La coalición (del 5% de aprobación y más de 90% de rechazo nacional) que hoy controla el Congreso concentra sus esfuerzos en una nueva iniciativa que tiene como fin fracturar, sofocar y eviscerar a las organizaciones no gubernamentales.
Lo hace mediante un dictamen aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores, que reúne y busca consolidar varios proyectos de ley presentados por los principales grupos políticos del Congreso, cuyas proclamadas ideologías van desde la ultraderecha hasta el marxismo-leninismo.
En el pasado reciente se enfrentaron con encono, pero en el camino han descubierto el factor que acalla sus ideologías y los une en una estrategia común: lograr la impunidad que solo da el poder sin equilibrios ni restricciones.
Basta ver la lista de congresistas y de grupos que presentaron los proyectos para constatar el desvergonzado festín de conflictos de interés que representa.
Es un desfile, una feria, un huaico de conflictos de interés que, en gran medida, tiene una cosa en común. La búsqueda de la impunidad ahora y, sobre todo, en el futuro.
Todos los grupos y partidos que promueven con sus proyectos este dictamen, y más aún, sus líderes, han sido objeto de las investigaciones, revelaciones y denuncias de las ONG por casos graves de corrupción, de violación de fundamentales derechos humanos y de depredación del medio ambiente. Todos, sin excepción. Todos.
El dictamen, aprobado el pasado 5 de junio, con 12 votos a favor y uno en contra, en la comisión de Relaciones Exteriores que preside el notorio Alejandro Aguinaga, acumula seis proyectos de ley: el N°7140 de José Cueto cuando estaba en Renovación Popular, (ahora, conforma el grupo disidente – después de pelearse con Rafael López Aliaga– Honor y Democracia); el N°7367 de Alejandro Aguinaga, del fujimorista Fuerza Popular; el N°7354 de María Acuña de Alianza Para el Progreso, el partido cuyo caudillo es su hermano, César Acuña; el N°6252 de Juan Burgos que inició con Avanza País, pero que ahora está en Unidad y Diálogo Parlamentario; y los N°6162 y N°7505 de Segundo Montalvo y Américo Gonza, ambos del cerronista Perú Libre.
Veamos, caso por caso, los groseros conflictos de interés que motivan el evidente pacto de impunidad de la corrupta y repudiada (por la abrumadora mayoría de peruanos) coalición que hoy maneja el Congreso.
Índice
Los conflictos de interés del fujimorismo
Los conflictos de interés de Renovación Popular
Los conflictos de interés de Avanza País
Los conflictos de interés de APP
Los conflictos de interés de Perú Libre
Los conflictos de interés del fujimorismo
Alejandro Aguinaga es uno de los personajes con más claros y marcados conflictos de interés. Es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y autor de una de las seis iniciativas que componen el dictamen. A la vez, Aguinaga es protagonista, como acusado, en el emblemático caso de “Esterilizaciones Forzadas”, denunciado hace un cuarto de siglo por un grupo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
El 15 de junio de 1999, cuando Aguinaga era ministro de Salud del fujimorato, cinco ONG denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado peruano violó los derechos humanos de María Mestanza Chávez al someterla de manera forzada a un procedimiento quirúrgico de esterilización, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del régimen de Alberto Fujimori.
Ese fue el inicio de un masivo caso internacional, con centenares de víctimas documentadas, una de las cuales fue la señora Mestanza, que había muerto el 4 de abril de 1998.
Según el informe de la CIDH, su muerte se produjo, “al someterla de manera forzada a un procedimiento quirúrgico de esterilización, que finalmente ocasionó la muerte de la señora Mestanza Chávez”.
Cuatro años después, ya caído el fujimorato, en 2003, el Estado peruano suscribió con los representantes de las víctimas, ante la CIDH, un Acuerdo de Solución Amistosa y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables de los casos de esterilizaciones forzadas.
