La historia de los posgrados académicos de la fiscal de la nación, Patricia Benavides es –para expresarlo con un tópico– la de un misterio envuelto en un enigma.
Cada uno de los títulos tiene su propia historia, con asuntos que se saben y otros más que se ignoran.
Empecemos por la maestría, el tema de esta nota.
El año 2000, la Universidad San Martín de Porres expidió una constancia de estudios de maestría, a solicitud de Benavides. Es esta:
Benavides había aprobado cuatro semestres académicos de la Maestría en Derecho Civil y Comercial durante el período 1994-1995, cinco años atrás de cuando pidió la constancia, pero no obtuvo el grado académico porque no presentó ni sustentó la ineludible tesis de investigación.
En 2008, trece años después de haber cursado los estudios de maestría en la USMP, Patricia Benavides decidió obtener el grado.
Pero no lo hizo en la San Martín sino en la notoria universidad Alas Peruanas.
¿Cómo lo llevó a cabo?
Lo explicó el actual rector de Alas Peruanas (UAP), Alejandro Cruzata Martínez, quien, el 14 de abril pasado, tuvo una conferencia de prensa en la que reveló que la “alumna” Patricia Benavides no cursó estudios de maestría ni doctorado en la UAP, sino que sólo convalidó los que había hecho 13 años atrás en la Universidad San Martín de Porres (USMP).
Tras ello, dijo Cruzata, Benavides solo tuvo que aprobar dos cursos de actualización en la UAP, antes de presentar la tesis de maestría en 2008; y la de doctorado en 2009.
¿Cómo pudo Benavides convalidar la totalidad de los cursos que había llevado en la USMP? A menos que los programas académicos de ambas universidades, con 13 años de distancia entre sí, hayan sido idénticos las posibilidades de una convalidación total, según fuentes consultadas, eran bastante remotas.
Pero las Alas Peruanas estaban hechas para volar. Así que Benavides logró la convalidación total de sus estudios previos y, luego de seguir un ciclo de actualización de cuatro meses, obtuvo el grado de “Maestro en Derecho Civil y Comercial” de la UAP.
Como se sabe, el diploma quedó pero la tesis se esfumó, hasta hoy. Lo mismo sucedió con la del doctorado, obtenido apenas un año después.
No es el único misterio, el de las tesis desaparecidas.
El otro es cómo la aérea universidad, Alas Peruanas, pudo otorgar un título para el que no tenía habilitación.
Para dar un título de maestro en derecho civil y comercial, la UAP debía tener una Maestría en Derecho Civil y Comercial. Sin embargo, no existe ninguna evidencia de que la universidad tuviera dicha maestría y menos de que estuviera autorizada a otorgarla.
¿Quién daba la autorización?
Antes de la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en 2014, las universidades públicas y privadas en el Perú eran supervisadas por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
Entre otras competencias, la ANR tenía la facultad de aprobar la creación de Escuelas de Posgrado, así como acreditar los programas de maestría y doctorado que se impartían en estas.
Hay que decir que la aprobación de la ANR no era precisamente una garantía de calidad, pero ese era entonces el ente regulador del sistema universitario en el país.
El 5 de enero de 2005, la ANR aprobó la creación y funcionamiento de la Escuela de Posgrado de la UAP con una oferta inicial de cuatro maestrías: Administración y Dirección de Empresas; Docencia Universitaria y Gestión Educativa; Ingeniería de Sistemas; y Derecho Civil.
Dicha resolución como las subsiguientes fue publicada en Normas Legales de El Peruano:
La oferta inicial de maestrías, de acuerdo con normas legales, se mantuvo hasta el 28 de diciembre de 2007, cuando la ANR aprobó otros dos programas de maestría en la misma casa de estudios: Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo; y Derecho Penal. A estos se sumaron los doctorados en Administración, Educación, Contabilidad y Derecho.
De modo que, para inicios de 2008, cuando Patricia Benavides convalidó sus cursos de la USMP en la universidad aérea, la UAP solo había solicitado, y recibido, la autorización de la ANR para dos maestrías en Derecho: la de Derecho Penal y la de Derecho Civil.
La universidad, sin embargo, no había reportado ni solicitado a la ANR la creación de una Maestría en Derecho Civil y Comercial.
Quien tenga duda de que la Maestría en Derecho Civil y la Maestría en Derecho Civil y Comercial no son iguales o equivalentes, puede consultar el estudio “Estructura y titulaciones de Educación Superior en el Perú”, elaborado por el Ministerio de Educación en 2005.
Entre los posgrados ofertados en el Perú, el Minedu distinguía claramente a la maestría en Derecho Civil de la de Derecho Civil y Comercial o la de Derecho Civil y de la Empresa, entre otros.
La UAP, por cierto, siguió enviando currículos de numerosas maestrías para su aprobación a la ANR en los siguientes años. En 2011 sumó a su oferta 29 maestrías y en 2013, otras 8. Ninguna, sin embargo, llevaba el nombre de Maestría en Derecho Civil y Comercial.
La (no) existencia formal de la maestría también ha sido corroborada mediante una consulta al Ministerio de Educación, actual poseedor de todo el acervo documentario de la ANR desde su creación en 1983 hasta su disolución en 2014. Consultado sobre si existe documento alguno mediante el cual la UAP haya tramitado u obtenido los permisos correspondientes para dictar la maestría en mención, el 5 de junio de este año el Minedu respondió lo siguiente:
“Revisado los inventarios y luego de haber realizado la búsqueda física en el acervo documental transferido por la extinta ANR y el CONAFU de la documentación referida a la autorización de la Maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Alas Peruanas se ha comprobado que el citado documento no obra en custodia del archivo central”.
