“Somos inversionistas de largo plazo”, afirmó el presidente de la empresa española Telefónica, César Alierta, durante su reunión con Pedro Cateriano en Palacio de Gobierno el viernes 5 del mes pasado.

Lo que no mencionó, según parece, es una preocupación de corto plazo sobre una deuda de largo aliento.

Se trata del litigio tributario entre Telefónica del Perú y la Sunat. Un enfrentamiento millonario que se encuentra en una situación clave: a la espera de la sentencia sobre una demanda de amparo, en la cual la empresa pide no se le cobren intereses por la deuda que mantiene con el Estado desde el año 2000.

¿De cuánto dinero se trata? El monto actual de la deuda (la inicial más los intereses) es de aproximadamente 3 mil millones de soles.

En la demanda, que se encuentra en la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, Telefónica argumenta que tanto la Sunat como el Tribunal Fiscal se excedieron en los plazos para resolver sus reclamos y apelaciones y que, por lo tanto, no pueden cobrar los intereses de la deuda.

La historia empezó con la declaración de Impuesto a la Renta de Telefónica de los años 2000 y 2001. Ahí declaró una pérdida tributaria de 439 millones de soles el año 2000 y de 350 millones el 2001. No le correspondía, por ende, pagar impuesto a la renta en ninguno de esos dos años.

Pero, en 2004 y 2005, la Sunat fiscalizó esa declaración y encontró que, a diferencia de lo que había declarado, Telefónica sí debía impuestos: 291 millones de soles el 2000 y 157 millones el 2001. Es decir, 448 millones de soles en total. Pero no solo eso.

Por la omisión, Sunat aplicó una multa a Telefónica: de 180 millones de soles por el 2000 y de 93 millones por el 2001. Para el 2005, los intereses habían elevado la primera multa a 426 millones y la segunda a 176 millones de soles.

Telefónica no aceptó las observaciones ni las multas. Reclamó ante el Tribunal Fiscal y después hizo lo que muchas de las compañías más poderosas: llevar el caso al Poder Judicial. Así se dio inicio a una larga y engorrosa batalla legal que dura hasta hoy.

Exceso y negligencia

Telefónica argumenta que Sunat no debe cobrar intereses moratorios si excede el plazo establecido por el Código Tributario para responder sus reclamos. En este caso, Sunat se excedió dos años y dos meses en resolver el reclamo presentado por Telefónica en enero del 2005. ¿La razón? Según Sunat, la poca cantidad de personal, sumada a la complejidad del caso, llevó a ese increible descuido. Es, claro está, una explicación muy poco convincente.

En esos años, Nahil Hirsh era la jefa de Sunat. Hirsh dejó el cargo en enero del 2007, pocos meses después de firmar una cuestionada resolución en la que se benefició con una indemnización por “despido arbitrario” tanto a sus funcionarios de confianza como al exministro aprista Fernando Barrios. Años después, en el 2010, Hirsh volvió a la jefatura de la Sunat y fue nuevamente cuestionada, esta vez por adjudicarse una camioneta Porsche Cayenne Turbo para su uso personal, pagado por los impuestos recaudados por Sunat.

El enfrentamiento con Telefónica continuó.

El 2007, Telefónica apeló la resolución, y el caso fue llevado al Tribunal Fiscal, máxima instancia administrativa en materia tributaria. Allí, las cosas también tardaron: el Tribunal Fiscal se excedió en dos años y un mes en el plazo que tenía para resolver.

¿Esta escandalosa negligencia, tanto de Sunat como del Tribunal Fiscal, debe llevar a la exoneración de la deuda?

La norma a que hace referencia Telefónica es el Decreto Legislativo 981, que indica que los intereses moratorios se suspenden una vez vencido el plazo de Sunat para resolver las reclamaciones. Del mismo modo, la Ley 30230 determina que tampoco se aplican intereses una vez pasado el plazo que tiene el Tribunal Fiscal para resolver las apelaciones.

Sin embargo, estas disposiciones se aplican a partir de la fecha de su publicación. En el caso del Decreto Legislativo, en marzo del 2007. A partir de esa fecha, Sunat cumplió con los plazos establecidos. En el caso del Tribunal Fiscal, la ley fue publicada en julio del 2014, por lo tanto tampoco se ve afectado.

El Estado, además, sostiene que no se puede recurrir al amparo si no se agota la vía administrativa: Telefónica presentó el amparo en julio del 2013, cuando aún faltaba un pronunciamiento del Tribunal Fiscal sobre el monto final de la deuda. Esta resolución se emitió recién en marzo de este año.

Vale recordar que en enero del 2013 el Gobierno de Humala, tras idas y venidas, renovó el contrato con telefónica por la concesión de telefonía móvil por 18 años, a pesar de la cuantiosa deuda tributara. Casi seis meses después de la renovación, Telefónica presentó la demanda de amparo para no pagar los intereses de su deuda.

Por otro lado, existen sentencias del Tribunal Constitucional que van en contra de la pretensión de Telefónica. Una de ellas es la N° 3373-2012-PA/TC, que indica “si el actor declara una deuda menor a la que corresponde, tiene que necesariamente hacerse responsable de asumir tanto la deuda no cancelada oportunamente como de los intereses y multas que correspondan”. Otra sentencia, la N°295-2012-PHC/TC, señala que el exceso el plazo razonable no implica la conclusión del proceso: lo que corresponde es que el órgano emita el pronunciamiento en el plazo más breve posible.

El procurador de Sunat, José Escalante, indicó a IDL-Reporteros que, a pesar del reclamo de Telefónica, la empresa no tuvo la intención de acelerar el proceso, ni presentó recursos para apurar el trámite. “El tiempo se pudo haber acortado. (…) Telefónica nunca se ha quejado. Nunca ha dicho: “oye, no estoy de acuerdo que te demores tanto”. Cuando ya ha visto que han pasado más de casi 10 años, ha dicho “no me cobres intereses”. No es consistente la actitud”, indica.

 

Balance

La defensa del Estado en este juicio está encabezada por el procurador de Sunat, José Escalante; y la procuradora del MEF, Patricia Velasco.

Telefónica está representado por el estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Táiman & Olaya, firma que cuenta con más de 170 abogados. En el caso participan Fernando Meléndez Fernández y Roger Zavaleta Rodríguez.

Se espera que la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima emita sentencia en los próximos días. La Sala está conformada por los vocales Rafel Jaeger Requejo, Dora Ampudia Herrera y José Díaz Vallejos.