En 2005, la fiscalía empezó con la investigación preliminar. Que duró lo suyo. Luego de 13 años, en 2018, la misma fiscalía denunció penalmente a Aguinaga por el presunto delito de lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos, que calificado por la fiscalía como crimen de lesa humanidad, en agravio de Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Auccapina, Reynalda Betalleluz Aguilar, María Espinola Otiniano y Celia Ramos Durán; y por el delito de lesiones graves en agravio de Olga Albán Pérez y 1,314 víctimas.
En el 2021, el Poder Judicial inició un proceso penal en contra de Aguinaga, pero en diciembre de 2023, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada lo declaró nulo, tras una acción de amparo que presentó el abogado de Aguinaga, Humberto Abanto. En marzo de este año, el Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador le envió el expediente a la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Lima para que prosiga con la investigación. Al revisarlo, la fiscalía indicó que faltaba información y devolvió el expediente el 1 de abril. Hasta la fecha, a más de dos meses y medio, el longevo expediente sigue en ese juzgado.
Este caso es parte de las razones por las que Fuerza Popular impulsó en el Congreso la norma conocida como ‘Ley de Amnistía’, que plantea que “nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002”.
Aguinaga, procesado por delitos calificados por la Fiscalía como de lesa humanidad, podría acogerse a esta ley, y su investigación fiscal sería archivada.
En paralelo al caso de Aguinaga, cerca de otros 600 casos de violación a los derechos humanos tendrían que archivarse de aplicarse la ‘Ley de Amnistía’, e “incluso impactaría de manera directa en los casos ya sentenciados”, de acuerdo a un comunicado de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público.
Entre los casos más notorios que desembocarían en impune archivo, están los de Barrios Altos y La Cantuta, con una sentencia de 25 años de prisión contra el expresidente por homicidio calificado y lesiones graves; y dos penas de 15 y 17 años de cárcel a Montesinos, por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti ocurridos, respectivamente, el 27 de julio y 5 de abril de 1992.
Otras denuncias iniciadas por IDL, Aprodeh y otras ONG, terminaron con condenas de prisión contra militares del régimen fujimorista por la matanza de Mazamari, en Junín, donde asesinaron a 72 campesinos; por las desapariciones forzadas de Ernesto Castillo, Ángel Escobar Jurado y el líder sindical Teófilo Rímac Capcha de Cerro de Pasco; y la tortura y violación sexual de la estudiante María Monteza Benavides, entre otros.
Tanto el partido, Fuerza Popular, como su lideresa, Keiko Fujimori, afrontan a la vez investigaciones fiscales por los más importantes casos de corrupción en lo que va de este siglo, especialmente el de ‘Lava Jato’ y ‘Cuellos Blancos del Puerto’. La investigación de ambos casos (hay que decirlo pues explica y constata la animosidad del fujimorismo) fue hecha y revelada primero por IDL-Reporteros.
Otros personajes afiliados con el fujimorismo intervienen en actividades extractivas consideradas como depredadoras en la Amazonía, y definen como enemigas a las ONG que defienden a los pueblos indígenas y al medio ambiente.
Algunos de ellos son el excongresista por Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila, su hermano Juan Manuel del Águila, exjefe de la oficina de Diálogo, Prevención y Gestión de Conflictos Sociales del Gobierno Regional de Loreto, y de dos asesores parlamentarios del legislador Jorge Morante (FP), Manuel Noriega Tello y Augusto Cabanillas.
Todos ellos son cercanos a la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL), un grupo conformado por empresarios vinculados a la industria de la madera y militantes de Fuerza Popular, que ha emprendido campañas en contra del Acuerdo de Escazú, de la Ley de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), y en defensa de Tamshi SAC, compañía maderera procesada por deforestar cerca de 2 mil hectáreas de bosques.
Morante, el parlamentario fujimorista, presentó un proyecto que buscaba debilitar la Ley de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). No tuvo éxito. El proyecto fue archivado en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos…, donde solo los fujimoristas Jeny López, Nilza Chacón y David Jiménez votaron a favor.
