En las relaciones entre individuos, grupos, sociedades, naciones, hay reglas y hay trampas. Las sociedades y los grupos más prósperos son aquellos en los que predominan las reglas mientras rechazan y reprimen las trampas.
Cuando las trampas abundan, crecen y hasta llegan a subordinar a las reglas, el resultado invariable es una sociedad corrupta, donde la gente soporta las realidades, a veces brutales, de la inseguridad, el abuso, la arbitrariedad.
En el Perú de hoy, sin embargo, se ha involucionado hacia una etapa que deja atrás la tensión entre las reglas y las trampas.
Ahora, bajo la cleptocracia que domina al país desde el Congreso, la regla es la trampa … o la trampa es la regla, que en este caso el orden de los factores no altera el deprimente producto.
La enumeración de las medidas que ha tomado la coalición corrupta para asegurarse de que no serán barridos del poder en las próximas elecciones, es muy larga e indica que, en lo esencial, está a punto de terminar la captura de todas las instituciones que ejecutan o regulan el poder.
En términos futboleros, eso significaría controlar hasta la inclinación del campo de juego, la alineación permitida a los equipos contrarios (solo pitufos, preferiblemente cojos), los árbitros instruidos en cobrar penales contra los equipos rivales hasta por una mirada fea y anular los goles que por garra o chiripazo le puedan estos hacer al cleptocracia fútbol club.
La lista de trampas hechas regla es ya muy larga; pero esta semana añadió nuevos hechos, en clara demostración de que en ellos cualquier resquicio de vergüenza está más extinto que el pájaro dodo.
El martes 1 de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió la denuncia constitucional contra el fiscal supremo (y exfiscal de la nación) Pablo Sánchez, por el caso Rurush.
¿Lo recuerdan? El caso sucedió el 10 de julio de 2018, pocos días después de que IDL-R publicara las investigaciones iniciales del caso que primero se llamó “CNM Audios”, luego “Cuellos Blancos” y también “Lava Juez”. Fue desde el principio una conmocionante investigación que reveló casos de profunda corrupción en el sistema judicial y en el fiscal a través de las propias voces de sus perpetradores.
En la confusión que siguió, dentro de los afectados y sus redes, a la investigación, hubo varios intentos de conminar a IDL-R para que entregara todo el material del caso. Sobre todo lo no publicado. Las conminaciones provinieron desde el Congreso y también desde la propia Fiscalía.
Entonces, en la mañana del 10 de julio se presentó súbitamente el fiscal Rodrigo Rurush en el local que compartían IDL-Reporteros y el IDL, acompañado por cuatro policías, para exigir la “exhibición e incautación” de los audios. Era una acción escandalosa contra de la libertad de prensa y, en lo específico, contra el periodismo de investigación.
Como era de esperar, la prensa se arremolinó pronto frente al local de IDL, para seguir en vivo la flagrante anormalidad.
Entonces, en medio de la viva discusión, se reveló lo inesperado. ¡Rurush había intervenido IDL, en un allanamiento de facto, sin ninguna orden, sin ninguna disposición fiscal!
¡Era una acción completamente ilegal! Eso fue comprobado por el entonces fiscal de la nación, Pablo Sánchez, que ante el escándalo en los medios y luego de recibir una llamada del director de IDL-R, Gustavo Gorriti, contactó por teléfono a Rurush y se terminó de informar. Rurush, de paso, ya se aprestaba a salir después de haber admitido no tener ninguna orden, ninguna disposición fiscal. Eso se puede advertir claramente en los vídeos de esa accidentada y fracasada incursión ilegal.
Pablo Sánchez hizo, por supuesto, lo debido. En su sosegado lenguaje, escribió, tiempo después, a fines de 2023, que “Si en esa oportunidad me comuniqué con un fiscal fue porque se estaba realizando una diligencia de manera irregular que traería cuestionamientos a la institución. Si revisamos las opiniones de conocidos abogados en esas fechas, todos coincidían en que se había producido una diligencia vulneratoria de derechos, no podía la institución dejar pasar algo así”.
En realidad era mucho peor. Esa fue no solo una “diligencia” completamente ilegal, sino una acción cuya finalidad era abortar la investigación para encubrir y proteger a los círculos corruptos que estaban empezando a ser expuestos en ella. Rurush trabajaba bajo las órdenes de la fiscal Norah Córdova, cuyo esposo apareció como interlocutor en los CNM audios.
La desinformación que propaló en diciembre de 2023 la lumpen periodista Milagros Leiva, buscó reabrir el caso desde la perspectiva mentirosa y retorcida de Willax Televisión. Pese a la claridad de lo que había sucedido, la desinformación tuvo, sin embargo, un efecto bajo las realidades de intimidación y distorsión del poder corrupto.
A fines de diciembre de 2023, el entonces fiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena, ordenó un informe sobre las acciones realizadas sobre el caso Rurush desde 2018 hasta entonces. Así, en abril de 2024, se iniciaron las llamadas “investigaciones preliminares” contra Pablo Sánchez por el “presunto delito” de “obstrucción a la justicia”,
El 27 de enero de este año, la fiscal de la nación, Delia Espinoza, publicó la disposición que exonera a Pablo Sánchez y dispone el archivo definitivo de la “carpeta fiscal”.
