Desde febrero pasado, Willax Televisión y sus satélites de la prensa lumpen han desplegado una agresiva campaña de desinformación y difamación contra IDL-Reporteros. Es, hasta ahora, la novena campaña de desprestigio en los últimos doce meses iniciadas o diseminadas en el canal de Erasmo Wong.
Empezó con la selección sesgada y distorsionada de una parte de las declaraciones como testigo que hizo el exasesor Jaime Villanueva en las investigaciones a la exfiscal de la nación Patricia Benavides, a cargo de la fiscal suprema, Delia Espinoza.
El entresaque de las declaraciones de Villanueva (varias de ellas del todo falsas y otras inexactas), hecho por la fábrica de desinformación que es Willax, tuvo como objetivo mostrar al director de IDL-R, Gustavo Gorriti, como un operador político que manejó y controló la Fiscalía; como una especie de fiscal de la nación en la sombra, sobre todo en lo relacionado con el caso Lava Jato.
El fin ulterior de estos ataques fue presentar (a través de una burda pero descarada desinformación) las investigaciones periodísticas publicadas por este medio como parte de una operación política concertada entre los periodistas de investigación y los fiscales para convertir a los investigados por severos casos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado, en perseguidos políticos; y como consecuencia de ello buscar el archivo o nulidad de sus casos, algunos de los cuales están por entrar, con una carga abrumadora de prueba, en fase judicial este año.
La campaña de desinformación sirvió para que, por separado pero de forma visiblemente coordinada, Fuerza Popular y un militante aprista presentaran denuncias penales contra Gustavo Gorriti –en las que están incluidos los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela y los exfiscales de la nación Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos–, para criminalizar el periodismo de investigación.
En esa lógica absurda de presentar a IDL-R como el medio que controló y manejó a los fiscales y sus investigaciones; el jueves 21 pasado, el programa Beto A Saber, de la desinformadora Willax Televisión, emitió un supuesto reportaje en el que se me presentaba como “mandadera”, “asistente en la sombra”, “operadora política” y “relacionista pública” del exfiscal de la nación Pablo Sánchez.
En las siguientes líneas quedará demostrado que lo propalado por el programa de Ortiz es una tergiversación grosera, que es parte de una estrategia concertada en la que participan abogados de varios investigados por corrupción.
Para empezar, la prueba de esas afirmaciones, de acuerdo con el ‘reportaje’ y los abogados que aparecen en él, eran unos chats (típicamente distorsionados por Willax) que intercambié hace 9 años con el entonces procurador brasileño Deltan Dallagnol, jefe de la Fuerza de Tarea del Ministerio Público Federal en Curitiba.
La única fuente de información del ‘reportaje’ estaba sentada al lado de Ortiz. Se trata de Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular), acusado en el caso Cócteles, por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimientos administrativos. La Fiscalía ha pedido 30 años y 10 meses de cárcel para Yoshiyama, quien fue sindicado por Jorge Barata como uno de los intermediarios para recibir dinero en cash como aporte de Odebrecht para la campaña presidencial de Keiko Fujimori, en 2011.
Abanto dijo que tenía en su poder nada menos que siete teras (terabytes) de información (un tera es igual a mil gigabytes), que contenían miles de mensajes de Dallagnol con diversas personas. Y afirmó con expresión solemne que eso fue producto de interceptaciones legales en Brasil.
“La justicia brasileña descubrió que había un círculo perverso de trabajo en lo que sería el equipo Lava Jato allá, que se llamaba la Fuerza de Tarea. Los investigó. Ingresó a las nubes de Dallagnol y de Moro, rescató la información. Esto que se ha mostrado es información recabada por las autoridades brasileñas en un esfuerzo de investigar realmente qué había ocurrido en el caso Lava Jato”, dijo Abanto.
Eso es mentira. La información de Abanto es falsa. El hackeo a la cuenta en Telegram de Dallagnol, fue hecho, de manera totalmente ilegal, por un hacker.
En 2019, la policía federal brasileña deflagró (como le gusta decir) la Operación Spoofing, en la que arrestó al cibercriminal brasileño Walter Delgatti y a otras personas.
