En la confusión surgen preguntas que solo disipan las respuestas claras. Esta nota es, por eso, un cuestionario con respuestas precisas para simplificar, ordenar y aclarar los puntos centrales del asunto que catalizó una controversia con sismología ministerial: la solicitud de arbitraje de Odebrecht al CIADI.
Es necesario hacerlo porque enfrentamos una sostenida campaña de desinformación, que usa desde el abierto hamponaje de La Pestilencia hasta los sofismas de hipócritas rematados para lo que es su objetivo real: frenar, debilitar y ahogar, si se puede, los avances sin precedente histórico en la lucha contra la corrupción que se ha logrado a través de la investigación del caso Lava Jato en el Perú.
Estaba claro que una lucha contra la corrupción como la que ha alcanzado los inéditos escenarios actuales, no iba a ser fácil. Pero aún en medio de la borrasca desinformadora, la inmensa mayoría de peruanos apoya con firmeza la lucha por limpiar la nación y tiene claro quién es quién en este pantanoso escenario.
El apoyo de las grandes mayorías, sin embargo, no debe mantenerse por la fe sino por el conocimiento. La gente tiene el derecho y también el deber de exigir y recibir información coherente y clara.
Por ello, IDL-Reporteros plantea y responde a continuación las preguntas -separadas en tres grandes temas- que ayuden a entender las complejidades actuales del caso, sus giros inesperados y su ruta previsible.
La solicitud de arbitraje de OEl ajedrez de las delaciones debrecht ante el CIADI
¿Fue una sorpresa la solicitud de arbitraje al CIADI presentada por Odebrecht?
No. En realidad no. Hubo varias gestiones y contactos previos, como hemos reseñado, que desembocaron en el resultado. Otro miembro del Consorcio del gasoducto sur, Enagás, tiene desde hace tiempo un arbitraje en curso en el CIADI por el mismo caso.
¿Pudo prevenirse o evitarse?
Sí. Con facilidad.
La demanda de arbitraje, ¿afecta el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht?
No. En absoluto.
¿Manipuló Odebrecht maquiavélicamente a los fiscales del Equipo Especial?
No. Para nada. Hoy por hoy, en su situación actual, Odebrecht no está en condiciones de manipular, y menos maquiavélicamente, a nadie. Mucho menos a los fiscales que, en cuanto al caso, tienen no una sino toda una batería de sartenes por el mango. La solicitud al CIADI ha significado un alto costo y un mayor riesgo para Odebrecht.
Si se concreta el arbitraje, ¿tiene Odebrecht posibilidades de ganarlo?
Muy pocas, de acuerdo con expertos consultados por IDL-R. Pese a que hay un elemento de incertidumbre en toda controversia, Odebrecht parte de una posición débil, que difícilmente mejorará. Todo indica que Odebrecht no solicitó el arbitraje al CIADI por obtener una ventaja sino por no tener alternativa.
¿Por qué?
Porque para todo propósito práctico, Odebrecht es ahora una empresa en quiebra. El 17 de junio de 2019, la Corporación pidió entrar en el sistema concursal que en Brasil se conoce como “Recuperación Judicial”. En él, un juez instaura y maneja el procedimiento que lleva a constituir una “Asamblea de Acreedores”, que pasa a tener un papel decisivo en el futuro de la empresa. A esta Asamblea se somete el plan de pagos (o “Recuperación Judicial”) que presentará la compañía para proponer la forma de pagar una deuda calculada en 15 mil millones de dólares (51 mil millones de reales). La Asamblea, en la que figura Cofide como uno de los importantes acreedores, se reunirá en Brasil a fines de marzo.
El 26 de agosto de 2019, Odebrecht presentó en Nueva York un pedido de extensión del régimen de ‘Recuperación Judicial’ de Brasil a Estados Unidos. En la legislación estadounidense, la quiebra de una empresa en ese país se maneja dentro del régimen del “Chapter 11”. Si se trata de una empresa que intenta evitar su liquidación en otro país, y busca extender la protección legal de quiebra en Estados Unidos, se acoge al régimen del “Chapter 15”, que es bajo el que se encuentra Odebrecht.
¿Por qué quiebra Odebrecht? ¿Por haber confesado sus actos de corrupción y sus delitos?
No necesariamente. En Estados Unidos hay una larga lista de corporaciones sancionadas bajo la ley federal de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) que no han quebrado sino salido adelante.
