En abril de 1998, Vladimiro Montesinos convocó al SIN a buena parte de la bancada fujimorista de entonces (Salgado, Lozada, Joy Way, Trelles, Pando, Espichán, etc.) para explicarles por qué tenían que asegurar posiciones en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Más allá de las ventajas que le otorgaba a aquél régimen el copamiento de todas las instituciones, el objetivo era asegurar que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones le fuera afín a Alberto Fujimori para reelegirse en el año 2000, cosa que, como sabemos, sucedió.
Hoy, en opinión de Avelino Guillén, quien fuera fiscal adjunto de los casos de corrupción y de derechos humanos (incluyendo los de Barrios Altos y La Cantuta) seguidos contra el expresidente Alberto Fujimori, está ocurriendo lo mismo. El fujimorismo está copando las instituciones para hacerse con el poder y luego con el gobierno y para ello se está valiendo de alianzas con las demás fuerzas políticas, en particular —pero no solamente— aquellas que están más a la derecha en el espectro político. En todas las bancadas hay beneficiarios de las normas de impunidad, como la recientísima modificación del artículo 84 del código procesal penal, que favorece directamente a investigados por patrocinio ilegal como el exjuez supremo César Hinostroza y la excongresista Luciana León o los exmiembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura.
El Congreso parece estar decidido a obliterar a los demás poderes del Estado y sin ningún disimulo.
Recordemos el famoso ‘vladivideo’ en el que Montesinos se reúne con casi toda la bancada fujimorista de ese entonces (1998) y discuten y deciden cómo tienen que controlar las instituciones. En la actualidad, debemos tener claro que quien tiene el poder en el Perú es el Congreso y que quien controla el Congreso es en realidad el fujimorismo, acompañado de algunos satélites.
¿Cuál sería el rol de los demás partidos en este esquema?
En el manejo político actual no existe discrepancia por planes de gobierno o posturas ideológicas. Esto es como una obra teatral, en la que cada bancada asume un rol de acuerdo al momento, a la coyuntura. Pero en el fondo son lo mismo y tienen los mismos objetivos: obtener beneficios de la función congresal. Alguien que hoy está en AP puede terminar siendo candidato de PL o APP o FP. Esto es un juego político: por un momento simulan ser rivales, pero una vez terminada la sesión se van abrazados a comer y a acordar futuros arreglos.
¿Cuál es su opinión del caso de la denuncia constitucional contra la fiscal suprema Zoraida Ávalos?
Este es un proceso de captura del Ministerio Público que lleva implícito un mensaje para los jueces y fiscales: si su criterio funcional discrepa de los criterios del Congreso ellos pueden ser sujetos de un proceso y ser inhabilitados hasta por 10 años de la función pública.
Ella ha expresado un criterio jurídico y en su caso, además, novedoso: todos los fiscales de la nación que la precedieron archivaban de plano todas las denuncias contra los presidentes en ejercicio. Y lo hacían en observancia del artículo 117 de la Constitución. La doctora Ávalos abrió una investigación por hechos determinados y acto seguido suspendió algunos efectos de la investigación sobre Castillo porque aún tenía la investidura y protección constitucional, pero la investigación siguió y eso nunca había pasado. Ese fue su criterio jurídico y nos puede no gustar o no, pero es su criterio, sustentado, además.
¿Le corresponde al Congreso investigarla y sancionarla?
No. Si algún congresista tiene algún cuestionamiento al desenvolvimiento funcional de Ávalos nada le impide presentar una denuncia contra ella ante la JNJ, eso es lo que establece la norma y lo que corresponde por separación de poderes.
A ella se le atribuye retrasar la investigación y actuar así para favorecer al expresidente Castillo.
A mí me parece que esos cuestionamientos pueden discutirse, pero al interior de la JNJ. Por otro lado, si a la doctora Ávalos se le atribuye conducta penal, nada impide que sea denunciada ante la fiscal de la nación, quien puede iniciar una investigación preliminar.
El Congreso podría decir que si ellos no se hacen cargo, nadie se hace cargo…
Hay otros mecanismos. El Congreso no puede pretender, bajo el pretexto de que está investigando determinado hecho, usar el mecanismo del antejuicio como una herramienta de carácter político. Hay que recordar que la doctora Ávalos presentó más de 40 denuncias constitucionales contra diferentes líderes políticos… pero todo esto es un pretexto para un objetivo mayor, que es someter al MP y mantenerlo sometido, pero no a la institución, sino, como dice usted, a los fiscales. “Si discrepas con nuestro criterio, mira lo que te puede pasar”.
Además, si el ánimo es la lucha contra la corrupción no blindarían congresistas.
