Suena duro decirlo, pero la realidad es más dura aún: el convenio del Gobierno con las clínicas resultó una farsa. Una movida política sin sustancia ni beneficios. Con cientos de cuentas aún pendientes de auditoría, los asegurados del SIS o EsSalud que no encuentran una cama en los hospitales del Estado siguen abandonados a su suerte. Solo les queda pagar el precio en caja o sucumbir al virus.
“Son entre 80 mil y 100 mil soles para internar al paciente”, dice la mujer al otro lado del vidrio. Su cara tiene una expresión de calculada indiferencia. Se encarga de tramitar la hospitalización en la Clínica Anglo Americana y precisa: la primera cifra es para una cama normal y la segunda, para una de cuidados intensivos (UCI). Se paga por adelantado, y eso cubre apenas los primeros días. Camas sí habría, pues se liberan constantemente. ¿Y el convenio con el Seguro Integral de Salud (SIS)? Solo aplica si la persona es derivada de un hospital, contesta. Difícil que no sepa que lo que dice es mentira.
El 24 de junio, el presidente Martín Vizcarra amenazó a las clínicas por televisión nacional. “Vamos a esperar 48 horas para que lleguen a un acuerdo [con el Gobierno] y esperamos que así sea. De no ser el caso […] invocaremos el artículo 70 de la Constitución”, dijo. Si bien no usó los verbos “expropiar” o “intervenir”, esa fue la idea que quiso dejar en el ambiente. Las conminó también a encontrar una tarifa razonable para que el Estado les pague la atención de pacientes SIS y EsSalud con COVID-19. La lógica fue explicada ahí mismo: el desbordado sistema público debía tener “como reserva” al privado.
Las clínicas se allanaron rápidamente: al día siguiente anunciaron que firmarían un convenio de tarifa plana para todas las atenciones en cuidados intensivos. El Gobierno lo anotó como una victoria. Vizcarra parecía tener la llave para doblegar a quienes no se alinearan con el interés general.
Pero todo acabó siendo una farsa. Un artificio político del que ahora nadie quiere hacerse cargo. Los asegurados del sistema público siguen abandonados a su suerte.
La excepción que hace la regla
Hasta el 31 de agosto, solo 20 pacientes se habían atendido mediante el convenio, según la Asociación de Clínicas Privadas (ACP). Una cifra menor que los 25 establecimientos que lo firmaron, e irrisoria respecto a las más de 1.500 personas que permanecen, cada día, en cuidados intensivos a nivel nacional.
Las dos redes de clínicas que recibieron más pacientes son la Internacional y Sanna, con 8 y 5, respectivamente. El Grupo San Pablo, la Ricardo Palma y la Stella Maris atendieron a dos cada uno. Con una sola atención, cierran la Clínica Miraflores y la Tezza. En septiembre, la Internacional recibió un paciente más, del SIS. ¿Las otras 17? Ni uno.
El acuerdo fija una tarifa plana de 55 mil 626 soles más IGV (en realidad son 65 mil 638 soles), que el SIS o EsSalud deben reembolsar a las clínicas por cada ciudadano atendido en una cama UCI privada. Los términos de referencia (TdR) dicen que el enfermo debe ser derivado desde un hospital público. Sin embargo, establecen claramente una excepción: quien llegue por sus propios medios y sea de “prioridad I” sí puede ser atendido y regularizado como parte del convenio. ¿Qué es la “prioridad I”? Necesitar una UCI con ventilador, explica Alfredo Guerreros, director médico de la Internacional.
Términos de referencia del convenio con clínicas privadas
Por supuesto, la excepción se ha terminado convirtiendo en la regla. ¿Por qué? Llegar derivado del sector público implica hacer cola afuera de un hospital y esperar el milagro de que una cama privada aparezca como “libre” en el gestor de camas del Estado. Esto casi nunca ocurre: las UCI que se liberan suelen tener lista de espera, por lo que las clínicas las llenan de inmediato con sus pacientes, según fuentes del sector. Por eso los enfermos van directamente a los establecimientos privados. “Llegan desesperados en taxi. […] Es el instinto natural del ser humano: intentar salvarse”, dice Pablo Yarmuch, gerente general de la Internacional.
Pero una vez allí, los reciben con una mentira y una tarifa imposible. La mayoría de clínicas les dice que el convenio solo funciona si son derivados por un hospital. ¿No viene referido? Entonces, 100 mil soles por adelantado, por favor.
