Desconocer derrotas electorales, clamar fraudes y tratar de subvertir y revertir, los resultados de la votación, son parte central de las estrategias adoptadas en común por la ultraderecha en este continente y fuera de él. Lo hizo Trump en las elecciones que perdió en 2020 frente a Joe Biden; y lo hizo Bolsonaro luego de ser derrotado por Lula en Brasil, en 2022.
Lo hizo también la ultraderecha en este país, cuando Keiko Fujimori perdió en la segunda vuelta de elección presidencial contra Pedro Castillo, en junio de 2021. Entonces, luego de fracasar en probar o demostrar un fraude –pese a los ingentes esfuerzos y recursos invertidos en tratar de hacerlo– la ultraderecha (con los aliados, o cómplices, que fue recogiendo en el camino, entre ellos la autoproclamada izquierda de Vladimir Cerrón), se embarcó en una ofensiva para capturar cruciales instituciones como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo. Pero su mayor énfasis e intensidad fue puesto en hostigar y amenazar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) –en especial, a su presidente, Jorge Luis Salas Arenas–, a la vez de desinformar sobre ambos, como paso previo a la conquista y captura del JNE.
Esta nota, producto de un minucioso reportaje, detalla el proceso de desinformaciones difamatorias, hostigamientos y amenazas con los que la ultraderecha y sus aliados buscaron (buscan) conquistar y controlar el JNE primero y el proceso electoral después.
Los ataques contra el Jurado Nacional de Elecciones y su ahora expresidente Salas Arenas involucraron a varios poderes del Estado, medios de comunicación, trolleos en las redes y turbas en las calles.
La operación arreció desde junio de 2021, cuando la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, perdió la segunda vuelta electoral. Entre 2021 y 2024 hubo diez denuncias constitucionales contra el presidente del JNE, y nueve proyectos de ley para afectar la autonomía del presidente y la conformación del pleno del Jurado. Todo ello acompañado por fuertes campañas de desinformación sumadas a las agresiones de extremistas.
Como ocurrió en Brasil y EE.UU., el asunto de fondo era minar la confianza en los procesos electorales para justificar, mediante la violencia entre otras cosas, la intervención de los organismos.
No fue solo una ofensiva para lograr un control de facto del poder y sus procesos, sino un esfuerzo concurrente por lograr la impunidad. De hecho, los golpes al sistema electoral se agravaron a medida que se acercaba el juicio oral (por el “caso Cócteles”) a Keiko Fujimori y otros 40 coacusados.
Eso les exigió llevar a cabo campañas de desinformación más complejas, asentadas en delirios conspirativos que solo podían sostenerse adoptando un radicalismo fanático e irracional.
Parapetado detrás de la desinformación y el fanatismo, se ejecutó desde el Congreso un plan de conquista gradual del poder. Así, se logró el control del Tribunal Constitucional en 2022 y de la Defensoría del Pueblo en 2023. Antes se obtuvo el sometimiento del Ejecutivo al Congreso; y la alianza, durante 2022 y 2023, de la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides, con las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular, políticos apristas asimilados a la ultraderecha, el acuñismo, Podemos y, casi al mismo tiempo, la coalición de hecho con el cerronismo.
Las acciones y guiones de la ultraderecha y sus aliados, copiaron lo hecho por los bolsonaristas, por Trump y también por el gobernante de El Salvador, Nayib Bukele.
El acoso callejero de grupos violentos de extrema derecha no es nuevo ni en América Latina ni en Europa. Pero aquí, ‘La Pestilencia’ y grupos satélites fueron especialmente activos. Desde junio de 2021, esos grupos de violenta estridencia hostigaron agresivamente a Salas Arenas por lo menos 18 veces, tanto en las sedes del JNE como en su domicilio y en el Poder Judicial. La dirección de este fue difundida en los medios sociales para convocar y alentar los ataques.
