El nuevo capítulo de la represalia y el abuso de sectores corruptos contra el fiscal José Domingo Pérez se inició hacia las dos de la tarde del martes 13 de este mes, pocos días después de la eliminación de los equipos especiales de investigación del Ministerio Público, perpetrada por el hoy fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez. Ese día, dos fiscales de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público llegaron al despacho que hasta el seis de enero dirigió Pérez Gómez. Dijeron que estaban haciendo una ‘visita de permanencia’ –cuyo propósito era constatar si el fiscal que estuvo a cargo de investigar los más difíciles casos en la épica de corrupción de Lava Jato, estaba ahí– y que querían entregarle una notificación.
El fiscal que llevaba la notificación de la ANC era Sergio Rojas Torres, el mismo que en abril pasado impidió a Pérez Gómez ingresar al Ministerio Público, de forma abusiva, tras su apartamiento preventivo por otro proceso presuntamente disciplinario en la ANC vinculado al caso Cócteles. En respuesta a su acción, Rojas fue investigado por abuso de autoridad por la Fiscalía.
Pérez Gómez, quien se encontraba en la oficina efectuando el proceso de transferencia de cargo a su sucesor, Alexander Taboada, se negó a recibir la notificación de la ANC. Ese ya no era su despacho, dijo y ahora debía ser notificado en el sistema anticorrupción.
Era cierto, aunque solo en papeles. Luego de la decapitación del Equipo Especial Lava Jato, Pérez Gómez fue asignado a una fiscalía con título pomposo, creado a raíz de su cambio, pero sin espacio físico. Era el séptimo despacho fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
A falta de lo real, lo virtual. Esa tarde, la ANC envió por correo electrónico, la notificación de su suspensión como fiscal a Pérez Gómez. Por medio año, nada menos. Fue apenas una semana después de la purga de equipos especiales que determinó Tomás Aladino Gálvez. Pocos días después intervenía el presuntamente autónomo Fernández Jerí, jefe de la ANC, para asestar un golpe concurrente contra Pérez Gómez: separarlo de su función fiscal e impidiéndole, además, trabajar.
El “caso” contra Pérez data de enero de 2025 y es una versión bruta de lo kafkiano. Se trata de una investigación de oficio, promovida desde la ANC, que menciona (y hasta eso con inexactitud) una información periodística sobre la anulación del juicio oral del caso Cócteles, en enero de 2025. El hecho de que la resolución judicial hubiera sido desfavorable fue la justificación para iniciar la presunta “investigación”. En octubre la ANC dictaminó iniciar un procedimiento disciplinario contra Pérez.
De acuerdo con ese criterio, (y sin considerar las anormalidades, presiones, leguleyadas, toma de instituciones que llevaron a ese y otros resultados), un fiscal que pierde un caso puede ser separado sin más, si le viene en gana a la ANC. Y eso es lo que hicieron con Pérez Gómez.
Pero, diría alguien, ¿por qué suspender al fiscal si ya no solo lo han separado de ese caso, sino de todos los de Lava Jato y, además, han disuelto el equipo especial?
Pues no. Qué va. En una adición al esperpento kafkiano en construcción, la resolución de la ANC dice que:
“… si bien el abogado José Domingo Pérez Gómez, ya no tiene bajo su responsabilidad casos emblemáticos; sin embargo, al ostentar la condición de Fiscal Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, existe aún la posibilidad de que pueda representar un peligro para el normal desarrollo de la actividad fiscal…”.
Tal como se lee. La ANC no solo castiga a Pérez Gómez por su desempeño como fiscal en el caso Cócteles, sino que lo suspende porque puede “representar un peligro para el normal desarrollo de la actividad fiscal”. Al margen de lo avieso y falso de todo el razonamiento ¿Fernández Jerí y sus operadores se alucinan ser ahora la JNJ o, quizá el CNM?
El documento es, tratando de buscar la calificación precisa, un adefesio kafkiano. Quien quiera sufrir su lectura, puede hacerlo en este link.
Si el documento es kafkiano, su autoría es escandalosa. Quien firma la resolución de suspensión es la fiscal adjunta superior Rosario Velazco Sánchez, responsable de la Unidad de Procedimientos Disciplinarios de la Autoridad Desconcentrada de Control de Lima Centro.
