-La nota de inteligencia y el estilo Chávarry de lacrado
El entretelón y el trasfondo
Algo conozco sobre corrupción militar y cómo investigarla. En particular la relacionada con el robo o tráfico de combustible. Hace casi 15 años, el 30 de noviembre de 2006, publiqué “Cuestión de galones” en Caretas 1953. Ese día emergió de las sombras un caso inmenso de robo organizado y sistemático de combustible, controlado desde la comandancia general del Ejército, que engordó las fortunas de mandos corruptos a costa del empobrecimiento y despojo de la institución militar que debieron servir.
La investigación tuvo contundencia y también consecuencia. Pese a las múltiples maniobras y gestiones para desactivarla y desacreditarla, fue lo suficientemente sólida como para desarrollarse luego en el ámbito fiscal y terminar varios años después en sentencias judiciales cuyas penas se cumplen todavía.
En los años siguientes, otros casos importantes indicaron que, pese a todo, la corrupción militar subsistía. Y más de una vez el objeto de robo fue el combustible militar en zonas de operaciones.
La resonancia de esos casos fue atenuada luego por la dimensión épica de otros escándalos que remecieron y cambiaron a la nación.
Lava Jato; Lava Juez… Esta última mega investigación demostró, a través del sonido vivo de los CNMAudios, lo enorme que era la corrupción en el sistema de justicia peruano. Lo que antes solo se intuyó y padeció pudo al fin probarse.
En medio de la movilizada esperanza de esos tiempos fueron pocos quienes se percataron que era ridículo pensar en una “lucha frontal” contra la corrupción, porque el enemigo estaba en nuestras filas, en nuestros centros de dirección y control, transformando entre otras cosas el sistema de justicia en una realidad de toga falsa y balanza trucha; en pugna sorda con los grupos virtuosos que nunca dejaron de existir, pero que –como demostró la experiencia– no fueron inmunes en todo caso al contagioso oponente.
Por eso, cuando, en abril de 2018, reventó el caso de la venta clandestina de combustible militar a grifos civiles, no hubo gran sorpresa. Nueva gente, viejos métodos, en menores cantidades comparadas con los grandes casos.
Durante ese año y el siguiente se produjeron varias detenciones que en diciembre de 2019 llegaron hasta el grado de general.
Y hace pocos días, dentro de esa misma investigación, varios allanamientos aparatosos en oficinas del Ejército, en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y en viviendas de jefes militares fueron presentados como un golpe sólido a la corrupción militar. Aunque cuatro ex comandantes generales del Ejército estuvieron entre los allanados e intervenidos, la atención fiscal se enfocó con marcado acento en el jefe del Comando Conjunto, general EP César Astudillo.
A primera vista, el elenco de inculpados rivalizaba en importancia y jerarquía con los de la investigación “Cuestión de galones” de 2006.
Ese año, el 2006, el ministro de Defensa era Allan Wagner y su viceministra, Nuria Esparch. Algo más maduros hoy, Wagner y Esparch sirven en el gabinete actual como ministros y es muy probable que hayan recordado su experiencia de entonces con lo que pasa hoy.
Los casos por fuera se parecen, pero ¿son en verdad similares?
En 2006 –como ministro de Defensa; hoy de Relaciones Exteriores–, Wagner inició con prontitud acciones administrativas que desembocaron luego en los ámbitos fiscal y judicial. Pese a los retrocesos posteriores, la investigación tuvo una solidez inherente que resistió todo embate, y eslabonó las pruebas y nuevos descubrimientos en forma terminante. No primaron mentiras ni desinformaciones sino revelaciones que fueron, casi sin excepción, comprobadas.
¿Y esta, en 2021? Desde que supe sobre el allanamiento al CCFFAA, tuve dudas sobre la integridad de la investigación. Cuando entrevisté por primera vez al general Astudillo en el VRAE, hace algunos años, me dio la impresión de ser un militar destacado, para quien el puesto no representaba una sinecura sino una misión. Con los años pude ver que si bien su estado físico disminuía, su entrega al trabajo, no.
¿Pudo haber caído este oficial talentoso en las cutras y robos que tantos otros generales sintieron casi como un derecho de señorío temporal del rango y el cargo? No era imposible, claro está. Pero que un fiscal centrara un despliegue excesivo y aparatoso en acusarlo, tampoco garantizaba que la acusación fuera verdad.