Por su lado, el congresista fujimorista Ernesto Bustamante, (que también integra la Comisión de Relaciones Exteriores y votó a favor del dictamen contra las ONG), logró, en julio del 2022, el archivamiento de la iniciativa del Ejecutivo para ratificar el Acuerdo de Escazú, un pacto regional sobre transparencia, participación pública y justicia en asuntos ambientales.
Más de 50 organizaciones no gubernamentales expresaron su rechazo, entre ellas Aprodeh, la CNDDHH y las medioambientales CooperAcción, la SPDA y DAR. De nada sirvió esto, excepto para reforzar el convencimiento de la coalición corrupta, de la necesidad de fracturar y llevar al colapso a las organizaciones no gubernamentales.
Ahí no termina la ofensiva previa al dictamen anti-ONG. El 14 de diciembre de 2023, Bustamante, Patricia Juárez y Ana Obando, fujimoristas de la Comisión de Relaciones Exteriores (que también votaron a favor del dictamen contra las ONGs), sumaron sus votos en favor de la ‘Ley Antiforestal’, junto a otros 17 parlamentarios de su bancada. Esta ley generó el rechazo de la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC), conformada por las 7 organizaciones indígenas más importantes del país.
El 13 de marzo último, con los votos de Bustamante, Obando y otros 16 parlamentarios fujimoristas, (entre los cuales hay muchos terruqueadores habituales) el Pleno del Congreso aprobó un dictamen en beneficio la minería ilegal, que deroga una disposición que ordenaba a la Policía Nacional a tomar acciones contra mineros en posesión ilegal de materiales explosivos. La aprobación de la norma generó un pronunciamiento de rechazo de casi 50 organizaciones indígenas y medioambientales de la sociedad civil agrupadas en el Observatorio de Minería Ilegal. Con la PNP ahora maniatada, se produjeron este año varios atentados dinamiteros contra torres de alta tensión en zonas donde la criminalidad organizada (y armada) enfrenta a la minería legal.
¿Sorprende el odio fujimorista contra las organizaciones no gubernamentales y su tenaz empeño por destruirlas, teniendo como cabecilla de ese esfuerzo al notorio Alejandro Aguinaga?
Los conflictos de interés de Renovación Popular
Tanto el caudillo de ese partido, el alcalde Rafael López Aliaga, como su aliada, la destituida fiscal de la nación, Patricia Benavides, enfrentan graves investigaciones fiscales. Parte importante de estas tuvo como origen las investigaciones periodísticas de IDL-R.
Por eso, entre otras razones, tres de los congresistas de Renovación participaron de manera explícita en la aprobación del dictamen contra las ONG. Ello pese a que ninguno de los integrantes de esa bancada de extrema derecha (o de su reciente escisión) integra la Comisión de Relaciones Exteriores.
El alcalde de Lima enfrenta una investigación de la fiscalía especializada del Ministerio Público, por lavado de activos tras la publicación del reportaje de IDL-R, ‘López Aliaga y los Panama Papers’.
Benavides, por su lado, fue destituida por la JNJ el 22 de mayo pasado y enfrenta 4 investigaciones en la misma institución, de las cuales 2 fueron motivadas por reportajes de IDL-R: cómo obtuvo sus grados académicos y la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla y otros fiscales.
Si bien la cercanía entre el alcalde de Lima y la exfiscal de la Nación se hizo explícita en marzo de 2023, cuando López Aliaga condecoró a Benavides (cabeza entonces de la institución que lo investigaba por lavado de activos), la relación ya iba sobre rieles.
Entre octubre de 2022 y enero de 2023, la entonces congresista por Renovación Popular, Gladys Echaíz, tuvo 4 reuniones con el exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, como parte de la campaña para inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos y remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
No es ninguna sorpresa, que el entonces integrante de la bancada de Renovación Popular, José Cueto (hoy en Honor y Democracia) presentara en febrero pasado el proyecto de ley N°7140, que fue incluido en el dictamen contra las ONG aprobado en la comisión de Relaciones Exteriores.