Delgatti había hackeado las comunicaciones que tuvo el procurador brasileño Deltan Dallagnol, a través de Telegram. En total, fueron hackeados 952 mil 754 mensajes, en el periodo que va de mayo de 2014 a abril de 2019. Todo el material de las interceptaciones fue confiscado por las autoridades brasileñas.
Publicaciones de periodismo de investigación, como The Intercept Brasil, obtuvieron el material hackeado. Y a partir de eso elaboraron las investigaciones conocidas como el caso Vaza Jato, que mostró coordinaciones impropias entre el juez Sergio Moro con el procurador Deltan Dallagnol. Nada refutó la precisión y exactitud de las investigaciones sobre masiva corrupción en el caso Lava Jato, pero las acciones indebidas de Moro y Dallagnol afectaron toda la visión de debido proceso que hasta entonces había mantenido tanto el juez como los fiscales a cargo de la investigación.
Entonces, debe quedar claro que no hubo ninguna acción de investigación policial, fiscal o judicial para lograr ese material, como sostuvo Abanto con nada sorprendente falsedad.
La única intervención policial fue para arrestar al hacker y confiscar el material hackeado.
Dentro del material interceptado por el hacker, figuran los mensajes que intercambié con Deltan Dallagnol durante 15 meses, entre el 25 de junio de 2015 y noviembre de 2016. La mayoría de los mensajes fueron escritos en inglés, porque era el idioma con el que el entonces procurador se sentía más cómodo que con portuñol.
Las conversaciones representan e ilustran una etapa muy importante en los inicios de la investigación latinoamericana del caso Lava Jato; y muestran también cómo se produjo una interacción habitual de periodista de investigación-fuente con las autoridades fiscales especializadas que avanzaban vertiginosamente el caso en Brasil.
Los mensajes que intercambié con Dallagnol contienen 4 mil 131 palabras. IDL-Reporteros las obtuvo y revisó en su totalidad.
Lo que los abogados con escasos escrúpulos y la pseudo prensa desinformadora extrajeron con malevolencia y presentaron de manera parcial y distorsionada son solo 178 palabras. Y, como era de esperar en cualquier cosa que toque Willax, una parte de lo publicado no corresponde a mis conversaciones con Dallagnol.
La maligna descripción del hecho que hicieron los desinformadores no corresponde en absoluto a lo que sucedió. IDL-R hace a continuación, una descripción precisa de lo ocurrido.
Yo tomé contacto por primera vez con Dallagnol el 25 de junio de 2015, tal como consta en los registros de los chats hackeados por Delgatti.
Dallagnol era entonces el jefe de la Fuerza de Tarea del Ministerio Público Federal en Curitiba, que investigaba el caso Lava Jato en esa jurisdicción. En días previos a esa comunicación, el 19 de junio, se había desarrollado desde Curitiba la decimocuarta fase de Lava Jato, llamada “Erga Omnes”, en la que fueron arrestados Marcelo Odebrecht, presidente de Odebrecht, y Otávio Marques de Azevedo, presidente de la constructora Andrade Gutierrez.
La razón de la comunicación resultaba obvia: entrevistarlo sobre el alcance de las operaciones del caso Lava Jato y sus conexiones con el Perú. Gustavo Gorriti y yo viajamos a Curitiba los primeros días de julio para hacer reportería sobre el caso. Entrevistamos a Dallagnol en la sede de la Procuraduría, y a varias otras personas (policías federales, abogados, doleiros) en lo que fue el primero de muchos otros viajes a Brasil.
Lo que siguió después de esa primera entrevista con Dallagnol correspondió a la relación de periodista–fuente: hacer preguntas muy precisas para corroborar información o conseguir nueva información sobre que hechos que estábamos investigando en la Red Latinoamericana de Periodismo de Investigación Estructurado para la cobertura del caso en América Latina, liderada y coordinada por IDL-Reporteros.
