La ultraderecha, con los medios y las bandas a su servicio, con el apoyo de sectores aliados y la complicidad y pasividad de otros, no solo busca terminar la captura de poderes del Estado y de instituciones claves del gobierno. Necesita a la vez –porque está muy implicada en varios casos– destruir todo lo avanzado en la lucha anticorrupción.
Ahora, como parte central de esa maniobra, y en simultáneo con las ofensivas contra el JNE y la JNJ, van tras la cabeza de los fiscales del caso Lava Jato, cuyo coordinador, Rafael Vela, coincidentemente, ve también los casos de lavado de dinero por los que son investigados dos capitostes de la ultraderecha: Erasmo Wong y Rafael López Aliaga.
Hasta ahora, desde la renuncia de Pedro Chávarry, en enero de 2019, el Equipo Especial pudo realizar su intenso trabajo con relativa autonomía funcional. Nunca fue fácil, pero pudo funcionar. Hoy, con la evidente alianza estratégica entre la fiscal de la nación, Patricia Benavides, con la ultraderecha que controla el Congreso, el Equipo Especial, en particular los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, enfrentan ofensivas coordinadas desde fuera y dentro del Ministerio Público, que ahora representan una amenaza existencial al Equipo Especial y la lucha contra la corrupción.
A la par de una sostenida campaña de desinformación y de guerra psicológica desde la prensa lumpen, Rafael Vela afronta ahora la principal amenaza desde dentro de su propia institución, a través de dos procesos disciplinarios en la llamada Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, que dirige Antonio Fernández Jerí.
El primer caso (N° 221-2023), del 2 de mayo pasado, se inició por las declaraciones que dio con la llegada de Alejandro Toledo al Perú, extraditado de Estados Unidos, el 23 de abril pasado, en Panorama y en el programa Hablemos Claro, de Exitosa, con Nicolás Lúcar. La ANC también incluyó, como parte de su investigación, las menciones que La República, Willax y Expreso habían hecho de esas declaraciones.
Como se recuerda, la fiscal de la nación había encabezado el grupo de fiscales que recibió a Toledo, en el que no estaba incluido ningún fiscal del Equipo Especial, el que lleva el caso del extraditado expresidente.
En la entrevista con Lúcar, cuando este le preguntó sobre el papel que juega Benavides en el caso, Vela respondió que “ninguno desde el punto de vista procesal, porque el caso está a cargo del fiscal José Domingo Pérez”.
Pérez, a su turno, al ser consultado por un periodista sobre la versión de que Benavides le habría propuesto a Toledo ser colaborador eficaz, dijo: “¿Usted quiere que me abran un proceso disciplinario por decir que hay actuaciones que no están dentro del marco de la legalidad?”.
Y fue así. Se lo abrieron. Pérez también fue incluido en el proceso “disciplinario”.
El encargado de esta investigación en la ANC es el fiscal adjunto supremo titular Javier Luna García, responsable de la Comisión de Investigación Preliminar en Procedimientos Disciplinarios. Luna fue designado en ese puesto por Patricia Benavides en noviembre pasado.
Luna García tiene una trayectoria larga y, para este caso, llamativa en el Ministerio Público. Fue cercano a Pedro Chávarry durante la breve y accidentada gestión de este como fiscal de la nación. En setiembre de 2018, fue designado representante de la Fiscalía ante la Comisión de Constitución del Congreso, entonces presidida por Rosa Bartra, de Fuerza Popular. A principios de enero de 2019, mientras Chávarry se aferraba a su cargo en medio de las intensas protestas ciudadanas por la remoción de Vela y Pérez, Luna García se opuso abiertamente al proyecto de ley presentado por Vizcarra al Congreso para declarar en emergencia al Ministerio Público.
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, Luna García ocupó dos puestos importantes. El primero fue el de procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entre octubre de 1994 y enero de 1996; y el segundo como secretario general de Miguel Aljovín, entonces fiscal de la nación, entre enero de 1997 y febrero de 1998.
Como secretario de Aljovín, en 1997, Javier Luna elaboró la resolución de archivo de la primera investigación por enriquecimiento ilícito a Vladimiro Montesinos, por órdenes, según dijo años después, del entonces fiscal de la nación. Luna hizo una descripción de parte de este episodio en una carta que envió en junio del 2003 a Teófilo Idrogo, entonces presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, durante su proceso de ratificación como fiscal adjunto supremo.
La “independencia” que lo caracteriza incluyó elaborar, como reconoce, la “resolución final que dispuso el archivamiento”. Es decir, presunta independencia con obediencia debida.
En la carta a Idrogo, Luna respondió a diversos cuestionamientos planteados durante la entrevista personal en su proceso de ratificación. Uno de ellos fue sobre su vinculación con Aljovín, quien en 2000, archivó una segunda investigación a Montesinos por enriquecimiento ilícito.
Sus explicaciones parece que no fueron satisfactorias, pues el CNM decidió no ratificar a Luna García en aquel proceso de 2003.
