Este miércoles, hemos publicado la carta que dirige, desde Nueva York, Joel Simon, director de la Iniciativa para la Protección del Periodismo en la Escuela de Periodismo Craig Newmark, de CUNY, al fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez instándolo a no iniciar “un proceso acusatorio” contra mí.
La carta hace referencia al informe remitido por el fiscal Edward Casaverde al fiscal de la Nación el 10 de julio pasado, en el que solicita su autorización para el ejercicio de la acción penal contra Gorriti por el delito de cohecho.
“Iniciar un proceso acusatorio a Gustavo Gorriti en represalia por su trabajo periodístico representaría una clara violación a la libertad de prensa” escribió Simon, quien fue un prestigioso director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas entre 2006 y 2021.
El informe de Casaverde no solo resalta por su debilidad conceptual (Rosa María Palacios lo llamó con justeza “un mamarracho”), sino porque contradice radicalmente el que, sobre el mismo caso, firmó Casaverde hace menos de un año, en el que ordenaba archivar el caso. Luego, todo indica, fue convencido de redactar exactamente lo opuesto.
¿Cómo se entiende esta ridícula pero peligrosa irracionalidad?
Hay que entender el proceso en marcha como la venganza contra los investigadores del caso Lava Jato ejecutada por los fiscales investigados y sancionados por el caso Lava Juez (o Cuellos Blancos).
Eso es y no otra cosa. Utilizar la desinformación, la mentira y distorsión de los hechos para presentar la más importante investigación contra una corrupción público-privada de épicos niveles, como si hubiera sido un delito, una conspiración criminal, un vulgar trueque de influencias e informaciones, una usurpación de funciones.
A partir de esas desinformaciones, utilizar la leguleyada en contorsiones que la convierten en un ridículo pretzel tinterillo detrás del cual emergen las acusaciones.
¿Quiénes estuvieron detrás de eso? En la ofensiva desinformadora contra la investigación Lava Jato y sus investigadores, los principales protagonistas fueron los investigados de Fuerza Popular, apoyados por una maquinaria aprista. La misma Keiko Fujimori aplaudió los “testimonios” de Villanueva, los “certificó” como probados e inició la contraofensiva fiscal a través de una denuncia penal contra los fiscales y contra mí, presentada por Fuerza Popular.
Así que, y hay que estar muy claros en ello, la promoción de esa denuncia, su activación en una fiscalía que estaba ya en franco proceso de ser conquistada, provino, junto con el Apra y otros, de Fuerza Popular a través de su líder, Keiko Fujimori, la que está ahora a punto de asumir la presidencia de este país. Y no se olviden de Muñante, de Renovación Popular, y la patética «investigación» que el Congreso mafioso obviamente aprobó y que ahora está en el despacho de Tomás Aladino Gálvez.
En los hechos, hemos retornado a la situación previa al desencadenamiento de las investigaciones Lava Juez, o Cuellos Blancos. El entorno hipercorrupto de entonces ha retornado al mando y control del ministerio Público.
El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, investigado en el caso, fue destituido por esa razón por la anterior Junta Nacional de Justicia. Ahora no solo volvió a una fiscalía suprema sino asumió la fiscalía de la Nación.
Luis Arce fue destituido por sus vínculos con César Hinostroza y por renunciar a su cargo en el Jurado Nacional de Elecciones durante la segunda vuelta electoral de 2021, por la misma razón por la anterior JNJ. Ahora, restituido en todas sus prerrogativas por la conquistada JNJ actual, vuelve a ser Fiscal Supremo.
Víctor Raúl Rodríguez Monteza, el que intentó advertir a los jueces y fiscales mafiosos que la investigación estaba por salir; el que luego intentó capturar los audios utilizando su cargo; el que, en la Corte Suprema dejó de lado su condición de fiscal y no solo no defendió su causa sino apoyó en la Corte a los corruptos, ha retornado como fiscal Supremo y está ahora dedicado a “investigar” casos de corrupción de funcionarios, nada menos.
Patricia Benavides no figuró en el caso cuellos blancos pero sí, con abundancia de hechos, en el caso Operación Valkiria, gracias a las delaciones, como aspirante a colaborador eficaz, de su exmano derecha y cómplice, Jaime Villanueva. Fue apartada del cargo y luego destituida por la anterior JNJ. Ahora, gracias a la mafiosa JNJ actual, es de nuevo fiscal suprema.
Ese es el grupo de fiscales que ahora manda en el ministerio público. IDL-Reporteros, bajo mi dirección, investigó a todos ellos. Ya podrán imaginar su imparcialidad.
Ese es el escenario actual, el del retorno triunfante de la mafia al control del Ministerio Público.
