La abogada Cruz Silva es una de las investigadoras con mayor conocimiento de la judicatura en el Perú: desde el extinto Consejo Nacional de la Magistratura, cerrado por corrupción en 2018, hasta la Junta Nacional de Justicia (JNJ), atacada por el Congreso y aliados con una acusación infundada de faltas graves. En esta entrevista, afirma que si el Parlamento destituye a miembros de la JNJ sin debido proceso, esta puede negarse a cumplir la resolución legislativa, dado que ese poder del Estado estaría violando la Constitución y las normas de estándar supranacional.
Además, la especialista estima que la actitud de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, ante las investigaciones a la mafia ‘Cuellos Blancos’ y la reciente remoción de la fiscal a cargo, Magaly Quiroz, podría facilitar que prescriban los delitos.
Silva añade que 2022 ha sido el año en que fallaron todos los procesos de elección de altas autoridades del sistema de justicia [Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial] pues fueron rápidos, sin debida participación ciudadana, con cuestionamientos por incumplimiento de los requisitos, e incluso desacatando sentencias judiciales –con la aprobación del TC–. La coordinadora del área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal analiza las consecuencias de esa falla general.
¿Cómo lee el aplazamiento de la votación en el Pleno del Congreso sobre los miembros de la Junta Nacional de Justicia?
Es una marcha apurada para remover a los que puedan de la Junta, incluyendo a un actora central que es Inés Tello [porque investiga a la fiscal de la nación, Patricia Benavides], y en esa marcha apurada están cometiendo errores que tratan de salvar en el límite de los plazos que ellos mismos se ponen.
Para el viernes quedó planteado en el Pleno el debate de esta moción de remoción y el informe final de la Comisión de Justicia [del Congreso], pero se dieron cuenta de que no habían invitado a los integrantes de la Junta para que ejerzan el derecho a la defensa. Ha tenido que ser la propia Junta la que solicitó se les dé un espacio en el Pleno, y ha hecho ver al Parlamento que había obviado ese paso trascendental.
Pese a que no hay procedimiento establecido ni definición de falta grave, ¿cómo saber que tenían que convocarlos?
No solamente no hay procedimientos, tampoco hay principios básicos como el derecho de la defensa o el plazo razonable.
Porque los miembros de la Junta han podido presentar sus argumentos en la Comisión de Justicia, pero no ante el pleno.
Exacto. Pero no solamente eso, sino que además en el transcurso de lo sucedido, preguntado y señalado por los integrantes de la Comisión de Justicia ha habido irregularidades, adelantos de opinión, discriminación, violación de estándares supranacionales sobre libertad de expresión de operadores de justicia, ante situaciones críticas de quiebre del estado de derecho como esta situación. […] No estamos hablando solo de una remoción como se habla en la Constitución, sino de una sanción que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el relator de las Naciones Unidas [para la independencia de los magistrados] identifican como uno de los patrones que en contextos autoritarios sucede contra el sistema de justicia para ejercer algún control.
¿Están vulnerando normas nacionales también?
La Constitución menciona la posibilidad de remoción por un supuesto de causa grave, pero tiene que haber debido proceso, debida motivación, separación de poderes, una evaluación independiente e imparcial. El Tribunal Constitucional ha desarrollado estos principios para cualquier tipo de procedimiento, incluso en el Parlamento, un ente político, pero han sido violentados.
¿Cuánto de la normativa sobre la JNJ permite anticipar qué pasa si el Congreso consigue 87 votos contra alguno de los miembros?
La ley tiene como supuesto la vacancia o la destitución. Aquí se está interpretando la remoción por causa grave, que está en la Constitución. El Congreso declara [quién queda] fuera de la institución a través de resolución legislativa y quien tendría que juramentar a los suplentes es el presidente de la JNJ, pero dudo mucho que la presidenta o el vicepresidente lo haga porque sería ir en contra de lo que identifican como un acto violatorio de su propia independencia y autonomía. Eso va a ser un punto de debate para la propia JNJ.