Los congresistas de ultraderecha, Milagros Jáuregui y Alejandro Muñante, presentaron luego dos iniciativas también dirigidas contra las ONG. La de Jáuregui, que aguarda en la comisión de Educación, busca crear escuelas de padres y prohibir que reciban capacitaciones de organizaciones receptoras de cooperación internacional. La de Muñante, que se encuentra en la comisión de Justicia, apunta a disolver las ONG que “tengan actividades contrarias al orden público” y que reciban financiamiento de organizaciones extranjeras “que realicen actividades consideradas ilícitas en Perú”.
Por supuesto que la calificación de “actividades contrarias al orden público” y de las “organizaciones extranjeras “que realicen actividades consideradas ilícitas en Perú”, queda en manos de la coalición corrupta que, en pocos meses, ha perpetrado no menos de 60 reformas constitucionales.
Esos códigos semánticos son los utilizados en forma invariable por destructores de la democracia como Ortega, en Nicaragua; Maduro, en Venezuela; Morales y Giammattei hasta hace poco en Guatemala.
Los conflictos de interés de Avanza País
De esa bancada, el congresista y expresidente del Parlamento, José Williams Zapata, votó a favor del dictamen contra las ONG en la Comisión de Relaciones Exteriores.
Y el 27 de octubre del 2023, su ex copartidario en Avanza País, Juan Burgos (hoy en Unidad y Diálogo Parlamentario), presentó el proyecto de ley N°6252, acumulado en el dictamen final junto a otras 5 iniciativas de las bancadas coaligadas.
El pasado 6 de marzo, un reportaje de IDL-R titulado “Los Doblesueldo” reveló que el congresista de Avanza País, junto a los militares retirados Jorge Montoya, José Cueto, Roberto Chiabra y el expolicía Alfredo Azurín, aprobaron una iniciativa en la Comisión de Defensa que les permitió sumar a sus salarios de legisladores el cobro de sus pensiones militares. Eso estaba hasta entonces prohibido por la ley. Si hay una medida para el autofavorecimiento, esta es.
La iniciativa fue presentada por la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que también votó en la comisión de Relaciones Exteriores por el dictamen contra las ONG.
Los conflictos de interés de APP
En Alianza Para el Progreso, Lady Camones y Edith Julón votaron a favor del dictamen contra las ONG. Esto responde a un pacto de la impunidad entre la misma Camones, junto con otros 3 congresistas de esta bancada, con la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en beneficio del fundador del partido, César Acuña.
En septiembre de 2022, Camones se reunió con los asesores de Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao, un día antes de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ella preside, aprobara por mayoría el informe que recomendó al Pleno la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos. Según una confesión de Villanueva como aspirante a la colaboración eficaz, la destitución e inhabilitación de Ávalos era un objetivo central para Benavides.
Nueve meses después, el 14 de junio de 2023, Benavides, archivó una investigación fiscal contra los congresistas Camones, Alejandro Soto, Magaly Ruiz y María Acuña Peralta, por el caso del audio filtrado con César Acuña, en el que discutía la creación del distrito Alto Trujillo en la Comisión de Descentralización, algo que Acuña quería usar como argumento en su campaña electoral para la gobernación regional de La Libertad.
Por eso, la parlamentaria María Acuña Peralta, hermana del líder de APP y con una investigación preliminar en el Ministerio Público por el presunto delito de concusión por supuestos cobros irregulares a trabajadores de su despacho, presentó el pasado 21 de marzo el proyecto de Ley Nº 7354/2023-CR ante la Comisión de Relaciones Exteriores, que se acumuló al dictamen contra las ONG aprobado por el pacto corrupto.
La congresista de APP Edith Julón Irigoín, que también afronta una investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos, también votó a favor de la criticada “Ley de Amnistía”.
Por otro lado, el vocero de la bancada, Eduardo Salhuana, fue asesor legal de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) antes de ser congresista, al menos desde 2013. De 2015 a 2016, fue gerente general del Gobierno Regional de Madre de Dios durante la gestión de Luis Otsuka, un exdirigente de la Fedemin y empresario minero con al menos 9 investigaciones fiscales por presuntos delitos ambientales, lavado de activos y trata de personas, según OjoPúblico.