Estábamos entonces tras la ruta de las operaciones financieras que se hicieron a través de una offshore panameña, Constructora Internacional del Sur, que –se supo después– formó parte del esquema de lavado de dinero que montó Odebrecht para el pago de sobornos. Seguir el rastro de esa empresa nos permitió, por ejemplo, establecer a través de qué empresas se hicieron las operaciones de lavado dinero para Odebrecht desde y hacia el Perú, y quiénes las llevaron a cabo. Así llegamos a identificar, después de varios meses de investigación, a Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona, como dos personajes clave en el esquema de lavado de dinero. Ambos están prófugos de la justicia, tanto de la peruana como de la panameña, y tienen como abogado (¿les sorprende?) a Luis Pacheco Mandujano.
Por esa razón muchas de las preguntas a Dallagnol, registradas en las conversaciones por Telegram, giraron alrededor del tema de la Constructora Internacional del Sur.
El 25 de agosto de 2015, le envié a Dallagnol un mensaje que constaba de dos partes. En la primera, le pregunté si a propósito del acuerdo de delación premiada (o colaboración eficaz) entre las autoridades brasileñas y la constructora Camargo Correa, era posible que los exejecutivos de la compañía fueran interrogados sobre los pagos de sobornos hechos en Perú.
En un caso previo, conocido como ‘Castillo de Arena’, la Policía Federal brasileña ya había detectado cómo Camargo Correa montó un sistema de sobornos manejado a través de una contabilidad paralela, dentro y fuera Brasil.
Los nombres de los exmandatarios Alan García y Alejandro Toledo aparecían en las reseñas de la administración paralela, pero los montos específicos de dinero aparecían asignados a exministros y otros altos funcionario de ambos mandatos.
Pero el caso se cayó en Brasil porque un tribunal desestimó la investigación policial por haberse iniciado con un testimonio anónimo. En ese sentido, el caso Lava Jato abría una gran ventana de oportunidad para investigar la trama de corrupción peruana y llegar a los receptores de coimas.
En la segunda parte del mensaje, retransmití una petición de Mónica Vecco, entonces asesora del equipo de prensa y comunicaciones del Ministerio Público, quien comunicó estar trabajando en la organización de un evento internacional sobre la lucha contra la corrupción, centrado en el caso Lava Jato, desde la perspectiva del periodismo de investigación y la investigación fiscal.
Vecco contactó a Gustavo Gorriti el 20 de agosto primero vía telefónica, y luego por correo electrónico, para comentarle que “queremos hacer un evento internacional sobre la lucha contra la corrupción, que aborde el caso «Lava Jato» desde la perspectiva de la investigación periodística, pero también de la investigación fiscal. Sería para la última semana de septiembre, entre el 23 y el 30 (nosotros hemos propuesto como fecha probable el 29). La idea es traer invitados internacionales: el Procurador General Rodrigo Monteiro de Barros [Rodrigo Janot, NdR] (que facilitó el contacto allá), un fiscal del caso, dos periodistas de investigación, uno de Brasil y otro de Perú (que evidentemente serías tú, si estás de acuerdo)”, dijo Vecco en el correo electrónico del 20 de agosto de 2015, a la 1:09 de la tarde.
Vecco era entonces asesora sobre asuntos de prensa e imagen institucional en la fiscalía de la nación, contratada por la secretaría general. Antes de pasar al rubro de las comunicaciones institucionales, Vecco trabajó como reportera de investigación en medios como La República, y programas periodísticos como Cuarto Poder, Contrapunto en Latina, y con el periodista César Hildebrandt. El director de IDL-R conoce a Vecco desde fines de los 80 o inicios de los 90.
Como la relación directa con Dallagnol en IDL-R la tenía yo, Gustavo Gorriti me pidió trasladar la información de un evento, que parecía una buena idea, al procurador brasileño.
Como periodistas de investigación nos interesaba que el caso avance en nuestro país, y el hecho de que funcionarios de la Fiscalía peruana y Procuraduría brasileña entraran en contacto abría una oportunidad para que el caso se movilizara aquí.
En ese momento, agosto de 2015, las revelaciones y avances sobre la trama de Lava Jato en Perú provenían del periodismo de investigación, no de investigaciones de la Fiscalía. En IDL-R hacíamos una cobertura básicamente en solitario, salvo contadas excepciones.