No fue solo un asunto callejero. Durante tres años, las redes internacionales de ultraderecha también participaron por su cuenta en los embates contra el tribunal electoral peruano.
Múltiples actores
La estrategia para minar la credibilidad del JNE y alentar discursos de odio contra su presidente, utilizó desde junio de 2021 cientos de recursos de impugnación, –presentados por Fuerza Popular, mediante la movilización de muchos importantes bufetes de abogados–, contra mesas donde ganó Pedro Castillo.
Ninguno procedió.
Además, las fiscalías archivaron las denuncias porque los fraudistas no pudieron ni documentar ni probar delitos de suplantación o de falsificación de firmas, pese a su empeño por lograrlo.
Con terquedad impermeable a los hechos, el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular lideró una comisión investigadora sobre el supuesto fraude en las elecciones que nada pudo probar, pese a lo cual no se le ocurrió reconocer su equivocación.
Ello no amainó ni sofrenó los ataques a Salas Arenas. Al fin y al cabo, el objetivo era desprestigiarlo y tomar el JNE. La verdad solo los obligaba a gritar más alto sus mentiras.
“Al que venga [como nuevo presidente del JNE] no quiero dejarle señalada la ruta de su derrota: que va a tener que ceder porque sino no lo van a dejar en paz. Quieren generar un nexo de dependencia y desquitarse porque no se detuvo el proceso electoral cuando ellos lo quisieron en 2021, y dejar sentado para el que venga que lo mismo le puede pasar”, dijo Salas Arenas para este reportaje sobre las ofensivas que le tocó enfrentar.
Las denuncias constitucionales contra Salas Arenas
De las diez denuncias constitucionales contra el entonces presidente del JNE desde junio de 2021, siete han sido archivadas y tres siguen en trámite.
La congresista Rosselli Amuruz lo denunció por colusión agravada en marzo de 2023, luego de que Willax Televisión, en enero de 2023, cuestionó la contratación de Fernando Tuesta, quizá el mayor experto en temas electorales en el Perú, como consultor. Expreso fue parte de la campaña.
En febrero de 2024, el parlamentario Alejandro Cavero presentó una denuncia constitucional atribuyendo a Salas Arenas la “responsabilidad política” de la inscripción del partido de sigla A.N.T.A.U.R.O en el Registro de Organizaciones Políticas y admitir a un “actor antidemocrático en el sistema electoral”, en referencia a Antauro Humala.
El Registro de Organizaciones Políticas no depende de Salas Arenas.
Otra denuncia constitucional, en proceso de calificación, fue presentada en 2022 por Jesús Zavaleta Mendoza, un fujimorista ancashino que en 2022 y 2023 se ha fotografiado en actividades internas de Fuerza Popular con Luis Galarreta, Miguel Torres, Patricia Juárez y Keiko Fujimori.
Los ataques de desinformación contra el JNE entraron a una nueva fase en febrero de 2024, cuando el canal de TV Latina y el diario El Comercio propalaron sin ninguna verificación los alegatos de fraude anteriormente repetidos por medios de sistemática desinformación y difamación como Expreso, Willax y La Razón, entre los principales.
Los organismos cooptados por el gobierno hicieron lo suyo. En marzo de 2023, una resolución del Tribunal Constitucional aliado del Congreso, exhortó al Parlamento a hacer pasibles de acusación constitucional a los jefes de los organismos electorales. En abril último, la Comisión de Constitución aprobó el proyecto de ley del juicio político para las autoridades electorales, pese al rechazo del JNE y de especialistas. No es difícil que lo aprueben en el pleno.
Entre los 29 proyectos de ley sobre materia electoral en el Congreso –identificados por Convoca hasta febrero– uno se inspira en las campañas bolsonaristas para “evitar el fraude” que comenzaron en 2018, y plantea que las fuerzas armadas guarden una copia de las actas y las cédulas –que actualmente se destruyen–. El proyecto, presentado por el ultraderechista marino en retiro José Cueto, fue sustentado por el congresista de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi en el Pleno el 31 de octubre.
