“Nosotros tuvimos 76 proyectos en Perú. De esos 76 proyectos tuvimos ocho proyectos en los que hubo problemas de corrupción”, relató el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, al fiscal peruano José Domingo Pérez durante el interrogatorio en Sao Paulo, el 28 de marzo pasado. La revelación pasó desapercibida porque el foco de la diligencia fue conocer el volumen de los aportes de Odebrecht a las campañas presidenciales de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori.
Hasta ese momento, se conocía que la constructora brasileña había pagado sobornos por seis proyectos –obras públicas y concesiones– , entre los cuales figura la línea 1 del Metro de Lima, los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, la vía Costa Verde en el Callao, y la vía evitamiento del Cusco. Todos ellos bajo investigación fiscal.
Los otros dos proyectos en los que se pagó sobornos –según el exjefe de Odebrecht en el Perú – figuran en una extensa planilla del Sector de Operaciones Estructuradas bajo el título de ‘Planilha de Gastos Bambi’.
El documento, de 28 páginas, contiene los registros de pagos de sobornos por contratos adjudicados a la empresa y las sumas de dinero que fueron extraídas de obras bajo la modalidad de contratos ficticios – gracias a los sobrecostos de esas obras – para robustecer la Caja 2 en Perú y América Latina, solo entre enero de 2006 y agosto de 2011. (Ver: La caja 2 cuenta sus secretos)
La planilla bambi fue entregada por Jorge Barata a los fiscales brasileños en diciembre de 2016 – en su acuerdo de delación premiada – como parte de las pruebas que sustentaban cómo y cuándo Odebrecht pagó 20 millones de dólares en coimas a Alejandro Toledo, y 780 mil dólares al expresidente de Ositran, Juan Carlos Zevallos, con relación a la Carretera Interoceánica Sur. (Ver: Cutra grande, cutra chica y más…)
En ese caso, la planilla tiene el registro detallado de 42 transferencias, hechas entre junio de 2006 y octubre de 2008, por un monto total de 21 millones 337 mil 500 dólares. Una suma mayor a la confesada por Barata a las autoridades peruanas y brasileñas. (Ver: Barata confiesa)
Tres depósitos coinciden con las transferencias hechas a las empresas offshore de Josef Maiman, a pedido de Toledo: una transferencia de 750 mil dólares a Trailbridge Ltd. del 26 de junio de 2006, un mes antes de que Toledo dejara la Presidencia; y dos transferencias de medio millón de dólares a Warbury, del 28 de julio y 5 de agosto del 2008.
Hay más en la planilla: Figuran también otros pagos de sobornos en dos proyectos adjudicados a la constructora durante el gobierno de Alejandro Toledo: El sistema de agua potable de Chimbote; y la construcción de la Carretera Tingo María –Aguaytía, Tramo II: Puente Chino – Aguaytía.
El primer proyecto fue adjudicado por el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento [PARSSA] al Consorcio Constructor Río Santa (integrado por Norberto Odebrecht S.A. y CBPO Engenharia Ltda) el 23 de marzo de 2005. PARSSA pertenecía al ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuyo ministro entonces era el hoy congresista Carlos Bruce.
El contrato fue suscrito entre Durich Whittembury Talledo, entonces director ejecutivo de PARSSA, y Guillermo Vega González, representante del consorcio constructor. El proyecto costó inicialmente 27 millones 357 mil 868 dólares, pero terminó con un sobrecosto del 24 por ciento (6 millones 579 mil 798 dólares).
Además, Odebrecht interpuso tres demandas arbitrales contra el Estado, que ganó, y por las que cobró 5 millones 874 mil 348 dólares.
Rolando Eyzaguirre Maccan, uno de los abogados que arbitró en una de las demandas, aparece como apoderado en la offshore Gold Investment International Corp., constituida el 22 de agosto de 2002, junto con Horacio Cánepa Torre. Ambos trabajaban en el “Estudio Jurídico Cánepa Eyzaguirre & Asociados”. (Ver: Las offshore y el árbitro favorito de Odebrecht)
En la ‘Planilha de Gastos Bambi’ hay registros de una transferencia para soborno, del 22 de junio de 2006, por un monto de 45 mil dólares.
En el caso de la construcción de la Carretera Tingo María –Aguaytía, Tramo II: Puente Chino – Aguaytía, el contrato fue suscrito durante el segundo año del gobierno de Toledo, el 19 de diciembre de 2002, entre la Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Trujillo, representada por Daniel Bezerra Villar; y el ministerio de Transportes y Comunicaciones, representado por el ingeniero Mario Quiroga, entonces director de Provias Nacional.
El proyecto tuvo un costo inicial de 29 millones 989 mil 412 dólares, pero terminó costando 42 millones 420 mil 836 dólares (un sobrecosto de 41 por ciento). Según los registros del Sector de Operaciones Estructuradas, hay tres transferencias destinadas a sobornos, por un monto total de 45 mil dólares, el 19 de junio de 2006.
La constructora brasileña ganó arbitrajes contra el Estado por los que cobró 14 millones 497 mil 076 dólares. En total, sumando los sobrecostos y arbitrajes, el proyecto le costó al Estado 89.8 por ciento más que el monto original del contrato.
Tres de los abogados que participaron en los arbitrajes entre Odebrecht y el Estado por la construcción de la Carretera Tingo María –Aguaytía y el sistema de agua potable de Chimbote, son ahora investigados por el equipo especial anticorrupción de la Fiscalía para el caso Lava Jato por supuestamente haber recibido sobornos de la constructora para que esta sea beneficiada en los laudos arbitrales. Se trata de Luis Felipe Pardo Narváez, Richard James Tirado y Gregorio Martín Oré Guerrero. (Ver: Arbitrajes arreglados)
La ‘Caja 2’
En la ‘Planilha de Gastos Bambi’ también figuran los proyectos de los que Odebrecht sacó dinero para generar recursos para la ‘caja 2’, a través de actividades de creación de costos ficticios, para abastecer así de dinero al Sector de Operaciones Estructuradas.
