El jurista uruguayo Edison Lanza fue relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] de 2014 a 2020 y estuvo en Lima como miembro de la recién formada Misión Internacional de Observación de la Junta Nacional de Justicia [MIO Perú]. Acerca de la criminalización del periodismo por parte del sistema de justicia y el auge de la desinformación como herramienta de esos procesos de persecución, destaca que es hora de que los Estados, las plataformas, los expertos y otros concernidos evalúen nuevas acciones para enfrentar este fenómeno que afecta a las democracias.
Lanza –quien es actualmente senior fellow del Diálogo Interamericano en Washington y consultor internacional sobre libertad de información– concedió esta entrevista luego de una ronda de reuniones de la MIO Perú con funcionarios públicos, representantes de la comunidad internacional y de la sociedad civil.
Hace algunas semanas la apertura de una investigación fiscal basada en bulos tuvo repercusión mundial porque la afectada era la esposa del presidente del Gobierno de España. Pedro Sánchez suspendió cinco días de actividades y planteó una reflexión sobre el daño que produce la desinformación.
El problema sin duda ha recrudecido. El uso deliberado de la desinformación tiene varios problemas porque afecta la credibilidad del periodismo. Discusiones sobre la veracidad de la información puede haber, pero en este caso se trata de informaciones falsas creadas deliberadamente para destruir a un opositor, a un defensor de derechos humanos, a un periodista. Esto se está expandiendo como mecanismo: vemos que hay centros de creación de estas cuestiones, hay dinero detrás –estas operaciones se pagan–, y se usan para ensuciar el sistema democrático y el debate público, para afectar la democracia e interferir por razones de poder.
Hay que reconocer el fenómeno, los Estados tienen que empezar a trabajar en esto porque es muy difícil que uno solo pueda resolver estos asuntos. Recientemente Lula, a nombre del Gobierno de Brasil, lanzó en el G-20 una iniciativa al respecto. También el Gobierno de Chile…
¿En qué consistiría?
Necesitamos de un acuerdo internacional en el que deben estar involucradas las partes vinculadas al fenómeno: las plataformas, la sociedad civil, los expertos en materia digital; es un fenómeno complejo, no hay una sola solución. Y tiene que haber compromiso del sistema político porque nos estamos tirando un bala al barco donde viajamos todos, que es la democracia y estamos viendo en todas las regiones este tipo de operaciones. Hay una gran preocupación.
[Para enfrentar la desinformación] Se han intentado muchas cosas y algunas han servido y otras llegan tarde. Por ejemplo, las organizaciones que verifican información, las plataformas en algunos momentos han colaborando flaggeando [colocando una señal] información falsa o para distinguir lo comercial de la opinión. O el apoyo el rol del periodismo y los medios independientes. Un conjunto de medidas han ido surgiendo, pero quizá necesitamos una medida más integral. En foros internacionales hablan de crear lineamientos básicos para que las plataformas informen y den transparencia a estas cuestiones. Pero ya es un problema global y hay actores económicos y políticos interesados en estas herramientas de desinformación.
En la desinformación también intervienen medios tradicionales y operadores del sistema de justicia. ¿Esas iniciativas involucrarían a dichos actores que caen en la información falsa?
Ahí lo preocupante es la falta de garantías judiciales si viene por una desinformación que circuló en alguna plataforma. En definitiva [la cuestión es] por qué un fiscal lo convierte en un caso de forma acrítica y sin una indagación preliminar. Eso tiene que llamar la atención, y los organismos que tienen poder disciplinario –como la JNJ en el caso peruano– tienen que ver estos casos. Y la educación. Tal vez la alfabetización digital también tiene que llegar a los círculos judiciales: que sepan cómo es el ambiente digital, cuáles son sus características, qué es la desinformación, dónde chequear información para incorporarla eventualmente en un caso. Hablando de buena fe, podemos hacerlo desde el derecho internacional y la comunidad internacional, [pero] si es de mala fe corresponde a los órganos disciplinarios. Si alguien abrió algo tan grave como una investigación penal por una campaña de desinformación, con información falsa, es realmente preocupante.