Con ese antecedente, Salhuana llegó a presentar en el Congreso al menos 5 proyectos de ley a favor de las actividades extractivas ilegales: las iniciativas N°7287 y N°2715 en beneficio de la minería ilegal, la N°894 conocida como la Ley ‘Antiforestal’, la N°4587 que atenta contra el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la N°6259 en perjuicio de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.
El vocero de APP y su asesora congresal Saby Meza, además, fueron abogados de un minero ilegal en 2021 y 2022 respectivamente, de acuerdo al dominical Punto Final.
Por sus iniciativas legislativas, el 18 de marzo de este año, 49 organizaciones del Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad (OMI) se pronunciaron en contra de Salhuana.
Los conflictos de interés de Perú Libre
Isaac Mita, miembro de la bancada de PL, votó, junto a sus aliados de la ultraderecha, a favor del dictamen en la Comisión de Relaciones Exteriores.
El interés de este partido por destruir a las ONG proviene de su líder, el prófugo menos buscado del Perú, Vladimir Cerrón. Este, a cambio de “que lo ayuden” en la investigación fiscal que afronta por el caso ‘Aeródromo Wanka’, ofreció a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, los votos de sus parlamentarios para la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, según confesó el exasesor Jaime Villanueva como parte de su colaboración eficaz.
Ahora, en el acto más reciente del pacto corrupto, dos de las seis iniciativas acumuladas en el dictamen contra las ONG fueron presentadas por los congresistas de Perú Libre Segundo Montalvo (PL N°6162/2023-CR) y Americo Gonza (PL N°7505/2023-CR).
El veneno
El veneno de este dictamen se concentra en los cambios que busca hacer a las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) al punto de poner a las ONG bajo una arbitraria regulación que castigará el “uso incorrecto” de fondos, el “activismo político” que busque “modificar las políticas públicas o resultados electorales”, y el financiamiento de actividades que “atenten contra el orden público”.
Las sanciones irían desde multas de más de S/2 millones y la suspensión temporal, hasta la cancelación definitiva y denuncias de oficio al Ministerio Público. A la par, se crearía una intendencia adscrita a la Sunat, que revisará hasta el último detalle la información financiera de cada ONG y enviará reportes a la APCI semestralmente. Esta, la APCI, quedará bajo la dirección explícita de los más altos funcionarios del Gobierno. En comparación con ello, hasta el diario El Peruano sería un modelo de autonomía al lado de la posición de total dependencia y vulnerabilidad con la que, en pronta ruta a su exterminio, quedarían las ONG.
Esta iniciativa a través del dictamen es tan evidente y desvergonzada, que llevó a 16 embajadas, entre las que se encuentran Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Suiza, Bélgica, Australia y la Unión Europea, a pronunciarse en contra, a través de un escueto pero elocuente comunicado.
Como respuesta a dicho comunicado, el actual ministro de Relaciones Exteriores, Javier Gonzáles-Olaechea, expandió las fronteras del ridículo al confrontar al embajador de Canadá, Louis Marcotte, en la residencia de este, en la reciente celebración del Canada Day.
“La diplomacia es el arte de hablar y a veces de callar”, escueleó Gonzáles-Olaechea a Marcotte durante su bochornosa intervención. “no puedo ser amigo de Pedro si Pedro en mi casa me dice algo altisonante…” dijo también.
La mejor respuesta al canciller del 5% (y a la baja), es que el 95% (y en alza), de los peruanos agradece ese comunicado, que defiende los valores mundiales de la democracia y los derechos humanos.
En pocos casos como este, el objetivo de un dictamen es tan involuntariamente transparente. La coalición de fuerzas políticas, opositoras en apariencia pero unidas en el pacto corrupto en el Congreso: los subordinados de los Fujimori, López Aliaga, Acuña y Cerrón, todos con cuentas por rendir en la justicia, buscan destruir a las ONG, cuyo trabajo en defensa de los derechos humanos y en contra de la corrupción es el mayor obstáculo de los bribones con poder en su camino hacia la impunidad.