Todas las corporaciones que aceptaron culpa tuvieron que pasar por el mismo proceso: Doblar la rodilla y confesar sus delitos; despedir a los ejecutivos implicados en actos de corrupción; meterse a fondo en programas monitoreados de reforma empresarial hasta que se juzgue que dichas reformas alcanzaron sus objetivos… y pagar severas multas.
La mayoría de esas corporaciones pasó por el purgatorio, bebió el trago amargo, se limpió, reorganizó y prosiguió luego con sus operaciones, recuperando o incluso superando su posición previa al escándalo.
Aprendieron, por la vía dura, la verdad de un viejo dicho: “No hay mejor pícaro que el honrado”.
En el “FCPA Index” figura un ranking de las mayores multas históricas pagadas al gobierno estadounidense por corporaciones de todo el mundo sancionadas bajo el Foreign Corrupt Practices Act.
- Airbus, de Holanda/Francia fue multada este año con más de dos mil millones de dólares;
- Petrobras, de Brasil, fue sancionada con mil 780 millones de dólares, en 2018;
- Ericsson, de Suecia, con mil 6 millones de dólares en 2019;
- Telia AB, de Suecia con mil un millón de dólares, en 2017;
- Siemens, de Alemania, con 800 millones de dólares, en 2008;
- Alston, de Francia, con 772 millones de dólares, en 2014.
Hay varias otras, pero como se ve, ninguna de esas corporaciones quebró como resultado de su confesión y reforma corporativa.
Al final de la lista de multas a corporaciones corruptas, hay una nota a pie de página, que dice: “Odebrecht/Braskem aparecieron en la lista de los 10 más multados a fines de 2016, pero fueron removidos luego que el DOJ (Departamento de Justicia de Estados Unidos) redujera sus multas basado en su “capacidad de pago” (“ability to pay”).
La reducción fue dramática: Odebrecht terminó acordando el pago de 120 millones de dólares a Estados Unidos y 120 millones a Suiza. Al final pagó 93 millones a Estados Unidos y 110 a Suiza. Su multa mayor, acordada con Brasil, fue de alrededor de 1,200 millones de dólares.
Pero, a diferencia de otras corporaciones corruptas, Odebrecht sufrió un golpe brutal en sus operaciones a partir del primer impacto del caso Lava Jato, especialmente durante el primer año, cuando Marcelo Odebrecht decidió resistir y negar todo. Cuando capituló, a fines de 2016, la caída iba en picada y no paró.
Los números muestran el desplome:
- En 2015, Odebrecht S.A. tuvo ingresos netos por 37 mil 162 millones de dólares;
- el 2016 bajaron a 22,884 millones;
- el 2017 a 21 mil 962 millones;
- el 2018 a 20 mil 404 millones;
- el 2019 a 8 mil 508 millones…
- En 2020, luego de tocar fondo, de haber cambiado y renovado su plantel de dirección, Odebrecht debe lidiar ahora con una Asamblea de Acreedores en la ‘Recuperación Judicial”; y también con la guerra civil que un Marcelo Odebrecht sin poder pero con memorias, lanza contra los ejecutivos de la compañía y contra parte de su familia, especialmente su cuñado.
Como se ha dicho, Cofide es uno de los miembros importantes de la Asamblea de Acreedores que tendrá su primera reunión en Brasil, en marzo. Dentro de la masa de acreedores, busca cobrar una deuda pendiente de 102 millones de dólares. Anteriormente pudo cobrar 560 millones de soles en el Perú, como producto de la venta de Chaglla.
¿La quiebra o “Recuperación Judicial” limitó la capacidad de decisión de los ejecutivos de Odebrecht?
Mucho. La limitó y condicionó. Dentro del proceso en el que el juez a cargo de la “recuperación judicial” dirige los aspectos formales, la “Asamblea de Acreedores” decide si aprueba o no el Plan de Recuperación Judicial (es decir, de reestructuración de pagos) que debe presentar Odebrecht. Si la Asamblea no lo aprueba, el juez debe decidir la liquidación de la empresa.
¿No percibieron los directivos de Odebrecht la tormenta que se iba desatar en Perú por la solicitud de arbitraje?
Según fuentes confiables, los ejecutivos de la empresa en el Perú advirtieron el potencial de crisis que significaba ese paso. Para sus jefes en Brasil, el asunto parece haber sido menos claro, pues ahí los acuerdos de cooperación legal y la solución de controversias empresariales se llevan por cuerdas separadas.