Lo que quedaba por hacer, e hice, fue revisar con el mayor detenimiento posible la evidencia, recoger la información pertinente, analizarla sola y en contexto para formar una opinión apoyada además en la experiencia.
No revisé –lo digo desde ya– los casos de los otros investigados y acusados sino solo lo concerniente al general Astudillo. De manera que mi opinión es exclusivamente sobre él y sobre ninguno más. ¿Por qué? Primero, porque fue evidente que casi toda la acción fiscal fue armada con Astudillo como blanco central, y los demás como actores de reparto. Y segundo porque en todos estos años le tocó enfrentar y resolver desafíos singulares, en los que sus colegas no participaron en forma lejanamente parecida.
¿Entraban en juego motivos no vinculados con el caso? ¿Quizá una razón pudiera ser incidir en quién comanda la Fuerza Armada durante la ya inminente crisis de gobierno, que puede reventar en cualquier momento este mes de marzo?
El “quizá” de repente sobra. Les explico porqué antes de entrar en el asunto de las acusaciones y allanamientos fiscales.
La próxima semana, la misma mayoría de congresistas que usurpó el poder en noviembre por una semana, –antes de retirarse espantados por la indignación popular; pero que ahora, meses después de perder el primer y el segundo round, ha perdido también el miedo y se prepara, según todo indica, a forzar un tercer asalto– ha conminado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a concurrir a lo que sin duda será una sesión de agravios, como calentamiento para una acusación constitucional.
Si Ávalos termina separada de su cargo, probablemente asuma como fiscal de la Nación un importante miembro de la mafia de los ‘Cuellos Blancos’, Víctor Raúl Rodríguez Monteza: la persona que alertó a los jurismafiosos sobre la investigación que se les hacía y que luego trató de forzar a IDL-Reporteros a entregarle nuestro material investigativo. Con Rodríguez Monteza en la fiscalía de la Nación, la mafia encaminaría un firme proceso de retorno al poder.
Luego vendrán otros pasos, que el caudillo de la coalición de derecha más bruta desde los tiempos de Areche, Rafael López Aliaga, se adelantó, con la deslenguada arrogancia que le es habitual, a proclamar. El gobierno de Sagasti debe ser destituido, dijo, y en su lugar debe nombrarse como presidente a Otto Guibovich, el ex general EP, antaño demócrata, que estuvo detrás de la aventura de Merino en sus dos tiempos previos.
Los dos factores que hasta ahora hicieron imposible esa degradación fascista fueron: la protesta popular; y el que la Fuerza Armada estuviera bajo el comando del general EP Astudillo.
El 10 de septiembre del año pasado, en el primer intento de vacancia de Vizcarra, el congresista Manuel Merino, que encabezaba el intento usurpador, intentó, con la ayuda de Guibovich, contactar a los jefes militares para obtener su apoyo o neutralidad. Astudillo se negó a contestar las llamadas e informó al entonces ministro de Defensa, general EP (r) Jorge Chávez Cresta sobre lo que sucedía. Chávez Cresta, apercibido también por el entonces comandante general de la Marina, respondió en términos enérgicos, sobre todo en una conversación con Guibovich, al intento de tocar la puerta de los cuarteles para llegar al gobierno.
Cuando el segundo intento logró la vacancia de Vizcarra a inicios de noviembre, y Manuel Merino fue nombrado presidente por el Congreso, la protesta popular creció cada día en intensidad, extensión, números e indignación en creciente aproximación a la furia en multitud. Todos los esfuerzos de aplicar la mayor dureza policial terminaron en muertes, heridas y una repulsa que no paraba de crecer en fuerza y decisión.
Aislados los usurpadores, intentaron un último recurso. Sacar a la Fuerza Armada a las calles para reprimir con extrema violencia la protesta de la gente, decretar toques de queda, efectuar redadas nocturnas para sofocar la oposición. Esto fue aconsejado por miembros de la llamada Coordinadora Republicana, cuyo jefe es López Aliaga. Merino ordenó a Astudillo comparecer en Palacio con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas.
