Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2528 de la revista ‘Caretas’.
Hubo una trémula expectativa, una espera de sismo, una ansiosa anticipación del día que sigue a un cambio en el orden de las cosas. Pudo suceder, aunque no fue exactamente el caso. Pese a ello, la declaración confesional de Jorge Barata en São Paulo este miércoles 28 fue sin duda importante. No se llegó a las resonantes revelaciones finales que todos, menos unos pocos, desean y demandan, pero los pasos avanzados son importantes y abren un escenario desde el que se vislumbra el comienzo del fin del caso.¿Cuáles han sido los logros principales del interrogatorio que llevó a cabo el fiscal José Domingo Pérez con Jorge Barata, el ex jefe de Odebrecht en el Perú y el más importante colaborador eficaz en este país en el caso Lava Jato?
Uno importante, quizá poco visible, es el avance en los procedimientos de la investigación. Hubo una coordinación fluida entre los fiscales peruanos, dirigidos por el fiscal superior Rafael Vela, con el representante ya estable de la Procuraduría Federal brasileña, Orlando Martello. Miembro de la Fuerza de Tarea anticorrupción de Curitiba, Martello es un veterano del caso Lava Jato. Fue, por ejemplo, el fiscal encargado de viajar a Suiza apenas se supo del arresto en ese país de Fernando Migliaccio, el operador estrella del departamento de sobornos de Odebrecht. En esa gestión coordinada con los suizos, fue capturada la masiva base de datos clandestinos del Sector de Operaciones Estructuradas y persuadido Migliaccio a colaborar con las autoridades, en lo que fue uno de los momentos decisivos de la investigación.
“Los mejores estándares de investigación de la corrupción corporativa premian la delación, pues es la manera veloz y eficaz de terminar exitosamente los casos, con el menor daño económico colateral”.
Ahora, actuando con flexibilidad, pragmatismo y un evidente deseo de colaborar con la investigación peruana, Martello conduce las diligencias que, bajo las leyes de Brasil, permiten que el Perú se entere de lo que debió saber hace mucho tiempo. En Vela y los fiscales de lavado de activos, Martello ha encontrado una contraparte que entiende cómo funcionan (o deben funcionar) los mecanismos de delación premiada/colaboración eficaz para rendir el máximo fruto.
Menos visible es la colaboración que presta la actual administración de Odebrecht en el proceso de descubrimiento de hechos. Como ha sucedido con otras corporaciones anteriormente corruptas que, investigadas y sometidas por la evidencia, escogieron colaborar y reformarse antes de ser destruidas, Odebrecht cifra ahora sus esperanzas de retorno a la normalidad en un cambio radical de conductas corporativas cuyo primer paso es la revelación de crímenes y corrupciones.
Odebrecht ha impulsado la delación de Barata y estimula la de otros funcionarios de importancia parecida a la de este. Los mejores estándares actuales de investigación de la corrupción corporativa premian la delación, pues es la manera veloz y eficaz de terminar exitosamente los casos, con el menor daño económico colateral. Por eso, la delación de cómplices y delitos es algo más que una buena inversión para toda corporación (Siemens, Rolls Royce, Volkswagen, Odebrecht), forzada a admitir su culpa.
En ese contexto, Barata ha confesado buena parte de lo que se le preguntó sobre sus aportes a las campañas presidenciales del 2006 y 2011 en nuestro país. Y lo que reveló (y ofrece probar) cambiará –en tanto se confirme– el escenario político e institucional.
Veamos qué significan en conjunto esas revelaciones:
• En 2011, Odebrecht realizó aportes ocultos, con fondos negros, por más de 5 millones de dólares a los cuatro principales candidatos a la presidencia de la República. Aportó 3 millones de dólares para Ollanta Humala (con plata del PT brasileño); un millón 200 mil dólares para Keiko Fujimori; 700 mil para Alejandro Toledo y 300 mil para Pedro Pablo Kuczynski. Salvo 200 mil dólares de los donados a Keiko Fujimori, todo lo demás provino del dinero negro de Odebrecht, del Sector de Operaciones Estructuradas.