Esto ha pasado en otros tiempos del Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, cuando han visto que algún acto contradice la Constitución, han solicitado evaluar la decisión, para no juramentar a integrantes que fueron elegidos por la Asamblea Nacional de Rectores, que tenían algún cuestionamiento ético o de imparcialidad.
Lo que ahora defienden ante el Congreso ya no es la doctora Tello: es la intromisión política a la autonomía y las funciones de la JNJ.
“El mayor medio de defensa es el Poder Judicial”
¿La presidenta Imelda Tumialán podría no aplicar la resolución del Congreso?
Puede hacerlo también el vicepresidente en caso que la doctora Tumialán sea removida. Puede negarse a acatar un acto violatorio de la Constitución y del estándar supranacional. Incluso la presidencia de la Junta podría presentar denuncias constitucionales respecto de quienes votaron por una decisión así, y no sería el primer caso. En su momento cuando el TC impuso a [César] Hinostroza Pariachi y Mateo Castañeda, el presidente de entonces, Pablo Talavera, se negó a ejecutar el fallo y presentó la denuncia constitucional e incluso penal a quienes habían decidido ello.
¿Cuándo?
En 2014.
Hoy la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales podría congelar tales denuncias.
Sí. El mayor medio de defensa que tienen los operadores de justicia en un momento como este es el Poder Judicial. Ha tenido decisiones equivocadas, sí: como la medida cautelar que otorgó a Patricia Benavides; pero ha tenido otras importantes, como cuando le dijo al Congreso que no continúe el proceso de elección de defensor del Pueblo porque estaba violando el procedimiento y los principios básicos de la elección. El Congreso no acató…
Y el TC ha emitido un fallo para que el Congreso no acate nada en adelante.
Pero estas medidas ayudan a dar tiempo para construir una mejor defensa a nivel supranacional y no solo mediante la actuación jurídica institucional, sino a través de la actividad político-social. Y ayuda a evidenciar el nivel de degradación en que se está desarrollando la democracia en el Perú.
El desacato de la medida cautelar del Congreso en el proceso de elección del defensor del Pueblo puso al Perú en la mirada supranacional. Para defender la autonomía de la JNJ el medio más inmediato es el amparo o una medida cautelar.
La audiencia del amparo será recién el 24 de noviembre.
La Junta puede solicitar un adelanto porque el acto violatorio que denuncian a través de ese amparo ha apretado el acelerador.
¿Y la medida cautelar?
Un juez responsable debería responder a esa urgencia, no dentro de un mes o nunca responder, como en el caso de la doctora Zoraida Ávalos; ella presentó una medida cautelar contra el proceso en su contra en el Congreso que hasta el momento no tiene una decisión. Pero otros jueces otorgaron medidas cautelares con prontitud, como en el caso de la elección del defensor del Pueblo. Para esto es importante la postura institucional que adopten el Poder Judicial y otras instituciones. Va a ser muy difícil que un juez o jueza declare una medida cautelar a favor de la Junta si el representante de su institución no se pronuncia o no apoya.
O si dice “nadie tiene corona”.
Exacto. El Congreso puede desacatar la resolución judicial, pero lo grave es que a nivel internacional el país se sigue evidenciando no como una democracia sino casi como una dictadura y eso tiene un impacto. Hay países a los que no les interesa tener una buena relación con un país que se está degradando hacia la falta de seguridad jurídica y la violación de la autonomía de poderes. Por eso cuando sucedió la moción contra la JNJ, ocho embajadas se pronunciaron al respecto. Creo que eso ayudó a que el propósito del Congreso no culminara tres semanas atrás. Hay otro problema que ha puesto la JNJ en el debate: que los que votaron en la Comisión de Justicia no deberían votar.