IDL-R visitó sin previo aviso la emergencia respiratoria de seis clínicas y solo en la Internacional el personal indicó que un paciente SIS sí puede acceder a una cama UCI pagada por el Estado. En la Ricardo Palma, la San Pablo y la Anglo Americana aseguraron que solo se podía a través de la referencia de un hospital; en Tezza, que el tema debía consultarse en horario laboral; y en la San Borja, de Sanna, que el convenio ya no estaba vigente.
Al 2 de septiembre, el sector privado reportó 327 camas UCI-COVID-19, la quinta parte de las que tiene el Estado. Pero de estas, pusieron solo unas pocas al servicio del acuerdo. La red Sanna y la Clínica San Felipe pusieron 4 cada una, de las 17 y 20 que tienen, respectivamente. Y vale recordar: las clínicas deciden si antes se llenan con sus pacientes en cola. Los 8 asegurados públicos atendidos por la Internacional (7 en agosto y uno en lo que va de setiembre), la que más ha usado el convenio, equivalen a poco más de la tercera parte de los 21 “paquetes” que suscribió (cada paquete equivale a la potencial atención de un paciente).
¿Y el Estado, se ha esforzado en aplicar el convenio? Tampoco. Para que una persona que logró ingresar sin la referencia de un hospital pueda regularizarse, el SIS o EsSalud deben enviar su visto bueno mientras se le atiende. Pero eso casi nunca ocurre. “El proceso de confirmación no ha resultado eficaz. Poco después de que firmamos el acuerdo recibimos un paciente con compromiso pulmonar del 70% y una perforación intestinal. Nunca nos respondieron ni del Minsa, ni del SIS hasta que falleció”, reclama Guerreros.
Así, el convenio parece destinado al fracaso de una muerte sin gloria. En la tercera convocatoria del SIS solo firmó una clínica: la Stella Maris. El 27 de noviembre caducan las dos primeras. Fuentes del sector indicaron que el desinterés del lado privado es evidente, por lo que ya no tendría sentido volver a convocar.
¿Qué derechos tengo?
El hombre que custodia la puerta de la emergencia respiratoria de la Clínica San Borja, de Sanna, asegura que no tienen espacio para recibir a nadie. “Mira cómo está lleno. [Si traes a un paciente SIS] vas a perder tiempo. El médico te va a decir: llévatelo a otro lado”, dice. Adentro hay movimiento, pero la sala no es un caos ni tiene aglomeración. Nada parecido a los ambientes de un hospital.
El artículo 3 de la Ley General de Salud dice que “toda persona tiene derecho a recibir atención médico-quirúrgica de emergencia” y el DS 027-2015-SA precisó que la obligación atañe a sanatorios públicos y privados. Para dejarlo claro: las clínicas no pueden negarse a recibir un paciente por emergencias solo alegando que no tienen camas. Emergencia y hospitalización constituyen etapas distintas de la atención, y la primera no depende de la segunda.
Pese a ello, a fines de agosto el padre de Nancy Mejía no pudo ni siquiera pisar la sala de emergencias de cuatro clínicas: Anglo Americana, Ricardo Palma, San Borja e Internacional del Centro de Lima. A los pocos días, falleció de COVID-19. “En todas nos dijeron que el convenio no funcionaba y que no podían recibir a mi papá porque no tenían camas”, cuenta. Nadie quiso ‘hacerse con el bulto’. Una razón evidente: si ingresaba se volvía responsabilidad de la clínica. “Cuando pisa la emergencia se dispara la atención”, dice Eduardo Buendía, profesor de derecho civil en la PUCP.
“La red Sanna y la Clínica San Felipe están recibiendo y atendiendo a todos los pacientes que se presentan, en la medida de que dispongamos de las capacidades y recursos […] Sin embargo, la crisis sanitaria nos ha llevado, en muchos casos, a que incluso el servicio de emergencias colapse y no tenga espacio (ni físico ni de personal)”, respondió el conglomerado de clínicas. Ambas pertenecen a Pacífico, aseguradora vinculada a la familia Romero.
