Expedientes de Babel

Cómo la falta de traducciones competentes puede encallar o hundir los grandes casos de corrupción.

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Por César Prado.-

Las investigaciones complejas sobre casos de corrupción cruzan fronteras, códigos penales e idiomas. Las traducciones coherentes, precisas y oportunas son, por eso, parte vital de investigaciones y procesos. De lo contrario, los casos encallan o se hunden al pie de una Babel costosa e ineficaz. Aquí les contamos historias de traducciones en el Ministerio Público que añaden significado al dicho célebre de “traduttore, traditore”.

Lava Jato es un mega caso de corrupción que ha cruzado fronteras: Brasil, Estados Unidos, Suiza y gran parte de Latinoamérica. En total se encuentran comprometidos una decena de países, lo que ha convertido al lenguaje en un obstáculo para la persecución del crimen y a la traducción, naturalmente, en la herramienta esencial para superarlo. 

 

Marcelo Bahía Odebrecht. (Composición: IDL-R)

 

Mientras los perpetradores tenían como lenguajes universales la cutra y las coimas, los fiscales deben asegurarse de contar con una traducción completa y fiel de cada una de las piezas de su investigación. 

Se trata de un trabajo riguroso que no puede ser encomendado a los algoritmos de Google Translate. Se requiere de un conocimiento especializado, que reconozca las diferencias idiomáticas y lexicográficas en ámbitos tan diversos como el financiero, el corporativo y el legal. Es por eso que la función recae en traductores profesionales. 

La cuestión de la traducción es clave no solo para la comprensión de los operadores de justicia. En el Perú, además, el Código Procesal Penal exige que todo documento o narración oral sea traducido al español antes de ser incorporado a un proceso. Así,  las declaraciones de Marcelo Odebrecht no tendrían ningún valor si es que no han sido previamente traducidas a nuestro idioma. 

Por eso, hace mucho que la Fiscalía debió garantizar un servicio eficiente y ágil de suministro de traducciones para su propia institución. En lugar de ello, tenemos una babel. La desorganización administrativa en los servicios de traducciones es la causa de peligrosos retrasos en varios casos emblemáticos. 

A febrero de este año, 92 requerimientos de traducción del Equipo Especial Lava Jato no habían sido atendidos por la gerencia general de la Fiscalía. Se trata de 20 mil 484 páginas y 244 archivos de audio y video donde se almacenan decenas de horas de interrogatorios.

Entre los pendientes se encuentra, por ejemplo, la traducción del portugués al español de catorce horas de interrogatorios a los exdirectivos de Odebrecht referidos a los casos Susana Villarán y Gonzalo Monteverde.

 

Fiscales del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez y Rafael Vela. (Foto: GEC)

 

Los procesados por corrupción son los grandes beneficiados con esta dilación. En diciembre de 2020, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó la traducción al inglés de 706 páginas para acelerar la extradición del empresario Gustavo Salazar, involucrado en el caso de las constructoras OAS y Odebrecht. Quince meses después, la traducción sigue en la lista de espera. 

El retraso con el que opera la gerencia de la Fiscalía es tal, que algunos documentos han perdido su utilidad mientras esperaban ser traducidos. Este es el caso de la investigación al empresario Giancarlo Bertini. El año pasado, el fiscal José Domingo Pérez solicitó a su institución la traducción al italiano de las más de mil páginas de la acusación por el caso “Cócteles”. El documento resultaba clave para lograr la extradición de Bertini, pero el pedido no fue considerado por la gerencia general. La dejadez del Ministerio Público hubiera sido un escándalo, a no ser porque a inicios de este año Bertini retornó al país y se entregó a la justicia voluntariamente. La traducción ya no fue necesaria. 

 

Giancarlo Bertini. (Foto: GEC)


Elección a dedo

 

La explicación para esta suerte de autoboicot es que, hasta el 30 de marzo de 2022, la Fiscalía no contaba con un equipo de traductores propio. Por ello se veía obligada a contratar a empresas y profesionales que competían en los concursos públicos organizados por la institución. 