Aún así, ¿cómo se explica el Casaverde contra Casaverde? Hace menos de un año, Casaverde examinó el mismo caso, exactamente el mismo. Y resolvió declarar que siendo insuficientes, los cargos, “testimonios” y acusaciones, se mandaba el caso al archivo y, en consecuencia, exoneraba a los imputados.
Le llovieron críticas de los sectores mafiosos, como era de esperar. Su decisión fue apelada y, luego, la fiscal Karla Zecenarro le ordenó replantear la acusación.
Y el fruto de las veladas amenazas detrás de las críticas, la composición actual de la Junta de Fiscales Supremos y de las múltiples alternativas de represalia y de castigo, son las 204 patéticas páginas de su informe actual.
Sin el efecto de una nueva, aplastante, evidencia, ningún proceso analítico, ningún factor inductivo, ninguna evaluación deductiva respalda el mediocre contorsionismo de ideas con las que Casaverde alimenta su actual acusación.
El resultado es, por supuesto, la profunda devaluación en la calidad del documento. Hacer una lista de inexactitudes, errores y mentiras sería largo y tedioso.
En cuanto a sus fuentes informativas, queda claro que Casaverde depende casi enteramente de una: los testimonios de Jaime Villanueva. Las otras fuentes son totalmente secundarias y con un alcance apenas fragmentario.
Esa fue también la fuente central de la investigación fiscal previa, la que el Casaverde de hace un año resolvió mandar al archivo, desestimando los testimonios de Villanueva, la carencia de pruebas y de evidencia convincente. Ahora, dado que no tenía elección, utilizó los testimonios que antes descartó y sin que hubiera ni una diligencia nueva.
Pero al hacerlo, Casaverde se metió en una contradicción. Una cosa es que el resto del mundo desestime el testimonio de Villanueva y otra es que quien lo haga sea la persona a quien va dirigido el informe de marras: Tomás Aladino Gálvez.
A comienzos de mayo de este año, el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, firmó una Disposición de 279 páginas sobre el estado de las investigaciones sobre organización criminal contra Patricia Benavides y un largo número de congresistas y funcionarios alcanzados por esa investigación e incorporados a ella.
El núcleo de la disposición se refiere a la llamada “Operación Valkiria” y a las confesiones de Jaime Villanueva como aspirante a colaborador eficaz, corroboradas en unos casos por otras personas.
La importancia de Villanueva en el caso se puede medir por el número de veces que aparece su nombre en la Disposición de Tomás Aladino Gálvez: 422 veces.
Y en decena tras decena de examen de los testimonios de Villanueva, Gálvez repite similares conclusiones: El testimonio es insuficiente como prueba; el testimonio es inexacto; el testimonio es contradicho por otros hechos que lo hacen falso; el testimonio no solo es inexacto sino sesgado. En resumen: ningún testimonio de Villanueva tiene valor para Tomás Aladino Gálvez.
Así, el testigo estrella de la mafia, Villanueva terminó fulminado por un descrédito abrumador en cada uno de los cinco casos que Gálvez examina, porque eran casos de gran importancia para la mafia. Desacreditar a Villanueva permitió al fiscal de la nación desestimar y mandar al archivo todas las investigaciones (y sus investigados) sobre las relaciones mafiosas entre la fiscalía de Benavides y los numerosos congresistas comprendidos en ellas. Todos fueron exculpados.
No solo eso: Villanueva dejó de ser aspirante a colaborador eficaz y se convirtió, como veremos, en imputado de investigación penal.
Entonces, si en decenas de casos diferentes, los testimonios de Villanueva fueron desechados y desacreditados, ¿cómo persiste el fiscal Casaverde en utilizarlo como testigo central en el caso?
Aunque, quizá luego de informarse del profundo encono que parece guardarle a Villanueva alguna gente que antes estuvo cerca de él en la fiscalía de la nación, Casaverde termina incluyéndolo como investigado en el caso.
Y si es así, ¿cómo explica la profunda contradicción de usar como testigo estrella a una persona cuya credibilidad ha sido fulminada por su jefe? ¿Y cómo explica su propia decisión de investigar penalmente a quien, a la vez, utiliza como testigo central?
Las gruesas inexactitudes y patentes mentiras sobre mí que Casaverde perpetra en su informe no representan descuidos sino lo que en Derecho se llama “ignorancia inexcusable”.
Dice Casaverde que soy director de IDL. Eso es falso. Soy director de IDL-Reporteros, que, debería saber el fiscal, es diferente. Dice que soy fundador de IDL. Eso es falso. Cuando entré a IDL, la prestigiosa organización de Derechos Humanos y think tank democrático llevaba más de veinte años de existencia. Dice el patético fiscal que yo organicé las marchas de protesta contra la destitución de los fiscales Vela y Pérez Gómez por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry en año nuevo. Esa es una mentira completa. Dice que yo dirigí la investigación fiscal del caso Cócteles. Otra gran mentira. Y hay muchas más como esa.
