Los congresistas Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) y José Cueto (Honor y Democracia, ex Renovación Popular) usaron un embuste tras otro contra las ONG de derechos humanos y ambientalistas al sustentar en el Pleno del miércoles 12 de marzo la ‘Ley APCI’, que desde 2023 impulsan varias bancadas con el fin de someterlas o eliminarlas. Luego de un debate de menos de una hora, 82 congresistas la aprobaron en primera votación, y 81 la exoneraron de la segunda votación.
Aguinaga, exministro de Salud del gobierno de Alberto Fujimori denunciado ante el sistema interamericano de derechos humanos, es uno de los parlamentarios con más conflictos de interés al haber impulsado esta ley que lo beneficia directamente. Como informó IDL-Reporteros en junio pasado, Aguinaga fue acusado en el emblemático caso de las esterilizaciones forzadas, denuncia que cinco ONG de derechos humanos llevaron en 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el Pleno, el político fujimorista citó un bulo reciente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha cerrado la oficina de ayuda humanitaria de su país, USAID. “Hace pocos días hemos escuchado al presidente Trump decir que la ayuda para el desarrollo ha sido despilfarrada para otros fines. Este proyecto de ley cubre todos los vacíos que se puedan plantear, viene a poner al Perú a la altura de los grandes países”, dijo Aguinaga.
El exministro fujimorista calificó el dictamen como “uno de los proyectos más importantes de este periodo parlamentario, una propuesta legislativa que va a cortar el modus operandi de quienes aprovechándose de la cooperación internacional se llenan los bolsillos a costa del destino que tenía que haber sido: los más pobres del Perú”.
Sin embargo, a Aguinaga y los otros políticos que han promovido la nueva ley APCI, no les interesan los pobres sino librarse de las instituciones de la sociedad civil que los fiscalizan.
“Es el momento de asumir la responsabilidad, tomar decisiones que tienen que estar in pectore (sic) en cada uno de nosotros, que estos fondos no se festinen a costa de los pobres”, añadió.
El dictamen inicial contemplaba que a partir de la nueva ley, la APCI elabore un registro de ONG que realizan “actividades políticas”. La congresista Susel Paredes planteó que el dictamen retorne a la comisión de Relaciones Exteriores dado que ese punto era contrario al artículo 2 de la Constitución, al contravenir la libertad de pensamiento y expresión. La cuestión previa no prosperó, pero al final del debate la presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, la congresista Auristela Obando, refirió que en el texto sustitutorio retiraban ese planteamiento por inconstitucional.
El congresista José Cueto también repitió, en el Pleno del miércoles, la desinformación que difunden desde 2023 medios como Willax, Expreso y La Razón, acerca de un supuesto “descontrol” en el que operan las organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos de la cooperación internacional, en supuesto perjuicio de los pobres. Luego arremetió contra las ONG de derechos humanos, como lo hacen otros militares jubilados que son a la vez congresistas. Después atacó a la ambientalista Lucila Pautrat, de la institución ambientalista Kené, defensora de bosques amazónicos amenazados por la deforestación y el tráfico de tierras.
“Algunas ONG de supuesta defensa de derechos humanos como IDL, Aprodeh y otras se han dedicado a defender terroristas en los casos Chavín de Huántar, El Frontón y el mal llamado ‘Escuadrón de la muerte’. No podemos permitir que sigan persiguiendo con esos recursos a miembros de nuestras fuerzas armadas y Policía Nacional”, dijo Cueto para pedir el voto a favor de la ley.
Sin embargo, las ONG que menciona el congresista sobre esos casos han defendido a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado: no patrocinaron a “terroristas”.
En el reportaje sobre los conflictos de interés en torno a la Ley APCI, IDL-R informó que personas ligadas al fujimorismo participan en actividades extractivas depredadoras en la Amazonía, en particular en Loreto, y difaman a las ONG ambientalistas y que defienden a los pueblos indígenas en aislamiento. En ese contexto se entiende el ataque de Cueto, en el Pleno del miércoles, contra el Instituto de Defensa Legal y el Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Kené. “No estamos atacando a las buenas ONG que cumplen su trabajo”, dijo.
