El catastrófico derrame de petróleo ocasionado por British Petroleum revela que incluso en una nación poderosa como Estados Unidos, la debilidad regulatoria con las industrias extractivas puede tener consecuencias calamitosas para el medio ambiente. En el Perú, las principales empresas mineras, que obtuvieron en los últimos cinco años ganancias que bordean los US$ 20 mil millones, realizan actividades potencialmente peligrosas en zonas pobres, que requieren de una fiscalización competente y eficaz.
Pero el nivel de respeto de estas compañías al territorio de donde extraen el mineral y también al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) es casi nulo. Sólo el 22% de las multas por contaminación ambiental o imprudencias que provocaron la muerte de trabajadores son pagadas a pesar de tratarse de sumas irrisorias. Aquí les presentamos los casos de varias infracciones graves y a las empresas que las cometieron.
A más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, dos hombres descienden por una chimenea enorme y lúgubre por donde no discurre humo sino mineral. Es un Ore Pass, un túnel vertical de casi dos metros de diámetro que atraviesa un cerro por donde se lanzan las rocas metálicas para que desde el fondo sean acarreadas a la planta concentradora de minerales. Alejandro Efraín Robles Campos de 23 años y Jorge Eduardo Santiago Castillo de 48, bajan por ese boquerón para realizar un trabajo de alto riesgo: reparar e instalar las nuevas estructuras del recipiente donde cae el mineral en el último tramo del túnel. El escenario de esta operación de suspenso es una región gélida y gris: Pasco, en una de las minas subterráneas de Volcan.
Miércoles 3 de octubre de 2007. El inspector de seguridad Pedro Marcelo Hermitaño paraliza las labores porque no hay permiso de trabajo de alto riesgo. El superintendente de mina, José Córdova Hurtado, le exige al jefe de la cuadrilla de obreros que no detenga el trabajo “porque es de emergencia” y promete ocuparse de las autorizaciones después. Ante la orden, Alejandro y Jorge siguen bajando por el Ore Pass.
Unos peones inexpertos y presurosos colocan un solo escudo (guarda-cabeza) para proteger a sus compañeros. Pero dentro del túnel, las rocas se desprenden, caen y matan a Alejandro y Jorge.
“La presión existente sobre los trabajadores para una rápida instalación del “guarda cabeza” constituyó una de las causas del accidente según la resolución N°001483 de la gerencia general del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) emitida en diciembre de 2008. Además, la empresa no evaluó los riesgos y permitió que se colocara un solo protector cuando según el propio procedimiento interno de Volcan debió colocarse dos. La minera tampoco contaba con un manual “de uso fácil y flexible que contenga los estándares, procedimientos y prácticas de la tarea (peligrosa) encomendada” a Alejandro y Jorge.
Para abundar en irregularidades: los trabajadores pertenecían a una contratista, SECOMIC, que no estaba inscrita en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y por lo tanto, escapaba de las exigencias de normas de seguridad que impone el sector.
Julio de 2007. En la misma región Pasco, un efluente de las operaciones de la minera Atacocha desemboca en el río Huallaga. Los hidrógrafos señalan que este río nace en esta región pero una prueba de laboratorio revela que también “muere” por tramos en esta zona. Aquel efluente minero metalúrgico que termina en el Huallaga concentra 4, 3 miligramos por litro (mg/l) de zinc en uno de los puntos de monitoreo, una cantidad que supera el límite máximo permisible (LMP) de 3,0 mg/l. La gerencia general de Osinergmin sentencia en su resolución N° 00898 que tal presencia de zinc es riesgosa “para la salud, el bienestar humano y los ecosistemas” y por lo tanto constituye una infracción grave.
En enero de 2008, los supervisores vuelven a las instalaciones de Atacocha y detectan diez infracciones que van desde el depósito de relaves en sitios que no cuentan con autorización hasta descargas de efluentes al Huallaga sin tratamiento ni permiso de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Cuatro de esas faltas fueron reiteradas según la resolución N° 002627 de la gerencia general del 11 de mayo de 2009. Es decir, la minera ignoró las recomendaciones de la entidad fiscalizadora para detener el daño ambiental.
A pesar de la gravedad comprobada de los hechos, estos casos fueron impugnados por las empresas ante Osinergmin para evitar el pago de las multas impuestas. Aunque las faltas ocurrieron en 2007 y 2008 hasta hoy siguen sin ser sancionadas. ¿Se trata de casos aislados?
De las 290 multas impuestas por Osinergmin entre 2007 y el 30 de abril de 2010, sólo 111 fueron canceladas. Mientras las impugnaciones sólo en la vía administrativa pueden prolongarse hasta por cuatro años, el Estado deja de recibir US$13 millones 130 mil.
Aunque el monto resulta muy pequeño en comparación a los daños ocasionados y a las ganancias, que bordean los US$20 mil millones[1], que obtuvieron las principales mineras entre 2005 y 2009, los casos revelan el comportamiento de algunas compañías para evadir la ley y la impotencia del Estado para que las sanciones económicas sean acatadas. La cifra de las multas no pagadas, pese a ser ridícula, representa nada menos que el 77.38% del monto total.