Aunque con inconvenientes, este sistema funcionó hasta 2018. A finales de ese año, la Fiscalía demandó la traducción de 93 mil 585 páginas a siete idiomas, siendo el portugués y el inglés los más solicitados. El contrato de  nueve millones de soles se firmó en julio de 2019 con el Consorcio Intrad. Dicho consorcio estuvo conformado por Learning & Language S.R.L, Estudio Monteagudo S.A.C. y las traductoras Mary Ann Monteagudo, Liliana Ibañez, Patricia Sawaya, Ivana Suito y Gabriela Salazar. 

La Fiscalía había proyectado traducir esa cantidad de páginas en dos años, pero la avalancha de documentos del caso Lava Jato elevó la demanda y el contrato se cumplió en apenas nueve meses.  

Luego de ello, el suministro de traducciones a la Fiscalía quedó suspendido por un largo tiempo. Una excepción en los siguientes meses fue la traducción al inglés del cuadernillo de extradición de Alejandro Toledo, de 22 mil 979 páginas, y otros documentos relacionados al caso por los que la Fiscalía pagó al mismo Consorcio Intrad 2 millones 692 mil soles. 

 

Alejandro Toledo en Estados Unidos. (Foto:Gestión)

 

Recién a mediados de 2021, la Fiscalía organizó un nuevo concurso para contratar este servicio. Este hecho despertó expectativas en los postores, pero la alegría duró poco, como veremos a continuación. Las bases de aquel concurso reflejaron la enorme carga de pendientes de la institución y la urgencia de ponerse al día después de varios meses de paralización.    

De solicitar 93 mil páginas traducidas en el 2019, el año pasado el Ministerio Público incrementó su demanda a 145 mil 275. Para cumplir esta meta, la institución exigía a las empresas una producción de 300 páginas diarias, el triple de lo que pedía dos años antes. Todo ello sin considerar un aumento en el presupuesto. 

Los postores rechazaron las nuevas condiciones argumentando que requerirían de más profesionales para satisfacer el servicio, lo cual elevaba sus costos. Ante sus quejas, en septiembre del año pasado, el Organismo de Supervisión de Contrataciones con el Estado (OSCE) ordenó suspender el concurso y pidió a la Fiscalía reevaluar sus bases. 

En los meses posteriores, a falta de un concurso, la Fiscalía optó por contratar el servicio a través de adjudicaciones simplificadas (hasta 400 mil soles) y contrataciones directas por montos menores a las 8 UIT (36 mil soles). Una modalidad que en el Derecho se conoce como fraccionamiento indebido.

 

Por orden de la gerencia general, se incluyó también a miembros de los despachos fiscales en los comités de selección. Es decir, ellos debían elegir directamente a la empresa proveedora del servicio y aprobar el monto que se le pagaría por cada uno de los encargos que surgían desde sus respectivos despachos. 

Debido a la urgencia por contar con las traducciones, los fiscales aceptaron esta condición, aunque fueron conscientes de que esta clase de procedimientos exprés, sin la debida evaluación de ofertas, podría acarrear futuras sanciones administrativas y hasta penales. 

La elección a dedo se consumó recientemente. El 11 de marzo pasado, sin participación de los fiscales y sin concurso público de por medio, la Fiscalía firmó un contrato por 18 millones 710 mil soles con la empresa Learning & Language S.R.L – de la traductora Mary Ann Monteagudo- para la traducción de 212 mil 415 páginas a siete idiomas, incluyendo el húngaro y el neerlandés. 

Las bases de este contrato de traducción, el más costoso en la historia del Ministerio Público, hacen referencia a una situación de desabastecimiento. 

 

 

Una lista selecta

 

No toda la responsabilidad en el despelote de las traducciones en la Fiscalía es adjudicable a la propia institución. Hasta 2016, el coordinador del equipo de traductores contratado debía contar con el título de Traductor Público Juramentado (TPJ), otorgado por la Cancillería de la República. 