Pero, como indica otra fuente, aunque hubieran percibido plenamente el riesgo, no tenían opción. Si dejaban prescribir el plazo, dice la fuente, “implicaría una violación del deber de diligencia de los administradores, quienes… no solo responden a los propios accionistas por su gestión [sino] a la asamblea de acreedores.{…] dejar prescribir/vencer un derecho de acción… genera responsabilidad de los administradores… por ‘falta de diligencia’” […] Adicionalmente, el monto de inversión en GSP es tan significativo que puede comprometer no solo la aprobación del Plan de Recuperación Judicial [sino] la supervivencia de la empresa”.
Así, fracasadas las gestiones previas en Perú, Odebrecht actuó… y se desató la tormenta.
¿El problema entre Odebrecht y el Estado peruano por el caso gasoducto es una diferencia exclusivamente contractual?
Claro que no. Hay un importante aspecto contractual, sin duda. Pero también existe un significativo aspecto penal.
¿Cuál es el aspecto contractual?
En resumen, el siguiente: 1) El contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) se firmó en 2014, entre el Ministerio de Energía y Minas y el consorcio liderado por Odebrecht, con la participación de Enagás y Graña & Montero. El plazo fue de 34 años y un monto de inversión calculado en 7 mil 329 millones de dólares. La inversión era responsabilidad de los concesionarios, no del Estado.
2) Muy poco después, estalló el escándalo Lava Jato en Perú. Con una inversión que, según se estimó en 2018, había llegado al 38% de lo proyectado, la zarandeada Odebrecht, y todo el consorcio, perdió rápidamente tracción y control. En enero de 2017, el gobierno de Kuczynski dio por terminado el contrato. Según el ministro de Energía y Mina de entonces, Gonzalo Tamayo, los socios del consorcio, “no han logrado mostrar que tienen financiamiento […] el sistema financiero no cree en ellos”.
Inicialmente, Odebrecht no mostró oposición a ese primer desenlace:
3) Cada uno de los miembros del Consorcio afrontó en forma diferente la recuperación de la inversión ya realizada. Graña & Montero inició hace poco una solicitud de arbitraje en el CIADI, pero luego se desistió, a la vez que hacía reconocimiento público de los actos de corrupción perpetrados y pedía disculpas.
Enagás, que no enfrenta investigaciones similares a las de sus ex socios, presentó hace casi dos años (el 2 de julio de 2018) una solicitud de demanda de arbitraje ante el CIADI contra el Estado peruano, exigiendo que este la indemnice por pérdidas que calculó en 1,980 millones de dólares. Enagás, como se ve, fue la primera del consorcio en utilizar el arbitraje en el CIADI, sin que nadie, parece, haya chillado.
La pretensión de Odebrecht era (y es) que se reanude el proyecto del gasoducto sur, mediante una nueva licitación –en la que esta, por supuesto, no participará–, para negociar luego con el o los ganadores, la venta de su capital invertido (sobre todo tubos). Así recuperaría parte de su inversión. No todo, pues la compañía sabe que, de realizarse la venta de sus activos, el Estado retendrá el 25% del precio pactado (es decir, uno de cada cuatro dólares) para un fideicomiso que garantice el pago de reparaciones.
Una solución de esa naturaleza, ¿afecta el patrimonio del Estado? No. Se hubiera tratado de una transacción entre privados, sin que el Estado haya invertido dinero. Por lo contrario, la transacción hubiera incrementado el fideicomiso (con el 25% de lo que llegue a vender) para garantizar el pago de reparaciones.
Y eso porque además del problema civil, hay uno penal.
¿Cuál es el aspecto penal?
El proyecto GSP no fue uno de los actos de corrupción admitidos por Odebrecht en su convenio de colaboración con la justicia peruana.
Sin embargo, en junio de 2019, IDL-R, como parte de la investigación internacional, “División de Sobornos”, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, reveló pagos clandestinos de Odebrecht vinculados con el proyecto GSP.
La investigación (y las confesiones que siguieron) permitieron identificar y describir una compleja estrategia de espionaje industrial y de sobornos mediante la cual Jorge Barata aseguró la victoria en la licitación del gasoducto. El monto de pagos para comprar abogados y competidores fue de por lo menos tres millones de dólares. Así, el proceso fue inequívocamente corrupto pero a la vez diferente de la cutra público-privada. Lo del GSP fue una competencia tramposa entre corporaciones, una guerra empresarial para ganar las licitaciones, en la que los trucos sucios del espionaje industrial fueron centrales pero se perpetraron casi en su totalidad fuera del Estado, entre empresas privadas.
