Para todo aquel con alguna experiencia en estos temas estuvo claro desde el principio que la investigación de Lava Jato no solo significaba la promesa de descubrir y quizá demoler los más potentes círculos de corrupción en América Latina, sino un problema comparable al intentar ejecutar aquella.
Al cruzar fronteras hasta los mayores beneficios devienen eventualmente problemáticos. Si la información sobre el resto de América Latina se produce, organiza y exporta desde Brasil, ¿cuán completa es? ¿Cuán detallados y eficaces fueron los interrogatorios? ¿Cuán capacitados estuvieron los fiscales brasileños? Además, ¿qué exigen los fiscales brasileños a cambio de la entrega de información? Y del otro lado, ¿cuán preparados están los sistemas fiscales y judiciales de las naciones que reciben la información para procesarla debidamente? ¿Cuán interesados están en recibir toda esa información? ¿Cómo reaccionan los poderosos grupos comprometidos frente a un proceso que puede significar su fin y que uno supondría que no controlan?
El Perú, una de las naciones que más ha avanzado en la investigación derivada de delaciones brasileñas, ya muestra varios problemas en su desarrollo. La única compañía que hasta ahora ha realizado algunas delaciones, parciales e incompletas pero delaciones al fin, es Odebrecht. Y ha sido la más castigada. Las que no han hablado no enfrentan problemas ni lejanamente comparables. El estímulo para seguir delatando solo sería eficaz entre masoquistas militantes.
Hay un grupo pequeño, pero interesante de procesados: dos gobernadores regionales ahora en cárcel; un expresidente (Alejandro Toledo) es hoy prófugo de la justicia peruana, aunque vive sin problemas en Estados Unidos. Otro expresidente, Ollanta Humala, enfrenta la acusación, delación de por medio, de Odebrecht, de haberle entregado tres millones de dólares en 2010 cuando era candidato a la presidencia. Humala niega eso, como niega la avalancha de otras acusaciones (alguna muy grave) por las que le han abierto varios procesos.
Sobre el expresidente Alan García no ha emergido ninguna información de las delaciones premiadas transmitidas al Perú. Tampoco sobre el encarcelado expresidente (y dictador) Alberto Fujimori. Los Gobiernos de ambos estuvieron repletos de contratos (incluidos grandes sobrecostos) con las empresas brasileñas, especialmente Odebrecht.
Es verdad que las revelaciones en las investigaciones son con frecuencia asimétricas. Pero no hace ningún daño constatar también la asimetría de poder entre los acusados y los no acusados en el caso. El poder de Toledo y el de Humala son casi nulos. Su coeficiente de intimidación es cercano a cero. Su capacidad de respuesta es tan considerable como la de la piñata en un caso y un punching ball en el otro. García, de otro lado, mantiene una importante influencia en los aparatos judiciales y fiscales y su coeficiente intimidatorio es relativamente alto. El fujimorismo tiene una más que holgada mayoría en el Congreso y avasallado al Ejecutivo, al que humilla un día sí y el otro también; sus portavoces son simultáneamente zafios y agresivos. Pocos son los burócratas (y no burócratas) que se meten con ellos.
En ese marco, un grupo de tres fiscales peruanos viajó a Curitiba hace pocos días, a interrogar a Marcelo Odebrecht sobre los tres millones de dólares que entregó a Humala el 2010. También viajaron dos abogados de Humala.
«También dijo luego, sin que se lo preguntaran, que su política era apoyar a todos los candidatos».
En Curitiba, los procuradores brasileños, que dirigieron la declaración, exigieron a los fiscales peruanos firmar un acta en la que se comprometen a no procesar en forma alguna ni a Odebrecht ni a nadie relacionado con sus corporaciones por lo que este pudiera decir. Fue un acta severa y limitante, pero, aunque discutible, quizá necesaria.
Luego, durante el interrogatorio, Odebrecht repitió haber dispuesto la entrega de los tres millones (a pedido del exministro Antonio Palocci), pero no haber verificado si se entregó o no. También dijo luego, sin que se lo preguntaran, que su política era apoyar a todos los candidatos y mencionó a la entonces candidata Keiko Fujimori y al Apra, el partido de García. Hubo diferencias en la memoria de los asistentes sobre lo enfático o condicional de esa declaración, pero todos coincidieron en que añadió que no podía probar nada y que el único que podía hacerlo era su exsuperintendente Jorge Barata.
Yo seguí, gracias a diversas fuentes, el interrogatorio desde Lima. Conseguí luego una copia del acta previa, que no tuvieron ni fiscales ni abogados, crucé los datos, los verifiqué y escribí la nota “Interrogatorio en Curitiba”, donde publiqué el acta y la versión no solicitada de Marcelo Odebrecht.
La repercusión de la nota fue rápida, fuerte y, por la típica sobreexcitación limeña, no siempre exacta. En la tarde del mismo día, el Ministerio Público sacó un comunicado que subrayaba la reserva de esa diligencia y lamentaba “algunas versiones de la prensa que no se ajustan a la verdad”.
Ese supuesto desmentido bastó para que se desencadenara una avalancha de frenéticos insultos, sobre todo a través de las redes digitales, por fujimoristas y apristas, con tonos e intensidades calcados de lo más infame de la prensa chicha, de ataque, de los tiempos de Vladimiro Montesinos.
Respondí, por supuesto. Saber defenderse debe ser parte indispensable de la formación de todo periodista de investigación en América Latina. En la respuesta no pude evitar preguntarles: ¿tanto les arañó que Odebrecht hubiera mencionado a Keiko Fujimori y al Apra? Pues vayan acostumbrándose, les dije, porque vendrá mucho más.
(*) Reproducción de la columna “Las Palabras”, publicada en el diario El País el 26 de mayo de 2017.
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