La oficina de Carlos Kauffmann, el abogado de Jorge Barata, queda en el tercer piso del 514, Rua Hungria, en Sao Paulo, cerca de la sede de Odebrecht en esa ciudad. Ahí, en una sala de reuniones del estudio, IDL-Reporteros lo entrevistó en la mañana del viernes 29 sobre la crisis, cercana al punto de quiebre, en el proceso de colaboración de su defendido – y de la propia empresa Odebrecht, según parece – con la balcanizada Fiscalía peruana.
Kauffmann no es un abogado tímido y, como sucede con muchos de los penalistas brasileños, ya se mueve con soltura en los hasta hace poco inciertos ámbitos de la delación premiada y la colaboración eficaz, donde la protección al cliente se basa en la calidad de su confesión.
En esta entrevista, Kauffmann sostiene que el equipo especial para el caso Lava Jato, que encabeza el fiscal Hamilton Castro, ha incumplido con el proceso de colaboración porque usó información entregada por Barata (y la empresa) en su contra. Por ello, según indica Kauffmann, el pasado jueves 28 de junio presentó un escrito a la Procuradora General (o Fiscal de la Nación) de Brasil, Raquel Dodge, pidiéndole que suspenda el envío al Perú de información contenida en los servidores desencriptados de Odebrecht relacionados al Sector de Operaciones Estructuradas, solicitada por el equipo especial de Castro a través de la Fiscalía peruana.
¿Cuál es el estado actual del proceso de colaboración eficaz de Jorge Barata?
Hemos tenido una serie de contratiempos en el proceso de colaboración de Jorge Barata. [Antes] En un ambiente altamente colaborativo, Jorge Barata dio una declaración para el equipo del fiscal Rafael Vela. Esclareció todo con relación a las donaciones de campaña. Eso fue hecho en Brasil. En esa secuencia, otros colaboradores brasileños también dieron declaraciones para el equipo de Rafael Vela y al mismo tiempo colaboraron.
Paralelamente a eso, existe una investigación sobre corrupción, con el fiscal Hamilton Castro. Hasta hoy, nosotros no logramos cerrar un acuerdo de colaboración. Por el contrario, todo es muy difícil. En lugar de usar a la empresa para poder llegar al final de la investigación y descubrir qué pasó, lo que estamos viendo es que se está dejando a la empresa de lado, para saber qué pasó con la empresa. Y ese no es el objetivo de la colaboración. Cuando uno lleva a un colaborador de su lado, una investigación que puede tardar dos o tres años, puede reducirse a solo 3 o 4 meses. Para eso necesitamos cerrar un acuerdo de colaboración eficaz. Estamos encontrando muchas dificultades no solo con Jorge Barata, sino también con la empresa. La semana pasada tuvimos algunas noticias vinculadas a la empresa en el Perú, que la Procuraduría Brasileña iría a mandar varias pruebas para el equipo de Hamilton Castro sobre todo lo relacionado a Jorge Barata y la compañía.
Entiendo que la fiscalía peruana solicitó hace algún tiempo información relacionada al Sector de Operaciones Estructuradas [contenida en los sistemas informáticos My Web Day y Drousys]. ¿Usted se refiere a eso?
Sí. [Pero] La Procuraduría de Brasil no puede entregar eso. ¿Porqué no puede? Porque existe un acuerdo en Brasil, que está celebrado y firmado – una decisión del Supremo Tribunal Federal– que nada puede ser entregado si no hay una colaboración eficaz en el otro país. Entonces la Procuraduría de Brasil solo puede enviar eso si hay una colaboración. Si envía esas pruebas antes de cerrar una colaboración en el Perú, antes de dar todas las garantías del proceso, estaría quebrando el acuerdo de la ley brasileña. Esta semana hemos entregado una petición para que la procuraduría no entregue esa documentación porque la fiscalía peruana no está cumpliendo con el acuerdo de colaboración. Y repito, ese acuerdo no se celebra … por una falta de voluntad de las autoridades peruanas. Jorge Barata siempre ha estado dispuesto a colaborar, él quiere celebrar el acuerdo. La mayor prueba es que en un ambiente de colaboración internacional, él entregó todas las pruebas solicitadas por la fiscalía. Ahora eso está parado y no camina más. Lo que queremos ahora es celebrar el acuerdo. Ya demostramos que queremos colaborar, que podemos contribuir con las investigaciones en el Perú. Ahora falta celebrar un acuerdo para que podamos continuar con eso.
¿Ustedes podrían haber entregado esta información directamente a los fiscales peruanos, en el marco del proceso de cooperación?
Sí. Cuando usted celebra un acuerdo, se entrega directamente. No se necesita al Ministerio Público. Esa actitud de solicitar directamente al Ministerio Público información, lo que indica para nosotros es que el fiscal no quiere más un acuerdo. Si las pruebas se entregan por cooperación internacional, estas no pueden ser utilizadas en contra de los colaboradores. Como Jorge Barata es un colaborador en Brasil, las pruebas son de Brasil, no pueden ser enviadas. Y en Perú, la fiscalía está buscando pruebas sin cerrar un acuerdo de colaboración con Jorge Barata. Eso es imposible.
