Las bancadas que necesitan proteger a la fiscal suspendida Patricia Benavides y a sus propios líderes políticos –investigados por organización criminal o lavado de activos– han sido consistentes en sus votos desde mayo: no solo los ‘Niños’ quieren salvarse de las consecuencias de la confesión del exasesor Jaime Villanueva.
El miércoles 6 por la noche, el fiscal de la nación interino, Pablo Sánchez, recibió un informe del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficop) acerca de los aforados, los servidores públicos que tienen derecho a antejuicio en el Congreso y cuyas investigaciones debe verlas un fiscal supremo, entre ellos, los congresistas mencionados en la confesión del exasesor de la fiscal Patricia Benavides. Sánchez era el destinatario de ese documento porque al ser el fiscal supremo más antiguo asumía interinamente el cargo de fiscal de la nación tan pronto ella fue suspendida. El viernes 8, día feriado para el sector público, a las 8:45 a.m. el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, planteó una moción de orden del día para que el Parlamento remueva “de forma inmediata” a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por haber suspendido a Benavides en su condición de fiscal de la nación y fiscal suprema, lo cual el legislador consideraba “falta grave”.
Ese planteamiento lo repitieron los defensores de Benavides insistentemente durante la semana en todos los medios que tuvieron a su disposición. El miércoles 13, la sesión del Pleno para admitir la moción de Muñante fue breve; más tardó el congresista Jorge Montoya en sustentar el pedido que el -nulo- debate y la votación. Las bancadas que estaban a favor no intervinieron. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, dio solo un minuto por bancada a quienes se opusieran a la cuestión: intervinieron los congresistas Sigrid Bazán, Alex Flores, Flor Pablo, Víctor Cutipa, y Elías Varas. Muñante pidió la palabra por alusión, porque Flores criticó que un político mencionado en los chats de Jaime Villanueva fuera quien presentaba la moción contra la JNJ.
La moción fue admitida con 69 votos a favor, 30 en contra y 11 abstenciones. La mayor cantidad de adhesiones procedía de Fuerza Popular, la bancada con más poder en el Legislativo desde 2016, y que gobierna vía interpósitas personas desde diciembre del año pasado. El fujimorismo ha sido consistente desde mayo en las cuatro votaciones relacionadas con los objetivos de la fiscal Benavides para mantenerse en el cargo, asegurarse de que la JNJ no la siga investigando, y que en el futuro cercano otros miembros del consejo de la judicatura estén alineados a sus intereses y a los de sus aliados políticos.
De la misma forma, otras bancadas que han respaldado con sus votos el contubernio de Benavides y sus asesores han sido Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y Avanza País. Los dirigentes de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Podemos enfrentan acusaciones o investigaciones fiscales por organización criminal o también lavado de activos; mientras que Rosselli Amuruz, de Avanza País está investigada por contratar a parientes de su pareja como personal del Parlamento. Además, la congresista Patricia Chirinos, perteneciente a Avanza País, está entre los congresistas aludidos por Villanueva en sus chats. En este caso, como quien concretó el apoyo del Bloque Magisterial para la votación contra la fiscal suprema Ávalos.
La sesión del pleno que buscaba destituir a los miembros de la JNJ estaba programada para las 3 de la tarde de este viernes, pero el Congreso repitió el mismo error de hace exactamente tres meses y suspendió la convocatoria. La Comisión de Justicia citó para el 15 de setiembre a los integrantes del colegiado a quienes les realizaba una “investigación sumaria” propuesta por Patricia Chirinos, pero en la víspera suspendieron la convocatoria, sin explicar el motivo. Días después, la presidenta de la comisión, Janet Rivas, reconoció que no habían notificado con el mínimo de tres días hábiles de anticipación para que los investigados tuvieran tiempo de preparar sus intervenciones.
Este viernes, poco después del mediodía, la JNJ entregó dos oficios a la mesa de partes del Congreso: uno daba cuenta de la hospitalización de Guillermo Thornberry, y el otro solicitaba reprogramar la citación porque los habían notificado 24 horas antes, y sin precisar las supuestas “faltas graves” que Montoya y compañía atribuyen a cada integrante.