La próxima semana hay una audiencia de la Comisión IDH sobre el informe de la crisis de derechos humanos, que señala un contexto institucional de degradación de las bases democráticas en los espacios de control del poder.
Con recomendaciones ante las amenazas a la autonomía de la JNJ y el JNE.
Se refiere a las fórmulas normativas que no están debidamente delimitadas para ejercer el control de operadores de justicia, que no aportan al debido proceso ni al principio de legalidad.
Será después de la votación del pleno sobre la JNJ.
Sí.
“El jefe de la Autoridad de Control del MP rompe la apariencia de imparcialidad”
¿Qué impide que la JNJ nombre a fiscales para la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público? ¿El presupuesto?
Presupuesto e información. La Junta dijo en su informe que la Fiscalía no solicitó nombramientos de fiscales titulares [frente a los provisionales]. Se arguye falta de presupuesto del MP para esas plazas. El presupuesto es importante para los procesos de selección y para que sean debidamente remunerados en sus cargos. Si a la JNJ no le dan el presupuesto es una violación directa a la autonomía.
Por eso las prácticas en este avasallamiento y cooptación de las instituciones de justicia son conocidas desde la dictadura: como negar dinero, adoptar decisiones sin motivación, eliminar los espacios de control. O decir que no pasa nada cuando está pasando todo, el acallamiento de algunas autoridades…
La manipulación de los aparatos de control…
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público no está poniendo empeño en el proceso que lleve a la titularidad [a los fiscales] porque la provisionalidad es muy atractiva. Incluso la selección de los [fiscales] provisionales no es pública.
No da la información a la JNJ de cuántos titulares necesita para que los nombre.
No solo es no darle la información sino todas las gestiones que eso implica. Por ejemplo, insistir ante la Fiscalía de la Nación para que gestione el presupuesto ante el Parlamento. No solo vemos a un jefe de la ANC descontrolado, que va al Parlamento a hacer lo que no está en su propia ley orgánica, sino que cuando lo hace incumple su propia ley: se ha reunido con congresistas investigados por el Ministerio Público. También con el ministro de Justicia y con [el líder de Alianza Para el Progreso] César Acuña, que tienen procesos fiscales. Por eso, se ha presentado una denuncia disciplinaria con fines de remoción del jefe de la ANC hace unas dos semanas, porque no solo viola la ley de creación de la ANC sino que rompe la apariencia de independencia e imparcialidad, y también amenaza la protección de la independencia de los fiscales que investigan a esas autoridades políticas con las cuales él se reúne.
La Contraloría reportó problemas en los documentos que presentó Antonio Fernandez Jerí a la JNJ al postular.
Siendo la primera elección, este tipo de problemas no pueden quedar sin respuesta. Esperemos que la Junta tome ese camino, el problema es que si es removida, muy difícilmente estas causas se van a hacer efectivas, incluida una última denuncia que la sociedad civil presentó ante la remoción de la fiscal Magaly Quiroz [del Equipo Especial ‘Cuellos Blancos’], pidiendo las remociones de la fiscal de la nación y del coordinador de ese equipo, Elmer Ríos Luque.
¿Por qué no se harían efectivos esos pedidos?
Porque los integrantes de la Junta que llevan adelante su función de control de los operadores de justicia provocan la actuación del Congreso para sacarlos del camino. Esto es lo que va a pasar respecto de Inés Tello y cualquier integrante de la Junta que los toque, o toque a las personas que puedan favorecerlos en sus intereses de posible impunidad. Eso es lo serio: no es que muere la primera composición de la Junta, sino la Junta.
“Ya no somos una democracia, somos algo que no aparece en los libros”
Si entraran suplentes, en reemplazo de los actuales integrantes de la JNJ, ¿tampoco podrían continuar las investigaciones porque correrían la misma suerte?