“La única situación en la que te podrían rechazar es si ya no tienen los implementos para atenderte. Pero incluso allí se debe revisar todo lo que esté dentro de su alcance para mejorar el estado del paciente. Lo que se está dando es que, sin estas consideraciones, simplemente dicen ‘no hay’ [espacio]”, explica Buendía. Edward Dyer, socio de la consultora jurídica Evidence Lab, agrega que un doctor debe dejar registro de su evaluación sobre si hay capacidad para recibir al paciente. Nunca es aceptable que lo rechace quien custodia la puerta, sin permitirle entrar, asegura.
También está prohibido condicionar la atención por emergencia “a la presentación de documento alguno”, según el DS 027-2015-SA. No obstante, en la emergencia respiratoria de la Clínica San Pablo indicaron a IDL-R que, para poder ingresar a un asegurado del SIS, este debía firmar un “desistimiento de cama”. Un documento inmoral en el que renuncia, dijeron, a solicitar una UCI que quede libre mientras lo estabilizan. “Eso no pueden hacerlo. Cualquier tipo de condición es una vulneración a la ley y a tu derecho fundamental a la salud”, sentencia Dyer.
Consultado al respecto, el superintendente de SuSalud, Carlos Acosta, no pudo ocultar su enfado. “No reconocemos que haya normas que autoricen ese documento. Limita la continuidad e integralidad de la atención. Es un cuestionamiento al derecho de las personas de ser atendidas y al de los médicos de tomar la decisión que más conviene a su paciente […] Las clínicas del grupo San Pablo son de las que más multas tienen en nuestros procesos sancionadores”, dijo.
Abandonados por el Estado
Pese a todo, cientos de asegurados del SIS y de EsSalud le han ganado a las trabas de las clínicas para recibirlos. Amparados por la ley, han logrado ingresar por emergencia y se han atendido como pacientes particulares, sin el respaldo de sus aseguradoras públicas. Esto es: pagando de la suya las cuentas astronómicas que les cobran las clínicas, o adquiriendo enormes deudas con estas. Por ejemplo, Sanna reporta 202 pacientes bajo esa modalidad, el 40% de sus atenciones; la San Felipe, 58, o el 17%; y la Internacional, 284, el 23% de sus ingresos.
Para ellos viene otro calvario: lograr que el Estado valide su intercambio prestacional. Es el caso, por ejemplo, de Jorge Luis Vidal, quien le debe a la San Pablo 329 mil 751 soles. EsSalud no responde a sus cartas. Algo similar le ocurre a Jacqueline Minaya, cuyo padre murió en la Jesús del Norte, del mismo grupo. Ella ha pedido el reembolso de casi 100 mil soles, pero EsSalud ha declarado -en primera instancia- que su solicitud es improcedente. IDL-R intentó obtener información sobre estos y otros casos, sin éxito. “La información que pides no está centralizada”, respondió la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli.
“Ni el SIS ni EsSalud han reconocido un solo sol de las cuentas”, dice Yarmuch, de la Internacional. Sanna coincide. Fuentes de la ACP informaron que, antes de la pandemia, SIS y EsSalud ya debían alrededor de 80 millones de soles a las clínicas por intercambio prestacional.
Hoy no existe una norma que permita al Estado devolverle dinero a una persona natural. El reembolso, de darse, tendrá que ser a través de las clínicas. Sanna, por ejemplo, ya devolvió todo excedente por encima de 55 mil soles a los pacientes atendidos fuera del convenio. El resto, asegura, lo devolverá cuando las aseguradoras públicas lo reconozcan.
Pero para que ello ocurra, ambas deben completar auditorías médicas y financieras. El SIS confirmó que ya trabaja en sus casos. Sin embargo, el proceso está demorando por problemas con los precios de referencia, aunque el SIS no haya querido especificarlos.
“Una tremenda decepción. El Gobierno anunció que cualquier ciudadano debía ser atendido en los servicios de salud de las clínicas privadas, a través de convenios o por emergencia. Una gran mentira. Eso nunca funcionó. Una gran farsa del presidente y sus ministros, en que la gente piensa que si se infecta, alguna clínica lo va a recibir y eso no es verdad”, dice Nancy Mejía.
El mismo día que amenazó a las clínicas, Vizcarra aseguró que el Estado se haría cargo de las cuentas de todos los pacientes atendidos en el sector privado. Pero ni el SIS ni EsSalud parecen, como se ve, dispuestas a cumplir su promesa. Como siempre, el paciente público ha quedado atrapado entre un convenio inútil, clínicas que están dispuestas a mentir para no aplicarlo y una burocracia incapaz de lograr una solución.