Es contradictorio. Si están detrás de Ávalos porque dicen que favoreció a Castillo, ¿por qué entonces acaban de rechazar y archivar un informe de la comisión de Ética contra ‘los niños’? Ahí se ve un doble rasero, aquí hay un objetivo de carácter político.
La congresista Patricia Chirinos ha denunciado constitucionalmente a cada uno de los miembros de la JNJ porque esta se atrevió a sugerir en un comunicado que el Congreso reflexione y no tome decisiones que podrían ir contra la independencia de poderes.
El comunicado de la JNJ contiene una posición muy tibia. El Congreso está, en efecto, invadiendo los fueros de la Junta y está asumiendo tareas y atribuyéndose facultades que por mandato constitucional sólo le corresponden a la JNJ. Insisto, el Congreso no puede involucrarse en temas que tengan que ver con criterios expresados por jueces y fiscales en ejercicio de sus funciones, eso no es para proteger a la doctora Ávalos, es para proteger a todos los jueces y fiscales. Con esta denuncia de la señora Chirinos pretenden someter y controlar a toda la Junta.
¿Es como anular a la JNJ?
Sí, es como si el Congreso decidiera que a partir de ahora él nombrará a los fiscales supremos. Es igual de descabellado. El ejercicio de un derecho, de expresar una opinión, ¿puede ser catalogado como un acto delictivo? Se pretende recortar el derecho de expresión y de opinión… y la JNJ ha invocado de manera candorosa al Congreso, le ha pedido reflexionar. Estamos frente a un plan diseñado para capturar instituciones. Pero saben que esa iniciativa contra la JNJ no puede prosperar, están buscando amenazarla para que se someta. Es un anuncio en forma de amenaza: esto te puede pasar. Lo que está bajo ataque es la democracia.
¿Cuál sería la consecuencia para el Poder Judicial de que se les sancione a los miembros de la JNJ?
La verdad es que yo veo muy difícil que prospere esa denuncia. Es demasiado burda, carece de sustento o asidero legal.
¿Cree que la ciudadanía es consciente de la dimensión del daño institucional que está haciendo el Congreso?
Pienso que en su gran mayoría, la población se percata de la amenaza, pero no toma posición de manera activa y enérgica. Lo ve como parte del pugilato político y entonces percibe el accionar del Congreso como parte de los procedimientos que los políticos actuales ofrecen.
¿A quién le conviene tener jueces y fiscales asustados tratando de adivinar cuál es el criterio político predominante en el Congreso para fallar o actuar de acuerdo a él para evitar que los vayan a inhabilitar?
Por ahora, a quienes detentan el poder no les interesa tener un sistema de justicia eficaz y sólido: eso sería una amenaza directa. Ellos necesitan jueces sumisos y doblegados, para poder implementar sus medidas. Jueces sumisos le darían trámite a planteamientos como el de la congresista Chirinos. Eso lo saben bien quienes detentan el poder. Esto es un ataque directo a la línea de flotación del sistema judicial. No es a la doctora Ávalos, es un ataque a la independencia de la función que realiza un juez o un fiscal. En adelante, un juez o un fiscal se va a preguntar si lo que va a fallar le va a gustar o no al que tiene el poder en el Congreso. Jueces y fiscales sometidos por el temor y la amenaza del poder político, es lo que ellos quieren imponer, eso es lo que les conviene por ahora.
¿Copar el Ministerio Público tiene que ver con proteger a quién?
Probablemente también se beneficie a algunas personas cercanas a quienes están poniendo todo este poder en manos de una sola persona en el Ministerio Público. Recordemos, sin embargo, que en el 2000 el gobierno de Fujimori compró a los congresistas tránsfugas para controlar el Congreso. Lo que estamos viendo aquí tiene una finalidad —más bien— post electoral: se hace con la finalidad de preparar la llegada al poder del fujimorismo.
Por eso van detrás de los organismos electorales…
Por eso necesitan controlar a los organismos electorales. Lo que sigue es atacar el proceso electoral: las próximas elecciones serán un formulismo, porque impedirán que postulen otras personas a quienes les van a imputar cargos que van a ir desde corrupción hasta terrorismo y quién sabe qué más. Para cuando les toque gobernar tendrán todo el Estado copado.
No buscan controlar el Jurado Nacional de Elecciones para fraguar un fraude sino para eliminar opositores evitando que compitan.
Exactamente. Si no hay candidatos de fuste o arrastre popular en la contienda, ¿contra quién va a candidatear la señora Fujimori? El objetivo es asegurar el resultado de las elecciones. Y eso está encaminado. La sentencia del 23 de febrero del Tribunal Constitucional le dio la razón al Congreso en temas competenciales contra el Poder Judicial y en la práctica le entrega todos los poderes al Congreso. A partir de allí comienza el control de la Defensoría, Sunedu, Ministerio Público y también del Poder Judicial con una presencia cada vez más importante.