Inventarán alguna causa grave o la armarán en espacios de desinformación como Willax o Expreso. No importa si entran excelentes personas. No importa porque se rompió la seguridad de que puedan ejercer su cargo. Por eso es tan grave, no es por Inés Tello, Aldo Vásquez o Imelda Tumialán: es por la propia Junta, ese espacio de control muere. Y si eso sucede vamos a tener un Ministerio Público todopoderoso, que apresura unas investigaciones y otras no, que remueve fiscales con absoluta impunidad y un Poder Judicial sin control. Este es un límite que vamos a cruzar y del cual no vamos a regresar y nos pone en un escenario de dictadura.
Hay que decirlo ya con absoluta claridad; una democracia se caracteriza por el principio de elegir y que gobierne quien es elegido: eso no existe. Sobre protección de los derechos humanos, tenemos decenas de asesinados. Y el tercer pilar es la separación de poderes que tampoco existe porque el Parlamento sostiene al Ejecutivo, y el sistema de justicia está desapareciendo o va a desaparecer como un espacio de control del poder. Ya no somos una democracia, somos algo que no aparece en los libros. Por eso tenemos países pronunciándose sobre esto…
Pero para la dimensión de lo que ocurre, la reacción del sistema interamericano es pequeña y tardía.
Sí, esa es una crítica permanente al sistema. Algunos defensores de derechos humanos han sido asesinados esperando una medida cautelar. Hay desborde de las capacidades, y complejidades para la toma de decisiones.
Y parece que Gustavo Adrianzén, el representante del gobierno ante la OEA, diluye los pedidos.
No solo eso. En el contexto regional los grupos antiderechos están siendo visibilizados, y los fascistas coordinan esfuerzos para cuestionar el sistema interamericano: eso es peligroso. Están poniendo nuevos escenarios a la propia Comisión IDH, que no necesariamente responde de forma pronta. Aunque hay diversas situaciones, cuando se pidió la medida cautelar para el fiscal José Domingo Pérez, respondió en casi un mes, un récord de tiempo. Pidieron medidas cautelares respecto de…
Del fiscal Rafael Vela. Y no las obtuvo.
Todavía. CEJIL pidió la medida cautelar para el juez [Jorge Luis] Salas Arenas, la concedieron y este año también la medida provisional. Pero hay decisiones a contracorriente como la medida cautelar a la fiscal de la nación, y la falta de acción urgente sobre Perú, aunque ha merecido muchos comunicados y tuits del relator para Perú, Stuardo Ralón, y de Pedro Vaca, el relator de libertad de expresión.
Ya no tanto ahora.
Hubo esas expresiones durante las protestas con muertos, después ya no.
Sí. Es que se entró a un contexto complejo, que no justifica sino que explica. Hubo elección de nuevos comisionados, algunos fueron a la reelección como Ralón, y además hay situaciones como los ataques al Movimiento Semilla en Guatemala. O la mayor persecución de la sociedad civil y opositores al régimen dictatorial en Nicaragua; o la situación en Colombia. En esa perspectiva Perú no es necesariamente la prioridad en la preocupación regional.
Puesto en perspectiva, con la guerra en Ucrania y en Gaza, la región en general comienza a tener una atención menor. Muchos podrán decir, en Guatemala los operadores de justicia han tenido que asilarse en otro país, aquí todavía están viviendo en su tierra, pero la nueva situación es un retroceso total de lo poco que habíamos logrado en el bicentenario.
¿Qué ocurriría con los accesitarios de la JNJ de 75 y 78 años?
El Congreso podría retirarlos si sacara a Inés Tello por la edad. Y entonces, tendrían que adelantar elecciones de la Junta, pero ahí hay un candado del Parlamento, porque no hay el supuesto normativo que la Comisión Especial de elección de integrantes de la Junta surja cada vez que falte un integrante por una situación excepcional. Tiene que ser cada cinco años.
Seguro votarían a favor.
Pero por lo hecho ya con esta Junta, sería ver ensayos de un espacio de control mas no con todos los poderes que le da la Constitución para que funcione como tal.