Barata ha ofrecido probar con los documentos del ex Sector de Operaciones Estructuradas, el rastro de los pagos. Hasta ahora los nombrados niegan haberlos recibido, pero todo indica que el fiscal José Domingo Pérez dispone de elementos suficientes como para llevar adelante una investigación que termine relativamente pronto con varias colaboraciones eficaces.
Un somero examen de la secuencia de estridentes negativas, intemperantes amenazas y, ahora, retrocesos de Keiko Fujimori y sus allegados respecto de los aportes de Odebrecht, desde que fueron identificados primero como indicios, luego como declaraciones generales de Marcelo Odebrecht y hoy como descripciones muy detalladas por Jorge Barata, ilustra cómo han cambiado las cosas y cómo continuarán cambiando.
Más lento, pero igualmente promisorio, es el avance en el conocimiento de los casos de aportes a las campañas de Toledo y PPK el 2011 y a la de Alan García. Kuczynski se apresuró en negar todo aporte (y Susana de la Puente lo secundó), pero la palabra de PPK está tan devaluada en estos meses que suena más a coartada que a testimonio. En el caso de Toledo, hundido por evidencias de corrupción, hay una hiperdevaluación de la verdad. Y en cuanto a García, será interesante ver cuál es su respuesta ante el nuevo testimonio de Barata. ¿Negarlo? ¿Repudiar a Alva Castro? ¿Reconocerlo? Cada una de estas alternativas tiene consecuencias que dependerán del avance de las investigaciones fiscales y de los futuros testimonios de Barata y, si se animan, otros colaboradores eficaces.
El hecho es que en casi todos estos casos los fondos de los aportes de Odebrecht provinieron y fueron gestionados por el Sector de Operaciones Estructuradas, el clandestino departamento de Odebrecht que se encargaba de organizar, realizar y gestionar el pago de coimas con dinero negro a nivel global. Esa es una de las razones por las que se busca condenar a los Humala: debieron saber, se dice, que el dinero no tenía procedencia legal. El mismo argumento se aplica, entero, a todos los demás.
¿Qué faltó para que las diligencias del martes y el miércoles tuvieran el efecto remecedor que muchos anhelan y casi todos esperan? Faltó el fiscal anticorrupción.
Hamilton Castro pudo haber ido, pudo haber mandado un cuestionario, así fuera solo sobre casos que tenían directa relación con lo tratado (como la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán; o la campaña de Félix Moreno en el Callao), pero no lo hizo. Ya escribí sobre la razón: el enfrentamiento que sostiene con el fiscal superior Rafael Vela y con otros fiscales de Lavado de Activos.
Cuando le preguntaron a Barata sobre los casos del párrafo anterior, su abogado intervino para indicar que su cliente no puede contestar por ser aspirante a colaborador eficaz con Hamilton Castro. No hubo ningún avance en nada vinculado con casos de corrupción (incluso aquellos que hubieran surgido como resultado de los aportes electorales) porque la fiscalía y el fiscal que supuestamente los investigan no estaban, ni habían colaborado ni, lo proclama la evidencia, les interesaba hacerlo.
Todo indica que eso no va a cambiar y que, dejada a su suerte, la investigación fiscal va a lastrarse más, precisamente cuando los avances reseñados demandan mayor eficacia global.
Quien puede y debe imponer disciplina y progreso investigativo en el Ministerio Público es el fiscal de la Nación. Las ofensivas convergentes del fujimorismo contra Pablo Sánchez, desde el Congreso y desde el Consejo Nacional de la Magistratura han sido neutralizadas por ahora. Eso le da a Sánchez la latitud de acción para ordenar racionalmente una de las más importantes investigaciones anticorrupción en nuestra historia. Es una investigación difícil porque hay pocos inocentes entre quienes tienen poder y, por ende, una gran presión para encubrir.
Pero hay una presión mayor de la sociedad por descubrir. Y un ejemplo de lo que hicieron los brasileños en una situación más compleja que la nuestra. Para el fiscal de la Nación no debe haber otra alternativa que actuar con claridad y decisión para impulsar el caso Lava Jato hacia su fase final.