Jorge Barata en su declaración del 15 de diciembre de 2016, en la sede de la Procuraduría Federal brasileña en Bahía, relató a los procuradores brasileños cómo se generaron los recursos para la ‘caja 2’ en el periodo en que fue superintendente de Odebrecht en el Perú.
“El señor Marcos Grillo, que era el responsable de hacer el planeamiento fiscal o planeamiento tributario, trabajaba en coordinación con el personal del área del Departamento de Operaciones Estructuradas, identificando oportunidades para mejorar o disminuir el impacto fiscal tributario en nuestros negocios creando contratos ficticios para poder reducir el efecto del pago de impuestos y crear disponibilidad de recursos no registrados para el departamento estructurado de sobornos. Eso ocurría en varios proyectos que generaban un margen mayor y que tenían disponibilidad para hacer ese tipo de contratos».
¿Atendía solicitudes de Marcos Grillo en relación a eso?, preguntó el procurador.
Cuando él recibía nuestros informes anuales y había algún proyecto que permitía eso, él entraba en contacto con nosotros para que pudiéramos designar a alguien que lo apoyase en ese proceso.
En la planilla del departamento de sobornos figuran el proyecto Olmos, con siete transferencias, entre marzo y diciembre de 2008, por un monto total de 11 millones 791 mil 365 dólares; e IIRSA Norte, con diez transferencias entre julio y noviembre de 2007, por un monto total de 5 millones 938 mil 013 dólares.
Las transferencias relacionadas a la Carretera Interoceánica Norte coinciden con algunas de las transferencias hechas en 2007 –previos contratos ficticios– por la red de empresas peruanas controladas por María Isabel Carmona Bernasconi y Gonzalo Monteverde Bussalleu, ambos investigados por el equipo especial anticorrupción de la Fiscalía para el caso Lava Jato por presuntamente haber lavado dinero de la constructora brasileña para el pago de sobornos y el financiamiento de campañas políticas. (Ver: Los pagos secretos de Odebrecht en el Perú)
Por ejemplo, el 19 de julio y el 20 de agosto de 2007, el consorcio IIRSA Norte hizo dos transferencias por un monto total de 2 millones 460 mil 042 dólares a la empresa Constructora Área, de Carmona y Monteverde. Ese dinero luego recorrió las compañías Casa de Cambio La Moneda y Dominatrix Limited, también controladas por ellos. El 23 de agosto, la primera empresa transfirió 970 mil dólares a la offshore Balmer Holding Assets Ltd., en el First Caribbean Bank, de Barbados. Ese depósito coincide con uno que figura en la ‘Planilha de Gastos Bambi’, del 24 de agosto, por 969 mil 995 dólares. Unos días después, el 3 de setiembre, Dominatrix Limited transfirió 565 mil dólares a Balmer. Esa transferencia coincide con una de la planilla del 4 de setiembre, por el mismo monto.
Tal como lo reveló Gustavo Gorriti, en ‘ El señor offshore’, Balmer estuvo controlada por el doleiro (o traficante de divisas) Olívio Rodrigues Junior, del Sector de Operaciones Estructuradas. Por razones de seguridad y para evitar riesgo de contaminación con otras empresas, “Rodrigues fue contratado con carácter de exclusividad para constituir empresas offshore en paraísos fiscales y realizar pagos, que eran abastecidos por empresas offshore no declaradas por Odebrecht, controladas por Fernando Migliaccio y Luiz Eduardo Soares”, indicó Hilberto Silva, exjefe del departamento de sobornos de la constructora, en su delación premiada en Brasil del 22 de noviembre de 2016.
En marzo pasado, durante el interrogatorio a Jorge Barata, a cargo del procurador brasileño Orlando Martello y el fiscal peruano José Domingo Pérez, este último le preguntó al exejecutivo acerca de la planilla.
Barata respondió que “esa ‘Planilla Bambi’ era controlada por Marcelo Odebrecht y el Sector de Operaciones Estructuradas. No era una planilla mía, ni de Perú. Y yo no debo haber mencionado nada de esa planilla en mi declaración. Porque ese asunto de la planilla Bambi fue de la que tuve conocimiento después por la empresa”.
Ahí Barata no dice la verdad completa. Si bien es cierto que este no conocía –por su posición en la empresa– cómo el Sector de Operaciones Estructurada sistematizó y registró las coimas, esa planilla fue entregada por él en Brasil como prueba del pago de sobornos a Toledo. Esta planilla además de contener información detallada sobre Perú, también guarda el registro de proyectos en Venezuela, Argentina, Ecuador, México y Brasil; y aportes a campañas políticas en 2006.
Consultada por IDL-Reporteros, Odebrecht indicó que «el proceso de colaboración iniciado por Odebrecht Perú, en enero de 2017, es de carácter reservado y sigue en curso, habiendo aún un grupo de exejecutivos que están a disposición de la Fiscalía para brindar declaraciones en el marco de la Cooperación Internacional existente con la justicia brasileña. De esta forma, la empresa está impedida de comentar sobre declaraciones ya realizadas, así como anticipar la extensión de nuevos testimonios”.
(*) Esta es una publicación de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas liderada por IDL-Reporteros e integrada por periodistas de O Globo de Brasil, La Nación de Argentina, La Prensa de Panamá, Armando.Info de Venezuela, Sudestada de Uruguay y Quinto Elemento Lab de México.