El testimonio de Marrufo
Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, ayudó a desvelar, como colaborador eficaz, presuntos actos de corrupción durante la gestión del expresidente Pedro Castillo. Lo hizo a inicios de diciembre de 2022 ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), liderado por la fiscal Marita Barreto.
Las revelaciones de Marrufo tuvieron un efecto inmediato. El 7 de diciembre de ese año, acorralado por denuncias y delaciones, Castillo intentó dar un ‘fujigolpe’ de Estado, (copiando incluso las palabras de Fujimori del 5 de abril de 1992) pero sin ninguna fuerza militar ni popular, la intentona abortó en pocos minutos.
Marrufo continuó delatando hechos anteriores a la asunción de Castillo al poder. Según reveló el programa Punto Final, el 23 de mayo de 2023 Marrufo informó a los fiscales de Eficcop sobre un presunto plan surgido en el entonces círculo de confianza de Castillo, para influir en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y asegurar la victoria en los comicios de 2021.
El objetivo era lograr que el JNE no amplíe el plazo para la presentación de cientos de solicitudes de impugnación de actas de votación con las que Fuerza Popular buscaba revertir los resultados de las elecciones de la segunda vuelta del 6 de junio.
Según Marrufo, un día después de las elecciones, el 7 de junio, asistió a una reunión en el Paseo Colón (Lima) donde se discutió la estrategia para “asegurar los votos” de los miembros del JNE. Además de Pedro Castillo, se encontraban presentes Dina Boluarte, entonces candidata a la vicepresidencia, Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Sarratea, y el exalcalde de Anguía, Nenil Medina.
En la cita, de acuerdo con Marrufo, Sánchez se habría comprometido a asegurar el voto del magistrado Jorge Rodríguez Vélez por intermedio del excongresista Richard Acuña, mientras que Medina dijo que ya tenía asegurado el voto del magistrado Jovián Sanjinez Salazar.
Una segunda reunión para tratar el mismo tema se habría llevado a cabo el 9 de junio en la casa de Sarratea (Breña). De acuerdo con la confesión en colaboración eficaz de Marrufo, tanto Sánchez como Medina confirmaron tener asegurados los votos de los magistrados mencionados.
Además, Sánchez habría dicho que “el ‘uno’, en referencia a Pedro Castillo Terrones, ya tenía asegurado al ‘uno del JNE’, en referencia a Jorge Salas Arenas”.
La delación de Marrufo se encuentra todavía en fase de corroboración. Pero un elemental cruce con la cronología de los hechos de aquellos días –además de la información oficial de la ONPE y el JNE– muestra desde ya básicas contradicciones.
Como se recuerda, la segunda vuelta electoral de la elección presidencial se llevó a cabo el 6 de junio de 2021. Aunque el conteo de la ONPE a las 9 de la noche de ese día situó a Keiko Fujimori como virtual ganadora, en las siguientes horas la tendencia revirtió hasta colocar a Pedro Castillo por encima de la candidata de Fuerza Popular por un estrecho margen de 0.3%, equivalente a 44 mil 263 votos.
La respuesta de Fuerza Popular a dicho resultado fue anunciar la impugnación de actas electorales donde se habían identificado presuntas irregularidades. Lo hizo en conferencia de prensa el 7 de junio a las 7 y 20 de la noche.
El plazo legal para presentar impugnaciones era de hasta tres días después de las elecciones: hasta el 9 de junio a las 8 de la noche. Y así lo hizo. Según un conteo realizado entonces por IDL-R, Fuerza Popular presentó 151 pedidos de nulidad, mientras que Perú Libre impugnó únicamente 14. Estos pedidos se hicieron dentro del plazo y conforme a ley.
El plazo, por tanto, no fue motivo de debate en el JNE hasta las 9:04 de la noche del 9 de junio.
¿Qué ocurrió a esa hora?
La personera legal de Fuerza Popular, Milagros Takayama, solicitó al JNE la ampliación del plazo de la presentación de solicitudes.
¿Cómo pudieron, entonces, Marrufo y sus correligionarios saber, hasta con dos días de anticipación, que Fuerza Popular solicitaría la ampliación de plazo en sus reuniones del 7 y el 9 de junio?
