El martes 3 de julio pasado, el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura ratificó automáticamente como fiscal supremo al nuevo fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, quien juramentó oficialmente en el cargo el viernes 20 de ese mes, en medio de la crisis en el sistema de justicia desatada como consecuencia de las revelaciones de IDL-Reporteros y otros medios; que lo tuvieron como uno de sus protagonistas.
Antes de su juramentación ya se habían hecho públicas sus conversaciones telefónicas con el hoy suspendido juez supremo César Hinostroza, personaje clave en la red de corrupción que involucra a los más altos miembros del sistema judicial peruano, exconsejeros del CNM, congresistas, empresarios y abogados, para beneficiarse a través de una impresionante colección de conflictos de interés y delitos.
Como reacción a ello anunció que investigaría cómo fueron filtrados los audios a la prensa. “Voy a investigar por qué se tiene que filtrar ese tipo de información (…)”, dijo Chávarry en una entrevista con Phillip Butters.
Eso se concretó con un oficio enviado el 3 de agosto a otro de los protagonistas de los audios, el fiscal Víctor Raúl Rodríguez Monteza, entonces a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno, a quien le ordenó investigar a los involucrados en la divulgación de las escuchas telefónicas. Semanas antes, Rodríguez había remitido oficios a IDL-Reporteros y Panorama pidiendo que entregaran el material de la investigación y delataran las fuentes “bajo apercibimiento de remitirse copias por delito de desobediencia a la autoridad”.
En medio de toda esta contraofensiva desde la Fiscalía para investigar a los investigadores, lo que hasta ahora había pasado desapercibido es cómo fue el proceso de ratificación de Chávarry en el Consejo Nacional de la Magistratura, que se hizo de manera automática y sin una resolución oficial. Este proceso definía su permanencia en la carrera fiscal.
En medio de ello tuvo lugar, como ahora relatamos en forma cronológica, una intrusión en el sistema informático del CNM para aumentar las calificaciones del fiscal de la Nación. Luego, pese a que el caso fue informado por un ingeniero de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) y reportado por la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces y Fiscales, el hecho no ha sido investigado hasta ahora.
La convocatoria
El jueves 28 de diciembre pasado, el Pleno del CNM, entonces presidido por el consejero Guido Aguila, aprobó la convocatoria 002-2018, para el proceso de ratificación de más de 90 jueces y fiscales, entre los cuales figuraban solo tres magistrados supremos: el fiscal Gonzalo Chávarry Vallejos y los jueces Josué Pariona Pastrana y Ana María Aranda Rodríguez. Esta última fue luego retirada de la convocatoria porque aún no concluía una investigación en su contra en el Consejo Nacional de la Magistratura.
Según el cronograma inicial, el 22 de mayo arrancó el procedimiento de ratificación. Desde esa fecha hasta el 21 de junio fue evaluada la documentación entregada por los magistrados y se elaboraron los informes individuales de evaluación, que estuvo a cargo de la Comisión Permanente de Evaluación Integral y Ratificación, entonces presidida por el consejero Baltazar Morales. Se estableció que el 26 de junio se entregaría al Pleno del CNM los informes de evaluación de cada magistrado; y que las fechas programadas para las entrevistas personales –que constituyen la etapa final del proceso– serían del 16 al 19 de julio. La de Chávarry estaba programada para el 18 de julio, a las 8 y 30 de la mañana.
Para el proceso de ratificación de Gonzalo Chávarry y Josué Pariona, el consejero Baltazar Morales convocó a Leysser León, abogado especialista en derecho civil y profesor de la PUCP, y al penalista José Antonio Caro John, socio del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados; para que evalúen la calidad de los dictámenes, resoluciones y sentencias de ambos.
Ambos tenían que calificar “la comprensión del problema jurídico y la claridad de su exposición”, “la coherencia lógica y solidez de la argumentación utilizada para sustentar la tesis que se acepta y refutar la que se rechaza”, “la congruencia procesal”, y “el manejo de la jurisprudencia respecto del caso que se trate”. Este último criterio solo para el caso del juez supremo Pariona.
Cada magistrado envió sus ocho mejores decisiones (dictámenes, resoluciones, sentencias, casaciones, informes) y el Consejo Nacional de la Magistratura escogió otras ocho de forma aleatoria. Estas luego fueron repartidas entre Caro y León, que tuvieron como fecha límite el 20 de junio para entregar sus evaluaciones.