Seis años después, en 2009, a través de un amparo judicial, Luna García logró retornar al Ministerio Público.
Ese es el fiscal que, el 6 de julio pasado, presentó un informe de investigación preliminar a la Comisión de Procedimientos Disciplinarios en el que recomendó iniciar un proceso de castigo contra Vela y Pérez.
¿Las razones? Luna sostuvo que desde julio del año pasado, la fiscal de la nación, Benavides, ordenó que cualquier información a la ciudadanía solo se diera a conocer a través de las presidencias de la junta de fiscales superiores y de los fiscales coordinadores, previa autorización del área de imagen institucional.
Ese sistema de censura previa, donde el criterio de “imagen institucional” prevalece, con capacidad de veto, sobre la necesidad de informar el desarrollo de casos de impacto público, es dejado de lado casi todos los días por los varios fiscales que responden espontáneamente preguntas periodísticas en medio de diligencias, o al cabo de ellas, sin que eso les represente ningún problema.
Pero si se trata de Vela o de Pérez, las cosas son diferentes. ¿No tuvieron autorización? Procedimiento disciplinario.
Según Luna García, una de las razones para abrir procedimiento disciplinario a Vela, es porque este “desmereció la participación de la fiscal de la nación en el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo Manrique”.
Es decir que, según Luna García, Vela debe ser castigado por haberse atrevido a decir algo cierto y factual: que Benavides no es la fiscal del caso.
Para este funcionario, no actuar con sobonería ni promover el culto a la personalidad de Benavides, “desmerece” a esta y es, por ello, punible.
No es la única acusación contra Vela de la Autoridad Nacional de Control.
El 22 de junio pasado, la ANC abrió otro proceso a Vela por unas declaraciones hechas hace tres años, en las que cuestionó la decisión del Poder Judicial de excarcelar a Keiko Fujimori. Según la “investigación”, Vela habría incurrido en una presunta infracción disciplinaria “muy grave”, cuya sanción es la suspensión o destitución.
La “investigación” está a cargo de la fiscal superior Liliana del Carmen Castillo.
Es decir, que un fiscal superior que coordina (y litiga en su nivel) algunas de las investigaciones anticorrupción más complejas y profundas en nuestro país, haya opinado hace tres años en contra de una decisión judicial que, a su criterio, afectaba la investigación fiscal, ¿puede ser considerada como infracción disciplinaria muy grave por alguien con un mínimo de conocimiento o sentido común?
Y, si dicha acción sucede tres largos años después de la declaración, pero poco tiempo antes de que se inicie el juicio a Keiko Fujimori ¿dice algo sobre sus motivos? Y si, como es obvio, la fiscal de la nación y su asesor coordinan estrechamente con el Congreso –como hicieron para lograr la inhabilitación de Zoraida Ávalos–, donde Fuerza Popular es parte importante de la coalición de ultraderecha que controla el Congreso, ¿sorprende ahora que la ANC acuse a Vela por la “muy grave” acción de haber defendido tres años antes su caso ante la opinión pública?
Ahí no terminaron los acosos fiscales contra Rafael Vela y el Equipo Especial.
En paralelo a las acciones en la ANC, una fiscalía suprema, la dirigida por el fiscal adjunto supremo provisional Miguel Ángel Vegas Vaccaro, admitió una denuncia en la que se acusaba a Vela nada menos que por lavado de dinero y corrupción. Es decir, los dos ámbitos que él tiene a cargo como fiscal coordinador. Era, otra vez, justo lo necesario para suspenderlo de sus cargos mientras ocurría la “investigación”.
¿Cómo fue? El 25 de abril pasado, el ciudadano Víctor García Navarro denunció a Vela por el supuesto delito de lavado de activos, a raíz de la compra de una casa en la que vive con su familia.
La denuncia fue presentada de manera directa a la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. El despacho está a cargo de Vegas Vaccaro, nombrado en ese cargo por Benavides, poco después de asumir la conducción de la Fiscalía de la Nación.
Un mes después de su primera denuncia, el 24 de mayo, García Navarro presentó una ampliación de la denuncia por los supuestos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, omisión del ejercicio de la acción penal y falsedad ideológica.
¿Los hechos? García Navarro sostuvo –sin ninguna prueba– que Vela habría comprado la propiedad con el dinero de un supuesto soborno que le habría pagado Odebrecht para lograr la suscripción del acuerdo corporativo de colaboración eficaz en el caso Lava Jato.
Una acusación tal, sin aporte de prueba alguna, ¿cómo se procesa? Con una mínima verificación de los hechos. Sin embargo, Vegas Vaccaro la mantuvo largas semanas en estado de “calificación”, en su despacho.
El viernes 7 de este mes, la archivó de súbito.
¿Qué pasó? Que en el camino surgió un pequeño detalle. Un reportaje de Cuarto Poder reveló dos días después, el domingo, que el denunciante, Víctor García Navarro, negaba haber hecho la denuncia. Habían tomado su nombre.
