Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2514 de la revista ‘Caretas’.
¿Cuáles son los probables escenarios después de conocer las declaraciones de Marcelo Odebrecht en su segundo interrogatorio por fiscales peruanos en Curitiba el jueves nueve? (Ver: https://www.idl-reporteros.pe/marcelo-odebrecht-declara-en-curitiba-sobre-keiko-alan-y-ppk/).
No hay respuesta fácil porque, como era de prever, las revelaciones de Marcelo Odebrecht llegaron a un medio encrespado, en camino quizá inevitable al conflicto.
El resultado, por ejemplo, de las ofensivas que la mayoría fujimorista en el Congreso ha desatado contra el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, el presidente de la República, el diario El Comercio y CARETAS, entre otros, modificará la ecología política dentro de la que se desarrolla el caso.
Supongamos que el mototaxi atropella y avasalla (como ya lo hizo en buena medida con el patético Ejecutivo) a por lo menos parte de las instituciones y organizaciones mencionadas. Un TC copado por el fujimorismo, una fiscalía sometida sin decirlo, un poder judicial acobardado llevaría muy rápido a un medio ambiente parecido al de los noventa. En esas condiciones, un avance fiscal o judicial del caso Lava Jato sería poco probable, incluso si se tuviera una evidencia abrumadora a la mano. Muy probablemente, el caso sería utilizado como instrumento para represalias selectivas y gruesas impunidades.
Pero asumamos que se logra evitar ese escenario (lo cual, aunque difícil, es posible) y que se preserva algo más que el espacio mínimo que necesita la investigación fiscal a través del avance paralelo, finalmente simbiótico, de esta con el del periodismo investigativo. ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos en esa circunstancia?
“En Brasil, bajo la mirada atenta del fiscal Martello y la perspectiva inquietante de ser detectado en mentira u omisión, Barata deberá decir la verdad”.“En Brasil, bajo la mirada atenta del fiscal Martello y la perspectiva inquietante de ser detectado en mentira u omisión, Barata deberá decir la verdad”.
El primero de esos pasos está muy claro: Llevar a cabo el interrogatorio en Brasil de Jorge Barata.
¿Por qué en Brasil? Primero, porque en el Perú hay un problema por resolver dentro de las negociaciones de colaboración eficaz que llevó a cabo Barata y también la propia Odebrecht. El ex superintendente sufrió, entre otras cosas, el congelamiento de cuentas en el país que, según él alega, contravienen los acuerdos que tuvo con la fiscalía anticorrupción. A su turno, Odebrecht sostiene que la actitud del gobierno peruano hacia ella ha sido severamente punitiva, pero no tanto por haber cometido delitos sino por haberlos confesado.
Como se sabe, a mediados de este año, Jorge Barata presentó un recurso ante la justicia brasileña pidiendo que no se le obligue a declarar ante las autoridades peruanas por haber estas violado el compromiso de inmunidad que contrajeron con él dentro de su acuerdo de colaboración eficaz. La fiscalía federal brasileña le dio la razón y el fiscal peruano que había pedido el interrogatorio, Germán Juárez Atoche, renunció a entrevistarlo.
Esa contradicción, especialmente los absurdos castigos a Odebrecht por haber cooperado, debe remediarse prontamente para poder seguir avanzando con el caso. Pero ello, aún en el mejor de los casos, tomará tiempo, puesto que será necesario hacer ajustes legales.
La solución práctica que permita proseguir rápidamente con la investigación fiscal es interrogar a Barata bajo el mismo esquema que se utilizó con Marcelo Odebrecht. El interrogatorio debería ser en Brasil, conducido por un fiscal federal [procurador] brasileño, bajo las leyes de ese país, incluyendo, por supuesto, las de delación premiada.
Las negociaciones que en el caso de Marcelo Odebrecht llevaron a cabo exitosamente los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, pueden aplicarse en forma virtualmente automática para el interrogatorio a Barata, de preferencia en Curitiba y bajo la conducción del fiscal Orlando Martello.