En cuanto a las decisiones del fiscal de la Nación, José Antonio Caro evaluó once y Leysser León cinco. En total, Chávarry obtuvo un puntaje de 69.22 sobre 80, con un promedio de 4.32 sobre cinco por cada decisión calificada. Según la escala de rendimiento de la ley de carrera fiscal, esa nota es “insuficiente”.
El juez supremo Josué Pariona, a su turno, obtuvo 71.92 puntos sobre 80, en 15 decisiones –a la fecha quedaba pendiente de calificar una–, con un promedio de 4.72 sobre 5.
Esta información fue ingresada al sistema informático por el abogado Miguel Montoya Vigo. Luego, en una sesión del miércoles 27 de junio por la mañana, la directora de Evaluación Integral y Ratificación, Norma Gutiérrez Vega, informó a los consejeros Baltazar Morales y Hebert Marcelo – de la Comisión Permanente de Evaluación Integral y Ratificación– que las notas de Chávarry y Pariona, así como la de otros magistrados, ya habían sido ingresadas al sistema.
Hasta ahí todo ocurría con normalidad.
La intrusión
Sin embargo al día siguiente, alrededor del medio día, el ingeniero Luis Eduardo Vargas Vila, que estaba a cargo de la coordinación de los “aspectos técnicos del sistema informático del Informe Individual” de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), le informó a Montoya que las notas de Chávarry y Pariona habían sido modificadas.
Hubo un cambio en diez de las dieciséis decisiones evaluadas del fiscal de la Nación. La calificación de Chávarry había variado de 69.22 puntos a 79.72. Es decir, hubo un incremento de 10.5 puntos; y el promedio de cada calificación varió de 4.32 a 4.9895 puntos.
Pero no solo eso. También fueron cambiados algunos de los textos que sustentan las calificaciones de Chávarry, para que se justificara el nuevo puntaje. Eso ocurrió, por ejemplo, con la evaluación del dictamen 757-2011, que corresponde a la casación 4387-2009, entre la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el ciudadano Martín Delgado Junchaya.
“En el pronunciamiento no se abordan puntos centrales de la temática discutida. La argumentación es escasa y el uso de los recursos argumentativos no es satisfactorio”, indica el texto original del evaluador, el abogado Leysser León, respecto a la comprensión del problema jurídico y a la claridad de su exposición. “No hay coherencia ni solidez en la argumentación, debido a lo sucinto (en extremo) de la exposición sobre las cuestiones que correspondía resolver. Este defecto impide apreciar si existe una relación precisa de coherencia entre la causa que originó el pronunciamiento y la decisión tomada al final”, refiere el comentario sobre la coherencia lógica y solidez de la argumentación. “No se advierten vicios en este rubro, pero las carencias en la exposición detallada del origen de la materia controvertida afectan la visión de las bondades que tenga lo decidido, en el plano de la congruencia”, concluye el evaluador sobre “la congruencia procesal”.
El abogado Leysser León calificó esta decisión con 2.5 puntos. Su nota fue cambiada a 4.98 puntos.
Evaluación Dictamen Nº 757-2011 CNM by IDL_Reporteros on Scribd
En el caso de la evaluación del dictamen 776-2011-MPFN-FSCA, entre el gobierno regional de Tumbes y el ciudadano Manuel Acosta Aldaña, también hubo una modificaciones en los textos, además del puntaje de la calificación. De 4 puntos aumentó a 4.98.
Evaluación de la casación N° 776-2011-MPFN-FSCA by IDL_Reporteros on Scribd
En cuanto al juez supremo Josué Pariona, el puntaje total de su calificación había variado de 71.92 puntos a 72.42, y el promedio de cada decisión varió de 4.79 a 4.82 puntos.
Los funcionarios del CNM advirtieron una variación de 0.50 (de 4.5 pasó a ser de 5) en el puntaje de la decisión sobre la sentencia de casación 215-2011, del 12 de junio de 2012, entre la Sunat y Chucarapi Pampa Blanca SAC y otros. Entonces Pariona integraba la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema presidida por el exjuez supremo Javier Villa Stein.
Todo esto fue relatado en un informe que la funcionaria Norma Gutiérrez envió al consejero Morales Parraguez ese mismo día, y que adjuntaba otro informe del abogado Miguel Montoya, donde relataba lo que había ocurrido y adjuntaba documentos sustentatorios sobre los cambios de las calificaciones y los pantallazos comparativos entre los textos originales y los adulterados.