En la fiscalía se han dado dos tipos de acuerdo. El primero, con el equipo de lavado de activos, que recabó testimonios y pruebas vía cooperación judicial internacional, bajo las leyes brasileñas. Y el equipo especial , dirigido por Hamilton Castro, hizo un proceso de colaboración eficaz según las leyes peruanas. En términos de la información solicitada por los fiscales del equipo de Castro, ¿solo se entregará si se cierra un acuerdo de colaboración eficaz?
Sí, que se cumplan todas las garantías. Me preocupa lo que ocurre en Perú. Y haré un paralelo entre Brasil y Perú. Aquí en Brasil, cuando usted conversa con el Ministerio Público, este es uno e indivisible. [Pero en el Perú] Recientemente, la empresa celebró un acuerdo con la Fiscalía para entregar todas las informaciones que fueran solicitadas, y dos semanas después de celebrado ese acuerdo, la fiscalía allanó el almacén de la compañía para incautar documentación. Eso afecta el espíritu de la colaboración. Lo que falta es coordinación. Perú necesita las declaraciones de los colaboradores. Cuando comencé como abogado de algunos ejecutivos del grupo Odebrecht, este era un caso que pensábamos que estaba mejor encaminado porque teníamos un preacuerdo [con la fiscalía peruana], pero lamentablemente vemos que cuando se da un paso para cooperar, se retroceden dos en el acuerdo. Nosotros queremos un ambiente en el que el colaborador esté del lado de la fiscalía. A partir del momento que Jorge Barata se convirtió en colaborador, estuvo del lado de las autoridades peruanas, del lado de la fiscalía para esclarecer lo que ocurrió. Y para eso se requiere ayuda de la fiscalía, si no no se consigue.
¿Por qué no se cerró un acuerdo? Existe una desconfianza de que el colaborador no está colaborando de verdad. Y eso traba el proceso de colaboración. Entonces, lo que hay que entender es lo siguiente: Jorge Barata vive en Brasil, él no puede ser extraditado de Brasil. Pero está insistiendo en colaborar porque quiere resolver esta situación. Ahora, si a 18 meses de estar a disposición de la justicia peruana continúa la desconfianza sobre él, averiguando si las pruebas son verdaderas o no, este no es realmente un proceso de colaboración.
La percepción que tenemos ahora es que no se va a cerrar un acuerdo en Perú. Creo que la Fiscalía no va a validar el acuerdo. (…) Repito, han pasado 18 meses en los que Barata y la empresa no tuvieron una actitud contraria a una cooperación.
Entiendo que después del allanamiento al almacén se han dado una serie de disposiciones fiscales que han sido contestadas por la compañía. ¿Cómo está ahora el proceso de negociación con la Fiscalía para sacar adelante la colaboración?
Responderé por Jorge Barata. Siempre que algo fue solicitado a Jorge Barata, ya sea por cooperación internacional o dentro del ambiente de colaboración, se entregó a las autoridades. Pero eso no puede ser utilizado contra él. En el caso de las donaciones de campañas, él entregó la información a pesar de no haber un acuerdo. Lo que hemos visto, infelizmente, es que algunas informaciones fueron utilizadas criminalmente contra él u otras personas. Están generando muchas trabas. No es ese el objetivo. En ningún proceso de colaboración, los documentos entregados por el colaborador se usan en su contra. Y si el acuerdo no es cerrado, estas informaciones no pueden ser utilizadas. Las pruebas no pueden ser utilizadas.
Entonces, ¿cuál es la posición de la defensa [de Barata] ahora?
La posición de la defensa es que no se entreguen las pruebas, pero aun estamos dispuestos a continuar con el acuerdo. […] Insistimos que queremos un acuerdo de colaboración.
¿Cuáles son las condiciones para que puedan continuar colaborando?
Hay que coordinar esfuerzo con la empresa, para que Jorge Barata, los funcionarios de la empresa y la empresa, estén del mismo lado que la Fiscalía, que todos estén del mismo lado.
¿Se refiere a un acuerdo entre la fiscalía peruana y la empresa?
Sí, para que todos estén protegidos. Me preocupa que estemos en un preacuerdo de colaboración y los testimonios sean utilizados en contra de los colaboradores y la empresa. Eso nos preocupa.
¿Jorge Barata está dispuesto a dar información sobre otros casos?
Lo que hace un colaborador es hablar de aquello que él sabe, en aquello en lo que participó. Lo que nosotros vemos aquí es que la colaboración no es para hablar de un solo hecho, estamos hablando de un periodo de tiempo. El acuerdo es para que cuente todo lo que sabe.
(*) Esta es una publicación de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas liderada por IDL-Reporteros e integrada por periodistas de O Globo de Brasil, La Nación de Argentina, La Prensa de Panamá, Armando.Info de Venezuela, Sudestada de Uruguay y Quinto Elemento Lab de México.