IDL-R trasladó la misma consulta a la Sunedu para conocer si es que la UAP tramitó los permisos con fecha posterior a la disolución de la ANR, en 2014. Esta fue la respuesta: “debemos informarle que la Universidad Alas Peruanas en el marco de la solicitud de licenciamiento institucional no ha requerido autorización para brindar el programa de Maestría en Derecho Civil y Comercial o desistimiento de dicho programa”.
IDL-R también revisó el archivo digital de la página web de la UAP y verificó que en los más de dieciocho años de existencia de su Escuela de Posgrado la universidad tampoco hizo publicidad de una Maestría en Derecho Civil y Comercial.
A pesar de ello, el 18 de julio del 2008 la actual fiscal de la nación sustentó su tesis ante un jurado encabezado por Willy Ramírez Chávarry y obtuvo un grado que la declaró “Maestro en Derecho Civil y Comercial”.
El grado obtenido le sirvió para robustecer su expediente académico en un concurso organizado por el Consejo Nacional de la Magistratura el año siguiente. En 2009, Benavides postuló a una plaza de fiscal adjunta suprema.
La maestría obtenida en la UAP ese mismo año le valió entonces 7 puntos en la evaluación curricular, rubro en el que obtuvo una nota final de 78.5 puntos.
Benavides no logró la calificación necesaria para acceder a dicha plaza, aunque quedó como candidata en reserva. Lo consiguió recién a inicios de 2011, cuando la entonces fiscal de la nación y actual congresista Gladys Echaíz dispuso la creación de dos plazas para fiscales adjuntos supremos adscritos a la Fiscalía de la Nación.
Gracias a ello, Patricia Benavides pudo acceder al puesto.
Hay que decir que Benavides no fue la única que obtuvo el grado en la (¿cómo llamarla de otra manera?) informal maestría.
De acuerdo con la Sunedu, entre 2008 y 2015 la UAP entregó diplomas de la Maestría en Derecho Civil y Comercial a 119 alumnos.
Aunque Benavides obtuvo el grado en julio de 2008, su maestría figura inscrita en los registros de la Sunedu en septiembre de 2009. Ese año, junto con Benavides, otros diez abogados egresaron de la misma maestría. IDL-R pudo comunicarse con seis de estos. Cinco afirmaron haber convalidado cursos previos de la Universidad Garcilaso de la Vega y haber seguido el curso de tesis en la Universidad Alas Peruanas, filial Abancay, mientras que una sola afirmó haber cursado sus estudios en Lima.
Es el caso de la fiscal Karla Pérez Unzueta, quien convalidó sus estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Federico Villarreal y siguió el curso de tesis en la sede de Jesús María de la UAP. Igual que en el caso de la fiscal de la nación, el presidente del jurado calificador de su tesis fue Willy Ramírez Chávarry.
Ramírez Chávarry, actual miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, tiene un antecedente revelador para efectos de esta historia.
Como informó IDL-Reporteros en noviembre pasado, unos años después de ejercer como presidente del jurado de la tesis de Patricia Benavides, Ramírez fue rector de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI).
En 2017, el abogado José Rolando Chávez Hernández denunció por estafa agravada al entonces rector Ramírez Chávarry y al vicerrector de la UPCI, Norvil Cieza Montenero. De acuerdo con la versión de Chávez, Ramírez Chávarry le había ofrecido otorgarle el grado de Maestría en Derecho Civil y Comercial en la UPCI en dos meses a cambio de un pago por la convalidación de cursos de una maestría cursada en otra universidad.
Chávez sustentó su tesis y obtuvo nota aprobatoria ante un jurado encabezado por Norvil Cieza, pero a pesar de ello la UPCI nunca le entregó el diploma. Cuando Chávez averiguó en la Sunedu, le respondieron que la UPCI no estaba autorizada para dictar la Maestría en Derecho Civil y Comercial.
Su denuncia, sin embargo, fue archivada por la fiscal Yanet Roller.
Tres años después, en 2022, Ramírez Chavarry fue elegido representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Cieza Montenegro, en tanto, fue nombrado gerente central de la Escuela del Ministerio Público por disposición, nada menos, que de la fiscal de la nación Patricia Benavides.
Benavides, por su parte, volvió a presentar el diploma de Maestro en Derecho Civil y Comercial de la UAP en el concurso que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) organizó el año pasado para la elección de fiscales supremos. En esa ocasión, Benavides fue calificada con 100 puntos (el máximo puntaje) en la evaluación curricular. Otro misterio.
En una reciente entrevista con IDL-R, la magistrada Inés Tello de Ñecco reveló que los procesos académicos y las misteriosas tesis de maestría y doctorado de la actual fiscal de la nación son objeto de una investigación preliminar por parte de la Junta Nacional de Justicia, que está, según informó Tello, a cargo de su colega Aldo Vásquez.
*En el curso de este reportaje IDL-R solicitó a la Universidad Alas Peruanas toda la documentación relacionada a la creación y funcionamiento de la Maestría en Derecho Civil y Comercial, además de una entrevista con el rector Cruzata. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
