Más de 170 personas han rechazado en un pronunciamiento la denuncia hostil que presentó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables contra el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, por supuesto “acoso político” contra la presidenta Dina Boluarte. El manifiesto está firmado por unas 150 mujeres representantes de organizaciones y redes feministas, defensoras de derechos humanos, abogadas, profesoras, periodistas; y una veintena de ciudadanos, académicos y representantes de la sociedad civil, quienes deploran que el Gobierno use la “violencia de género” como mecanismo para criminalizar al periodismo de investigación.
El texto titulado “No en nuestro nombre: la violencia de género no se usa para persecuciones políticas” ha sido difundido durante la conmemoración del 8M, el Día Internacional de la Mujer, debido a que el gobierno de Boluarte “ha desmantelado de manera sistemática las políticas de género y ha dado la espalda a las demandas urgentes de justicia e igualdad”. Por ello considera inadmisible que este gobierno instrumentalice “un tema profundamente estructural y doloroso para las mujeres peruanas”.
El pronunciamiento, iniciativa del grupo feminista Las Tejedoras, expresa un “firme rechazo al uso manipulador de la violencia de género por parte de la presidenta Dina Boluarte para intentar criminalizar al periodista Gustavo Gorriti”.
El documento sostiene además que “la violencia contra las mujeres no es un recurso politico ni una estrategia de distracción. En un país donde cada día las mujeres enfrentan feminicidios, violencia sexual e impunidad, resulta inaceptable que la más alta autoridad del Estado utilice esta problemática para presentarse cono víctima, cuando su gestión ha ignorado las verdaderas víctimas y ha debilitado los mecanismos de protección”.
El miércoles 5 de marzo pasado, el coordinador del Centro de Emergencia Mujer Lima, Eric Renzo Gómez Chávez, comunicó a la fiscalía de turno especializada de violencia contra la mujer “presuntos hechos de acoso político en la modalidad de violencia psicológica” y pidió una investigación y diligencias.
Según el funcionario del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, un fragmento del editorial de Gorriti publicado el 3 de marzo, constituye un ataque a la funcionaria que despacha en Palacio de Gobierno. “Presidenta Dina Boluarte, busque otros argumentos, si los encuentra. Porque las mentiras y las distorsiones groseras revientan en la cara y luego no hay cirujano plástico que arregle el rostro de la ruina moral”.
Gorriti respondió de esa forma a la mandataria quien en una actividad pública el lunes 3 cometió una difamación y una amenaza: se refirió a un supuesto allanamiento en 2018 en la oficina de IDL-Reporteros, pese a que jamás existió una orden judicial para que hubiera tal diligencia. Boluarte estaba ofuscada ante el allanamiento del domicilio del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y pedía que allanaran otras casas, como las de Gorriti y de fiscales que investigan la corrupción en el poder político.
Ataque continuo a los medios
A los firmantes del pronunciamiento les preocupa que el intento de victimización de la presidenta “busque justificar una persecución política contra el periodismo crítico, en un contexto donde la libertad de expresión y la democracia están bajo amenaza”
La semana pasada, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció el envío de una misión a Perú para “investigar y documentar” constantes y severas afectaciones a la libertad de expresión y de prensa provenientes del Estado. De acuerdo a este gremio, Perú es el país que más ha caído en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa en los dos últimos años, y por ello lo califica como país con “alta restricción”.
El comunicado en solidaridad con Gorriti agrega que el 8 de marzo no puede ser una fecha para la manipulación. Y en nombre de las ciudadanas que no alcanzan justicia, exige “que el gobierno asuma con seriedad y responsabilidad su rol en la prevención y erradicación de la violencia de género y deje de usar las demandas de las mujeres como herramienta de conveniencia política”.
Entre los firmantes del pronunciamiento figuran las exministras de Justicia Ana Neyra y Marisol Pérez Tello; la expresidenta del Congreso y expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez; las exministras de la Mujer Gloria Montenegro y Diana Miloslavich, la exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador; y las defensoras de derechos humanos Norma Méndez y Quilla Sotelo. Asimismo, suscriben el historiador e investigador José Carlos Agüero; Cromwell Castillo, padre de Ernesto Castillo Páez, estudiante que fue víctima de desaparición forzada en 1990; Germán Vargas, abogado defensor de derechos humanos en la ONG Paz y Esperanza.