Algo tan obvio, tuvo que esperar todo ese tiempo.
Pero ahí no terminó la cosa. ¿Para qué está el Congreso de estos tiempos sino para asegurarse de que nunca la regla se imponga a la trampa?
El primero de este mes, como hemos visto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia constitucional contra Pablo Sánchez. Se lo acusa por los cargos de los que Delia Espinoza lo absolvió: “obstrucción a la justicia”, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.
Y, recuerden, todo eso fue por haber intervenido en el caso de la diligencia de Rurush, que no solo fue ilegal sino realizada bajo el evidente propósito de ayudar a encubrir la tremenda corrupción que empezaba a revelar el caso ‘Cuellos Blancos’.
¿Obstrucción a la justicia? Fue más bien una obstrucción a la injusticia y la corrupción. Y eso es lo que los siete congresistas de Renovación Popular que presentaron la moción acusatoria (a la que hay que sumar la que presentó por su cuenta Patricia Chirinos), quieren castigar.
No solo a Sánchez. También acusan a Delia Espinoza, ¡por el fallo que exculpó a Sánchez! Según dicen ellos, eso fue un “intercambio de favores”, según el cual, Sánchez votó a favor de elegir a Espinoza como fiscal de la nación, en supuesto pago por su absolución.
Aparte de su grosera distorsión de los hechos, es muy probable que entre los firmantes de las acusaciones haya no solo la satisfacción de quien logra imponer su arbitrariedad, sino también la necesidad de asegurar su propia impunidad. Porque la gran mayoría de ellos enfrenta investigaciones fiscales que no son poca cosa.
Así, entre ellos:
- Alejandro Muñante tiene tres investigaciones fiscales abiertas por los presuntos delitos de cohecho, abuso de autoridad y otros. El de cohecho es por la declaración de Jaime Villanueva como colaborador eficaz ante el Eficcop, donde detalló las coordinaciones entre él y el congresista conocido como “agente especial Roberto” para llevar a cabo el copamiento de la Junta Nacional de Justicia con funcionarios afines a Patricia Benavides. Esta estrategia comprendía una propuesta legislativa impulsada por Muñante.
- Diego Bazán enfrenta dos investigaciones fiscales. El presunto delito de peculado doloso es por haber viajado, con otros congresistas, con pasajes aéreos pagados por el Congreso para celebrar su cumpleaños en Trujillo en el 2023. El de falso testimonio en juicio está relacionado con su declaración contra Pedro Castillo.
- La congresista María Córdova Lobatón tiene tres investigaciones. Una es por presunta falsa declaración en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones, presentada en las elecciones del 2021.
- Jorge Zeballos enfrenta tres investigaciones fiscales.
- Miguel Ciccia tiene una.
- Javier Padilla está incurso en dos investigaciones fiscales. Una de ellas es por el caso “Gasolinazo”, por pedir al Congreso le reembolse el dinero presuntamente gastado por combustible en actividades de su despacho.
- Patricia Chirinos es investigada por el Ministerio Público en el caso Patricia Benavides, como presunta cómplice. Ambas habrían coordinado que Chirinos presente una denuncia penal contra los magistrados de la Corte Superior de Lima que dieron una medida cautelar en favor de la anterior Junta Nacional de Justicia.
Hay más, pero el ejemplo es suficiente. Sobre todo, si no se olvida que Rafael López Aliaga, el líder de Renovación Popular, enfrenta una investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos. Es un caso en curso, con varios puntos por desarrollar, sobre el que IDL-R ha informado en más de una publicación.
Esa es la realidad actual en la que, apremiada por el tiempo, la coalición cleptocrática busca terminar de controlar las instituciones que necesita avasalladas, para poder mantenerse en el poder.
No consiguieron que la JNJ capturada imponga, sin importar las violaciones legales y el escándalo, el retorno de Patricia Benavides. Ahora, con argumentos que sonrojarían hasta a tinterillos rematados, procederán a decapitar a los fiscales supremos para poner en su lugar a los fiscales que, en buen número, salieron por el caso ‘Cuellos Blancos’.
Luego vendrá el asalto al Poder Judicial, además de la liquidación de las ONG y el sometimiento final del JNE y de la ONPE.
Igual o peor que al final de la década de los 90.
Entonces la dictadura de Montesinos y Fujimori tenía una cierta base social. Pero esta, la coalición cleptócrata, une hasta a exenemigos ideológicos, articulados entre sí a través del vínculo de la corrupción y de la meta de mantenerse en el poder a toda costa. Ello pese a ser detestados por más del 90% de la población. En ese escenario, los cleptócratas ya vienen jugando buena parte de sus cartas, y jugarán todas al final.
El 90% de peruanos se pronunciará eventualmente. Lo que no está claro es si lo hará a tiempo o no.