La revelación de esos hechos y sus personajes sacó a luz, quizá por primera vez, un elenco de corruptos y corruptores que provenía en su gran mayoría del sector privado: desde ejecutivos de empresas competidoras, abogados de estudios de élite y hasta abogados de la propia Odebrecht. Fue quizá el último –probablemente el mayor– esquema de espionaje industrial/corrupción masiva que perpetró Odebrecht bajo la guía operativa de Jorge Barata.
Pero, aunque casi toda la corrupción se dio en el sector privado, Barata confesó también haber tenido reuniones con Ollanta Humala y Nadine Heredia, para que favorezcan el proyecto. No fueron decisivos, sin embargo, en el desenlace de esa historia de intrigas.
Las investigaciones están en curso, pero puede suponerse que los casos que surjan estarán relacionados, como los ya conocidos, con la adjudicación del proyecto.
La reparación que tendrá que pagar Odebrecht al Estado debería provenir de la venta de sus activos a los eventuales ganadores del nuevo consorcio.
¿Odebrecht burló a los fiscales y procuradores peruanos, logró llevarse lo de Chaglla para plantear luego el arbitraje ante el CIADI?
No. No emboscó a nadie. El acuerdo de colaboración eficaz fue confirmado por el Poder Judicial no solo por ser legalmente coherente sino también eficaz. La venta de Chaglla fue legal y sirvió, entre otras cosas, para pagar deudas a Cofide en el Perú y a GRCompliance en Brasil, con lo que las búsquedas de más datos se reanudaron con energía y velocidad, con resultados que veremos pronto.
En cuanto a la solicitud de arbitraje ante el CIADI, ya he indicado que, en medio de su muy precaria situación actual, la compañía trató, con la aprobación de los fiscales y el procurador, de hacer un acuerdo simple con el gobierno peruano, en el que ambas partes, sin ceder ningún derecho ni posición ni opinión, solicitaban al CIADI extender por algunos meses la fecha de prescripción. La gestión, que debió haberse hecho antes y hecho mejor fue rechazada por el gobierno, que luego utilizó al hoy ex procurador Jorge Ramírez, como cabeza de turco.
¿Hizo bien el gobierno en no conversar para pedir en conjunto que se aplace la fecha de prescripción para presentar demanda de arbitraje?
Hizo mal. Un acta que se concretara solo a pedir un aplazamiento de fecha indicando en forma explícita que ello no significaba admitir ni renunciar a cualquier posición, acción o derecho sobre el tema hubiera evitado la solicitud de arbitraje y la estridencia subsecuente, que pudieron y aún pueden contaminar en alguna medida el avance de las investigaciones.
Como indico arriba, si se llega a entablar un proceso formal de arbitraje, el Perú tiene las mayores posibilidades de ganarlo. Pero, como también queda apuntado, toda pugna, toda controversia tiene un margen de incertidumbre respecto del resultado. Si se añade a eso los costos de la representación legal, que son altos, el Estado tendrá inevitablemente un serio gasto que pudo haber evitado enteramente.
El proyecto del gasoducto deberá retomarse eventualmente. Habrá una nueva licitación y el o los ganadores encontrarán probablemente que les conviene adquirir el tercio de avance que ya existe. Será una transacción entre compañías privadas, que el Estado vigilará atentamente para cobrar uno de cada cuatro dólares que se paguen. Ello alimentará el fideicomiso que garantice la reparación por los delitos cometidos por Odebrecht en la obtención de la buena pro.
¿No es que era imposible negociar sobre el tema, porque no se planteó por la única vía adecuada y no se hizo con la debida formalidad: por escrito ante SICRECI y su presidente: Ricardo Ampuero, con amplio tiempo para deliberar, consultar y luego comunicar la decisión a Odebrecht?
Es cierto que el asunto se planteó con relativamente poco tiempo por delante; y es verdad que pudo y debió haberse hecho con rigurosa formalidad, dados los miedos que conlleva ahora cualquier diálogo con Odebrecht. (Lo cual es extraño: en su época más corrupta, la presencia de los ejecutivos de Odebrecht, especialmente Barata, funcionaba como un magneto que atraía gran cantidad de expectantes codicias. Pero luego que el gran corruptor se convirtiera en el gran delator, resultó “… radioactivo reunirse con Odebrecht, sin duda”, como escribió Juan Carlos Tafur, a propósito del incidente, para añadir, “pero es menester hacerlo. Está en curso un proceso de colaboración eficaz y resta aún mucha información por dar”. Ese es el punto).
