sus funcionarios de mayor confianza.
A eso se sumó la delación, propalada a la rosa de los vientos, de Salatiel Marrufo, el exjefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, que confesó haber entregado parte de los sobornos, extorsivos y no tanto, obtenidos a través de la empresaria Sada Goray, al propio Castillo.
La campaña de revelaciones sufrió, sin embargo, una distorsión evidente: su propósito central no fue informar a la opinión pública, sino influenciar la votación para la vacancia y desmoralizar tanto a los defensores de Castillo como, sobre todo, a este.
El peso abrumador de esa campaña fue contraproducente y no alcanzó el efecto deseado en la opinión pública (la popularidad de Castillo creció y pasó del 31% en las últimas semanas, mientras que la del Congreso no alcanzaba siquiera el 9%). Tampoco en decidir los resultados: el número de votos reclutados para la vacancia. Se necesitaban 87 y los vacadores no llegaron a ese número. Hubo un último intento de lograrlo con la concentrada artillería de las últimas revelaciones y el añadido de otras presiones.
Sin embargo, los colaboradores de Pedro Castillo en el Congreso pudieron informar que en los últimos días se reducía, en lugar de aumentar, el número de votos proyectados para la vacancia. En las tabulaciones de Palacio, el número de votos en favor de la vacancia había disminuido hacia la mañana del miércoles 7, horas antes del inicio del debate.
Esa era la información que recibió el gabinete de asesores de Palacio, dirigidos por Luis Alberto Mendieta. Las hojas, tabuladas al detalle, llegaron al expremier Aníbal Torres; a la nueva premier Betssy Chávez y se manejaron también en el Congreso, tanto entre defensores como oponentes de Pedro Castillo. Fue la información que tuvo Guillermo Bermejo, y la que tuvo (y reveló luego) Vladimir Cerrón.
La estrategia de defensa del presidente iba a ser mucho más intensa y masiva que en los anteriores intentos de vacancia. Como ha informado ya IDL-R, aparte de los abogados defensores de Castillo, iban a intervenir el canciller Landa (expresidente del TC), el ministro de Justicia Félix Chero; los ministros Alejandro Salas y Roberto Sánchez. Se preveía una corta intervención de Castillo, antes de los alegatos finales.
Los defensores de Castillo estaban seguros (y gran parte de la oposición también), que la vacancia iba a fracasar por tercera vez. Algunos hablaban de victoria y otros de mera supervivencia. Pero en cualquier caso, el Ejecutivo iba a estar en mejor posición el jueves 8 de la que había tenido hasta entonces.
En la PCM, y entre varios ministros cercanos a Betssy Chávez, había menos dudas: se preveía un resultado victorioso al final del día.
Los consejos de ministros se realizan normalmente los miércoles, pero en esa semana, por lo de la vacancia, se había decidido postergarlo para el jueves. Sin embargo, Betssy Chávez convocó a los ministros para una reunión extraordinaria por un evento que juzgó trascendental.
En ese momento, con sus huestes ordenadas y preparadas para la batalla parlamentaria, a pocas horas de empeñarla, Pedro Castillo las demolió de manera tan sorpresiva y fulminante que en pocos minutos no solo perdieron la batalla sino la guerra. Y lo hizo proclamando un autogolpe desdentado, sin capacidad alguna de acción, que pese a su impotencia fue delito. Al lograr la máxima provocación, regaló a sus enemigos el mejor resultado.
¿Por qué lo hizo? ¿Qué sentido tuvo aquel patético harakiri?
La única explicación, con algún sentido, es la de haber utilizado el autogolpe fantasma para lograr un asilo que no pareciera fuga; que imitara en algo el de Evo Morales, en México, después de verse forzado en 2019 a dejar el poder en manos de la política derechista Jeanine Áñez. Como se sabe, el partido de Morales volvió luego al poder y Añez fue a la cárcel. ¿Era ese su proyecto? Suena descabellado, pero algo menos delusivo que las interpretaciones alternativas.
En el momento de la fuga de Palacio a la embajada de México, no se percató, hasta que fue tarde, que sus guardaespaldas eran sus vigilantes y estaban a punto de convertirse en sus celadores.
