Thelma Aldana, la exfiscal general de Guatemala [2014-2018] y expresidenta de la Corte Suprema, fue la primera magistrada asediada desde 2015 por el ‘Pacto de corruptos’ en su país, tras investigar y lograr la renuncia y prisión del entonces presidente Otto Pérez Molina, líder de una red de fraude aduanero que cobró unos 14.5 millones de dólares en coimas, un caso llamado La Línea. El ‘Pacto’ alude a una red de empresarios, políticos y altos funcionarios de casi todas las entidades del Estado que se protegen entre sí mientras operan sus intereses y buscan impunidad.
Luego investigó el financiamiento ilegal de campaña de Jimmy Morales, quien asumió la presidencia mediante elecciones después del gobernante interino Alejandro Maldonado. En esos años, Aldana se enteró de cuatro planes para atentar contra su vida, y dejó su país de un día para otro en 2019, sin despedirse de sus hijos. Señala que al haber conocido de primera mano el daño que causa un sistema de justicia cooptado por la corrupción, aceptó integrar la Misión Internacional de Observación sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Dado que un pacto similar al guatemalteco ha socavado la independencia de poderes en el Perú, la voz de Aldana es como un espejo retrovisor.
¿Cuándo se dio cuenta de que la atacaban con el fin de bloquear la lucha anticorrupción?
Soy una persona de carrera judicial, llegué a ser fiscal general con absoluta independencia: me seleccionó una comisión de postulación que trasladó una lista de seis personas al presidente y él escoge y designa. Empecé a trabajar con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala [CICIG, un equipo anticorrupción de alto nivel promovido por Naciones Unidas] y a finales de mayo de 2014 se empezaron a recibir las primeras diligencias [interceptaciones] telefónicas de La Línea, el caso de defraudación aduanera que involucraba al presidente. Ese caso marca un antes y un después en mi vida, pero también en la de todos los guatemaltecos, porque Otto Pérez Molina era el presidente por quien habíamos votado, yo había votado por él, él me eligió fiscal general. Fue una mezcla de frustración, de tristeza, pero un fiscal debe dejar cualquier sentimiento a un lado para sostenerse en la ley en consecuencia procedimos contra él. Estuvo preso varios años, igual que la vicepresidenta, varios ministros y algunas personas del sector privado.
Con sentencia.
En el caso de La Línea se dictó sentencia contra el presidente y le redujeron la pena, estuvo como siete años preso y acaba de recuperar la libertad. Estos casos reflejaron la magnitud de la corrupción sistémica en Guatemala, una gran corrupción en términos de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Terminé como fiscal general en 2018 con varias amenazas de muerte que implicaron que la CIDH me otorgara medidas cautelares. Un año después de haber terminado como fiscal general, y como conozco mis derechos y los ejerzo, surgió la posibilidad de incursionar en la política con el Movimiento Semilla. Cuando acepté la propuesta de postular a la presidencia empezó el ataque hacia mí, pero como parte de campañas previas de desprestigio. Salí a El Salvador desde que entregué el cargo, pero subió el nivel de las amenazas y la criminalización y tuve que quedarme en Estados Unidos donde tengo asilo político.
Parece el futuro de los fiscales anticorrupción que investigan a los expresidentes y la élite política y económica.
Ha sido sumamente difícil separarse de la familia, del país, de todo lo que implica el lugar donde uno ha nacido. Yo no quisiera que ningún fiscal general o fiscal anticorrupción pasara por lo que yo he vivido, sin embargo debo matizar diciendo que valió la pena. Este sufrimiento, porque el exilio es sufrir, me fortalece en el sentido de que hice lo correcto. Y si debo sufrir por luchar por la justicia y el estado de derecho, pues lo hago, porque es la profesión que elegí. Así como los periodistas y las periodistas, exponen la vida.
Esa experiencia de investigar la gran corrupción y sufrir la criminalización me anima a integrar esta misión de observación internacional, porque sé que los fiscales peruanos no van a salir al exilio si el sistema de justicia peruano funciona con objetividad y con transparencia. Que hay errores y cosas que mejorar es cierto, pero la independencia del sistema de justicia es fundamental y no es una dádiva para jueces y operadores del sistema de justicia: es un derecho.
Además de los intentos de atentados, cuando ya fue candidata presidencial le abrieron investigaciones fiscales basadas en hechos falsos.
Las campañas de desprestigio se mantienen hasta ahora. Las he tenido que ir asimilando y explicando cuando los espacios lo permiten.
¿Los ataques empezaron en los medios y luego se transformaron en investigaciones fiscales?
En mi caso empezó de una manera silenciosa: me di cuenta por métodos especiales de investigación en el Ministerio Público de que se estaba tratando de elaborar atentados en mi contra.
¿Atentados?
Por lo menos cuatro. Uno fue muy público en junio de 2016. Un narcotraficante conocido como ‘El fantasma’, que fue extraditado de Estados Unidos, dijo a la prensa que lo habían contratado y le habían ofrecido millones de dólares para atentar en mi contra. Él dijo que yo no tenía un esquema de seguridad sólido y era fácil hacerme el atentado.