Astudillo se negó a concurrir y lo explicó mediante un comunicado, que marcó un momento histórico en la relación de la Fuerza Armada con el sistema democrático:
Después de ese comunicado el chorro de renuncias de ministros del gobierno usurpador se convirtió en un sálvese quien pueda. Merino renunció y los congresistas se aglomeraron, temerosos, en vehementes pedidos de disculpa y perdón a los peruanos. Poco después, con el susto todavía encima, eligieron en modo penitente al nuevo Presidente y la Junta Directiva del Congreso solo entre quienes habían votado en contra de la vacancia.
Pero ahora, envalentonada por los escándalos de las vacunas, las peleas de las fiscales y la blandenguería del gobierno actual, la ultraderecha rabiosa vuelve a la ofensiva, y su caudillo ya adelanta su voluntad de perpetrar otra vacancia y tomar de una vez el poder a través de quien él ha designado como su Petain criollo de ocasión.
¿Quién sería el obstáculo para la represión brutal que probablemente intentarían desatar, preventiva o reactivamente?
Astudillo lo fue la vez pasada y con seguridad volvería a serlo.
Sacarlo antes para sustituirlo con alguien que de repente comparta capellán con López Aliaga sería un primer paso.
Y hacerlo con una acusación que lo manche moralmente y que encima logre que gente de sectores liberales, inspirados en el pensamiento-guía del perro de Pavlov, demanden su salida, sería un éxito redondo, ¿verdad?
¿Qué lo dicho es hasta ahora especulativo? Una parte puede serlo, pero los antecedentes mencionados son de exactitud irrefutable.
Lo he adelantado porque creo que explica bien el contexto dentro del que se han dado las acciones de allanamiento y acusación.
Ahora es el momento de pasar a examinar la investigación fiscal, su integridad (o falta de ella) y su exactitud.
Por lo extenso del tema, va a ser primero necesaria una explicación sucinta de sus aspectos más importantes.
Cómo empezó el caso
César Astudillo fue comandante general del Ejército entre enero y octubre de 2018. Nombró como jefe del Batallón de Inteligencia (ex SIE) al coronel EP Luis Flores Alván, un veterano que, según fuentes confiables, se siente más a gusto en la espesura de la selva que en la oficina.
En febrero de ese año, Astudillo convocó a Flores y le indicó que había recibido una denuncia sobre delincuentes que estafaban a postulantes de la Escuela Militar de Chorrillos. Le ordenó investigar el tema e informarle. Flores Alván armó un equipo y contactó a la Dirección contra la Corrupción de la PNP (Dircocor). La colaboración fue fructífera, sumaria y, según las fuentes, terminó con la captura de los delincuentes.
Durante la investigación, los policías de la Dircocor informaron a Flores Alván que venían investigando un posible robo de gasolina desde grifos del Ejército para la venta clandestina en surtidores civiles. Como no podían ingresar (excepto en casos de flagrancia) a la instalación militar sin orden judicial, le pidieron ayuda.
Flores Alván informó a Astudillo quien le ordenó que colabore e investigue. Junto con otro oficial del Ejército y con la Dircocor, pudieron documentar en corto tiempo, con fotos y vídeos, los robos sistemáticos de combustible. Ello ocurrió, según recuerdan las fuentes, en la segunda quincena de marzo. El proceso de sustracción de combustible de los grifos militares en un vehículo con doble tanque y su transporte a un grifo en Chorrillos quedó claramente establecido. El paso siguiente era la intervención policial con arrestos en toda la línea de tráfico.
Luego de enterarse de la investigación, Astudillo convocó al entonces jefe de Intendencia, el coronel EP Juan Gonzales Muñiz e indicó que había evidencias de delitos en el manejo de los grifos de gasolina del Ejército y le pidió que use la inspectoría de su unidad para investigar y sancionar. Gonzales Muñiz, según la confesión de varios involucrados, reunió el 15 de abril a los responsables de los cuatro grifos del Ejército y al jefe del Batallón de Intendencia 511, el comandante Javier Palacios Chauca, (una persona importante en este caso) y, según los asistentes, mencionó la nota de inteligencia, les increpó con vívido lenguaje y prohibió –de acuerdo con la versión fiscal recogida por el juzgado–, “la continuación de la venta”.
Astudillo, indican las fuentes, fue informado de la inminencia de la incursión policial y, precisan las fuentes militares, ordenó no informar y menos prevenir a nadie. Así, dicen, el 18 de abril de 2018, los policías pudieron lograr plena sorpresa y efectuar los arrestos sorprendiendo a los perpetradores literalmente con las manos en los grifos.