El procurador Dallagnol respondió que dependería de su agenda, de lo contrario podría asistir otra persona de su equipo.
En un mensaje posterior, Dallagnol indicó que no podría asistir. “Me temo que no puedo ir en este periodo, pero encontraré a alguien que pueda ir”, respondió.
Ahí quedó el asunto, porque no supimos más sobre el tema.
Entrevistada para esta nota, Mónica Vecco recordó que toda la información e instrucciones que recibió sobre el proyecto del evento provinieron de Jaime Villanueva, que entonces estaba a cargo de la Escuela del Ministerio Público, luego de haber salido de la secretaría general.
Vecco recordó además que, después de que ella había hecho ya varias coordinaciones para el evento, como por ejemplo, para comprometer la asistencia del periodista brasileño Thiago Herdy –cuyo contacto fue facilitado por IDL-R–, recibió, sin mayor explicación, la información de que este había sido cancelado.
Vecco salió poco tiempo después del Ministerio Público.
Fuentes cercanas al exfiscal de la nación, Pablo Sánchez, indican que este nunca recibió información, ni pedido de autorización, para ese evento. Todo indica que fue una iniciativa de Villanueva, que este canceló por motivos que podría revelar con veracidad solo en un interrogatorio como colaborador eficaz y no como testigo.
Vale la pena mencionar que en este periodo no existía el equipo especial del caso Lava Jato en el Perú. Este se creó recién en diciembre de 2016, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara que Odebrecht se había declarado culpable de delitos de corrupción, como parte de un acuerdo de delación corporativa. Pablo Sánchez, entonces fiscal de la nación, designó al fiscal Hamilton Castro para que dirija las investigaciones fiscales, bajo la coordinación del fiscal César Zanabria.
En marzo de 2016, el director de IDL-R fue invitado como panelista a la Cumbre de Fiscales Generales de América Latina, un evento, ese sí, oficial, de una naturaleza distinta al anterior, que tuvo lugar en el Hotel Marriott en Lima, los días 28, 29 y 30. La invitación al evento fue hecha por Janett Talavera, entonces asesora de prensa del Ministerio Público.
Gustavo Gorriti estuvo como panelista en una charla titulada “La Justicia Penal frente a los delitos de corrupción y crimen organizado”, a cargo del procurador brasileño Vladimir Aras, con el entonces fiscal supremo Luis Arce también como panelista.
Con las cosas puestas en debido contexto, resulta patente la burda y malévola campaña de desinformación y difamación. Pero no solo eso. En el seudo reportaje propalado por Beto A Saber se indica que integré un chat grupal de Telegram en el que estuvo el procurador Dallagnol, e incluyen una capturas de pantalla de mensajes.
Esa es otra mentira de la fábrica de desinformación que son Willax y sus satélites.
El lumpen desinformador
Una buena parte del elenco de abogados y políticos desinformadores que fungieron de entrevistados o panelistas con Beto Ortiz los días jueves 21 y viernes 22 pasado, está implicada directamente en el caso Lava Jato o tiene conflictos de interés porque son o han sido abogados defensores de algún investigado, o han tenido algún vínculo con Odebrecht.
Además de Humberto Abanto, quien dice la verdad solo cuando se equivoca, estuvieron Wilber Medina, exabogado de Alan García; el abogado Luis Alberto Pacheco Mandujano; la excongresista por Fuerza Popular Yeni Vilcatoma; y el congresista por el mismo partido Fernando Rospigliosi.
Empecemos por Humberto Abanto. Es actualmente investigado por el Equipo Especial del caso Lava Jato por su participación en la trama de corrupción de los arbitrajes por los que Odebrecht pagó sobornos. Es un caso que IDL-R ha documentado desde 2016, antes de que la Fiscalía iniciara sus propias investigaciones. Abanto también está involucrado en el caso Cuellos Blancos, cuya participación fue descrita por IDL-R en los reportajes ‘Control y obstrucción’ y ‘El magistrado y los celulares delatores’, a finales de 2019.
Su interés en atacar al periodismo de investigación y a los fiscales que lo investigan responde también a una poderosa razón personal: librarse de la acción de la justicia.