De otro lado, según declaró a IDL-R Carlos José Valderrama, quien fue presidente de Sicreci desde 2011 hasta el 2015 y ganó virtualmente todos los arbitrajes en los que representó al Perú, “… Si el demandante te dice, hay que seguir conversando, hay que seguir conversando […] Creo que si el inversionista y la comisión entran en negociaciones y conversaciones el último día y van a llegar a buen puerto, pueden llegar a un acta de acuerdo […] las partes pueden ampliar plazos. […] … se toman las decisiones de manera rápida, además se pueden tomar por vía de correo electrónico”.
En cuanto a firmar un acta incluso cuando la solicitud de demanda ha sido presentada, Valderrama dice que “Uno siempre puede dejar muy en claro los aspectos de la negociación. Que ambas partes consideran que las negociaciones no afectan en lo más mínimo las faltas o delitos que una de las partes haya cometido”.
El ajedrez de las delaciones
¿Por qué Odebrecht no confesó antes los delitos en el Gasoducto Sur Peruano?
La respuesta tiene dos facetas: En la primera figuran los ex ejecutivos de Odebrecht durante su período de poderío y criminalidad, especialmente Jorge Barata.
En la segunda están los actuales ejecutivos de la empresa en reforma, pero a la vez profundamente debilitada y con alto peligro de liquidación. Entre ambos: los piratas derrotados y convertidos en delatores; y los actuales ejecutivos que pugnan por terminar de redimir y salvar a la compañía, hay una compleja relación de interdependencia pero no de necesaria coincidencia.
Los últimos pueden alegar haber desconocido lo que pasó, dado que no tuvieron ninguna participación en ello. Lo cual es posible, pero quizá no del todo cierto. Supongo que lo más probable es que hayan pensado que si con lo ya confesado están, en términos empresariales, con la soga al cuello, era mejor esperar – para ganar oxígeno– a que el asunto se descubriera al ritmo de las búsquedas forenses para extraer datos de los servidores del ex Sector de Operaciones Estructuradas.
Barata, por su lado, es un personaje complejo que, como suele suceder con casi todos los delatores de alto nivel de organizaciones criminales, busca administrar hasta donde pueda sus delaciones. Dice lo que debe, no lo que puede. Es decir, lo que la evidencia lo obliga o presumiblemente, lo obligará a declarar. Todo delator sofisticado sabe que el poder que le queda es la dosificación de la información que aún posee. Por su lado, todo interrogador de cierta habilidad lo sabe también y busca ensanchar y limpiar el cauce por el que fluya la corriente informativa.
Un buen interrogador, y tanto los procuradores brasileños como los fiscales peruanos del equipo especial son, en promedio, muy buenos, sabe que no está dialogando con los Niños Cantores de Viena; que la delación premiada es una transacción contractual con múltiples puntos de interpretación táctica, que deben ser manejados con inteligencia. La severidad y el rigor punitivo nunca deben estar ausentes como alternativa; pero siempre es preferible mantener un diálogo fluido, aunque con las debidas presiones, pues es a través de esa precisa acupuntura donde salta la verdad.
¿Odebrecht saca, entonces, la información que quiere y cuando quiere a través de GRCompliance, a la que paga, y le da lo que le interesa a los fiscales mientras se guarda lo que no le conviene revelar?
No. En absoluto. Primero porque GRCompliance no es la única fuente de acceso a la información en los servidores de Odebrecht. Tanto la Procuraduría Federal Anticorrupción de Brasil como la Policía Federal pueden ingresar cuando quieran, a través de sus propios expertos, a los servidores. Y de hecho, lo hacen con frecuencia. Segundo, porque GRCompliance es una compañía de búsqueda forense digital autorizada por la Procuraduría brasileña, en contacto frecuente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que, en consecuencia, no responde a Odebrecht sino a las autoridades.
Lo que sí tiene GRCompliance es la experiencia y los programas forenses para encontrar los datos relevantes a una búsqueda. Según fuentes brasileñas, lo que muchas veces hace la Procuraduría Federal es mandar a sus propios expertos a buscar datos y pedir luego una búsqueda paralela y corroborativa a GRCompliance.