Decidió finalmente no hacerlo para evitar un problema mayor. En otro contrataron a integrantes de la Mara de Salvador y de Guatemala. La última amenaza se conoció a nivel internacional porque la DEA negoció con una persona que era candidato a la presidencia de Guatemala –ahora condenado por conspiración para el narcotráfico–. Creyendo que estaba hablando con el Cártel de Sinaloa, pidió a los agentes que atenten contra mí. En ese momento, 2019, ya no pude regresar a Guatemala. Me quedé en Estados Unidos salvando mi vida. Casi al mismo tiempo vino la criminalización por parte de la fiscal general Consuelo Porras, la Fundación Contra el Terrorismo, y esa alianza criminal que hay en Guatemala.
Le achacaron una supuesta contratación irregular y una compra de un local.
Mucho más. Argumentaron la contratación de un profesor que no dio clases, pero hay 230 folios que acreditan que sí las dio. Sobre el edificio, la comisión de desastres de Guatemala envió una carta debido al posible colapso del Ministerio Público por sobrecarga. Yo me incliné por ir al BID a pedir que nos construyeran una tercera torre, y aprobaron el proyecto. Luego se terminó el proceso con el ministro de finanzas y el Banco de Guatemala, pero el Congreso nunca aprobó el proyecto. Y ahí surge la necesidad de la compra de un edificio.
Hay otras denuncias: por una entrevista que di en CNN, por haber nombrado al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), etcétera. Ha sido una criminalización fuerte. Yo no sé qué es peor: si el exilio o la criminalización, y juntas sí toca, pero se resiste porque hice mi trabajo y porque sé que es venganza. Afortunadamente el gobierno de EEUU entendió que estaba siendo perseguida y me otorgó el asilo en 2020.
¿Hace cuántos años opera el ‘Pacto de corruptos’?
Que nos dimos cuenta, desde 2016, quizá más.
¿En qué medida la llegada del presidente Bernardo Arévalo ha afectado esa red?
El ‘Pacto de corruptos’ se está defendiendo. Perdió un espacio importante para la corrupción en el Ejecutivo, y se movieron hacia el control total del sistema de justicia: para defenderse, para atacar al Ejecutivo y para la impunidad.
¿Hay un equivalente a la JNJ que haya sido cooptado?
Todo el sistema de justicia está capturado. Tenemos una comisión de postulación no permanente, que se integra cuando se va a hacer la elección de las altas autoridades del sistema de justicia. Los que tienen intereses ajenos al sistema de justicia saben que los decanos de las facultades de Derecho van a integrar la comisión, entonces hubo un crecimiento impresionante de facultades de Derecho en universidades de garaje. Esa es una forma de capturar una comisión de postulación. También saben que el Colegio de Abogados integra esas comisiones y entonces manejan el proceso de elección.
¿Cómo han capturado el TC?
Está integrado por magistrados nombrados por el Ejecutivo, la Universidad San Carlos, la Corte Suprema de Justicia, y el Colegio de Abogados, entonces toman control de esas entidades que van a designar un magistrado ante el máximo tribunal constitucional. La próxima elección será un par de años y ya están…
¿Colocando a sus gentes?
Sí, para mantener estas instituciones controladas y tener un magistrado que defenderá los intereses del ‘Pacto de corruptos’ y la impunidad. No lo tienen fácil ahora porque en el Ejecutivo perdieron ese espacio.
¿Es viable revertir una situación tan degradada?
Difícil, pero creo que prensa independiente, sociedad civil articulada y organizada, y comunidad internacional vigilante son fundamentales, de lo contrario perdemos los países y los dejaremos en manos de los corruptos para que sigan desviando los fondos del Estado, procurando economías oscuras y perjudicando al pueblo. En Guatemala hay desnutrición infantil, hambre y migración forzada mientras presidente tras presidente han saqueado los fondos. Y esto lo digo con base en las investigaciones: tengo suficiente autoridad para decirlo.
¿Las sanciones económicas de Estados Unidos a los investigados o condenados por corrupción de Guatemala llegaron tarde?
Han estado durante varios años: el problema es que tenemos una fiscal general que ha sido designada como corrupta por 42 países, ella misma está en la lista Engel [de actores corruptos y antidemocráticos en América Latina] y es un obstáculo muy grande. Ha querido dar un golpe de Estado técnico, mediante casos basados en hechos falsos o alterados, ha tratado de impedir que el presidente Arévalo asumiera, y ahora lo hostiga constantemente.
En el caso del director de elPeriódico, José Rubén Zamora, falsearon datos para investigarlo por lavado de activos. ¿Cómo ve este envenenamiento del sistema de justicia?
La criminalización en Guatemala empezó con fiscales y jueces, luego pasó a la prensa independiente, a defensores de derechos humanos y activistas. Somos más de 100 guatemaltecos y guatemaltecas en el exilio: en Costa Rica, Estados Unidos y Europa. Zamora es el caso emblemático de la criminalización de la prensa independiente. Ha sido una criminalización profunda, manipulada, sin derecho de defensa. Es evidente el ánimo de venganza del ‘Pacto de corruptos’ por haber dirigido un medio periodístico que decía con claridad quién le estaba robando al pueblo, un periodismo que ayuda a generar conciencia ciudadana y forma opinión. El mensaje es grave contra la prensa nacional e internacional porque amedrenta. Su equipo está en el exilio, y otros periodistas importantes como Michelle Mendoza y Juan Luis Font ya están [exiliados] en EEUU. Algunos están resistiendo en Guatemala: unos presos, otros perseguidos por ese ‘Pacto de corruptos’ que es tan poderoso. No quisiéramos que Perú llegara a esa situación.