De Palacio a la Dinoes
Después de dar su mensaje golpista, Castillo se comunicó con el comandante general de la Policía desde el teléfono del ministro del Interior. “En ese momento el presidente me señaló: ‘General, cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga a la fiscal de la Nación’, declaró el general Alfaro a la Fiscalía. “Ante ello le pregunté: ‘¿Cuál es el motivo de la intervención, señor presidente?’ Y me respondió que esos detalles me iba a dar el señor ministro del Interior, que teníamos que dar seguridad a la casa de sus padres, a la casa de la premier Betssy Chávez y del doctor Aníbal Torres; y me pasa al ministro y en ese momento se cortó la comunicación”.
Poco después, el comité de crisis de la PNP se enteró, antes que el jefe de la Casa Militar de Palacio, que el fallido presidente autogolpista, Pedro Castillo, salía de Palacio con su familia más cercana.
Un rato después del mensaje, el jefe de la Casa Militar, general EP José Mariscal, buscó al jefe de asesores, Luis Alberto Mendieta, en la oficina de este. Le dijo que “había un rumor de que el presidente se había encerrado en un ambiente de la residencia presidencial y se temía por su integridad”. Es decir, un intento de suicidio…
“El jefe de la Casa Militar”, prosigue Mendieta, “me pidió que lo acompañara para verificar la situación. Entonces él abrió algunos ambientes de la residencia y verificamos que el presidente ya no se encontraba ahí, ya había salido junto a su familia”.
Desde antes que saliera de Palacio, la pequeña caravana fue monitoreada al segundo por el comité de crisis.
Dos de los miembros principales de dicho comité, los generales Vicente Álvarez y Jorge Angulo, se habían trasladado de la comandancia general de la PNP al local del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la avenida Arequipa, donde se reunieron con el jefe del Comando Conjunto, el general Manuel Gómez de la Torre; y con los comandantes generales del Ejército, Walter Córdova; de la Fuerza Aérea, Alfonso Artadi y de la Marina, Alberto Alcalá.
La primera parte de la reunión fue en la oficina de Gómez de la Torre, pero pronto se trasladaron a la sala de operaciones del CCFFAA.
Era el momento decisivo del día. Todos los presentes sabían que la atención del Perú (y fuera de él también) estaba puesta sobre ellos y su reacción ante la declaratoria de autogolpe. Pasaba la una de la tarde y el silencio militar elevaba las ansiedades. Las líneas telefónicas y los celulares personales hervían con las llamadas.
Algunas fueron contestadas.
A corta distancia, Elvia Barrios, la combativa presidenta del Poder Judicial, se trasladó al Palacio de Justicia apenas escuchó el mensaje. Desde ahí convocó también a los magistrados supremos.
Nada de zooms ni virtualidades.
Mientras llegaban (algunos a velocidad de expediente), Barrios se puso a trabajar los teléfonos con un mensaje sumario y cortante: el Poder Judicial repudiaba el intento del presidente de quebrar la legalidad constitucional y lo enfrentaría en forma resuelta desde su sede.
Dicho lo cual, seguía la pregunta de Barrios, ¿y ustedes, qué van a hacer?, ¿cuál es su posición en este momento decisivo?
A la 1.20 de la tarde le contestó el jefe de la FAP, el general Artadi; a la 1:26 p.m., el almirante Alcalá, de la Marina; y poco antes, a la 1:22, el general Alfaro, comandante general de la PNP. Todas fueron llamadas muy breves y con el mismo guión. Luego de la corta arenga de Barrios, las respuestas fueron: estamos de acuerdo con usted, presidenta; no apoyamos ni acataremos ningún quiebre del orden constitucional.
En realidad, llamadas como la de la presidenta del PJ era lo que el CCFFAA esperaba para hacer pública una decisión tomada, como hemos visto, tiempo atrás. El respaldo a la democracia era mucho más fuerte si los poderes que la constituyen (PJ, TC, etc) se manifestaban primero con toda claridad. Eso era lo que correspondía y al CCFFAA dar el respaldo de la fuerza a la iniciativa de la ley.