De manera que, mientras el Equipo Especial mantenga la estrecha alianza que tiene con la Fuerza de Tarea de la Procuraduría Federal Anticorrupción en Curitiba, no existirá virtualmente posibilidad de que Odebrecht pueda jugar con la dosificación de la información en los servidores. La confesión verbal de los delatores es un asunto algo diferente pero que hasta ahora ha sido bien encaminado.
Pero, ¿acaso los muy astutos delatores de Odebrecht, con más esquina que el conjunto de los Barrios Altos, no pueden influenciar y manipular a su gusto a los ingenuos fiscales con limitada experiencia de vida? ¿No los tienen contentos y felices comiendo de su mano lo poco que quieran darles mientras obtienen pagos e impunidad?
Los fiscales del Equipo Especial han tenido que lidiar en este caso con gente extremadamente astuta y muy hábil en la manipulación de hechos y personas, como, por ejemplo, Yosef Maiman y Jorge Barata. Y no les fue nada mal a los fiscales. Si uno compara, por ejemplo, las mentirosas versiones iniciales de Maiman y Barata, con las confesiones actuales en el marco de su delación premiada, se verá que la verdad les fue extraída a ambos a través de una combinación de estímulos positivos y estímulos negativos, junto con investigaciones concurrentes, que rindieron fruto.
A través de las diligencias, interrogatorios y conversaciones en este caso, hubo momentos de gran tensión y volatilidad, en los cuales por lo menos un fiscal manifestó su voluntad de romper en ese instante los términos de la colaboración. En virtualmente todas esas circunstancias, los testigos delatores retrocedieron y se mantuvo el acuerdo. Los actuales ejecutivos de la Odebrecht en proceso de reforma se esforzaron porque fuera así. Ellos saben perfectamente, y tampoco lo ignoran los más avezados, que intentar manipular a fiscales inteligentes y decididos sería una pésima decisión.
¿Así? ¿Y qué es lo que se ha obtenido con tanta contemplación con esa gente que robó al país? ¿Que puedan llevarse su plata sin haber pagado por sus delitos ni devuelto lo robado?
La pregunta parafrasea lo que sostienen los detractores de la investigación en el caso Lava Jato, cuyo objetivo último es concentrar todos los ataques en Odebrecht (Ojo: en la empresa actual que colabora, confiesa y se reforma; no en la poderosa criminal de antaño con la que se llevaban muy bien), para prevenir más confesiones, anular las pruebas y lograr impunidad.
¿Qué es lo que se ha obtenido? ¡Lo que no se logró jamás en nuestra historia! Gracias a las investigaciones, llevadas a cabo con las múltiples herramientas y medios que debe utilizarse frente a la criminalidad organizada, se ha conseguido lo que detallo parcialmente en una lista que, por impresionante que sea, es aún incompleta.
- Se descubrió sobornos y/o aportes ilícitos de dinero (para campañas o para uso personal) y/o patentes conflictos de interés a, entre otros, los siguientes políticos:
– Alejandro Toledo;
– Alan García;
– Ollanta Humala;
– Pedro Pablo Kuczynski;
– Keiko Fujimori
– Susana Villarán;
– Luis Castañeda
– César Villanueva;
– Jorge Acurio
– Félix Moreno
– César Álvarez
– Luis Alva Castro
– Yehude Simon;
– Lourdes Flores;
– Jaime Yoshiyama
- Se descubrió la perpetración de delitos de, entre otros, los siguientes empresarios y empresas. Algunos de ellos, empresarios y empresas, entraron en colaboración eficaz y ya confesaron y siguen confesando.
– Club de la construcción en general (JJCamet, Cosapi, ICGSA, Obrainsa, entre otros).
– Graña y Montero
– José y Hernando Graña
– Gil Shavit;
– Gustavo Salazar
Hay también empresarios que técnicamente no cometieron delitos (por lo menos en cuanto se conoce hasta ahora), pero que llevaron a cabo acciones que van contra los principios que sus corporaciones afirman sostener. Entre los varios casos que las investigaciones detectaron y las confesiones confirmaron, el más notorio es el de Dionisio Romero Paoletti, que entregó clandestinamente más de 3 millones y medio de dólares en efectivo a Keiko Fujimori, con los maletines y los cuidados que utilizaría un avezado doleiro.