Y además, ¿cómo pudieron Alejandro Sánchez y Nenil Medina haber “asegurado” el voto de los magistrados del JNE entre una y otra reunión sin que se hubiera siquiera presentado la petición para ampliar el plazo ante el JNE? Que se sepa, ni hay ni hubo clarividentes en el JNE, ni tampoco en el local de campaña de Perú Libre.
El resto del relato de Marrufo también presenta imprecisiones, que pueden provenir de una mala asesoría o de una deficiente memoria.
La más importante es la relacionada a la estimación de los votos en disputa.
Según Marrufo, el 10 de junio de 2021 sostuvo una reunión con un especialista en estadística, quien le informó que si el JNE no accedía al pedido ampliatorio de Fuerza Popular, es decir, si el ente electoral mantenía el plazo del 9 de junio, Perú Libre ganaría las elecciones por una diferencia de 120 mil votos. Pero si el JNE accedía a la ampliación y resolvía todos los pedidos a favor de FP, perderían por aproximadamente 50 mil votos.
Ese mismo día, 10 de junio, IDL-R llevó a cabo un exhaustivo conteo de los votos en disputa. La búsqueda y sistematización de información de la ONPE y el JNE se extendió hasta el 11 de junio a las 4 de la mañana, cuando fue publicada Aritmética del desenlace.
Hasta esa hora, el número de pedidos de nulidad dentro del plazo legal, era de 165 (151 de Fuerza Popular y 14 de Perú Libre). Esto representaba en conjunto cerca de 38 mil 733 votos en disputa. Si, por el contrario, se producía la ampliación de plazo el número de solicitudes a discutir aumentaba a 771 actas (741 de FP y 30 de PL), lo que en conjunto representaba unos 159 mil 597 votos en disputa.
El 11 de junio se produjo un hecho inesperado.
Horas después de la publicación de ‘Aritmética del desenlace’, el JNE adoptó un acuerdo interno contrario a su propia normativa. A las 12 y 45 de la tarde del 11 de junio, IDL-R alertó que en una sesión llevada a cabo esa mañana los cuatro miembros del Pleno habían votado por unanimidad a favor de ampliar el plazo para la presentación de pedidos de nulidad hasta ese día, 11 de junio, a las 8 de la noche.
A decir de Marrufo, este cambio de criterio provocó una reunión de emergencia en el jirón Colón. Ahí, dijo, Pedro Castillo reclamó a Sánchez y a Medina por no haber cumplido con asegurar el voto de los magistrados Rodríguez Vélez y Sanginez Salazar.
Al mismo tiempo que se producía esta supuesta reunión, el JNE reculó de su inesperada e ilegal resolución de horas previas, y aprobó por mayoría no extender el plazo de presentación de las nulidades de mesa de sufragio. El único que votó en contra fue Luis Arce Córdova. De acuerdo con un comunicado del JNE, el cambio de criterio se dio tras un pedido de reconsideración presentado por Salas Arenas en atención a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2021, que establece que los plazos del proceso electoral debían ser preclusivos (es decir, con pasos de inapelable plazo cumplido).
Marrufo, sin embargo, tiene otra interpretación del cambio de criterio. Según el colaborador, los mismos miembros del JNE que horas antes habían actuado contra los intereses de Perú Libre, de pronto cedieron a las presiones de un solo individuo: Alejandro Sánchez.
¿Cómo dice que lo supo? Según dijo a la Fiscalía, a las 3 o 4 de la tarde del 11 de junio el dueño de la casa de Sarratea lo llamó por el aplicativo Whatsapp para comunicarle que “ya todo se había coordinado y que el acuerdo se dejaría sin efecto por mayoría, con eso demostraba que los amigos estaban ayudando”. Pese a sus notorias inconsistencias, el testimonio debió haber sido corroborado y contrastado.
Pero Marrufo no fue vuelto a citar por el Eficcop sino hasta el 17 de abril de este año, 329 días después de su primera declaración.
La citación ocurrió dos días después de que el coronel PNP Harvey Colchado fuera suspendido como jefe de la Diviac.