La intervención del congresista Alex Flores, de la Bancada Socialista, retomó la clasificación de Cueto sobre las ONG, para explicar por qué votarían en contra.
“Hay un doble rasero de aquellos que promueven esta iniciativa. Esto apunta claramente a un tipo de ONG: aquellas que se dedican a los derechos humanos y ambientalistas que apoyan a las organizaciones sociales”, comentó.
“Aquí no se está diciendo que hay también ONG de derecha. No se puede querer amordazar y legislar con nombre propio. Se está haciendo una ley especial por la diferencia de las personas, quieren tener un control político sobre aquellas ONG que no les gustan”, acotó Flores.
Prohibiciones y sanciones
La ley que ha aprobado el Congreso establece términos muy generales para sancionar por faltas “muy graves” a las ONG si realizan “actos que afecten el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el orden interno”. La consecuencia en ese caso es la cancelación de la inscripción en la APCI.
La norma dice que constituye una afectación al orden público “el financiamiento de actividades electorales en contravención al ordenamiento Jurídico electoral y a la Ley de Partidos Políticos”.
Además, califica como falta “muy grave” que las ONG usen recursos de la cooperación internacional contra el Estado peruano. Algunos ejemplos de ello son los litigios por casos de graves violaciones a los derechos humanos en el sistema interamericano, cuando agentes de las fuerzas del orden o funcionarios públicos son los acusados.
“Constituye uso indebido, utilizar los citados recursos para asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma, o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, contra el Estado Peruano”, señala la nueva ley.
Esta prohibición no figuraba en el dictamen que elaboró la Comisión de Relaciones Exteriores el año pasado pero, además, cuando la congresista Obando leyó en el Pleno del miércoles un resumen de los cambios más importantes no mencionó esta cuestión. El congresista Alejandro Cavero pidió que el relator leyera el texto completo del dictamen antes de la votación, pero ello no se cumplió: la congresista se limitó a pedir el voto luego de informar -de forma incompleta- las modificaciones.
Otro nuevo mecanismo de control es considerar “falta grave” que las ONG no permitan u obstaculicen “el desarrollo de un procedimiento de supervisión o fiscalización” o que ejecuten fondos de la cooperación internacional sin que previamente la APCI haya dado su conformidad.
Adicionalmente, impiden que las entidades del Estado realicen libremente acuerdos con las organizaciones de la sociedad civil para ejecutar financiamiento internacional. “Los contratos, actos jurídicos o administrativos que celebre el Estado con las organizaciones que gestionen cooperación técnica internacional también requieren conformidad previa de la APCI, conforme a la normativa vigente”, dice la nueva norma.
El sentido de los votos
La bancada más entusiasta con la ley, fue definitivamente Fuerza Popular, aunque no todos sus miembros estaban en el hemiciclo. De los 21 congresistas, 19 votaron a favor; seguidos por Renovación Popular, Podemos y Alianza para el Progreso, con nueve votos por agrupación.
Ocho parlamentarios de Perú Libre, partido del prófugo Vladimir Cerrón, votaron a favor. Somos Perú aportó seis, y Acción Popular, el Bloque Magisterial y Avanza País, sumaron cinco votos cada uno. Los escindidos de Renovación Popular, llamados Honor y Democracia, añadieron cuatro más, y los No agrupados, tres.
Los 16 congresistas que votaron en contra fueron Carlos Anderson, Guillermo Bermejo, Jorge Coayla, Víctor Cutipa, Pasión Dávila, Hamlet Echeverría, Alex Flores, Ruth Luque, Flor Pablo, Susel Paredes, Alejandro Pariona, Jaime Quito, Edgard Reymundo, Roberto Sánchez, Elías Varas y Carlos Zeballos. Fueron cinco de la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, cuatro del Bloque Democrático Popular, cuatro de la Bancada Socialista, y dos no agrupados.
Ley inconstitucional
En un pronunciamiento, el Instituto de Defensa Legal denunció que la ley infringe el artículo 139 de la Constitución –que garantiza el derecho de toda persona a acceder a la justicia– así como tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú.