Informe sobre modificación de notas (magistrados Josué Pariona y Gonzalo Chávarry) by IDL_Reporteros on Scribd
Norma Gutiérrez indicó en su informe que convocó a una reunión, a las 12:30, a José Alarcón, director general del CNM y jefe de la OTI, y a Guillermo Poma, jefe de personal, “ante quienes informé verbalmente sobre los graves hechos informados por el abogado Miguel Montoya Vigo (profesional A de la Dirección), procediendo a convocar al Ing. Luis Eduardo Vargas Vila, quien manifestó que se habían producido fallas en el Sistema Informático de los magistrados supremos y que estaba revisando y corrigiendo conjuntamente con el abogado Miguel Montoya”.
Era la primera vez que sucedía algo así. Ante la detección de la intrusión en el sistema informático, las notas fueron corregidas hacia el final del día.
INFORME N° 009-2018-DER-CNM by IDL_Reporteros on Scribd
No hubo ninguna investigación interna para determinar quién o quiénes habían entrado al sistema del CNM. Fuentes vinculadas a la institución, indicaron a IDL-R que todo aquel que tiene acceso al sistema informático cuenta con un usuario y contraseña, y que queda registrado cualquier cambio; así que es posible hacer una reconstrucción sobre lo que ocurrió aquel día.
Entrevistado por IDL-Reporteros, Leysser León indicó que debía hacerse una investigación. “Solicito que se haga una investigación de lo ocurrido”. “A veces los académicos terminamos avalando, sin saberlo, hechos irregulares. La solicitud de apoyo [del CNM] se hizo sobre la base de que la evaluación es anónima, de no conocer a los autores de las decisiones. Nuestra intervención consistió en calificar el trabajo propio de estas autoridades, anónimamente presentados, en cuanto al sentido lógico, coherencia argumentativa, ortografía, uso del sentido común. Esos eran los aspectos que nos tocaba calificar”.
Hasta el cierre de esta edición, IDL-Reporteros intentó contactar sin éxito a José Alarcón y Miguel Montoya. Luis Vargas Vila, a su turno, dijo que solo dará una entrevista si tiene una autorización formal.
La ratificación
El 3 de julio pasado, el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura tuvo una sesión extraordinaria para “debatir las propuestas respecto a los magistrados que pasan por entrevista personal y de aquellos en los que se prescinde de dicha entrevista” sobre el proceso de ratificación en el que participó Chávarry. Julio Gutiérrez, ponente de ese caso, recomendó que el flamante fiscal de la Nación fuera ratificado automáticamente. Todos los consejeros –menos Elsa Aragón, que no asistió– votaron por unanimidad a favor de la ratificación.
En diálogo con IDL-Reporteros, Gutiérrez dijo que no recordaba si fue informado de la intrusión en el sistema informático del CNM para aumentar las calificaciones de Chávarry. “No recuerdo. La verdad es que desconozco. Yo tengo unos conocimientos elementales en cuestiones de informática. Nadie ha hecho mención de nada extraño. Usted me lo está diciendo y para mí es algo nuevo. Yo no recuerdo. En ningún momento yo advertí nada irregular, nada anormal. Cuando uno es ponente tiene que evaluar dos rubros importantes: conducta e idoneidad. Y eso está razonablemente evaluado”.
¿Usted en algún momento fue informado que hubo un aumento en las calificaciones de Chávarry?, preguntó IDL-R.
“En absoluto”, indicó Gutiérrez.
El exconsejero Hebert Marcelo, ponente de la ratificación de Josué Pariona a partir de esa fecha, indicó a IDL-R que no sabía que había habido un cambio en las calificaciones de Chávarry y Pariona. “Yo desconozco si ha habido una alteración de las notas. Ahora, si algún consejero se opone o presenta alguna observación en el Pleno, no prospera esa ratificación automática. Para el caso de Chávarry no hubo. Después de una evaluación del ponente que se puso en consideración del Pleno, se propuso la ratificación automática del fiscal Chávarry. Para el caso del vocal supremo Pariona hay una propuesta para ratificarlo, pero nunca el Pleno ha acordado su ratificación. Ha quedado pendiente ese tema”.
¿Nunca fue informado que hubo alteraciones en las calificaciones de la calidad de decisiones de Chávarry y Pariona?, preguntó IDL-Reporteros.
“Yo desconozco totalmente esa variación. No se ha dado en el Pleno esa información. (…) Yo no he conocido. No me han dado a conocer”.
Hasta el cierre de este informe, IDL-R intentó contactarse sin éxito con el fiscal de la Nación. A su turno, el juez supremo Josué Pariona, se excuso de responder indicando que estaba en una votación.