Astudillo es acusado de encubrimiento (les ahorro la jerga judicial) por el fiscal Hugo Minaya por lo anteriormente descrito. Es contradictorio sostener esa acusación cuando Astudillo ordenó colaborar con la investigación policial y no hacer nada que pudiera prevenir a los ladrones militares de la inminente incursión policial.
Una acusación más grave es la de “peculado doloso”. De acuerdo con ella, el supuesto combustible sobrante del grifo de la comandancia general del Ejército era vendido a particulares por el jefe de la estación, el capitán EP David Arana Estabridis, quien luego entregaba el dinero a Astudillo. Según la acusación, ese monto era de 10 mil a 15 soles mensuales, lo que “multiplicado por los diez meses que ocupó dicho cargo [la comandancia general] se tiene que sería entre S/. 100,000 soles a S/. 150,000 soles”, como dice el documento fiscal contenido en la resolución judicial.
¿Cómo prueba la acusación? Con el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz que menciona un diálogo con el coronel Gonzales Muñiz, quien al ser consultado sobre qué hacer con el combustible sobrante del mes, le habría dicho al colaborador “voy a conversar con el general y luego nos comunicamos”. Luego de eso le habría indicado que no haga nada con el combustible, el cual habría desaparecido pocos días después, lo cual, para el colaborador, era señal de que se había vendido ilegalmente.
El mismo colaborador sostiene que el administrador del grifo, capitán EP David Arana, le dijo al comandante Palacios Chauca, quien desempeñaba funciones casi siempre coincidentes con las del aspirante a colaborador eficaz, que “tengo que liquidar con el tío”. Lo del “tío”, dice el colaborador, era “lo del General César Astudillo Salcedo también es con quien liquidó su combustible”.
IDL-Reporteros ha podido averiguar que tanto Gonzales Muñiz como Arana Estrabidis han negado y desmentido lo afirmado por el aspirante a colaborador eficaz. Arana sostiene no conocer personalmente a Astudillo y no haber hablado, en consecuencia, nunca directamente con él. Gonzales Muñiz, por su lado, habría negado cualquier culpa de Astudillo en el caso de la gasolina.
Toda la acusación está basada en el testimonio indirecto de un aspirante a colaborador eficaz, que solo menciona lo que presuntamente le dijeron dos personas. Pero ambas desmienten al aspirante a colaboración eficaz. ¿En qué otra evidencia se basa la acusación? Si la hay, no figura en el documento presentado al juez.
De acuerdo con lo averiguado por IDL-Reporteros, el aspirante a colaborador eficaz N’012-2019, un oficial del Ejército, estuvo detenido por varios meses en Castro Castro antes de avenirse a la colaboración eficaz. Poco después salió en libertad. No he tenido tiempo para analizar el valor de su testimonio en los casos de otros investigados; pero en el de Astudillo, su imputación depende por entero de lo que le habrían revelado dos personas que, de acuerdo con fuentes concurrentes, desmienten su versión.
El manejo de colaboradores eficaces, como se los llama aquí; o delatores premiados, como, con mayor precisión, se les dice en Brasil, supone en la práctica negociaciones complejas entre fiscales y acusados, donde los primeros presionan con la severidad legal del encierro y la posibilidad de una sentencia sin atenuantes, mientras los segundos cuentan con la información que los fiscales necesitan para avanzar la investigación y lograr éxito en sus casos. La negociación de fiscales y policías con delincuentes informados, potenciales delatores, puede ser desde áspera y directa hasta sutil y tortuosa.
Lo que nunca debe ser es deshonesta y mucho menos delictiva.
Como instrumento investigativo, la delación premiada es muy efectiva, particularmente en casos complejos. Pero si acaba usada en forma corrupta por fiscales o policías sin escrúpulos ni principios, degenera en tóxica y nociva.
En este caso, el manejado por el fiscal Hugo Minaya, hubo una revelación de evidente corruptela en el manejo de la colaboración eficaz. La hizo el periodista Beto Villar, en una emisión del programa Punto Final, de Frecuencia Latina, el 16 de diciembre de 2019.
Extracto de reportaje de Punto Final, reproducido con permiso de Latina.