¿Cuándo sucederá eso?
El próximo proceso electoral. Ellos ya están trabajando los planes para asegurar su permanencia en el poder a tal punto que, en determinado momento, Keiko va a candidatear contra ella misma. No va a tener rival al frente.
De repente igual pierde…
(Risas).
Prescripción exprés
El 25 de mayo, el Congreso aprobó una modificación del artículo 84 del código procesal penal sobre el recorte del plazo de suspensión penal de la prescripción. ¿Qué significa eso?
En síntesis, significa la extinción de la acción penal por prescripción después de un año. El artículo 84 señalaba que los plazos de prescripción se interrumpen mientras no se resuelva el caso penal, pero se le ha añadido un párrafo que dice que si el proceso judicial o penal depende de otro proceso para empezar o continuar, el plazo máximo por el que se puede suspender la prescripción para esperar el resultado de ese proceso, es un año. No deja de llamar la atención la forma en que se ha tramitado esta Ley 31751 sin debate público ni académico, a espaldas de la ciudadanía y sin mayor difusión.
¿A quién beneficia ese añadido?
Favorece la impunidad de numerosos casos de corrupción, por investigaciones actualmente en trámite. El reducir los plazos de suspensión de la prescripción al máximo de un año, conociendo bien las enormes dificultades que tienen los fiscales y jueces para investigar y juzgar casos complejos, constituye un duro golpe al esfuerzo que realizan.
¿Por qué?
Iniciar un proceso judicial o penal puede depender de una pericia técnica que tiene que hacer otro organismo, o quizás una investigación sobre temas de enriquecimiento ilícito a cargo del Ministerio Público necesita un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera o una pericia para avanzar. En tanto la pericia se demore más de un año, sigue corriendo la prescripción del delito.
¿Quién puede utilizarlo, qué va a pasar ahora?
Entiendo que tanto el Ministerio Público, como el Poder Judicial, opinaron en contra de esta nueva norma, porque en virtud de la retroactividad benigna, los investigados solicitarán su aplicación al resultarles más favorable. Pronto nos enteraremos del ingreso de numerosos pedidos de prescripción de la acción penal por casos emblemáticos perpetrados a partir del régimen de Toledo, ahí tendremos claro el enorme daño causado a la búsqueda de la justicia.
Pero, ¿por qué se debe cargar sobre el acusado —a quien se presume inocente por ley y derechos humanos— las demoras procesales?
Lamentablemente, los informes contables, las pericias en temas de delitos ambientales, etc., demoran. Hay muchos informes técnicos cuya elaboración y resultados exceden el año. Busque entre las declaraciones (del fiscal) José Domingo Pérez sus quejas sobre las colas que deben hacer sus causas para peritajes por desbalance patrimonial o lavado de activos, por ejemplo. A nivel nacional hay poquísimos peritos y uno tiene que esperar el turno y pueden pasar meses o años hasta que se realice. Y que empiece o avance el proceso está sujeto a que se cuente con ese informe técnico…
¿Lo podría explicar con un ejemplo?
Caso típico: un puente mal construido que se cae en alguna región que no sea Lima. O incluso, el puente de Castañeda. Sobre ese hecho se tiene que hacer una pericia y solo la puede hacer un ingeniero especialista en estructuras y cimientos del colegio de ingenieros, comisionado por el mismo colegio. Entonces, se designa un equipo que viaja a la localidad a revisar la estructura… hay que esperar sus conclusiones y siempre es más de un año y el fiscal no tiene manera de saber si hubo delito o no sin ese informe… el plazo corre y el proceso puede terminar antes de haber empezado, muchas veces ocurre así. En la misma fiscalía puede declararse prescrito un caso.
La junta de fiscales supremos
La junta de fiscales supremos se reunió para pronunciarse a nombre propio sobre los dimes y diretes que la involucran entre el Congreso y la JNJ, pero no se llegó a un acuerdo…
Ahora hay cuatro fiscales supremos y coincidieron en que había que defender a la institución, pero como un lema. La diferencia surge cuando hay que decidir sobre qué o a quién van a defender de qué o de quién. Una parte insistía en que no quería colisionar con el Congreso.
Esa es la fiscal de la nación…
Sí, supongo que ella es…
Y la doctora Ávalos, imagino, quiere que vaya su caso en el comunicado.
Asumo que sí.
Hay, entonces, y por el momento, un empate que se acabará con el ingreso de fiscales provisionales a la junta de fiscales supremos…
Es una ley dada por el Congreso para que los fiscales provisionales tengan los mismos derechos que los titulares, que es lo mismo que hizo la doctora Colán para romper los empates en la junta de fiscales supremos, cuando Fujimori y Montesinos estaban en el poder.
