Hace pocas semanas, el 25 de febrero, el director de Logística de la Policía Nacional, general Mario Obregón, viajó a Israel al frente de una pequeña delegación, en lo que debió ser un viaje de inspección y terminó siendo uno de encubrimiento.
Obregón no está solo en ese encubrimiento. De hecho, su proceder se subordinó a las decisiones tomadas por las principales autoridades del ministerio del Interior: el ministro Octavio Salazar y el viceministro de gestión institucional Samuel Torres. Ambos funcionarios contaron con la aquiescencia de la asesoría legal y la pasividad del director general de la PNP.
Obregón viajó a Israel después de dos reportajes publicados en IDL-Reporteros, (“Estafa camionera”, el 14 de febrero de este año, y; “La Prueba” el 19 de febrero) que revelaron el altísimo sobreprecio con el que el ministerio del Interior compraba un lote de 31 portatropas a la firma Hatehof, en Israel. IDL-Reporteros reveló que, salvo algunas modificaciones cosméticas, se trataba del mismo lote de portatropas Abir cuya compra había sido rechazada en 2007 por el entonces ministro del Interior, Luis Alva Castro, arguyendo un gran sobreprecio. El precio de los Abir vendidos en 2007 fue de 107 mil dólares cada uno. En la nueva compra, con cambio de nombre (a “Wolf 2”) y algunas modificaciones cosméticas, los portatropas fueron vendidos a 171 mil dólares cada uno. El sobreprecio era de cerca de dos millones de dólares sobre el precio acordado (y rechazado por ser supuestamente alto) en 2007.
La primera publicación de IDL-Reporteros provocó una furiosa réplica por parte del ministerio del Interior, sobre todo a través de su viceministro Samuel Torres. En una conferencia de prensa, poco después de la publicación del primer reportaje, y luego en una carta a IDL-Reporteros, Torres reiteró que se trataba de diferentes camiones y, sobre todo, que los que se compraba ahora eran del 2009. (Sobre la respuesta de Torres, ver “Escaldaduras en Córpac” y su carta notarial del 15 de febrero).
Curándose en aparente salud, sin embargo, Torres dijo en la conferencia de prensa y escribió en la carta que “la Policía Nacional del Perú aún no ha dado la conformidad de los vehículos fabricados por la empresa Hatehof Ltd., la misma que se verificará en fábrica, por lo tanto, si pretendieran entregar vehículos distintos a los solicitados, y de año de fabricación menor al 2009, no se dará la conformidad y se ejecutarían las cartas fianza por el cien por ciento del monto del contrato a favor del Ministerio presentadas por la empresa Hatehof Ltd.”.
El 19 de febrero, IDL-Reporteros publicó un segundo reportaje sobre el tema: “La Prueba”, en donde se comprobó inequívocamente que Hatehof había comprado 31 Abir a AIL, la planta industrial de Nazaret que los había ensamblado en 2007. Una conversación telefónica grabada en Israel dejó absolutamente claro que Hatehof había comprado esos vehículos para embarcarlos al Perú.
La contundencia de la prueba hizo que el ministerio del Interior se viera obligado a recular y lo expresara al día siguiente, 20 de febrero, mediante el Comunicado –1-2010/IN2010. Ahí, el ministerio afirmaba que, “si la empresa Hatehof no cumple con entregarnos vehículos NUEVOS [sic] que cumplan con todas las especificaciones pactadas, no se dará la conformidad, se ejecutarán las fianzas y no se entregará un centavo”.
El comunicado añadía además, que “si en este caso se trata de un intento por sorprender al Estado con vehículos adulterados procederemos drásticamente en defensa de los intereses y los dineros públicos”.
El “drástico” procedimiento fue el sigiloso envío del general PNP Mario Obregón a Israel. Lo acompañaron tres suboficiales: los especialistas Dante Camarena, Óscar Sánchez García y Rafael Gonzáles.