Incluso si lograran adelantar esas elecciones o no hubiera los 87 votos, obstruirían a los miembros de la JNJ y en el 2025 la conformación sería la que quieren, porque Josué Gutiérrez liderará la comisión de selección.
Y tendríamos a Patricia Benavides en la comisión, al actual presidente del Poder Judicial, a quien sea el presidente del TC –cuya mayoría ha sido elegida por este Parlamento–, y el representante de las universidades públicas con el retroceso de la reforma de Sunedu. No hay garantías para que de esa Comisión Especial salga una Junta Nacional de Justicia independiente. Si el Parlamento culmina con la remoción o la sanción encubierta a algún integrante de la Junta, no hay garantías de su existencia aunque la comisión elija una nueva composición.
¿Que tantos poderes usen malas prácticas aplicadas en el régimen fujimorista se relaciona con personajes del pasado activos? ¿Como el exfiscal de la nación José Peláez?
Hay recetas viejas de la dictadura, del fujimorato, que diversos grupos están animándose a adoptar. En el camino se encuentran con políticos que en el pasado –si no fueron actores– fueron testigos que dejaron hacer, como ese actor que menciona. Coinciden grupos que quieren la impunidad de sus espacios de poder frente a las investigaciones que hace unos años el Ministerio Público ha comenzado a andar con mucho trabajo.
El escenario es perfecto: un poder Ejecutivo que se impone a lo que quieren los grupos de poder económicos-políticos, un Parlamento que ha cerrado la reforma política, integrantes de partidos políticos cuyos líderes están procesados por la justicia, un escenario pospandemia en el que la sociedad civil y la ciudadanía están preocupadas por qué comer y han sido avasalladas con decenas de muertos, por protestar.
Otro personaje del pasado, el fiscal Javier Luna García, abrió investigaciones de control interno a Vela y José Domingo Pérez. Fue secretario del exfiscal de la Nación, Miguel Aljovín, que archivó la primera denuncia por enriquecimiento ilícito a Montesinos.
Si se hace una revisión de quiénes están ahora en puestos importantes y dónde estaban antes, uno se puede sorprender mucho. Por ejemplo, Juan Antonio Fernandez Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control, fue uno de los fiscales nombrados para llevar adelante la gestión de José Peláez y coincidió con él Patricia Benavides. Son nombres que parecieran nuevos pero que ya tienen historia. Aprovechan estos escenarios complejos y lo mal que se hacen los procesos de selección.
Todo ha comenzado con el proceso de cooptación de procesos de selección de altas autoridades del sistema de justicia: el Tribunal Constitucional, el presidente del Poder Judicial –que tiene como mano derecha a quien fue primer ministro de Dina Boluarte–. Han elegido a Patricia Benavides como fiscal suprema: esta Junta Nacional de Justicia ha evidenciado que se equivocó, y no pudo saber a ciencia cierta en su momento quién era quien postulaba. Hoy tiene más elementos para evaluar y cuando estaba en ese camino ha entrado en luz roja.
Estos grupos han aprovechado algo que hace tiempo querían: actores estratégicos que puedan generar sospechas de impunidad a grupos. Por ejemplo, en 2004 César Hinostroza quiso ser fiscal supremo, al igual que Mateo Castañeda, o en su momento Ángel Romero. O Tomás Gálvez y Luis Arce Córdova, que entraron como supremos en 2015 con la última integración del Consejo Nacional de la Magistratura que hizo explotar la institución [en 2018, tras la revelación de los CNM Audios]. Entonces, hay dinámicas de cooptación que eran ensayadas y no encontraron el contexto adecuado para penetrar rápidamente y en gran proporción, pero ahora sí.