Abanto es, además, cercano al grupo violentista de ultraderecha ‘La Resistencia, Dios, Patria y Familia’, conocido como ‘La Pestilencia’. Ha participado como panelista en eventos y foros organizados por esa agrupación y también ha sido abogado de su líder, Juan Muñico Gonzales, alias ‘Maelo’, en la querella que perdió contra el Instituto de Defensa Legal por difamación agravada, en 2022. ‘Maelo’ fue condenado por el Poder Judicial a un año de prisión suspendida y a un pago de una reparación civil de 10 mil soles.
Luis Pacheco Mandujano, que apareció como entrevistado en el reportaje propalado por el programa de Ortiz el jueves, se cuidó de declarar que es abogado de los prófugos (de la justicia peruana y la panameña) Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona, por haber realizado múltiples operaciones de lavado de dinero para el Sector de Operaciones Estructuradas (departamento de coimas) de Odebrecht. IDL-R identificó y reveló su participación en esta compleja trama en 2015, y fue a partir de esas investigaciones que la Fiscalía inició un caso contra ellos.
Pacheco fue uno de los operadores de la campaña de desinformación que el canal de Erasmo Wong y sus satélites diseminaron en mayo pasado, en la que pretendieron vincular a los directores de IDL-R y La República con la trama de corrupción de Odebrecht. Descaro es lo que menos le falta.
Cuando IDL-Reporteros desactivó, con una contundente demostración de verdad, la campaña de desinformación, más de 50 integrantes de grupos violentistas de extrema derecha, de ‘La Pestilencia’, hostigaron el local de IDL-R para lanzar insultos, amenazas, arrojar basura, bombardas y bengalas. Fue uno de los ataques más violentos desplegados por estos grupos contra IDL-R en los últimos seis años de impunes ataques y hostigamientos.
Pacheco es muy cercano a grupos de la extrema derecha. Forma parte del movimiento “Reacciona Perú” y figura como afiliado a Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, uno de los principales promotores de la desinformación.
El abogado y militante aprista Wilber Medina es y ha sido un activo promotor de la desinformación y difamación contra IDL-Reporteros en varios programas de Willax y sus satélites. Y tiene sus antecedentes.
El 8 de diciembre de 2019, IDL-R documentó cómo Medina fue parte del elenco de actores que indujeron (incluso con menciones al “comando Rodrigo Franco”) el cambio de testimonio de Carlos Butrón Dos Santos, ‘Brasil’, en el caso los ‘narcoindultos’, uno de los mayores escándalos de corrupción durante el segundo gobierno de Alan García. También participó en la posterior campaña de desinformación para desprestigiar a la Megacomisión, el grupo parlamentario liderado por Sergio Tejada que investigó presuntos actos de corrupción durante el segundo mandato de García.
El informe ‘El misterio ‘Brasil’’ documentó, a través de audios y correos electrónicos intercambiados entre Alan García, Medina y excongresistas, las directivas para atacar y desprestigiar los resultados de la Megacomisión desde la cúpula del Apra.
En un correo del 4 de agosto de 2014, dirigido a Wilber Medina, Alan García hizo el balance de la “guerra mediática”, a propósito de la campaña de desinformación y desprestigio contra la Megacomisión.
“Sabios doctores: La guerra mediática se equilibró y en gran parte se ganó. Como dicen los jesuitas: “Si no puedes convencer, confunde”. Ahora pienso en el después del después. Preparemos la cita que pensamos. Saludos fraternos”.
Esa fue una campaña de desinformación y desprestigio en pequeña escala, en comparación a la que lideran por estos días integrantes del alanismo asimilados con la ultra-derecha, en contra de IDL-R, con el objetivo de generar impunidad en las investigaciones fiscales en curso.
Yeni Vilcatoma es, entre otras cosas, abogada de Luis Mejía Lecca, extesorero de Fuerza Popular, acusado de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimientos administrativos.
Fernando Rospigliosi, actual congresista de Fuerza Popular, buscó de contratar con Odebrecht en el periodo en que el Sector de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña sobornaba con mayor intensidad.