Villar empezó el reportaje reseñando la redada del 8 de noviembre de 2019, en la que fueron detenidos 21 oficiales del Ejército y un técnico de la Policía. Esa fue hasta entonces la acción más importante de una ambiciosa investigación. Pero, añadió Villar, “lo que veremos a continuación cuestionaría el actual [sic] del fiscal encargado del caso, Hugo Minaya Paulino, pues información valiosa que maneja su despacho, como seguimientos y posibles capturas, las sabía también un abogado de colaboradores eficaces llamado Erick Ramos Suyón. […] Este programa ha tenido acceso a audios en los que se revela manejos, por decir lo menos, cuestionables de datos del Ministerio Público y que podrían empañar la actuación de la justicia en un caso como este”.
A continuación aparece la grabación subrepticia de la conversación de Ramos Suyón con la mayor EP Heyli Ponce, en la que este le advierte sobre los peligros que pesan sobre ella si no colabora.
“Si lo dejas avanzar, esto es un cáncer”, le dice Ramos Suyón a Ponce. “Ahorita te puedo curar con una aspirina. Dentro del penal mis honorarios van desde 10 mil dólares hasta 25 mil dólares. Si quieres que te ayude en todo, ahora que estás en la calle y todo, podríamos conversarlo… ¡8 mil soles!”.
“¿Qué implica ese monto: todo el proceso?” pregunta quien es descrito en el vídeo como el esposo de Ponce.
“No vas a tener proceso” responde Ramos Suyón.
¿Y cómo puede prometer resultados tan definidos?
“El fiscal sabe que yo estoy ahorita con usted” le dice Ramos Suyón a Ponce, “Yo no doy un paso, no me entrevisto con nadie, no converso con nadie si él no lo sabe y si él no lo autoriza”.
Y tenía información para comprobar lo que decía. La conversación ocurrió un mes antes de las detenciones del 8 de noviembre, y Ramos Suyón le adelantó a Ponce que “ya hay una lista de 25 personas entre las cuales están incluidos generales y todo, que tienen el teléfono intervenido, están con seguimiento. Hay una lista de 25 personas camino a ser detenidas”.
La información resultó virtualmente exacta. Ramos Suyón ofreció libertad a cambio de información y, sobre todo, de dinero. Actuaba, según dijo, con la autorización del fiscal. Como virtual delegado de este.
Lo de Ramos Suyón configura la típica extorsión judicial basada en una alianza corrupta entre defensores y fiscales, donde la gravedad o la exención del proceso depende del acuerdo y el pago.
Cuando Villar preguntó al fiscal Minaya sobre esos diálogos, este negó haberlos autorizado, con gestos que hubieran servido para una emisión renovada del antiguo programa de televisión: “Lie to me”. Minaya, de paso, encuentra difícil hablar de sí mismo con el pronombre “yo” y solo se refiere a sí como “Mi persona”.
¿Hubo investigación o sanción luego de ese reportaje? Entrevistado por IDL-Reporteros hace pocos días, Minaya dijo que sí.
“…hemos oficiado nosotros al Colegio de Abogados de Lima para que vean si es que esa conducta es inapropiada. También yo, a través del fiscal superior, se ha iniciado [sic] contra él una investigación por tráfico de influencias y esa denuncia está formalizada. […] en el segundo despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur, a cargo de la doctora Dextre”.
¿Tuvo algún efecto práctico esa denuncia? No mucho, parece. De acuerdo con lo que IDL-R ha podido averiguar en la investigación que dirige Minaya hay entre ocho y diez aspirantes a colaboradores eficaces; y Ramos Suyón es el abogado de la mayoría. Algunos ejemplos:
En diciembre de 2019, el abogado Óscar Moreno, que representa al detenido Javier Sulca, presentó ante el despacho de Minaya una queja por el intento de Ramos Suyón de convencer a su cliente de acogerse a la colaboración eficaz, en una visita inopinada a su prisión, donde le reveló los nombres de sus numerosos clientes en el caso, acogidos virtualmente todos a la colaboración eficaz.
La nota incluía un reporte manuscrito del propio Sulca con detalles reveladores, sobre todo si se tiene en cuenta lo revelado por el propio Ramos Suyón en el programa Punto Final.
[…]
[…]
Cuando Minaya respondió a Beto Villar, el periodista de Punto Final, ya había recibido este documento y leído el testimonio puntual de Sulca, que coincide plenamente con lo que luego dijo Ramos Suyón a la mayor EP Ponce, sin saber que estaba siendo grabado.
