Mientras la Junta Nacional de Justicia (JNJ) espera la audiencia del amparo que presentó para que el Congreso anule el proceso que busca defenestrarlos, las partes que pretenden dicha remoción tienen siete acciones pendientes: dos en el Tribunal Constitucional, dos en el Poder Judicial, una en el Ministerio Público y dos en el Legislativo. El fin práctico a corto plazo es impedir que dos miembros de la JNJ retomen las investigaciones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con fines disciplinarios y eventual destitución. Además, este lunes, fiscales anticorrupción pretendieron llevarse, sin orden judicial, nueve computadoras de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ durante una diligencia dispuesta inmediatamente después de un pedido de la congresista del partido Avanza País Patricia Chirinos para que el Ministerio Público investigue presuntos delitos, a raíz de un reportaje de Latina TV emitido la noche del domingo sobre presuntas contrataciones irregulares de personal administrativo en régimen CAS. El Ministerio Público rompe el récord de reacción rápida cada vez que la exdirigenta de CHIM PUM Callao tuitea exhortaciones o denuncias.
La exjueza Inés Tello y el vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, investigan a la fiscal de la nación por cuatro motivos que pueden conducir a procesos disciplinarios y una eventual destitución. El primero: por haber apartado a la fiscal suprema Bersabeth Revilla de la investigación a su hermana, la jueza Enma Benavides, quien habría recibido sobornos a cambio de liberar a investigados por narcotráfico. Asimismo, por sus llamadas telefónicas con Antonio Camayo, integrante de la red de corrupción ‘Cuellos Blancos’, y los cambios de fiscales a cargo de las pesquisas sobre esa mafia; por la condecoración que recibió en marzo de un investigado por lavado de activos, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; y por los problemas con sus tesis de posgrado, que no están disponibles en las universidades donde cursó y que tampoco Benavides ha querido presentar. En la hoja de vida que presentó a la JNJ para ascender a fiscal suprema consignó que tenía maestría y doctorado, pero luego de su juramentación quedaron en evidencia irregularidades en la obtención de esos títulos.
Latina TV reportó que siete abogados de currículum escaso –y con vínculos de amistad o sentimentales– habían sido contratados para trabajar en la elaboración y revisión de expedientes o como asistentes administrativos. La secretaría técnica de procedimientos administrativos de la JNJ había recibido la denuncia anónima antes de que el programa de televisión Punto Final tomara el caso y estaba en plena investigación interna. Sin embargo, el reportaje de Latina no lo mencionó.
IDL-Reporteros informó en 2021 que en la Dirección de Procedimientos Disciplinarios trabaja como analista Mario Luna Liza, un exasesor de Yeny Vilcatoma cuando fue congresista. Dicha parlamentaria acosó desde el Legislativo a los fiscales Lava Jato, y también por vía judicial. Adicionalmente, Vilcatoma defiende en el caso Cocteles –en el que Keiko Fujimori ha sido acusada de lavado de activos y organización criminal– al extesorero de Fuerza Popular Luis Mejía Lecca, acusado de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimientos administrativos. El analista Luna continúa trabajando en ese área clave de la JNJ que tramita las denuncias de magistrados, incluida la de la fiscal de la nación.
El fiscal provincial Juan Carlos Zúñiga, de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima, dirigió la diligencia antes de las 2 de la tarde en la Dirección de Procesos Disciplinarios. A las 3:41 de la tarde, la Contraloría comunicó a la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, que acreditaba a dos funcionarias para que recojan información sobre el caso.
Zúñiga trabajaba en un despacho fiscal de Ucayali y fue trasladado a Lima por Benavides el 22 de julio del año pasado, tres semanas después de asumir el cargo de fiscal de la nación. Durante la diligencia, el personal del Ministerio Público intentó incautar las computadoras del personal de la Dirección de Procesos Disciplinarios, para investigarlos por “negociación incompatible en agravio del Estado”, según indicó un tuit de la Fiscalía.
Dado que carecían de una orden de un juez, los equipos fueron lacrados y permanecen en el local de la JNJ.
La JNJ informó el lunes en un comunicado que mientras continúe la investigación interna sobre las contrataciones en la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, la jefa del área y otros tres trabajadores CAS permanecerían “desplazados”, y canceló el contrato de locación de servicios de otra empleada de dicha oficina. Indicó que revisaría todos los contratos CAS y de locación de servicios de esa dependencia desde 2020.
El abogado Ernesto de la Jara, experto en sistemas de justicia, comentó que el reportaje de Latina fue “exagerado y desproporcionado” al mostrar las siete contrataciones irregulares en una dependencia de la JNJ como si hubiera un copamiento institucional.
