
La ministra de la Producción, Gladys Triveño, comparece hoy ante el pleno del Congreso para responder a dos pliegos interpelatorios relacionados al polémico Decreto Supremo 005, cuyo objetivo es regular la pesca de anchoveta, y que se ubicó en el centro de una prolongada discordia entre la cartera y las corporaciones pesqueras.
Las mociones fueron presentadas el 11 de abril y la interpelación fue confirmada a fines de mayo, con el respaldo de 51 legisladores de todo el arco opositor, aunque cada una de ellas presentó algunas particularidades dignas de ser destacadas.
Para la ministra, las “78 preguntas de la primera moción” son pertinentes, y hasta representan una oportunidad de “explicar al país” en qué consiste la nueva reglamentación sobre el sector.
El promotor del procedimiento fue el legislador fujimorista Freddy Sarmiento, presidente de la Comisión de Producción del Congreso.

Hace algunas semanas, un reportaje presentado por Cuarto Poder reveló que un asesor de la Comisión cercano a Sarmiento, Francisco Pasquel, figuraba como apoderado legal de la pesquera Muza, perteneciente al empresario Jorge Mundaca Gayoso.
El reportaje indicó además que Mundaca financió la campaña electoral que permitió a Sarmiento hacerse con un asiento en el Congreso.
El segundo texto interpelatorio consta de 12 preguntas con severas acusaciones, que califican a la ministra de mentirosa, de “tomarle el pelo al país”, de defender intereses espurios, favorecerse con la protección de las embarcaciones de menor escala, y hasta le piden los nombres de los empresarios “que insiste en beneficiar”.
“La forma en que están planteadas las preguntas me hace pensar que no pueden haber sido redactadas por un congresista”, opinó la ministra. Pese a que se comprometió a “responder con mucho gusto” todas las interrogantes de los parlamentarios, sí consideró que el tono en que habían sido formuladas “no es saludable”.
El decreto de la discordia
La escalada de agresiones hacia Triveño tuvo en el Decreto Supremo 005 a su caballito de batalla, y en el inciso que extiende la zona de exclusión a la pesca industrial de anchoveta como el motivo central de la discordia.
Hasta el año pasado (cuando el decreto entró en vigor), las grandes naves pesqueras tenían vedadas las primeras cinco millas, destinadas a la pesca artesanal. Pero la nueva norma modificó ese aspecto, creando tres corredores. En las primeras 5 millas se desempeña la pesca artesanal; en la segunda franja, que comprende de las 5 a las 10 millas, trabajan las de menor escala. En ambos casos, la pesca se destina al consumo humano, y no a la fabricación de harina de pescado.
De esta forma, las grandes pesqueras (que basan su producción en la harina de pescado) pueden pescar recién después de las diez millas. (Para más información, vea “La pugna de las diez millas en el mar”).
Las empresas pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron del decreto y desarrollaron una campaña agresiva contra la ministra, que incluyó tres presentaciones judiciales (acciones populares) que buscaban que la norma sea derogada y 65 notas de prensa pagadas en medios de comunicación de circulación nacional.
Pero la furia inicial de las corporaciones no se explicó sólo por la sanción del decreto. Triveño cometió otro pecado: no compartió la decisión con los industriales.
Si se compara el modo en que se desarrolló y aprobó la norma para regular el sector pesquero en 2008, y las acciones que llevó a cabo Triveño el año pasado, las diferencias son sustanciales, y explican por sí solas la reacción de los empresarios.
Samuel Dyer Ampudia, director de Copeinca, rechazó la posibilidad de un “recelo empresarial” por la actitud de Triveño, pero sí consideró que “las empresas y sus trabajadores son los que tienen la experiencia para poder proponer ideas para que el Estado promulgue normas bien sustentadas y finalmente favorezcan los intereses del país”.
La ministra, por el contrario, admitió que la imposibilidad de controlar “qué va a salir y qué no va a salir” del Ministerio generó inquietud entre los empresarios, pero aclaró que todo tiene una razón de ser.