Todos los procesos han sido rápidos, sin debida participación ciudadana, con cuestionamientos de los requisitos o con la convicción de que alguien que no garantiza independencia e imparcialidad no puede estar en un cargo importante aunque no tenga una sentencia. Todo eso ha fallado y el año clave de eso fue el año pasado. Hubo elección de supremos, de Tribunal Constitucional, de Defensor del Pueblo, de presidencia del Poder Judicial, de fiscal de la nación, todo en un solo momento y ni los medios de comunicación ni la sociedad civil pudieron darse abasto en un escenario pospandémico para ver todo.
¿Qué destacaría de Peláez como influencia negativa hacia Fernandez Jerí y Benavides?
En su gestión no se puede presentar un logro fiscal importante respecto del poder político al que aparecía cercano.
El Apra.
Abrieron investigaciones, pero en la época de Peláez no les dieron presupuesto, ni se visibilizaron, ni tuvieron apoyo institucional.
Responsabilidades de la fiscal Benavides en las carpetas de los ‘Cuellos Blancos’
El prófugo César Hinostroza sigue pidiendo que no usen las transcripciones de las interceptaciones telefónicas en la investigación fiscal.
La Fiscalía en estos cinco años ha evidenciado cuán cuidadosa ha sido para no vulnerar los derechos de las personas involucradas en la investigación, por eso la tesis de Hinostroza no ha tenido éxito.
¿De quién depende emitir la orden de captura?
Si bien es cierto no directamente de Fiscalía, sí depende de ésta que los involucrados en las investigaciones retornen al Perú y comparezcan frente a la justicia. Corresponde a Interpol.
¿Ministro de Interior?
Siendo uno de los casos más paradigmáticos, el Ministerio Público tendría que ejercer la cooperación interinstitucional para que el Ministerio del Interior haga lo que deba ser hecho.
¿Sería responsabilidad de los fiscales que han reemplazado a Magaly Quiroz y a los otros removidos injustamente del Equipo Especial ‘Cuellos Blancos’?
Pero también de la autoridad representativa del Ministerio Público. Algunos dicen que [Hinostroza] ya está respondiendo en las audiencias virtuales, pero sabemos que eso no es suficiente, por el impacto que tiene en la legitimidad del sistema y del Ministerio Público en concreto. Hay una persona que se ríe en la cara de la institucionalidad fiscal y hace lo que quiere, incluso ataca a los fiscales y la institución no hace nada para protegerlos, por el contrario los remueve sin objetividad, no les proporciona seguridad. Es como si cada fiscal estuviera peleando y defendiendo solo su caso, incluso teniendo en contra las condiciones que la institución les ofrece: la vulnerabilidad y la incertidumbre de mantenerse o no en sus cargos.
Sin embargo, no podemos esperar eso de Benavides porque desde 2022 saca a los fiscales que investigan a los ‘Cuellos Blancos’. ¿Los golpes al sistema de justicia jugarán a favor de la prescripción?
A este ritmo, sí. Vemos un desinterés por el caso, y no por los fiscales que estuvieron a cargo de las carpetas, sino por la actora que representa a la institución Y dicho sea, hablando de investigaciones que comprometen a operadores de nivel supremo, a quien le toca preocuparse es a la fiscal de la nación, sobre todo. Debería decir cómo están estos casos, los plazos que se pueden vencer, y qué han hecho. En 2021 hubo un comunicado de rendición de cuentas cuando el coordinador general del equipo era [el fiscal supremo] Pablo Sánchez, nunca más hemos vuelto a tener un comunicado así de amplio, claro y preciso, con las cantidades de investigados, las posibles colaboraciones eficaces, etcétera.
En este momento cuando más se necesita no hay esa información, sobre todo cuando de ella [Benavides] depende la voluntad institucional. Entonces es muy posible que esto quede en la nada. Sin ir muy lejos, el nivel provincial –donde estaba la doctora Magaly Quiroz– ha sido desbaratado sin ningún pudor faltando dos meses para que termine la investigación preliminar y presente la acusación penal [del caso ‘Cuellos Blancos’]. Se saca a quien estuvo más de dos años conociendo el caso.