“El periodista leyó algunas líneas del manual de funciones para dejar la impresión de que esos asistentes deciden qué magistrados son investigados y destituidos, y no es así. Los miembros de la JNJ –que son los instructores para cada caso– hacen sus propias investigaciones y posiblemente descartan algún insumo que los técnicos han dado como producto de sus tareas operativas. [Latina] No citó el reglamento de la JNJ que detalla cómo se realizan los procesos y las decisiones disciplinarias”, explicó.
“El reportaje presenta conclusiones exageradas y absurdas en un contexto en el que la JNJ está siendo arbitrariamente golpeada por el Congreso y por la Fiscalía. [Era previsible que] Chirinos iba a reaccionar así, pero no pensé que la Fiscalía iba a atreverse a esto. Fuera de eso, las contrataciones irregulares deben ser investigadas”, añadió De la Jara, profesor en la PUCP de las asignaturas sistemas de justicia y reforma judicial.
Maquinaria pro impunidad
En tanto, la comunidad internacional parece alerta a la amenaza de una dictadura parlamentaria. Una reciente visita del Departamento de Estado –para respaldar a tres instituciones bajo ataque: la JNJ, el JNE y la ONPE– y las medidas cautelares del sistema interamericano para los fiscales Lava Jato –acosados por la Autoridad Nacional de Control y emplazados en público por la cabeza del Ministerio Público– son señales de la atención puesta en el Perú. Incluso la relatora de Naciones Unidas para la independencia de jueces y fiscales difundió el viernes último la carta que envió en septiembre al gobierno peruano solicitando información de las acciones del Ejecutivo para garantizar la actuación autónoma de los operadores del sistema de justicia.
Pero no solo hay gran diferencia en la cantidad de actos tramitados por Benavides y por el Congreso contra la JNJ, también en la rapidez de los trámites en la sede parlamentaria y en el despacho de la jueza provisional Jacqueline Tarrillo, quien ha dado dos veces medidas cautelares que suspendieron las investigaciones de la JNJ a la fiscal de la nación. La propia Benavides despachó al instante la denuncia que presentó el miércoles 8 la congresista Chirinos contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional, quienes ordenaron a los parlamentarios suspender los actos contra la JNJ, hasta que decidan sobre el fondo del pedido de amparo. La derivó a Miguel Vegas Vaccaro, un fiscal suspendido en 2017 por la Fiscalía Suprema de Control Interno debido a que dejó que prescriban delitos en 102 casos.
Vegas fue favorecido por Benavides en julio de 2022, al día siguiente de prestar juramento al cargo: lo nombró fiscal adjunto supremo provisional. Luego sacó a los fiscales que cumplieron algún rol de investigación a Vegas por la prescripción de los procesos, y a la fiscal suprema Bersabeth Revilla quien planteó contra él una acción penal por colusión.
Antes de asumir como fiscal general, Benavides redactó el documento que archivaba la pesquisa por colusión, y el fiscal supremo Pablo Sánchez la firmó. Por otro lado, el fiscal coordinador del Equipo Lava Jato, Rafael Vela, denunció a Vegas ante la Junta Nacional de Justicia luego de que este iniciara una investigación, sin sustento, por lavado de activos y corrupción por la compra de una casa.
La celeridad
Benavides ha encontrado velocidad en la jueza supernumeraria Tarrillo, quien admitió a trámite el amparo contra las investigaciones de la JNJ el 25 de agosto y concedió la medida cautelar cuatro días después; ésta fue anulada por la Tercera Sala Constitucional el 2 de octubre porque no tenía fundamentos y solo copiaba lo señalado por la fiscal de la nación. La jueza emitió una segunda cautelar diez días después y volvió a paralizar las investigaciones de la JNJ.
Pero hubo reacciones incluso más rápidas en el Congreso luego de la medida cautelar de la Tercera Sala Superior Constitucional a favor de los miembros de la JNJ. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, publicó un comunicado la noche del martes 7 rechazando la suspensión provisional de la investigación. Fue el primero en citar erradamente la sentencia de febrero del Tribunal Constitucional sobre el control judicial de las decisiones de los órganos del Congreso, dijo que ésta “establece la prohibición de interferir en las facultades exclusivas y excluyentes” del Legislativo.
Luego la Junta de Portavoces anunció que retomarían el pleno al día siguiente. Jorge Montoya comentó que los jueces al ir “contra la resolución del TC” estaban cometiendo “prevaricato”. El miércoles 8, el procurador del Congreso, Manuel Peña, apeló la resolución de la Tercera Sala Constitucional, y planteó un recurso al TC para que anule la medida cautelar. Chirinos presentó la denuncia por prevaricato y abuso de autoridad contra los tres magistrados de esa sala, y Montoya anunció que citarían a los integrantes de la JNJ a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para tramitar la denuncia que él presentó en mayo, contra la supuesta infracción por permitir que Inés Tello continúe como miembro del colegiado con 78 años de edad.