“Cuando me he reunido individualmente con ellos señalaron que, efectivamente, el tránsito ha sido de un control bastante importante a una pérdida de control, y cuesta mucho aceptar eso. Entonces, quizás, hay que ir hacia un punto medio. La explicación que yo les he dado es que en una primera instancia tenía que ser así porque teníamos que distinguir los roles. Ustedes son los empresarios y nosotros lo que hacemos es regular el aprovechamiento de los recursos naturales, en este caso de los recursos hidrobiológicos que están en el mar, que le pertenecen a todos los peruanos”, explicó Triveño.
Cambio, a medias
Mientras la Comisión de Producción tomaba la bandera de la ofensiva contra Triveño, el gremio que reúne a las corporaciones pesqueras dio un golpe de timón para abrir canales de diálogo con el Ministerio.
El nombramiento de Elena Conterno, ex ministra de Producción durante el gobierno de Alan García, al frente de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) reflejó una nueva estrategia, pero también dejó en claro la relación histórica entre la SNP y el ministerio de la Producción.
Olor a Pescado, una investigación de IDL-R publicada en julio de 2011, reveló que la SNP financió el estudio técnico que fue base para el Decreto Legislativo 1084 que estableció límites de cuotas, sancionado en 2008.
Este decreto- que favoreció a las grandes empresas- fue promovido por el entonces ministro de Producción, Rafael Rey, quien poco después recibió una distinción de la SNP.
La reglamentación del decreto se publicó en el diario El Peruano el 12 de diciembre de 2008, y fue firmada por la sucesora de Rey, Elena Conterno, quien hace dos semanas saltó la verja, y asumió la representación gremial del sector al que supuestamente regulaba en el pasado.
Apenas asumió, la nueva lideresa de la SNP brindó una entrevista a El Comercio en la que pidió la apertura de un canal de diálogo con el Ministerio.
Conterno “es muy positiva para liderar a nuestro gremio a un acercamiento con Produce” y fomentar “la vía del diálogo” para resolver “algunos problemas” en el sector pesquero, opinó Dyer.
Humberto Speziani, director de Tasa, comulgó con su colega, al considerar que “fue un error salir tan agresivos, usando adjetivos” contra Triveño, y destacó que la ex ministra buscará un acercamiento que debería haberse producido hace mucho tiempo.
Pero no es oro todo lo que reluce. La ministra saludó las palabras de Conterno, pero al mismo tiempo pidió gestos concretos para firmar la paz. “Esta voluntad de diálogo sería más consistente si viniera acompañada de un cambio de actitud”, advirtió. “Si tu quieres ir al diálogo, y no vas a pedir la derogación (del decreto), lo primero que haces es desistir (de las acciones legales)”, sostuvo Triveño.
Pero no va a ocurrir, a juzgar por las declaraciones de los empresarios. “En el momento que se arreglen los problemas, también se va a caer todo (por las acciones populares), pero hasta ahora no hay nada resuelto”, manifestó Speziani. “Restablecido un diálogo constructivo y sincero todas las posiciones de reclamos mediáticos o legales por supuesto que deberían levantarse o dejarse de lado”, opinó Dyer.
De acuerdo a las declaraciones, está claro que las posiciones no son tan cercanas. Triveño espera que la SNP abandone las medidas judiciales como un gesto sincero que permita el diálogo, y los empresarios primero quieren sentarse a conversar, y después analizar si dejan a un lado el camino de los tribunales.
Los próximos días serán decisivos para la suerte del decreto. Triveño encabeza una gestión que ha representado un quiebre revolucionario con el pasado, porque le quitó el control del ministerio de Producción a la SNP.
Al final, ese cambio, promovido en gran parte por lo que revelaron las investigaciones de IDL-R y el economista Carlos Paredes (investigador principal del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres), fue uno de uno de los más importantes de este gobierno♦