Desde Israel, Obregón remitió al viceministro Samuel Torres un informe de 10 páginas, como documento adjunto en un correo electrónico.
El contenido de ese documento se guardó en Córpac con más cuidado y reserva que si se tratara de un secreto de seguridad nacional.
La Tercera Fiscalía Anticorrupción, que empezó a investigar el caso, solicitó, mediante tres oficios dirigidos al ministro del Interior, el informe de Obregón. El ministerio ni siquiera les contestó. Tanto el ministro Salazar como el jefe de la Policía, Miguel Hidalgo, se han negado a acudir a la Fiscalía para declarar sobre el caso.
IDL-Reporteros buscó entrevistar varias veces al general Obregón luego de su regreso de Israel. Obregón eludió no solo la entrevista sino que ni siquiera aceptó conversar.
El informe de Obregón
Sin embargo, IDL-Reporteros tuvo acceso al contenido del informe del huidizo general. Al leerlo, se comprende por qué el ministerio del Interior lo ha mantenido en riguroso secreto.
El hecho es que cuando Obregón y los especialistas PNP que lo acompañaron llegaron a las instalaciones de Hatehof para inspeccionar los 31 portatropas, se les dijo que solo había ocho vehículos, pues los otros 23 no habían sido ensamblados todavía.
Entonces, solo pudieron revisar ocho camiones portatropas ligeros (montados sobre un chasís de Dodge Ram). En la revisión, los especialistas constataron que dos de esos ocho vehículos tenían el número de chasís cambiado. Les habían puesto un código VIN (Vehicle Identification Number) de 2010, pero registraban como año de fabricación el 2007.
Otros tres vehículos no tenían código VIN. Y solo tres tenían el número de chasís de 2010.
El general Obregón había comprobado un intento de fraude, pero se limitó a suscribir un acta con los representantes de Hatehof, en la que éstos se comprometieron a cambiar los “chasís observados y rechazados”.
Obregón no pudo evitar señalar en su informe que los ocho portatropas que pudo examinar, tenían caja de cambios automática y no mecánica, como lo exigían las especificaciones de la compra de este año.
¿Por qué la caja automática? Muy simple. Los Abir ensamblados en 2007 tenían transmisión automática.
Como se ha dicho, Obregón regresó en sigiloso silencio a Lima, el viceministro Samuel Torres guardó bajo siete llaves y ocho candados el informe, y el ministro Salazar buscó hablar lo menos posible (ni siquiera sobre pishtacos), para no mover el tema. A su turno, el atribulado jefe de la Policía, Miguel Hidalgo, se mantuvo lo más lejos posible del asunto (con lo que se ganó las hostilidades casi abiertas del ministro Salazar y sus plumarios, que han buscado sacarlo del puesto). Así y todo Hidalgo ha caminado en este caso como quien pisa huevos y no ha roto la omerta que lo une con su compañero de promoción, Salazar.
El 17 de febrero pasado, luego de la primera publicación de IDL-Reporteros, Torres declaró en la Comisión de Fiscalización que “en el caso hipotético de que estos vehículos sean los que rechazó el ministerio en el año 2007, no solo no haremos el desembolso, sino que iniciaremos acciones legales contra la empresa”.
Ahora, de acuerdo con lo que ya sabe, Torres esgrime la posición que las “irregularidades detectadas” no constituyen causal de incumplimiento del contrato.
De hecho, informaciones confiables recibidas por IDL-Reporteros indican que el Ministerio del Interior ya depositó el 40 por ciento del monto total de la compra a una cuenta bancaria de Hatehof; y que el 60 por ciento restante será pagado a esa empresa el 10 de junio, cuando los portatropas lleguen a los almacenes que tiene el Ministerio en la avenida Argentina.
¿Sorprende el silencio respecto del evidente intento de fraude?
Y además, ¿qué sucede con el todavía más evidente sobreprecio?
Silencio en el ministerio.
Pero no fuera de él. Ni siquiera fuera del Partido Aprista.
Como se verá en la siguiente…