«Es cualquier cosa, menos estado de derecho»
Un abogado penalista y una especialista en Derecho Constitucional cuestionan la rápida tramitación de los recursos contra la JNJ o a favor de la fiscal Benavides en los últimos meses. “Es bastante extraña la celeridad en este caso que la fiscal ha remitido a Vegas Vaccaro. Espero que finalmente se archive, porque no hay prevaricato –eso ocurre cuando un juez falla contra el texto de la ley o tergiversa los hechos– y menos, abuso de autoridad. Los jueces explican claramente los supuestos para la medida cautelar”, comentó a IDL-R el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, abogado del Estudio Benites, Vargas & Ugaz.
“Es una reacción exagerada por parte de la congresista Chirinos que se ha vuelto experta en presentar denuncias de cualquier tipo; es probable que (la congresista) haya tomado un párrafo de la sentencia del TC, pero ésta fija una excepción cuando la conducta del Congreso afecta derechos fundamentales de terceros”, añadió.
Según el abogado, juega a favor de los jueces de la Tercera Sala Constitucional una modificación que hizo el Legislativo al Código Procesal Constitucional luego de la sentencia de febrero del TC. “El propio Congreso reconoce que sus actos pueden ser objeto de control en materia institucional e indica que las acciones de amparo contra el Parlamento deben ser interpuestas ante la Sala Superior de competencia constitucional y no ante un juez de primera instancia”, refiere.
“Es obvio que la conducta del Congreso es tendiente a ejercer control sobre los distintos órganos constitucionales”, afirma Vargas Valdivia. Si los actos del Congreso no pueden ser fiscalizados por el Poder Judicial estamos en cualquier cosa, menos en Estado de derecho”, agrega Vargas Valdivia.
Para la profesora de Derecho de la UNMSM y la PUCP Beatriz Ramírez, “cualquier ciudadana puede cuestionar” la celeridad con la que la fiscalía procesó la denuncia de Chirinos, pero le parece particularmente grave que las denuncias que emprende la congresista sean acogidas por un colegiado.
Ramírez Huaroto anota que en el caso de la JNJ, el Congreso ha abierto dos procedimientos consecutivos que deberían ser excluyentes: uno el de destitución por la moción de orden del día presentada por la congresista y, por los mismos hechos y contra las mismas personas, denuncias de infracción constitucional. “Debería haberse pensado por una vía o la otra: que eso haya sido amparado de forma tan célere es lo criticable”, apunta.
Además, estima que no debe prosperar en el TC el recurso que presentó el procurador del Congreso contra la decisión de la sala constitucional de la Corte Superior de Lima. “La medida cautelar fue dada en un procedimiento de amparo, y en esos casos el TC [solo] actúa cuando se han agotado dos instancias en el Poder Judicial. Entonces falta una segunda”, explica la catedrática.
Vigilancia sobre una democracia en crisis
A inicios de mes, en Washington, una delegación del Estado peruano expuso en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) qué recomendaciones ha aplicado del informe que emitió dicha entidad en mayo sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. De 36, siete recomendaciones son sobre institucionalidad democrática, pero la representación estatal no se refirió a ese tema.
Florencia Reggiardo, directora de programa en la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), reseñó en la audiencia –a nombre de seis organismos internacionales de derechos humanos– los ataques recientes del Congreso a la Junta Nacional de Justicia y las implicancias en la autonomía del sistema de justicia.
Para Reggiardo, la respuesta de la CIDH al ratificar las medidas cautelares a favor de José Domingo Pérez y ampliarlas a favor del fiscal coordinador del Equipo Lava jato, Rafael Vela, demuestran que hay un conocimiento sobre el debilitamiento de las instituciones en el Perú y la necesidad de seguir alerta.
En Guatemala, donde el Congreso y el sistema de justicia han operado de manera ilegal para impedir que el presidente electo asuma el cargo en enero, Estados Unidos ha aplicado sanciones como el retiro de visas. ¿Ello podría ocurrir?
“La situación de Guatemala está muchísimo más avanzada [peor] que la peruana; hay muchos funcionarios sancionados con el retiro de la visa, incluida la fiscal general, Consuelo Porras. Sobre el Perú hay muchos ojos advirtiendo lo que puede ocurrir. La lección aprendida es evitar llegar a la situación de Guatemala, y advertir a la comunidad internacional que el Perú va camino a eso si no seguimos muy pendientes de los ataques a la institucionalidad que proceden principalmente por parte del Congreso, pero con un silencio por parte del Ejecutivo y otras autoridades”, plantea la representante de Cejil.