¿Por qué Martello? Porque ha dirigido los dos interrogatorios a Marcelo Odebrecht, en mayo y noviembre, y porque aprendió mucho en ambas diligencias sobre los problemas específicos, los datos necesarios, las omisiones evidentes en el caso peruano. Pero además porque es uno de los fiscales federales anticorrupción con mayor conocimiento y más prolongada experiencia en el caso. Martello fue el fiscal que viajó a Suiza luego del arresto en ese país de Fernando Migliaccio, el funcionario clave del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Martello coordinó la cooperación de los fiscales suizos, que incluyó la primera confesión de Migliaccio –quien se ha mantenido aparte de sus excolegas de Odebrecht y ha hecho una delación premiada sin coordinación con la que hicieron corporativamente los otros funcionarios de su antigua compañía.
Casi todas las afirmaciones y revelaciones de Marcelo Odebrecht precisan de la corroboración de Jorge Barata y, sobre todo aquellas con la terminación casi mántrica de “Barata sabe”, “pregúntenle a Barata” que usaba Odebrecht cada vez que tenía que pasar de lo general a lo específico: a quiénes pagó, cuánto, a qué cuentas, de qué manera. Solo el brindar la información pendiente en las confesiones de Marcelo Odebrecht hace indispensable ese interrogatorio.
Pero hay más que eso: En su delación premiada corporativa en Brasil, frente a fiscales que no conocían las realidades de los países sobre los que interrogaban, Barata mintió algunas veces y omitió información en muchas más. Ahora, si es interrogado por los mismos fiscales que llevaron a cabo el segundo interrogatorio a Marcelo Odebrecht, bajo la presidencia de Martello y el sistema legal brasileño, Barata no podrá mentir ni omitir.
Si lo hace, es muy probable que los fiscales Vela, Pérez Gómez y Villanueva, encaren a Barata con su contradicción frente al fiscal Martello y las leyes brasileñas. Y entonces Barata podría estar en serios problemas.
La generosidad del sistema de delación premiada brasileña, que permite a muchos delatores gozar hoy de libertad pese a la dimensión de sus delitos, está contrapesada por un criterio central: las confesiones tiene que ser verdaderas y completas. Si se detecta falsedad u omisión, el delator puede perder todas sus ventajas y terminar en la cárcel.
En Brasil, bajo la mirada atenta del fiscal Martello y la perspectiva inquietante de ser detectado en mentira u omisión, Barata deberá decir la verdad. Y esta deberá ser luego corroborada en otros interrogatorios a otros funcionarios de Odebrecht que participaron en parte de esas operaciones, desde responsables de obras hasta líderes empresariales y funcionarios de operaciones estructuradas. Ahí, como sucedió con los investigados brasileños, emergerá el nombre completo de los que recibieron las coimas, a través de quiénes, en qué cuentas y por cuáles montos. Y entonces el caso Lava Jato en el Perú entrará, con su realidad obscena y su dimensión solemne, en su decisiva fase final.
Si las cosas se hacen bien, no estamos tan lejos de ella.
Los oficiales del 13 de noviembre
Hace 25 años y pocos días un grupo de oficiales de la Fuerza Armada dirigidos por el general retirado Jaime Salinas Sedó intentó llevar a cabo una acción militar para derrocar a un gobierno golpista y restaurar la democracia en el Perú. Errores y descuidos de último minuto hicieron fracasar la insurgencia planeada. Salinas Sedó y sus compañeros salvaron la vida pero sufrieron los rigores de la prisión con gran temple y dignidad, manteniendo en secreto –en muchos casos hasta hoy– los nombres de sus varios colaboradores.
Caída la dictadura, su reivindicación y la compensación por su sacrificio fue solo parcial. Veinticinco años después del 13 de noviembre, sería poco realista pedir la justa reparación a un Ejecutivo que se asusta cada vez que siente el ruido de un mototaxi. Pero la nación debe recordar con gratitud a quienes arriesgaron mucho y perdieron más en el empeño de usar la fuerza para devolver a sus compatriotas la democracia a la fuerza derrocada.