El IDL repudia el nuevo marco normativo porque vulnera el derecho a la defensa y a la tutela jurisdiccional efectiva, y advierte que “las ONG que defiendan los derechos fundamentales de aquellas víctimas de derechos humanos, de los pueblos indígenas y comunidades campesinas podrían ser sancionadas con multas de hasta 400 UIT”, casi 2 millones de soles.
Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), institución que reúne a más de 70 organizaciones de la sociedad civil, expresó la noche del miércoles su “absoluto rechazo” a la modificatoria de la ley de creación de la APCI. En un comunicado afirmó que esta decisión “respaldada por un gobierno cuestionado y deslegitimado impone un control indebido sobre la sociedad civil y atenta contra la defensa de los derechos humanos y la democracia”.
La CNDDHH recordó que las organizaciones que promueven los derechos humanos ya rinden cuentas ante APCI y otros organismos de supervisión: “Su verdadero objetivo es acallar las voces críticas que fiscalizan el accionar del Estado y defienden a los sectores más vulnerables”, agrega.
La Red Muqui, que agrupa a 30 organizaciones que defienden los derechos de comunidades afectadas por la contaminación del extractivismo, también rechazó enérgicamente la norma.
“Esta reforma busca imponer un control arbitrario sobre las ONG, especialmente aquellas que denuncian corrupción, graves violaciones a los derechos humanos y la depredación ambiental causada por economías ilegales y empresas irresponsables. Somos incómodas para el gobierno ilegítimo y autoritario”, indica en un comunicado.
La abogada constitucionalista y exministra de Justicia, Ana Neyra, ha cuestionado este jueves los motivos que están detrás de la ley. “Cuando los contrapesos no vienen de otras instituciones públicas, el rol de la sociedad civil se vuelve crucial para controlar el poder. Por eso, los regímenes autoritarios las limitan, especialmente si intentan proteger derechos acudiendo a jueces en el país y ante instancias internacionales. Eso es lo que el Congreso está impidiendo con la nueva ley aprobada. Seguro el Ejecutivo, al que tampoco le gustan los límites, promulgará esta norma muy rápido y sin observaciones”, comentó en su cuenta de Twitter la profesora universitaria.
Otras instituciones de la sociedad civil que han emitido pronunciamientos contra la ley, con la consigna “No nos callarán”, son el Movimiento Manuela Ramos, el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), formada por 40 federaciones locales que constituyen la base regional de Aidesep en Loreto.
“Desde ORPIO denunciamos que el Estado peruano ha sido históricamente uno de los principales responsables del despojo territorial, la negación de la existencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), el deterioro de nuestras condiciones de vida, y el desconocimiento de nuestros derechos fundamentales. Ante esta situacion la cooperación internacional ha sido un aliado estratégico en la defensa de nuestros derechos humanos y territoriales”, describe la institución amazónica.
Para ORPIO, la nueva ley es un “mecanismo de persecución, silenciamiento y criminalización” de quienes denuncian violaciones a los derechos humanos y ambientales.
Reacciones internacionales
Pocas horas después de la votación del Congreso, ha destacado el alerta de la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de asociación y asamblea, Gina Romero. La abogada colombiana escribió en Twitter que recibe con “extremada preocupación” la aprobación de las modificaciones a la Ley de Creación de la APCI.
“En junio enviamos al gobierno un análisis de las modificaciones frente al derecho a la libertad de asociación. Insto al Gobierno Nacional no ratificar la ley y abrir una discusión amplia y plural sobre cómo avanzar en una mejor regulación de la sociedad civil sin necesidad de restringir el derecho a la libertad de Asamblea”, expresó.
En esa misma línea, ha cuestionado la norma la directora de la División para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus. “La ley antiONG que aprobó ayer el Congreso atenta contra las libertades de asociación y de prensa, bases del Estado de derecho y la democracia. Otorga amplios poderes al gobierno para cerrar organizaciones, como en Venezuela y Nicaragua. La presidenta debe vetarla”, planteó.
A diferencia del comunicado que emitieron en junio de 16 embajadas, sobre los peligros de la ley contra las ONG, esta vez no han manifestado su posición sobre el recorte al espacio cívico.
“Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger y responder a las necesidades de los ciudadanos”, alertaron el año pasado las embajadas de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.
