La cooperación fiscal internacional entre Perú y Brasil acaba de encallar, real y metafóricamente en Bahia, el estado brasileño desde cuya capital, Salvador, Odebrecht despegó hacia una trayectoria que hoy combina la épica con la infamia y la aún precaria redención.
El martes 3 de julio, los fiscales Germán Juárez Atoche y José Domingo Pérez Gómez, de la fiscalía de lavado de activos emprendieron vuelo a Brasil, para llevar a cabo un interrogatorio de gran importancia potencial: a Hilberto Silva el ex jefe del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht, el departamento encargado de pagos ilegales, especialmente coimas, que en el transcurso de unos pocos años sumaron más de 3 mil millones de dólares.
Los pagos a las campañas de Alan García, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski que investigan ambos fiscales salieron de esa oficina. Y aunque ya fue interrogado un ex subordinado de Silva, Fernando Migliaccio, el testimonio de quien tuvo todo el control de esa oficina era importante.
Como se sabe, la fiscalía de lavado de activos, coordinada por el fiscal superior Rafael Vela, ha seguido desde hace varios meses una estrategia de colaboración cercana con la procuraduría [fiscalía] brasileña, llevando a cabo una serie de interrogatorios (a Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luiz Mameri entre otros), que llevaron a muy importantes avances en la investigación en el lapso de pocos meses.
Esa estrategia contrasta con la que siguió y sigue el equipo especial que investiga el caso Lava Jato, dirigido por el fiscal Hamilton Castro, que no aceptó – por lo menos hasta ahora– realizar diligencias bajo el marco de la ley brasileña, en Brasil, bajo compromiso de inmunidad respecto de la información declarada por los colaboradores.
Esa diferencia es una más entre las muchas que separan, en forma poco cordial, a ambos equipos. Por eso, casi todas las coordinaciones recientes para diligencias de lavado de activos en Brasil fueron hechas por el fiscal superior Rafael Vela con sus pares brasileños, especialmente con el procurador federal Orlando Martello.
Además, la relación de los fiscales de lavado de activos con la oficina de cooperación internacional de la fiscalía de la Nación, especialmente con su jefe, Alonso Peña Cabrera, ha sido mala.
En forma sorprendente, sin embargo, el 22 de junio pasado, la Unidad de cooperación internacional y extradiciones de la fiscalía de la Nación notificó a los fiscales Juárez y Pérez Gómez que sus pares brasileños habían programado la declaración de Hilberto Silva el día 4 de julio a las dos de la tarde en la sede de la Procuraduría federal en Salvador.
Pese a lo imprevisto de la diligencia, ambos fiscales programaron el viaje a Salvador. Pero, al enterarse de ello, los abogados de Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya pidieron que se postergara la diligencia, pues, arguyeron, tenían otras audiencias en fechas contiguas (Keiko Fujimori en Estados Unidos por el caso de Joaquín Ramírez).
Los fiscales viajaron pese a ello el martes 3. Sin embargo, al llegar a Sao Paulo les esperaba una comunicación de la “Unidad de cooperación internacional y extradiciones” de la fiscalía de la Nación. Se les informaba que la declaración de Hilberto Mascarenhas se había cancelado por disposición de la procuraduría federal brasileña, a petición de Odebrecht.
Juárez Atoche y Pérez Gómez continuaron viaje a Salvador, Bahía, donde acudieron, el miércoles 4, a la sede local de la procuraduría federal.
Ahí, la fiscal Flávia Galvão les hizo ver una orden escrita firmada por Lourrayne Garcia, de la procuraduría general de la República, que indicaba que, “teniendo a la vista la manifestación presentada por los abogados de Odebrecht”, quedaba cancelada la audiencia con Hilberto Silva. También dejaba en suspenso la ejecución de dos diligencias relacionadas con peticiones provenientes del Perú.
Ahí se acabó el viaje. ¿Debió haberse iniciado?
La entrevista que hizo Romina Mella, de IDL-R, a Carlos Kauffmann (“Zona de naufragio”) fue publicada el lunes 2 de julio. En la entrevista, Kauffmann anunció la decisión de Odebrecht de oponerse a toda colaboración en Brasil en protesta por las acciones de sectores dados de la fiscalía peruana.
¿No debió comunicarse entonces la “Unidad de cooperación internacional y extradiciones” con Brasil, para confirmar si se realizaba o no la diligencia? Parece que sí. Se hubiera ahorrado un viaje inútil en el que se perdió tiempo y dinero y lo único que se ganó fue un cierto bochorno.
En todo caso, la situación ha quedado clara: a petición de Odebrecht, toda cooperación con Brasil ha quedado suspendida. La procuraduría brasileña ha dado la razón a los reclamos de la compañía de que no se ha respetado los términos de acuerdo de colaboración en el Perú.
Esa paralización coincide con el fin de la gestión de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación y el comienzo de la de Pedro Chávarry, a quien corresponde ahora tomar las decisiones que marcarán los siguientes capítulos de esta vital historia.