Poco antes de la 1:30 p.m., el CCFFAA hizo público el comunicado de defensa de la democracia que IDL-R ya ha dado a conocer. Los generales se abrazaron, vivaron a la patria, cuando sonaron con insistencia los celulares de los generales Angulo y Álvarez.
Era información urgente: el presidente Castillo, con su familia y escolta ya estaban en la avenida Tacna, a punto de tomar la Av. Garcilaso, rumbo a la embajada de México, en San Isidro.
Desde el CCFFAA, contactaron a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para preguntarle cuánto tiempo tomaría obtener una orden de detención del presidente.
No menos de media hora, habría dicho esta.
Era demasiado tiempo. La PNP procedería a detener al presidente bajo el concepto de flagrancia, informaron a Benavides.
El arresto de altos dignatarios tiene protocolos. Quien debía hacerlo era el comandante general interino de la PNP, Vicente Álvarez. Tanto él como el general Angulo se despidieron apresuradamente de los jefes del CCFFAA y salieron hacia el local de la Sétima Región Policial, en la avenida España.
El trayecto entre el local del CCFFAA y la Séptima Región policial es corto, pero el tráfico era un atoro reptante. Unas cuadras antes de llegar, los jefes policiales dejaron sus carros y caminaron con premura hacia el lugar donde las camionetas de la Presidencia aguardaban, aparcadas, con las lunas altas y con Pedro Castillo, su familia y el expremier Aníbal Torres adentro. El personal de escolta les había dicho, minutos antes, que debían desviarse por la avenida España un rato, “por seguridad”.
Detenidos allá varios minutos, los pasajeros probablemente intuyeron que el viaje presidencial llegaba a su fin, incluso antes de que un oficial tocara la ventana del vehículo y les pidiera abrirla.
El general Vicente Álvarez saludó al todavía presidente de la República y le dijo que tenía el deber de comunicarle que quedaba detenido por el delito de alzamiento contra el orden constitucional de la República.
La pequeña hija de Pedro Castillo lloró amargamente y pidió que no se llevaran a su padre.
Los corazones se contrajeron, pero el arresto se efectuó. El autogolpe de Pedro Castillo, y su presidencia, habían terminado.
Epílogo
El día siguiente
El jueves 8, la congresista Betssy Chávez, hasta hace pocas horas primera ministra, fue a visitar al ya expresidente Pedro Castillo, en la Dinoes, donde había pasado su primera noche como preso.
Para Chávez, la visita fue emocionalmente difícil. Pero no encontró a un Castillo disminuido sino, más seguro de sí mismo en ese nuevo escenario que en el del día anterior.
“Me dijo que esto no se acababa aquí, sino que está iniciándose. Y ahora tenemos que ver que el pueblo se manifieste. Que aquí ya no están los políticos tradicionales. Me dijo ‘el pueblo me ha pedido que cierre el Congreso. Y ahora que sea el pueblo el que tome las decisiones’”.
Poco después repitió el mismo tema, con la circularidad que tiene la fe que no necesita de evidencia:
“El presidente hoy nos mira, ya más suelto, y nos dice: ‘Esto no ha terminado, esto recién empieza. El pueblo me pidió que cierre el Congreso’. El presidente confía en el pueblo. El presidente está convencido de que el pueblo va a cerrar el Congreso”.
Ahora deja claro que no abandonará al expresidente en desgracia, pese a que este fue el principal arquitecto y perpetrador de su desastre. De ese harakiri político y moral que intenta presentar como resultado de la exigencia de un concepto vago, impreciso que él llama “pueblo” y que parece una mancha borrosa de gente desde la que emergen los contornos de rostros como los de Bruno Pacheco, Beder Camacho, Fernández Latorre, Silva y tantas otras pirañas de voracidad sin tregua, que entraron con la etiqueta de “pueblo” para depredarlo.
Un periodista le hace parte de esta observación. Chávez contesta con una media sonrisa y una convicción que parece impermeable a decepciones.
El camino que empieza será largo, abrupto y árido, lo sabe, parece. Y no se equivoca.