De acuerdo con informaciones coincidentes, Minaya no hizo nada respecto de esta queja, excepto entrar en una relación hostil con Moreno.
La nota de inteligencia y el estilo Chávarry de lacrado
La incursión del 23 de febrero en la casa y la oficina de Astudillo en el Comando Conjunto se llevó a cabo cuando este se encontraba en Madre de Dios. La acción en el Comando Conjunto estuvo plagada de vicios y defectos de procedimiento con consecuencias potencialmente peligrosas. Normalmente no le presto mucha atención a las formalidades impregnadas por la cultura leguleya del país. Pero este caso fue diferente.
•La disposición judicial de allanamiento otorgada por el juez comprendió domicilios, ciertas “oficinas propias” y algunas dependencias del Ejército. El Comando Conjunto no es parte del Ejército sino una institución de rango superior, que coordina y opera a los tres institutos de la Fuerza Armada. Para facilitar la incursión, la resolución judicial, basada en el pedido fiscal, se refiere a la oficina de Astudillo en el Comando Conjunto como una “oficina propia”.
•Hasta en las democracias más liberales de la tierra, el ingreso, incluso judicial, a los centros vitales de defensa nacional cumple protocolos básicos de seguridad, que incluye un escrutinio cuidadoso, por personal calificado, de la información clasificada como secreta, para no llevarse indiscriminadamente (en caso sea necesario hacerlo) reportes con contenido que debe permanecer confidencial. En el Perú no tenemos tantos secretos de seguridad nacional, pero algunos hay. Con algo de sentido común, uno puede tener una idea de cuáles son.
Pero en esta diligencia, como se pudo ver en la cobertura que se le dio, el ingreso fue indiscriminado a la oficina del jefe del Comando Conjunto (Astudillo) y entiendo que también a la del Estado Mayor. Los funcionarios de Minaya levantaron de todo. En los días siguientes, la fiscal de la Nación ofició al fiscal superior Omar Tello para revisar y devolver el material incautado que tuviera relación con la seguridad nacional. Tello no lo cumple todavía, pero el daño ya puede haber sido hecho.
Fue una incursión agresiva, en la que la puerta de la oficina del general EP Edward Gratelly fue abierta a patadas. Como si se hubiera entrado con el Suat a un antro de traficantes. Más que excesivo, fue abusivo.
•El abuso fue asordinado por el aparentemente sensacional hallazgo de dos notas de información sobre Minaya en la oficina de Astudillo. Se le dio visos de escándalo y se presentó como una evidencia de seguimiento y hasta de reglaje.
Estas son las notas de “información”:
Notas de inteligencia – Caso Astudillo by IDL_Reporteros on Scribd
Ambas notas de información fueron escritas en la segunda quincena de enero de 2020. Las hicieron en el Batallón de Inteligencia del Ejército (ex-SIE) que depende de la Dirección de Inteligencia (ex-Dinte), la que reporta a su vez al comandante general del Ejército. En 2020, el comandante general del EP era el general Jorge Celiz Kuong. Astudillo dejó de ser comandante general del EP en octubre de 2018. Las relaciones entre ambos generales –pese a ser de la misma promoción, o quizá por eso– no eran buenas entonces ni lo fueron después. Los oficiales a cargo del Batallón de Inteligencia y de la Dirección de Inteligencia eran, como sucede casi siempre, de la confianza del CG, Celiz.
Pude conversar, con reserva de fuente, con un alto oficial del Ejército que tuvo un puesto de responsabilidad en Inteligencia ese año. Según su versión, la primera nota fue producida enteramente con información de internet y “analizada” por otro oficial. Luego de eso, pese a que uno hubiera podido conseguir mejor información en cualquier tabloide de kiosco, la información se compartió con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y con el Comando Conjunto (CC) a través de un sistema seguro para compartir documentos que se conoce como Marte. Ni la Dini ni el CC hicieron comentario sobre las notas, dijo la fuente. El documento encontrado en la oficina de Astudillo fue impreso en el CC, como identifica el sello de agua. Puede haber interesado darle un vistazo, pero en verdad nada más.