Montoya, Muñante y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) montaron en cólera, reclamaron debatir la cuestión y dijeron que la JNJ no estaba respetando al Parlamento, pero el presidente del Congreso, Alejandro Soto, continuó el debate sobre un bono para jueces. Sin embargo, Esdras Medina sacó de la manga su moción de la semana pasada contra la JNJ –que no obtuvo suficientes adhesiones– y pidió una reconsideración de la votación. Con 67 votos, el Congreso aprobó que nuevamente la Comisión de Justicia investigue a los integrantes de la JNJ “por faltas graves”. La junta de portavoces aún no ha determinado si habrá una prórroga de la legislatura, o si esa investigación y la nueva convocatoria a los miembros de la JNJ será en 2024.
El plan de «Vane» y las bancadas
De acuerdo a la confesión de Villanueva y a la investigación de Eficop –validada en la resolución del juez Jorge Luis Chávez Tamariz cuando autorizó la ‘Operación Valquiria’ realizada la madrugada del 27 de noviembre– la fiscal Benavides planeó con sus asesores tres acciones para concretar sus fines. Primero, elegir un defensor del pueblo manipulable en la selección de aspirantes a miembros de la Junta Nacional de Justicia. Segundo, inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ávalos porque le era un obstáculo en la junta de fiscales supremos pero, además, porque si la JNJ la suspendía, Ávalos podría eventualmente asumir nuevamente como fiscal de la nación. Ávalos presentó durante su gestión 43 denuncias constitucionales y de éstas, hasta el momento en que el Congreso la inhabilitó, los congresistas enviaron diez al archivo. Entre los denunciados figuraban Jorge del Castillo, Pedro Chávarry, César Hinostroza, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Antero Florez Aráoz, Luciana León, Nelson Shack, entre otros. Y, tercero, defenestrar a los miembros de la JNJ o dejarla sin quórum para evadir las investigaciones bajo las que estaba o nuevas.
Los congresistas Chirinos, Echaíz, Muñante y Montoya han estado entre los más activos operadores de Benavides en el Parlamento, impulsando denuncias constitucionales y mociones de investigación o de destitución para lograr los tres objetivos de Benavides.
La siguiente tabla muestra los votos sostenidos mayoritarios de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, y Podemos Perú en las causas negociadas con los asesores de Benavides por orden suya. Algunos de los congresistas apodados ‘Niños’, que también respaldaron esos fines están en Acción Popular, en Unidad y Diálogo y los No agrupados.
Es importante notar que en el Pleno de este viernes, los aliados políticos de la fiscal suspendida requerían como mínimo 87 votos para defenestrar a los miembros de la JNJ, es decir, dos tercios de la cantidad de congresistas (130). Pero en cuatro de las cinco votaciones vinculadas con la agenda negociada entre Benavides y sus aliados políticos –incluida la reconsideración que pidió ayer Esdras Medina– llegaron máximo a sumar 78 votos, es decir, necesitaban esfuerzos o negociaciones adicionales para llegar a 87. Solo hubo 88 votos en mayo en la elección de Josué Gutierrez como defensor del Pueblo.
Luego de que en el Pleno del jueves 14 los parlamentarios anularon las PASO, dañaron la ley de colaboración eficaz en las investigaciones sobre crimen organizado, aprobaron una modificación a la ley forestal para no sancionar a los deforestadores, y eligieron a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional afín al régimen, había posibilidad de que hubieran negociado más adhesiones, con tantas contrarreformas en un solo día. Al parecer, no fue suficiente.
Pero, las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Podemos no votaron estos meses en ese sentido solo por simpatía hacia Patricia Benavides. Benavides no ha respaldado el trabajo del Equipo Especial Lava Jato y ha dejado que su excolega Antonio Fernández Jerí se regodee en las sanciones arbitrarias e investigaciones a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Ello es de sumo interés para Keiko Fujimori y los otros 45 coacusados con ella en el juicio que empezará en unos meses por organización criminal y lavado de activos.