Pero siempre ha habido fiscales provisionales…
Pero no podían entrar a la junta de fiscales. Si ingresan los provisionales nombrados por la fiscal de la nación, ella asegura una mayoría. Con dos más (son hasta seis) podría tener mayoría. Pero no sé si eso le interesa mucho, porque ya tiene el control absoluto del Ministerio Público.
La Fiscalía y el Ejecutivo
¿Cree usted que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, se ha puesto de acuerdo con el Congreso o con el Gobierno?
El retraso y la demora ostensible por casos de derechos humanos es extremadamente preocupante. Las ejecuciones extrajudiciales son hechos muy graves y en esos casos la fiscalía no está dando una respuesta adecuada. Han pasado varios meses desde los asesinatos y el Ministerio Público no le exige declarar a la presidenta Boluarte, quien es la responsable política de todo lo actuado.
¿Se le puede investigar a la presidenta?
Se le tiene que investigar. Y se puede, gracias al precedente que sentó la doctora doctora Ávalos con Castillo. La señora Boluarte tiene varias respuestas que dar con respecto a las ejecuciones extrajudiciales.
¿Cuál es o sería su responsabilidad?
En los consejos de ministros que ella presidió a partir de noviembre del 2022, cuyas actas son de conocimiento público, se aprecia cómo el Poder Ejecutivo califica a la protesta ciudadana como accionar terrorista, le pone esa etiqueta vinculada al terrorismo. A partir de allí, es que los mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía elaboran sus planes operativos de intervención teniendo en cuenta la calificación que realizó el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros presidido por la señora Boluarte. Allí se dispone el estado de emergencia, allí se dispone reprimir la jornada de protesta. Para los mandos militares hay dos tipos de intervinientes: fuerzas amigas y enemigas. ¿Los terroristas qué son? Por eso disparan a matar. El accionar militar corresponde con la calificación y la decisión del poder político, por eso disparan a la parte alta del cuerpo, para causar el mayor daño posible.
¿Es así de clara la relación entre las muertes y Boluarte?
El accionar de la señora Boluarte está claro y en un juicio, en mi opinión, con jueces independientes, sería encontrada responsable. Es más, después de los muertos de Apurímac, ella estuvo en la capacidad de ordenar que estos hechos cesen en su condición de jefa suprema de la Fuerzas Armadas y no lo hizo. Pero en vez de eso calificó con halagos el proceder de las fuerzas del orden.
Y la fiscalía…
La fiscalía no lo busca, la fiscalía no lo ve. Se tiene que investigar y determinar la cadena de mando. Se sabe que la señora Boluarte tiene el poder de hacer que se detenga la intervención si está viendo que hay muertos. Esto es muy diferente de lo que pasó en la década de 1990, cuando no había cámaras por todas partes, ni acceso a filmaciones y fotos. Hoy es como ver una película de terror: todo está registrado y todo es trazable. Acá murió gente por el aparato represor del Estado que se activó por orden del Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros. Ella tendrá que responder porque ella dispuso la salida de los militares.
Pero el Ministerio Público no avanza…
No avanza. Trasladar todas las carpetas fiscales con lo actuado a Lima desde los lugares en los que se produjeron las violaciones a los derechos humanos es imperdonable y solo traerá impunidad. Las investigaciones no van a avanzar y lo poco que se ha hecho en Juliaca y en Ayacucho se va a perder. Es curioso, justo cuando los fiscales de esas localidades se atrevían a pedir los planes operativos de las Fuerzas Armadas y la Policía, se produce la orden de que todo lo actuado pase a Lima.
¿Traer todas las carpetas a Lima tiene sentido?
El objetivo central es tener el control del resultado de las investigaciones. Se va a buscar manejar y dirigir cómo se vayan a desarrollar las investigaciones. Claro, si le entrego todas las carpetas a un equipo que yo mismo designé, tendré un control directo y muy cercano de las investigaciones para evitar casos como los de los fiscales en Ayacucho y Juliaca que daban muestras de avances importantes. Eso, aparte de que centralizar todo en un equipo especial sin experiencia y sin trayectoria en materia de derechos humanos, es en sí mismo un error.
Yo le preguntaba por la relación con Boluarte. Quizás no es funcional al gran plan jalarle la alfombra de debajo de los pies a la presidenta que juega para el Congreso…
Mientras esta coalición permanezca en el poder, no se van a dar avances importantes en el Ministerio Público en temas de derechos humanos. Cuando recuperemos la democracia, quizás tengamos noticias.