El documento es interesante pero por razones diferentes a su desnutrición informativa: revela varios de los vicios del sistema de inteligencia, como el de abusar del sello de Secreto donde no hay nada importante por guardar; o clasificar como A-A-1 una información de pobre calidad.
Lo que es evidente es que no hay nada que se asemeje a un plan de seguimiento, de vigilancia y mucho menos de reglaje.
La segunda nota, sobre la presencia de Cerrón en Huaral fue hecha, según el oficial, por un colaborador que vive en esa ciudad. Indicó que no mandaron a nadie y que se trató del reporte de un hecho que el informante local consideró remarcable.
De acuerdo con esa versión, confirmada por una segunda fuente, queda claro que ambas notas fueron producidas por el Batallón de Inteligencia del Ejército cuando Celiz era su comandante general. Que, pese a su celo por la exclusividad, consideraron que las podían repartir en el sistema Marte y que ninguno de los dos potenciales recipiendarios la consideró de interés.
Lo único que tuvo que ver Astudillo con eso, fue que él o un ayudante la imprimieron para leer.
Pero, el interés real de ambas notas de anémica información es lo que hizo con ellas el fiscal Minaya.
Las notas fueron reveladas por Minaya y aparecieron, con todo el impresionismo que permiten las ediciones apresuradas, en el reportaje sobre los allanamientos que hizo Anuska Buenaluque para Cuarto Poder el domingo 28 pasado.
Si las encontraron, ¿por qué no se incluyeron en el acta? preguntó el abogado de Astudillo, Raúl Pariona, quien inicialmente pensó erróneamente que se había “sembrado” esas notas.
Buenaluque respondió la pregunta, con ayudas visuales. Había muy poco tiempo, dijo, para la diligencia, de manera que el fiscal auxiliar que descubrió las notas apuntó que en ese archivador había información de interés, después de lo cual, puntualizó Buenaluque, lacró todo, delante de los policías y los militares y se lo llevó. “Así que no fue siembra sino cosecha”, concluyó Buenaluque con agrícola ironía.
¿Y cómo fue que la cosecha llegó tan velozmente al mercado, como para aparecer (las notas) en el reportaje de Buenaluque con Minaya comentándolas después de haberlas leído; y en otro que apareció después en La República? ¿No que estaba todo lacrado? ¿Y que lo lacrado se deslacra en una diligencia especial? ¿O es que Minaya utilizó la tecnología Chávarry de lacrado?
El fiscal tenía una nueva explicación. Entrevistado hace poco por IDL-Reporteros sobre el tema informó que “mi persona [sic] dispuso que el fiscal Erinson Mendoza, que también trabaja en la Fiscalía de Lima Sur, se encargue de la diligencia de allanamiento en la oficina del Comando Conjunto”. Agrega Minaya que Mendoza lo llamó entre las 10:30 am y las 11 am y le informó que: “… he encontrado en un file en una nota de inteligencia a su hermano de usted [sic]”. Minaya dice que luego Mendoza “tomó fotografías no solo de ese documento sino fotografías de toda la diligencia…”.
Eso no es difícil de corroborar, pues ese día la oficina de prensa y comunicaciones del Ministerio Público cubrió con detalle el allanamiento del Comando Conjunto y, si ocurrió, podrá verse al fiscal Mendoza en los afanes fotográfico que, de ser reales, le quitaron tiempo que hubiera podido emplear en tener un acta verdaderamente informativa.
Lo claro es que el allanamiento al Comando Conjunto se realizó con prepotencia y abuso; y que la investigación fiscal de este caso en su conjunto aparece contaminada por signos inconfundibles de corrupción.
Reflexión de cierre: Uno ve el escenario actual, con su variedad de peligros claros, presentes e interconectados: desde el porcinofascismo hasta los intentos de captura de la lucha anticorrupción por corruptos, y no puede dejar de preguntarse: ¿se avanzó tanto para llegar a esto?
La respuesta es que los espectaculares avances contra la corrupción de años recientes no marcaron el fin sino el principio de campañas largas y llenas de peligros, que durarán largos años más sin garantía de resultado.
Fueron esfuerzos inéditos, necesarios y valiosos aunque sucedieran sobre el suelo frágil y quebradizo de la república anhelada en la visión fundacional de nuestro país; asentado, sin embargo, sobre el pantano apenas drenado de la astuta y adaptable cultura de corrupción endémica en esta tierra.