Además, hay otros 50 casos paralizados en el Poder Judicial. La mayoría se inició antes de 2007 cuando el Minem estaba a cargo de la fiscalización. Existen procesos que incluso tienen nueve años en la congeladora. Esto es lo que heredará en los próximos días el Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA), nueva entidad del Ministerio del Ambiente, que asumirá la fiscalización ambiental del Estado.
Las infractoras
La empresa con mayor número de sanciones entre 2007 y 2009 es la peruana Volcan. La gerencia general de Osinergmin emitió 18 resoluciones por infracciones calificadas en casi todos los casos de “muy graves” por daño ambiental y la muerte de los trabajadores Alejandro Robles y Jorge Santiago.
El monto de las multas de Volcan asciende a 1,184 Unidades Impositivas Tributaria (UIT): US$ 1 millón 495 mil si se considera que cada UIT está valorizada en S/.3,600 o US$ 1,263 dólares.
De ese monto, la empresa no ha pagado la mayor parte (920 UIT) al haber apelado diez resoluciones de la gerencia que hoy se encuentran en manos del consejo directivo de Osinergmin, la segunda y última instancia en la vía administrativa.
Las infracciones corresponden a actividades ilegales para ampliar las operaciones de la minera y la contaminación del río San Juan y el bofedal del valle Rumiallana (Pasco), rodeado por pobladores que aún viven de la ganadería, según habitantes de la zona entrevistados por IDL-Reporteros.
En abril de este año, Volcan fue sancionada con 100 UIT por infracciones a las normas ambientales que también impugnó. En mayo, ha vuelto a ser notificada por otras faltas en el mismo rubro.
Atacocha es la segunda en el ranking infractor. Esta minera, que desde noviembre de 2008 forma parte del grupo Milpo y opera en Pasco, enfrenta 12 procesos sancionadores de la gerencia. La compañía impugnó el pago de 500 UIT, de las 764 que se le exige asumir.
Varias de las infracciones son por contaminación del río Huallaga. En el caso de la resolución N° 002627 de Osinergmin del 11 de mayo de 2009, la empresa aseguró que los efluentes de la mina eran echados al río para soldar el cajón metálico que las retenía temporalmente. Falso.
La entidad supervisora detectó que la descarga continuaba días después de la supuesta soldadura, como demuestran las fotografías a las que tuvo acceso IDL-Reporteros. “Solucionar un problema operativo no justifica de modo alguno la descarga no autorizada de desechos al ambiente”, concluyó Osinergmin.
Semanas después, en febrero, la fiscalizadora volvió a detectar efluentes contaminantes que discurrían a la quebrada Atacocha y al suelo natural así como fluidos excedentes del depósito de relaves Cajamarquilla que terminaron nuevamente en el río Huallaga.
Vía mail o nada
Buenaventura, una de las accionistas de la gran aurífera Yanacocha y que tiene unidades mineras en diversas regiones del país, ha rechazado las cinco multas que le ha impuesto la gerencia general de la reguladora entre 2007 y 2009 y que ascienden a 380 UIT. Una es por la descarga de efluentes de desmontes al río Chilcaymarca (Arequipa) sin tratamiento ni permiso y las otras por la muerte de cuatro trabajadores. (Ver más aquí)
A fines de marzo de 2010, Buenaventura fue multada otras dos veces con 102 UIT por daño ambiental. La empresa también las impugnó. En mayo, recibió otra multa por 90 UIT.
Buenaventura declaró a IDL-Reporteros que sólo hace “estricto uso de su legítimo derecho de impugnar actos administrativos del Organismo Supervisor” y que acatará lo que resuelva la autoridad judicial. Los representantes de la empresa respondieron vía correo y evitaron una entrevista cara a cara. Atacocha apeló al mismo recurso y agregó que desde que el grupo Milpo compró la empresa está “adoptando las acciones necesarias” para cumplir las normas.
Volcan, la que encabeza la lista, prefirió el silencio.
Doe Run es la minera con la multa más elevada por contaminar de manera sistemática el aire y los ríos de La Oroya: 600 UIT en razón a 86 incumplimientos de las normas y compromisos asumidos en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). La empresa presentó un recurso de consideración ante el consejo directivo de Osinergmin en mayo de 2009, pero esta instancia declaró nulo su pedido en marzo de este año y ordenó la cobranza coactiva.
En contraste, hay empresas que hasta el 2009 apenas tuvieron en su récord una o dos sanciones por montos menores a las 50 UIT y que pagaron sus multas, como es el caso de Antamina y Cerro Verde. Pero son pocas.
Aunque en el Poder Judicial aún no se ha resuelto ningún caso de las mineras sancionadas por Osinergmin, el 92.27% de los procesos a empresas de hidrocarburos y electricidad han concluido con sentencias favorables a esta institución.
Entre las compañías que han congelado de manera recurrente los cobros de multas en las instancias judiciales figuran Buenaventura, San Nicolás y Los Quenuales. La política que se impone es la del “no pago”.
¿Dónde están las debilidades para una mayor regulación y una sanción efectiva?, ¿son las multas proporcionales al daño causado? Algunas respuestas en la siguiente parte de este reportaje.
[1] El monto representa las ganancias de cinco empresas: Cerro Verde, Barrick, Southern, Yanacocha y Antamina, según los estados financieros de estas compañías.