Vegas Vaccaro, todo indica, había admitido la denuncia de un impostor.
¿Qué le quedaba sino archivar? La trama de una tramposa acusación quedaba expuesta en toda su evidente y torcida torpeza. Dejaba mucha huella.
En la nota ‘Orden y firmeza’, IDL-R publicó algunos de los antecedentes de Vegas Vaccaro. En 2018, por ejemplo, fue sancionado por haber demorado en emitir 102 expedientes cuando se desempeñaba como titular de la Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima. Además, fue investigado por haber autorizado la contratación de su fiscal adjunto –cuando ocupaba la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima–, como secretario de la presidencia de esa junta de fiscales, a pesar de que este ya percibía un sueldo por cumplir la misma función.
Acciones en la JNJ
El martes 4 de julio, Vela presentó un informe ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el que solicitó se inicien investigaciones disciplinarias a Antonio Fernández Jerí, Javier Luna García y Liliana del Carmen Castillo.
Calificó las investigaciones de la ANC como un mecanismo de acoso. “Los procesos disciplinarios no pueden servir como un instrumento de amedrentamiento […], ni orientado hacía una estrategia [de] acumular diversas sanciones [para lograr la] suspensión y destitución del cargo”, dijo.
Sobre el hecho de que Vegas hubiera mantenido la denuncia penal en estado de “calificación” por dos meses, dijo que constituía “todo un modus operandi” diseñado para hostigarlo y que “podría estar siendo incluso avalado desde las propias esferas del Ministerio Público”.
Vela informó también a la JNJ que había reportado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) sobre los constantes ataques, amenazas y difamaciones de la banda de ultraderecha conocida como ‘La Pestilencia’, que agrupa a ‘La Resistencia’, ‘Los Combatientes’ y ‘La Insurgencia’.
Las incursiones frente a sus oficinas en el Ministerio Público “por grupos violentistas como “La Resistencia” y “Los Combatientes” (investigados en las Fiscalías de Crimen Organizado)”, sostuvo Vela, están coordinadas con el “canal de Televisión “Willax” (cuyo dueño, el señor Erasmo Wong se encuentra siendo investigado por el delito de Lavado de activos), y el diario “Expreso”, medios que despliegan toda una campaña de desinformación de la labor que realiza el Equipo Especial”.
Vela informó a la JNJ que la fiscal de la nación estaba al tanto de la escalada de violencia de estos grupos, las acciones de descrédito, las investigaciones disciplinarias en la ANC y la denuncia penal en el despacho del fiscal Vegas. Fue informada el 16 de junio, a través de un oficio, en el que además, Vela trasladó la solicitud de José Domingo Pérez para que la Fiscalía “investigue a la organización criminal dedicada a estas campañas, cuyas acciones pretenden criminalizar a los fiscales independientes del “Equipo Especial Lava Jato”, y con ello retirarlos del cargo”.
La fiscal de la nación respondió a través de su secretaria general, Fiorella Cacique, el 20 de junio. El oficio dice que la ANC tiene autonomía administrativa y en cuanto al pedido de Pérez, que él mismo tendría que hacer la denuncia penal “en el ejercicio facultativo del derecho a denunciar”.
Es revelador que desde el despacho de la FN no tuvieran el interés de impulsar internamente una investigación a las bandas que hostigan a los fiscales. Esto explica, de repente, lo dicho por uno de los integrantes de ‘La Pestilencia’, Roger Ayachi, el jueves 6 de julio, durante un hostigamiento de la banda al JNE, para amenazar a su presidente, Jorge Luis Salas Arenas.
“Nuestra consigna es enviarlo a la cárcel, o la muerte. Nosotros lo que nos proponemos lo conseguimos y lo vamos a conseguir con el apoyo de la Fiscalía, con el apoyo del Congreso”, gritó, megáfono en mano, Ayachi.
La respuesta que recibió el JNE de la fiscalía explicó la jactancia de Ayachi. Según un informe interno del JNE, cuando se comunicaron por teléfono con la fiscal de prevención del delito, Esther Saldaña Lázaro, para que acuda al lugar, esta dijo que no podía “levantar acta ni constatar porque no hay alteración de violencia”. “La Constitución”, argumentó la fiscal, “dice que los protestantes tienen derecho a protestar y decir lo que ellos convengan. […] Como fiscal, no puedo hacer el acta constatando frases o palabras de los manifestantes, yo solo levanto si hay violencia”.
Al informarle sobre las amenazas de muerte a Salas Arenas, Saldaña dijo que “eso no es agresión, los manifestantes siempre dicen esas cosas; además, si yo me acerco, los manifestantes se acercarán a mi persona, y yo seré la abogada de los manifestantes, seré la defensora de ellos, y al final terminaré pidiéndoles a ustedes informes de los reclamos de los manifestantes. No puedo exponerme”.
Así como se lee.
Los mejores fiscales, acusados. Los impresentables, en acción.