Las llamadas de la Base Naval
La declaración de Marrufo no es la única ni la más importante denuncia de intentos de fraude en los comicios presidenciales de 2021. Hubo una que acusa, más bien, a la otra orilla.
El 24 de ese crucial mes de junio, Fernando Olivera convocó a una conferencia de prensa en la que presentó dos audios y un video que exponían un plan para sobornar a los miembros del JNE a fin de que resuelvan la cerrada votación de segunda vuelta a favor de Fuerza Popular.
Los audios correspondían a conversaciones telefónicas entre Pedro Rejas, un oficial retirado del Ejército y antiguo operador político del fujimorismo; y Vladimiro Montesinos, el exasesor de Alberto Fujimori y hombre fuerte de su gobierno, preso en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) de la Base Naval del Callao.
En las conversaciones, Montesinos instruía a Rejas para que contactara al abogado Guillermo Sendón, fundador de un partido llamado Gana mi Patria y viejo amigo de Luis Arce Córdova.
Sendón, a decir de Montesinos, tenía llegada a tres de los cuatro miembros del JNE, a quienes había que “cancelar sus honorarios” para que apoyen a Fujimori. El video, por su parte, mostraba a Rejas y a Sendón conversando sobre detalles de la operación. Sendón señalaba que ya había conversado con “Luis Arce Córdova”, uno de los miembros del JNE, quien le habría asegurado el apoyo de otros dos de sus colegas.
El costo del apoyo de Arce y los otros dos personajes, según Sendón, ascendía a “tres palos” (tres millones de dólares, según aclararía después), a razón de un millón de dólares por cada uno de ellos.
Algunos días después de la publicación de los audios, IDL-R reveló que Rejas y Montesinos no sostuvieron dos sino doce llamadas entre el 2 y el 24 de junio de 2021. En varias de ellas, Montesinos formuló explícitos consejos para el cierre de campaña a Keiko Fujimori.
¿Qué dijo Keiko Fujimori sobre los “Vladiaudios” y los consejos del ‘Doc’? Durante un mitin realizado el 26 de junio de 2021, la candidata de Fuerza Popular se refirió así al tema:
¿Qué investigaciones saludó Fujimori?
El Ministerio Público anunció en esos días el inicio de diligencias preliminares para investigar el caso. Una primera investigación recayó en el despacho de la entonces fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla.
El Ministerio Público investigó a Arce Córdova bajo la hipótesis del delito de cohecho pasivo específico por la presunta recepción de un soborno de tres millones de dólares con el propósito de favorecer a Fuerza Popular.
Pero la investigación avanzó a paso lento. Recién el 21 de marzo de 2023 el Poder Judicial autorizó el levantamiento de las cuentas bancarias de Arce Córdova, Rejas Tataje y Sendón Guerra.
La carpeta, ahora, se encuentra en el despacho del fiscal Alcides Chinchay.
En paralelo, una segunda investigación sobre los mismos hechos se inició en un despacho fiscal del Callao pero, según informó una fuente oficial de dicha institución, toda la carpeta fue derivada al fiscal Chinchay.
Una tercera investigación de los llamados “Vladiaudios” es la efectuada por la Fiscalía Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este, a cargo de la fiscal Neyde Cachay.
Hasta el 12 de junio de 2023, sin embargo, la investigación no mostraba ningún progreso, según admitió la propia Cachay en una disposición en la que solicitó una ampliación excepcional de sesenta días.
Cachay argumentaba que hasta esa fecha no había podido recibir la declaración de Sendón ni la de Montesinos. Esta última “debido a inconvenientes logísticos de índole interinstitucional”, sin especificar de qué se trataron esos “inconvenientes logísticos”.
A fines de octubre de 2023, el entonces procurador anticorrupción Javier Pacheco solicitó a la Fiscalía conocer el estado del caso de las llamadas de la Base Naval. En respuesta, la fiscal adjunta Violeta Roda informó el 14 de noviembre que los plazos de la investigación habían vencido.
Esa carpeta de investigación, como la del fiscal Chinchay, sigue abierta, pero dormida.