Velazco Sánchez es la fiscal que en abril del año pasado, emitió una previa resolución de apartamiento preventivo contra José Domingo Pérez por el plazo de seis meses, por otra investigación de la ANC vinculada con el caso Cócteles, que, en esa oportunidad, castigaba a Pérez Gómez por haber investigado al abogado Arsenio Oré Guardia por el delito de obstrucción de la justicia.
Quien quiera recordar la cadena de hostigamientos, ataques, difamaciones contra Pérez Gómez en esos meses puede leer el artículo de IDL-R: ‘Apercibido, maniatado y amordazado’.
Y, si además de las acciones leguleyas, quieren recordar los trasfondos de trampas, complicidades y trapacerías, relean el reportaje “Los audios delatores”, publicado por IDL-R en marzo de 2025.
Si ya se tiene clara la cínica y desembozada parcialidad con la que ha actuado la ANC en el caso de José Domingo Pérez (y también en el de Rafael Vela), hay un hecho adicional que agrava el proceder de la fiscal Rosario Velazco en el caso de José Domingo Pérez.
En junio del año pasado, Pérez Gómez denunció penalmente a Velazco por el delito de prevaricato, por haber emitido disposiciones, decisiones y resoluciones en cinco procesos administrativos en su contra, tomando como base los Reglamentos de Organización y Funciones y del Procedimiento Disciplinario de la ANC de 2024, a pesar de que aún no habían sido publicados en el diario El Peruano y, por consiguiente, no estaban vigentes.
En septiembre, Pérez amplió la denuncia contra Velazco por los delitos de usurpación de funciones y aceptación ilegal del cargo.
En octubre, cuando la fiscal Rosario Velazco inició el proceso disciplinario contra Pérez por el caso Cócteles (Expediente 43-2025), Pérez Gómez le exigió, a través de un escrito, inhibirse de ver el caso debido a que había una investigación penal en curso contra ella. Pérez también solicitó que sea declarada nula esa investigación disciplinaria porque se había desarrollado sobre los parámetros de reglamentos que no estaban vigentes.
La investigación penal contra Velazco siguió su curso. La fiscal superior a cargo del caso, Lina Balvin Álvarez (de la Fiscalía Superior Competente para Investigar y Procesar Denuncias contra Magistrados de Lima Centro), dispuso una serie de diligencias para investigar el caso.
Pese a ello, el 23 de diciembre pasado, Velazco rechazó los pedidos de inhibición y nulidad planteados por Pérez Gómez.
No solo eso. En su resolución de suspensión contra Pérez Gómez, la fiscal utilizó como argumento para apartarlo preventivamente del cargo un supuesto “peligro de obstaculización para el desarrollo del procedimiento disciplinario” por la denuncia que Pérez presentó en su contra. Denuncia, que, de paso, fue presentada por Pérez Gómez cuando Velazco aún no había iniciado, siquiera, el proceso disciplinario. Lo único que le faltó a Velazco fue denunciar a Pérez Gómez por adivino.
Las leguleyadas, no por adefesieras menos abusivas, de Velazco y la ANC, fueron respaldadas por denuncias supuestamente “ciudadanas” contra Pérez Gómez por su participación como fiscal en el caso Cócteles.
Una de ellas, por ejemplo, es la de Luis Barboza Dávila, un exfuncionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sindicado previamente por el fiscal Pérez Gómez por formar parte de la red de colaboradores de la presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori.
Una nota de OjoPúblico reseñó la participación de Barboza en la trama del caso Cócteles, como un personaje clave dentro de la ONPE para avalar los informes financieros de Fuerza Popular en la campaña presidencial de 2011, como responsable de la supervisión de fondos partidarios.
Poco antes de estrenar un programa propio, José Domingo Pérez presentó una apelación a la resolución de la ANC que lo suspende.
Es muy probable que, al margen de las críticas por su estreno escénico, le vaya mejor en su programa en streaming.
Al margen de lo kafkiana, patética y esperpéntica, la ofensiva de demolición contra el fiscal Pérez Gómez es, sobre todo, siniestra y criminal. A través de él se intenta demoler y destruir toda la gigantesca investigación anticorrupción del caso Lava Jato, en la que Pérez Gómez jugó un papel central. La enorme desinformación de la contraofensiva mafiosa intenta convertir la verdad en mentira y la mentira en verdad.
En los meses siguientes veremos si el país lo acepta o si lo rechaza. En eso se jugará su destino.
Resolución de la ANC que suspende por seis meses al fiscal José Domingo Pérez by IDL_Reporteros