- Árbitros corruptos
– Se identificó el patrón de corrupción multimillonaria en decenas de arbitrajes arreglados a favor de Odebrecht y las otras compañías del Cartel Lava Jato. El principal inculpado es el ahora confeso Horacio Cánepa, que ha comprometido a un gran número de árbitros, varios de los cuales estuvieron en prisión preventiva.
- Periodistas, abogados
La venalidad de abogados y estudios de abogados de alta gama salió a luz sobre todo a raíz del caso del Gasoducto del Sur. Hay confesiones solapas en paralelo a apuradas maniobras de rescate “reputacional”, pero la investigación debe rendir todavía información mucho más detallada.
La lista de periodistas venales que recibieron dinero de Odebrecht y luego lo ocultaron, no está todavía completa. IDL-R ha publicado ya algunos nombres y seguramente vendrán otros. (https://www.idl-reporteros.pe/hipocritas-y-bribones/).
La historia de la corrupción en nuestro país es larga y viscosa. Quienes no hayan leído el notable libro sobre el tema de Alfonso Quiroz debieran hacerlo pronto, a fin de tener la visión en perspectiva que es indispensable para comprender la corrupción actual.
Una vez leído, háganse la pregunta: ¿cuándo se investigó tanto la corrupción como ahora? ¿Cuándo se avanzó tanto en identificar a los corruptos mayores y documentar el proceso entero de sus cutras? La respuesta es: nunca antes.
¿Cuándo, gracias a lo avanzado en las investigaciones, hubo la oportunidad de cambiar las cosas, de limpiar y reformar la sociedad? Nunca como ahora.
¿Cuán importante ha sido la colaboración eficaz en lograr lo hasta hoy conseguido y lo mucho que falta por conseguir? Sumamente importante. Decisiva. Sin ella, se hubiera podido lograr avances importantes, pero hubieran tomado mucho más tiempo y logrado menor alcance.
Más allá de las reparaciones monetarias pactadas en el Acuerdo de Colaboración, la principal reparación que Odebrecht ha pagado al Perú ha sido la información proporcionada en su proceso confesional. Información con pruebas que avanzó enormemente la lucha contra la corrupción en el país. Si las furias no fueran histriónicas sino honestas, deberían dirigirse hacia las otras compañías que también delinquieron, que evitan hasta ahora confesar sus delitos y ocultan las identidades de sus sobornados.
Si la lucha contra la corrupción se tomara en serio, debiera mantenerse una actitud severa en la investigación y el procesamiento, de las compañías que corrompieron y no confesaron; a la vez que una mucho más tolerante ante las compañías que sí han confesado e iniciado reformas profundas en su ética empresarial.
Los ‘acusadores’
Permítanme concluir este cuestionario con algunas preguntas que traen en sí mismas las respuestas.
¿No les parece significativo que una buena proporción de quienes atacan hoy con virulencia el Acuerdo de Colaboración Eficaz (eufemismo de Delación Recompensada) con Odebrecht, hayan sido quienes recibieron dinero de esta corporación durante los años en que ella era de veras poderosa, corruptora y criminal?
¿Que algunos de esos ‘acusadores’ trabajaron entonces, a cambio de decenas de miles de dólares, en “comités de crisis” en los niveles altos de la compañía, después del arresto de Marcelo Odebrecht?
¿Que otros de esos ‘acusadores’ siguieron recibiendo decenas de miles de dólares en donaciones cuando ya había recontrarreventado el escándalo Lava Jato?
¿Y que todos esos que colaboraron, pagados, con la poderosa empresa criminal, en los años de clímax delictivo, cuando tenía ingresos por más de 37 mil millones de dólares anuales (el 2015 por ejemplo); ahora intenten acusar de maquiavélica y manipuladora y corrupta y anti-peruana a la actual empresa que aporta a las autoridades peruanas la avalancha de información sobre delitos pasados – con codinomes y nombres de cutreros y sus cómplices?
¿No les parece también significativo que quienes investigamos con tenacidad la corrupción de Odebrecht desde hace más de diez años y contribuimos a revelarla y demostrarla defendamos hoy el Acuerdo de Colaboración Eficaz (que continúa, complementa y completa nuestras investigaciones), mientras que quienes medraron de la Odebrecht mafiosa ataquen ahora con sangre en el ojo a la Odebrecht arrepentida y a los fiscales que reciben y corroboran sus confesiones?