«[Los procesos de desinformación] Son formas indirectas de interferir en la toma de decisiones en la democracia”
La exfiscal general de Guatemala Thelma Aldana, que también integra la MIO-Perú, fue objeto de campañas de desinformación desde la década anterior. ¿Cómo contrarrestar las acciones de sectores políticos y económicos que traen abajo a figuras anticorrupción como ella o como José Rubén Zamora, exdirector del diario guatemalteco elPeriódico?
Thelma misma decía que Guatemala fue en algún momento un ejemplo de cómo combatir la corrupción, pero en los últimos años [se volvió] un ejemplo de cómo atacar y acosar a las personas que cumplían ese papel, porque hay un pacto de quienes buscan perpetuar la impunidad. Ahora además hay un conflicto con la fiscal [general Consuelo Porras] que ha socavado la integridad de las elecciones entorpeciendo la transmisión de mando de un modo desaforado. Eso alarma. La región tiene que reflexionar sobre los estándares democráticos o si vale todo: que haya sectores políticos coludidos que usen de una manera desviada los instrumentos de protección de la democracia como la Fiscalía, la independencia judicial, la designación de los jueces, la desinformación para atacar a opositores, la justicia. Estamos en un camino muy peligroso.
¿Habría que partir de cero?
Para empezar, los actores internacionales tienen que estar alertas a estas cuestiones porque tal vez ya no alcance con la Carta Democrática [Interamericana] de hace 20 años.
La Declaración de Chapultepec tampoco alcanza.
Para algunos principios siempre sirve: la reserva de la fuente periodística se necesita. ¿Pero alcanza solo con tener elecciones y una simulación de libertad que se pregona pero que se ensucia o se interfiere con desinformación deliberada? Tal vez haya que repensar la situación de los países a la luz de estos nuevos fenómenos, son formas indirectas de interferir en procesos deliberativos de la toma de decisiones en la democracia.
¿Podría expresarse en una Carta Democrática corregida?
Ya se ha hecho con otros instrumentos, como la ley de acceso a la información pública que fue muy importante para la democracia, se actualizó con una ley 2.0. Necesitamos más interacción y acuerdos internacionales para mirar estas cuestiones. Aunque en este panorama complejo también surgen gobiernos que desconfían del orden internacional, los derechos humanos y el derecho internacional público. Estas cosas no vienen solas, no es solo cómo se usan estos instrumentos muy malos para la democracia, sino que acceden al poder con una agenda para desmontar las garantías institucionales, desconocer los avances históricos del derecho internacional de los derechos humanos y de los organismos internacionales que los protegen.
Guatemala y Perú no han llegado al extremo de Nicaragua o Venezuela de salirse del sistema interamericano, pero ciertos sectores políticos lo demandan. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional?
[Como misión] Estamos aquí para eso. En el caso de Guatemala también hubo mucha presión internacional para que no ocurra, algunos actores puntuales sancionaron a quienes estaban conspirando contra el orden democrático. Había una mayoría en la OEA, en el caso de Guatemala, que pusieron por delante los principios democráticos para que hubiera una transición. Acerca del Perú, nos vamos a reunir con embajadas y organismos internacionales: las cosas al final se saben, se conocen, se analizan, se comparten. Hay que trabajar, no hay otro secreto. No vamos a salvar la democracia solo quejándonos. [En la misión] Tenemos trayectoria, principios, aplicamos los estándares internacionales, [decimos] está pasando esto o aquello, y no somos nosotros los que tomamos las decisiones, sino los otros países, los órganos políticos internacionales, las cancillerías. Es una lucha constante. Cuando se está 25 años en esto, uno se da cuenta de que nunca hay que bajar la guardia.
¿Esta época de redes coordinadas para atacar mediante la desinformación tiene características en particular? Tienen como objetivos la impunidad y la criminalización.