¿Cuál es la mínima seriedad que pueda tener una investigación fiscal sobre un asunto tan importante cuando está contaminada por todo tipo de mentiras e inexactitudes, sobre las que, a su vez, se intenta construir un caso que es en sí una mentira?
Pero lo más peligroso (y revelador) del informe de Casaverde es lo que sostiene sobre el periodismo en general y el periodismo de investigación en particular. La relación misma de un periodista con sus fuentes –especialmente si se trata de investigaciones de gran importancia, tanto en el ámbito periodístico como el fiscal, es presentada como una relación potencial o actualmente delictiva.
Las miles de entrevistas y conversaciones entre periodistas y funcionarios de gobiernos o de corporaciones, que ocurren cada día en el mundo y que son la fuente fundamental sobre la que se basa la libertad de prensa y la información propia de una sociedad democrática, constituyen para Casaverde una fuente de sospecha de burdos intercambios de favores; de, para encontrarle el término, cohechos comunicacionales.
El que un o una periodista consiga y divulgue información reservada, por una u otra razón, es censurado por Casaverde, quien sostiene que la reserva de la investigación es “una característica estructural de esta etapa del proceso penal…” y que, por ende, el divulgar información “reservada no representaría únicamente el quebrantamiento del deber funcional de reserva, sino también uno de los actos de ejecución mediante los cuales se habría materializado el beneficio indebido ofrecido y aceptado entre los investigados”.
Es decir, que la divulgación de información reservada es en sí una prueba de una relación delictiva entre la fuente y el periodista.
Bajo ese criterio, rodeado de palabrería leguleya, los casos más importantes en la historia del periodismo de investigación en el mundo, no hubieran podido ocurrir. No se hubiera publicado el caso de los “documentos del Pentágono” [Pentagon Papers] ni el caso Watergate. Tampoco el caso Abu Ghraib. Y, si de filtraciones se trata, no hubieran salido a la luz los “Panama Papers” ni las muchas filtraciones de documentos corporativos reservados, que revelaron abusos y fechorías que las autoridades mantuvieron ocultas.
Y, para no salir del país y el entorno latinoamericano, no se hubiera publicado nada sobre los Cuellos Blancos (Lava Juez) y toda esa inmensa corrupción hubiera permanecido oculta. Tampoco se hubiera sabido todo lo que se reveló sobre los gigantescos casos de corrupción y, ahí sí, de épicos sobornos que el periodismo de investigación sacó a la luz en el caso Lava Jato y que ahora, pese a las desmesuradas maniobras por matar el caso y desacreditar a los periodistas a través de la mentira y la desinformación, permanecen como revelaciones irrefutables de los alcances de la gran corrupción, gracias al periodismo de investigación que la expuso ante el pueblo, la gente y la Historia.
Casaverde encalla en lo patético cuando escribe que “… la cobertura mediática promovida neurálgicamente por Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen y coadyubada [debió escribir “coadyuvada”] por Jaime Javier Villanueva Barreto…”, antes de concluir que dicha cobertura “no resulta amparable a los fines socio-comunicativos que constriñe [sic] el derecho a la libertad de expresión e información…”.
Esta libertad, añade el Casaverde actual, no es un derecho “…absoluto, en tanto admite limitaciones con sustento en otros derechos fundamentales como el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso…” La paupérrima argumentación sirve como pretexto para encontrar razones, por absurdas que sean, para perseguir el periodismo de investigación y maniatar la libertad de prensa.
Termino expresando lo que para mí explica todo este oscuro proceso, que revela tanto los tiempos que vivimos: Las investigaciones de los casos Lava Jato y Lava Juez [Cuellos Blancos] fueron las más importantes sobre corrupción corporativa y pública en este siglo. Revelaron casos gigantes de corrupción con el detalle preciso de sus perpetradores. Expusieron los hechos corruptos en los niveles más altos de poder estatal, corporativo y político.
Los grupos de poder afectados y debilitados no decidieron reformarse sino atacar a quienes los habían expuesto, para desacreditarlos, calumniarlos y, cambiar la versión de los hechos a través de ese contraataque. El objetivo final era y es presentar a los periodistas y fiscales investigadores como delincuentes, meterlos a la cárcel si les es posible. Presentar a los corruptos de ayer como ciudadanos honorables, injustamente acusados. No importa si la historia no es mínimamente creíble, en tanto el coeficiente de intimidación sea alto para que la corrupción triunfante pueda mostrarse disfrazada de virtud.
Pueden venir tiempos duros. En cuanto a mí, sé cuál es mi deber. Defender el derecho a la verdad cuyo brazo vigoroso es el periodismo de investigación nunca fue ni será fácil. El precio de hacerlo puede ser alto, pero no puedo pensar en una causa más noble que esta.
