Varios de los hechos de esta nota ocurrieron poco antes de que Vladimir Cerrón Rojas pasara a la condición del fugitivo menos buscado, luego de ser sentenciado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso “Aeródromo Wanka”.
En septiembre de 2023, la Comisión de Justicia del Congreso de la República discutía una acción sumaria destinada a remover a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La autora de la moción era la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), con el abierto respaldo de parlamentarias como Martha Moyano (Fuerza Popular) y Gladys Echaíz (Renovación Popular).
La iniciativa, ahora se sabe, era también apoyada y coordinada en sigilo por la entonces fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas, quien tenía investigaciones pendientes en la JNJ.
En los debates ocurrió algo inusual con Perú Libre. De mostrar un supuesto desinterés inicial en el tema, Vladimir Cerrón y algunos de sus congresistas pasaron a la ofensiva contra la JNJ. En la recta final sus votos inclinaron la balanza a favor de las fuerzas conservadoras y de los intereses de Benavides.
¿Qué ocurrió entre una y otra posición?
Una posible explicación se encuentra en los hechos relatados el pasado 15 de abril ante el fiscal Elmer Chirre Castillo, por un testigo protegido.
La manifestación ocurrió dentro de la investigación contra Benavides Vargas y otros altos funcionarios entonces a cargo –hasta hace unos días– de la fiscal suprema y actual fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela.
El testigo protegido se identificó como un abogado cercano a Benavides. Contó que su papel en esta historia empezó con una llamada de Jaime Villanueva Barreto. A fines de 2023, el entonces asesor de Benavides Vargas le propuso al abogado que asumiera la defensa de un “miembro de la Marina de Guerra del Perú (MGP) de nombre Javier Bravo de Rueda Delgado” y para concretar el acuerdo lo invitó a una reunión en el restaurante “Zoyla”, ubicado en Miraflores.
Bravo de Rueda es vicealmirante de la MGP y desde agosto de 2023 se desempeña como Comandante General de Operaciones del Pacífico, el número cuatro en el escalafón de su institución. Pero, ¿qué tenía que ver el vicealmirante con Cerrón Rojas? El testigo lo supo días después, cuando asistió a la reunión pactada.
Lo relatado por el testigo coincide con la realidad. Bravo de Rueda, Cerrón Rojas y otros catorce funcionarios del Gobierno Regional de Junín se encuentran incluidos en una investigación por colusión a cargo del tercer despacho de la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín.
Los hechos que dieron lugar al caso se remontan al 2019. En febrero de ese año, el gobierno regional de Junín, entonces bajo el mando de Cerrón, suscribió un convenio con Servicios Industriales de la Marina (Sima) –encabezada ese año por Bravo de Rueda– para la construcción del puente Comuneros II, que une a las provincias de Huancayo y Chupaca.
Algún tiempo después, en junio de 2022, la Contraloría General de la República detectó que el gobierno regional entregó a Sima cerca de 70 millones de soles a través de cuatro adendas que, a consideración de la entidad, no estaban justificadas.
La Contraloría también identificó que el dinero tuvo como destino a CESMA INGENIEROS S.L Sucursal del Perú, empresa subcontratada por Sima para la ejecución de la obra.
Dicho informe fue remitido al Ministerio Público y en julio de 2022 el fiscal Aladino Víctor Lazo Pacheco dispuso la formalización de la investigación contra los funcionarios implicados en el caso.
En ese estadío se encontraba el caso, cuando Villanueva se movilizó para conseguir abogado para Bravo de Rueda.
Días después de la primera reunión en el restaurante “Zoyla”, el 27 de septiembre de 2023, el asesor Villanueva se volvió a comunicar con el testigo protegido a través del WhatsApp. Entonces le envió el récord de investigaciones fiscales del marino y el testigo respondió que estaba de acuerdo con asumir la defensa y que le enviaría una propuesta económica por sus servicios.
Villanueva, por cierto, aprovechó la ocasión para exigir un pago como comisión para él y su socio Miguel Girao:
Al mismo tiempo que esto sucedía, la moción de destitución masiva contra los miembros de la JNJ en el Congreso de la República entraba en la recta final.
Patricia Benavides no se mantuvo al margen. El 6 de octubre, la exfiscal de la nación asistió a la Comisión de Justicia y denunció una persecución de la JNJ en su contra por la supuesta filtración de información de sus investigaciones a IDL-Reporteros.
Dos semanas después, el 18 de octubre, la comisión presentó su informe final.
Contra lo esperado, la presidenta de la comisión, la congresista Janet Rivas (Perú Libre), dio lectura a un informe que libraba de toda responsabilidad a los miembros de la JNJ, lo que generó el inmediato reclamo de las congresistas Echaíz y Moyano, quienes solicitaron pasar a un cuarto intermedio para “reformular” el informe.
Lo insólito, sin embargo, fue que tres de los cinco representantes de Perú Libre se sumaron a este pedido. En lugar de respaldar a su colega de bancada Janet Rivas, Flavio Cruz, Américo Gonza y José María Balcázar –los tres muy allegados a Cerrón Rojas– estuvieron de acuerdo con suspender el debate.
Flavio Cruz abogó porque se tomara en cuenta una nueva denuncia contra los miembros de la JNJ presentada por Tomás Gálvez Villegas, exfiscal supremo investigado por el caso “Cuellos Blancos”.
Y José María Balcázar deslizó que el informe presentado por su colega de bancada Janet Rivas era solo “un documento, un borrador (…) podemos modificarlo según el temperamento de la mayoría”.
La mayoría hizo sentir su peso. Al reanudarse la sesión a las 8 y 28 de la noche del mismo día, Rivas leyó un informe diametralmente distinto al original, que ella misma había leído horas antes, según el cual los miembros de la JNJ habían incurrido en “faltas graves” en dos de los cinco hechos atribuidos en su contra.
El informe se aprobó con 15 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Los cerronistas de Perú Libre votaron en coalición con la ultraderecha. Los enemigos de antaño encontraron la armonía de sus intereses comunes.
Los trámites para la defensa del vicealmirante Bravo de Rueda siguieron su propio derrotero. El 12 de octubre, según el testigo protegido, se llevó a cabo una segunda reunión en el restaurante “Zoyla”, en la que Bravo de Rueda solicitó una rebaja en los honorarios del abogado, dado que los fondos para su defensa provendrían de la Marina de Guerra. Esto no convenció del todo al abogado, puesto que en el pasado había tenido problemas asociados a este tipo de pagos.
No obstante, por insistencia de Villanueva, el 14 o 15 de noviembre del año pasado, el testigo le envió una propuesta económica final al marino:
Tras ello, el testigo protegido dice no haber recibido confirmación ni del marino ni de Villanueva. El 27 de noviembre, apenas dos semanas después, el asesor de Benavides, Villanueva, fue detenido en el Operativo Valquiria acusado de múltiples delitos por ser presunto integrante de la organización criminal “La fiscal y su cúpula del poder”.
* IDL-R solicitó su versión de los hechos al vicealmirante Bravo de Rueda, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