No es la primera vez que América Latina tiene presidentes autoritarios, pero hoy hay herramientas muy potentes que influyen: como la inteligencia artificial, la viralización de la información, los sistemas de trolls y bots. Si antes los Estados democráticos se ocuparon de este tema, habrá que revisar estas nuevas tecnologías y redes que lo permiten. Y están las tendencias globales mundiales. Me voy a cuidar porque estoy en una misión internacional y preguntarán si uno tiene una tendencia ideológica, pero hay think tanks con posturas antiderechos o contrarias al derecho internacional, a la globalización. Están mal vistas y esos factores influyen.
“La única garantía al final del día es tener una sociedad civil vigilante”
¿Después de los asesinatos y masacres cometidos en 2022 y 2023 en Perú, percibe una sociedad civil fragilizada?
Sí, coincido en que vi una sociedad civil desanimada, por decirlo de alguna manera. Hay que entender los estados de ánimo: son personas luchadoras y resilientes pero todos tenemos nuestra familia y vulnerabilidades. Si se luchó tanto para una conquista democrática y aparentemente empieza a caer como un castillo de naipes, se siente el shock. En Perú y en el Cono Sur pensamos que habíamos alcanzado unos niveles democráticos aceptables y que no caeríamos de nuevo en el autoritarismo, y eso a veces no pasa. Hay un período de toma de conciencia de que esto se está agravando: hay que volver a armar redes, a monitorear. A veces es pesado. En definitiva, la única garantía al final del día es tener una sociedad civil vigilante. Tomo las palabras de Thelma Aldana porque Guatemala vivió muchos períodos de altas y bajas en esta materia. Ella decía ‘siempre tuvimos una sociedad civil capaz de rearmarse, de reaccionar, de ser creativa, de volver a luchar’. Muchas recetas no hay. Volver a enmarcar la situación, generar alianzas y redes y trabajar en la reconstrucción de ese tejido: la sociedad civil tiene las herramientas. Y hay que estar vigilante si el Estado empieza a degradar aspectos y termina atacando la sociedad civil con leyes para afectar las asociaciones.
Hay un proyecto de ley del Congreso para tener más controladas a las ONG.
Sí, me refería a ese tipo de proyectos.
¿Cuáles son los patrones predominantes de persecución a los periodistas en Latinoamérica?
La violencia sigue presente en México, Honduras y El Salvador, incluso. La protección de periodistas frente a las agresiones siempre es un tema, pero hay mecanismos sofisticados como las demandas penales y civiles que no tienen que ver con lo que escribe el periodista. Antes lo clásico era la protección del honor –con procesos por difamación, injuria y calumnia– hoy hay nuevas formas de criminalizar y de abrir causas por diversos tipos de delitos. ¿Cómo se hacen ese tipo de interpretaciones? Es muy extraño. También está la desacreditación en redes sociales.
¿Cómo analiza la reciente apertura de una investigación fiscal, basada en falsedades, contra Gustavo Gorriti?
Es un ataque deliberado por el trabajo que hace IDL-Reporteros. Me parece particularmente grave porque está armado de una manera que es difícil de explicar cómo se llega a atacar el principio de reserva de la fuente. Si este caso prospera, va a afectar a Gustavo e IDL-R, pero también al periodismo en la región porque podría sentar un precedente de que la relación entre periodista y fuente pasa a ser objeto de escrutinio penal y de criminalización porque hay un intercambio de información.
Solo a través de eso [la relación entre fuente y periodista] se puede acceder a información que de otra manera no se accedería, de elevado nivel de interés público para la sociedad democrática.
El derecho a reservar la fuente y el contenido del intercambio de la información entre periodistas y fuentes está claramente protegido en la Constitución y en los tratados internacionales y en el derecho internacional. Si hay que investigar a un funcionario que dio una información que no debería dar, eso es otra cosa, pero nunca ir al periodista a pedirle sus comunicaciones a ver cuáles son sus fuentes. Eso es ostensiblemente apartado de la protección de la libertad de expresión e impacta en el periodismo libre, que es la posibilidad del periodista de proteger la información y sus fuentes. La gravedad es la acusación sin bases porque hay cuestionamientos sobre la relación de Gustavo Gorriti con sus fuentes. ¿Y? ¿Cuál es el delito ahí?