El JNE envió al Congreso oportunamente una opinión contra ese dictamen: “la democracia en el Perú no requiere de tutela militar, la civilidad tiene que manejarse por sus cauces”, señaló Salas Arenas a IDL-R.
Historia falsa I
En torno a los cientos de impugnaciones que presentó el fujimorismo ante el JNE en 2021, surgió otra campaña posterior de desinformación, basada en las declaraciones como testigo (no como colaborador eficaz), de Jaime Villanueva, la mayor parte de las cuales han sido convincentemente desmentidas por varios testigos.
En marzo de 2022, desde el programa que conduce en Willax la notoria Milagros Leiva, surgió la especie que achacaba al fiscal coordinador del Equipo Lava Jato, Rafael Vela, la capacidad de orientar las decisiones del Pleno del JNE sobre los pedidos de impugnación de votos presentados por Fuerza Popular. Dicha especie sostenía que Vela ejercitaba esa desproporcionada influencia a través de la asesora de comunicación del JNE, Janett Talavera.
Como sucede con la mayoría de las desinformaciones, había solo una fracción de verdad: Talavera es amiga de Vela desde el tiempo en que ella trabajaba en el Ministerio Público, con Pablo Sánchez como fiscal de la nación.
El resto es una delirante falsedad. Talavera ni siquiera tenía acceso a las sesiones del Pleno.
Buena parte de la campaña desinformadora estuvo centrada en presionar para que se hiciera peritaje y revisara el teléfono celular de Talavera, que había sido incautado en otro caso, el llamado “caso Chisac”, sobre el que IDL-R reportó en detalle en su momento.
Eventualmente, el propio Willax difundió las conclusiones del peritaje al celular de Talavera: no había nada en particular.
Pero ello no tuvo ningún impacto en los desinformadores.
Ni tampoco tuvo efecto alguno en la disposición de Keiko Fujimori de apoyarse en mentiras para exonerarse de responsabilidades.
Tres días antes del inicio del juicio oral por el “caso Cócteles”, Keiko Fujimori pidió que investiguen al fiscal Vela por “las interferencias” en su contra en la segunda vuelta.
Historia falsa II
Otra historia, difundida por el notorio Villanueva, sostuvo que en julio de 2021, en la casa de la congresista Ruth Luque, el hoy prófugo Vladimir Cerrón trató por teléfono con el fiscal Vela un trueque de favores.
Vela negó –para este reportaje, y a medios peruanos y extranjeros– haber participado en cualquier acto sobre las impugnaciones de la segunda vuelta. Luque, a su turno, negó haber visto en su casa a Cerrón conversando por teléfono con Vela.
El 3 de diciembre, IDL-R tuvo conocimiento de la resolución de la fiscal de la nación, Delia Espinoza, que archivó la investigación fiscal a Ruth Luque debido a que lo dicho por el exasesor Villanueva no fue corroborado. Además, envió copias a otro despacho de no aforados que tendría que archivar la investigación a Vela por el mismo motivo.
Historia falsa III
En otra ocasión, Latina difundió un testimonio de Salatiel Marrufo en la fiscalía. Según él, las decisiones del JNE sobre las impugnaciones de Fuerza Popular fueron amañadas, e intervinieron Dina Boluarte, Richard Acuña y Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Sarratea.
La versión no corroborada de Marrufo fue primera plana de El Comercio al día siguiente, y abrió los noticieros de radio y de televisión. Aunque el JNE y Acuña desmintieron a Marrufo, los voceros del fraudismo repitieron el guión en el Congreso y Willax: entre ellos Jorge Montoya, el lobbyista Daniel Córdova, y Luis Pacheco Mandujano, abogado del empresario prófugo Gonzalo Monteverde, investigado por masivo lavado de dinero en el caso Odebrecht.