La exigencia se basa en que los TPJ son los únicos autorizados a realizar las traducciones oficiales que tienen validez en los procesos judiciales en nuestro país. 

El problema es que la lista de TPJ es la misma desde hace más de una década. Desde 2010, la Cancillería no ha organizado concurso alguno para admitir a nuevos miembros, pese a que la ley exige que estos se realicen cada dos años. Esta situación ha generado sospechas por parte de los excluidos. 

En la selecta lista de TPJ, por ejemplo, se encuentran Mary Ann Monteagudo y su socia Liliana Ibañez. Las dos han formado parte en el pasado de la Junta de Vigilancia de los TPJ, un órgano consultivo que formula propuestas a la Cancillería en esa materia.

 

Traductora y abogada Mary Ann Monteagudo (Foto: IDL-R)

 

Consultada sobre el tema, Monteagudo rechazó cualquier interferencia en la no convocatoria de concursos para nuevos TPJ. “Cuando integré la Junta de Vigilancia (2019), nosotros dejamos las bases del concurso, pero que no se haya realizado es responsabilidad de la Cancillería”, argumentó. 

IDL-R solicitó una explicación formal a la Cancillería en diciembre pasado. La institución refirió, al igual que Monteagudo, que en 2019 ya se contaban con las bases para el nuevo concurso, pero que este no se realizó por temas presupuestales. El problema sigue sin resolverse.

En el contrato firmado recientemente con la empresa Learning & Language S.R.L, la Fiscalía ya no exigía que el equipo de traductores contratado estuviera encabezado por un TPJ, aunque sí requería la presencia de al menos uno de ellos para la elaboración de traducciones oficiales. 

 

Control de calidad

 

Otro problema, quizá el principal, es la calidad de las traducciones. 

Quien debe dar la conformidad del servicio es el área solicitante que, dependiendo de cada caso, puede ser la Gerencia de Servicios Generales o la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía. 

Ninguna de estas dependencias cuenta con traductores calificados que puedan dar el visto bueno a las traducciones que la institución recibe. Esto supone una seria limitación para detectar errores y así evitar que información imprecisa o falsa se cuele en las investigaciones.  

En 2021, IDL-R reportó la ruta del dinero de las coimas pagadas por Odebrecht a Alan García a través de Miguel Atala. Allí se encontró que el nombre de una de las compañías utilizadas para el trasiego del dinero estaba mal traducido. 

 

Knoxville Overseas Trading Corp figuraba como Xnoxville Overseas Trading Corp. en la traducción de documentos de la Banca Privada de Andorra que fue entregada al Equipo Especial Lava Jato. La diferencia puede parecer mínima, pero se trata de dos compañías distintas.  

Más recientemente, la fiscal Manuela Villar solicitó la traducción al inglés de dos documentos relacionados con la investigación por lavado de activos al dueño de casinos Luis Lam Lee. Su destino eran las Islas Vírgenes Británicas, pero antes de que pudieran ser enviados, la fiscal Villar halló graves errores en la traducción de nombres, fechas y montos, lo que motivó una queja formal contra la empresa encargada de dichas traducciones. 

 

Exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. (Foto: Andina)

 

El 30 de marzo, en su último día como Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos dispuso la creación de la Oficina de Traducciones e Intérpretes del Ministerio Público. La nueva oficina, que dependerá de la Gerencia General, estará constituida por un cuerpo de 15 traductores profesionales y atenderá los requerimientos de todos los despachos fiscales a nivel nacional.

*Para la elaboración de este reportaje, se insistió en tener entrevistas con Mariano Cucho, actual gerente general de la Fiscalía, y Rocío Gala, jefa de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones. Sin embargo, a través de la Gerencia de Imagen Institucional de la Fiscalía, contestaron que esto no sería posible.   

Publicado el sábado 02 de abril, 2022 a las 12:00 | RSS 2.0.
Última actualización el sábado 23 de abril, 2022 a las 10:37

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Web por: Frederick Corazao

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