Uno de las cuatro investigaciones de la JNJ a Benavides, suspendidas desde octubre por una cautelar de la jueza provisional constitucional Jacqueline Tarrillo, es sobre la condecoración que la entonces fiscal de la nación recibió en marzo del alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. La carpeta fiscal de la investigación por lavado de activos a López Aliaga estaba bajo la coordinación del fiscal Vela hasta antes de ser suspendido por ocho meses y 15 días. El líder del principal partido de ultraderecha se quejó en su cuenta de X, antes Twitter, acerca de la decisión del presidente del Congreso de suspender la comparecencia de los miembros de la JNJ al Pleno del Congreso este viernes.
Otros dirigentes bajo investigación fiscal
Acerca de Alianza para el Progreso, su líder César Acuña, gobernador regional de La Libertad y aliado del gobierno de Dina Boluarte, está investigado por supuestos aportes no declarados en campaña electoral en 2016. Hace un par de años, la revista Caretas reportó que Estados Unidos no le renovó la visa en represalia a la demanda por difamación que entabló al periodista Christopher Acosta, autor del libro ‘Plata como cancha’.
Pero el Poder Judicial además considera a Acuña “testigo impropio” en una de las carpetas de investigación de caso ‘Cuellos Blancos’ en relación a los exjueces César Hinostroza y Ángel Romero, y el exfiscal Tomás Gálvez, investigados por cohecho [corrupción]. En noviembre, el juez Juan Carlos Checkley dispuso el levantamiento del secreto de sus comunicaciones para este caso.
Además, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, ha tenido reuniones protocolares con el investigado Acuña en su condición de gobernador regional. En la cuenta de X de la ANC difundió fotos de su reunión en las que supuestamente abordaron la promoción de políticas de integridad en “ambas instituciones”.
Con respecto al congresista José Luna, cabeza de Podemos, es investigado por organización criminal, lavado de dinero, colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias en agravio del Estado, en un caso que se llamó ‘Los gangsters de la política’. Según las investigaciones fiscales, el exalcalde de Lima Luis Castañeda recibió aportes no declarados de Odebrecht para campañas electorales en 2011 y 2014, y utilizó la universidad Telesup, de propiedad de Luna, para blanquear el dinero.
A fines de 2020, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz ordenó su detención por 36 meses, mientras se realizaba la investigación fiscal, pero la varió a detención domiciliaria debido a la pandemia. Cuando fue electo congresista en 2021, el mismo Chávez Tamariz varió las medidas porque iba a tener un trabajo “a tiempo completo”, le fijó una caución de 500.000 soles, comparecencia restringida e impedimento de salida del país. Según fuentes del Ministerio Público, su abogado, el exfiscal Mateo Castañeda, es cercano a Patricia Benavides: fue uno de sus invitados a la ceremonia de juramentación como fiscal de la nación el 30 de junio del año pasado.
En una entrevista en RPP a inicios de octubre, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Fernández Jerí, relató que se reunió con Luna cuando el congresista era presidente de la Comisión de Presupuesto, para pedirle más fondos para su oficina. El funcionario dijo además que Benavides estaba al tanto de esas reuniones, pese a que a ella le corresponde hacer las gestiones sobre el presupuesto del Ministerio Público, y que no debió acudir en plan pedigüeño a un político bajo investigación fiscal.
En la siguiente infografía de algunos congresistas clave mencionados por el exasesor de Benavides, en los chats y en su confesión, sobresale el voto constante para blindar a Benavides, de los congresistas Chirinos, Echaíz, Muñante, Luna y Edwin Martínez. Martínez fue otro de los ofuscados este viernes por la suspensión de la comparecencia de los miembros de la JNJ en el Pleno.
A diferencia de sus colegas, Balcázar y Camones, quienes han quedado expuestos por sus tratos con los asesores de Benavides, se abstuvieron de votar el miércoles último por la “remoción inmediata” de los integrantes de la JNJ. Balcázar intentó disimular en una entrevista en RPP que no había un conflicto de interés cuando entregó el CV de su nuera para que la destinen a alguna plaza en el Ministerio Público, mientras que IDL-Reporteros informó que, una semana antes de la votación para inhabilitar a Zoraida Ávalos, la fiscal Benavides archivó una investigación a Camones, parlamentaria de Alianza para el Progreso. La carpeta era acerca de la creación del distrito Alto Trujillo, que dependía de una votación en la Comisión de Descentralización, y que Acuña quería usar como argumento en su campaña electoral para la gobernación regional en La Libertad.
